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Dictadura constitucional en Estados Unidos

Una revisión de la Constitución y sus enmiendas contribuiría a detener la decadencia de la democracia en el país que se presenta como líder de ese sistema político? El principio de un poder lo menos concentrado posible, distribuido en instancias que se controlan mutuamente, nutrido por la Constitución estadounidense, ha llevado a una parálisis generalizada de la dinámica política. Cada vez más ciudadanos se desentienden de ella y parecen dispuestos a sacrificar las libertades civiles en el altar de la seguridad.

En el curso de la campaña presidencial que se inicia en Estados Unidos, Al Gore, Bill Bradley, George W. Bush y otros candidatos a la presidencia van a abordar los más diversos temas, desde una eventual disminución de los impuestos a la situación de los homosexuales en el ejército. Sin embargo, hay un tema que no van a debatir: la Constitución de Estados Unidos.

Esto es al mismo tiempo extraño y comprensible. Extraño porque a los 212 años de edad, la Constitución de Estados Unidos es el más antiguo de ese tipo de documentos sobre la Tierra, se cuenta entre los más resistentes al cambio y por consiguiente es el que parecería más necesitado de una actualización democrática, que lo pusiera en sintonía con las necesidades de la sociedad moderna. Respetable como es, se trata no obstante de un anacronismo que se remonta a la época de los pantalones de montar de seda hasta las rodillas y las pelucas empolvadas, que se las arregló para sobrevivir hasta la era de Internet. ¿Qué sentido tiene una elección democrática si no permite a los votantes discutir los temas más básicos de la modernización política?

Pero el silencio cobra sentido si tenemos en cuenta que la edad de la Constitución de Estados Unidos, su hostilidad al cambio y el dominio total que ejerce sobre la sociedad estadounidense la vuelven prácticamente invisible en el debate político nacional. No sólo constituye el marco legal donde se desarrolla toda la política, sino que lo ha sido por un lapso más prolongado del que nadie pueda recordar, razón por la cual hace tiempo que los estadounidenses han dejado de advertirlo. En otros países, una Constitución es producto de un combate que genera nuevas relaciones en la vida política. En Estados Unidos en cambio, el pueblo es una entidad que la Constitución creó y configuró a su propia imagen con el fin de perpetuar la República de Thomas Jefferson heredada del siglo XVIII. En estas circunstancias no es más natural para un estadounidense cuestionar la Constitución de lo que hubiera sido para un vasallo medieval criticar a su señor.

Esto está en la raíz de lo que se conoce como "la excepción estadounidense", un concepto generado en el Partido Comunista de Estados Unidos en los años ´20, pero que desde entonces fue adoptado por sociólogos y teóricos de la política de todo el espectro político. Inicialmente, se refería a la teoría de que el capitalismo de Estados Unidos era tan fuerte que estaba exento del ciclo habitual de expansiones y recesiones que afecta a otros países, una idea brutalmente desmentida por el crash de 1929. Desde entonces, los académicos de la burguesía usaron ese concepto para describir una noción de la política y la sociedad estadounidenses como intrínsecamente diferente de las de otros países1. En efecto, ésta es la razón por la cual la Constitución, la base de esa estructura política única, merece un análisis especialmente cuidadoso.

Y lo merece además por el proceso de decadencia que padece la democracia estadounidense. Con la posible excepción de Japón, la política estadounidense es hoy la más corrupta en el mundo industrial desarrollado; citando al candidato presidencial republicano John McCain, es "nada menos que un complejo sistema de tráfico de influencias donde ambos partidos conspiran para mantenerse en el poder vendiendo el país al mejor postor"2. No es de extrañar pues que los votantes estadounidenses resulten tal vez los más desmoralizados y apáticos: las elecciones presidenciales de 1996 fueron las primeras en que la mayor parte de la población en edad de votar se quedó en su casa; dos años más tarde, el 64% se abstuvo de intervenir en las elecciones legislativas3. Asimismo, Estados Unidos es la nación del primer mundo donde valores democráticos modernos como el secularismo, las libertades civiles y el Estado de bienestar parecen más frágiles. Si la Constitución es responsable de todo lo que ese país tiene de maravilloso ¿no es responsable también de lo que no funciona?

Por supuesto, esto es considerado una herejía en una sociedad que concibe la Constitución como poco menos que inspirada por Dios. Sin embargo un análisis más riguroso y menos sentimental de ese antiguo documento sugiere que lejos de ser el instrumento de un gobierno representativo y soberano, es una combinación de creencias democráticas y predemocráticas, de compromisos incómodos y contradicciones flagrantes.

Divide y reinarás

Tal vez la más básica concierna al Preámbulo, el famoso parágrafo introductorio que empieza con la frase "Nosotros el pueblo…" Estas tres palabras parecerían ubicar a la Constitución al frente de una nueva era de soberanía popular surgida a partir de los años 1770 y 1780. Sin embargo los Fundadores tenían opiniones ambivalentes en cuanto al poder popular. Por una parte reconocían que el pueblo era la única posible fuente de autoridad legítima en una nueva República. Por otra, estaban tan asustados con la nueva fuerza que generaban que se sentían obligados a amarrarla, como a Gulliver, mediante múltiples restricciones y limitaciones. Desconfiaban tanto de una Cámara de Representantes plebeya, por ejemplo, que fundaron un Senado casi aristocrático para que la neutralizara. (Como dice el proverbio actual: "El Senado mata los malos proyectos y la Cámara de Representantes mata los buenos"). Crearon una presidencia protobonapartista para compensar la legislatura y una judicatura vitalicia para contrapesar al Congreso y al Presidente. Como si fuera poco, dejaron enormes poderes en manos de los gobiernos estatales, que funcionarían como controles sobre el poder federal.

Como señaló el cientista político de Harvard Samuel Huntington en los años ´60, el producto final se parecía menos al comparativamente eficaz gobierno británico de hoy, donde la Cámara de los Comunes emerge como la real sede de la soberanía, que al maltrecho sistema inglés de hace dos siglos, bajo Isabel I, cuando los Comunes, los Lores y la monarquía eran más o menos iguales y se disputaban por igual el control4. Esta Constitución Tudor ya empezaba a quebrarse para la época de la muerte de Isabel en 1603; unos cuarenta años más tarde llevaría a la guerra civil. Pero los Fundadores estadounidenses eran presa de una ideología angloamericana que miraba hacia la era isabelina como una edad de oro del patriotismo y enseñaba que nada es tan amenazador para la libertad como la concentración del poder político5. Como el poder político era inherentemente peligroso, el único camino para preservar la libertad era fragmentar la autoridad y volverla de algún modo contra sí misma. Como dijeron John Trenchard y Thomas Gordon, autores de la influyente "Cartas de Catón", en 1720, "Poder y soberanía deben estar tan delimitados, tan distribuidos en diferentes canales y confiados a la discreción de tantos hombres diferentes… que su emulación, envidia, miedo o interés los convierta en espías o controles unos de otros"6. O como James Madison, el denominado "Padre de la Constitución"dijo en una carta a Thomas Jefferson en 1787: "Divide et impera (Divide y reinarás), el reprobado axioma de la tiranía, es en ciertas condiciones la única política por la cual una República puede ser administrada sobre la base de principios justos"7.

Este es el principio central de la Constitución de Estados Unidos y en consecuencia de la política estadounidense. El problema es que la soberanía es por definición total e ilimitada. De modo que Madison estaba tratando de dividir lo indivisible, volver a la gente contra ella misma, para que anularan por turno su propio poder. Se suponía que el resultado sería una República del justo medio, que desalentaría el extremismo y promovería la moderación y el compromiso. Pero lo que resultó es una forma profundamente neurótica de política que oscila constantemente entre períodos de estancamiento y períodos de histeria. Por ejemplo, al rodear al sistema esclavista de garantías legales prácticamente imposibles de modificar, la Constitución llevó directamente a una guerra civil, de 1861 a 1865, entre los puritanos de Nueva Inglaterra y los monárquicos de Virginia, guerra que en muchos sentidos fue una reiteración de la guerra civil inglesa de los años 1640. Si los estadounidenses lograron evitar un período de terror jacobino en el siglo XVIII, fue sólo porque lo pospusieron hasta mediados del siglo XIX, época en que se perdieron alrededor de 600 mil vidas, cuando las fuerzas de la Union penetraron en el Sur, la Vendée americana8. Una vez superada la emergencia, el gobierno federal volvió a su lasitud original, magnates inescrupulosos se abalanzaron a llenar el vacío, las huelgas fueron aplastadas y los negros del Sur obligados a una forma de servidumbre en ciertos aspectos peor que la esclavitud de la que acababan de librarse. Si Franklin D. Roosevelt logró expandir la autoridad federal durante la emergencia sin precedentes de los años 1930 y 40, no consiguió hacerla más eficaz o comprensible. El gobierno federal ya no tenía limites en su poder, pero seguía limitado en su coherencia.

Libertades vs. seguridad

A partir de entonces, la política federal se vuelve cada vez más incoherente debido a una parálisis de consecuencias devastadoras. Como el sistema partidario se desintegró, se acabó el tiempo en que un solo partido podía controlar a todo el gobierno federal. Con los demócratas en la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso, como en la actualidad (o viceversa), desde los años ´70 la política ha degenerado en una forma de guerra de trincheras a largo plazo, donde dos poderes rivales se disputan el control de un tercero, es decir, la Corte Suprema. En los años ´80 esto llevó al escándalo Irán-contras, cuando la administración Reagan, con el objetivo de sortear un Congreso controlado por los demócratas, instaló una oficina secreta en el sótano de la Casa Blanca, bajo el control del coronel Oliver North, para enviar armas a la "contra" nicaragüense (que el Congreso se había negado explícitamente a financiar) con el producto de la venta de misiles a Irán ¡sobre el que pesaba un embargo de armas!. Pocos años después los republicanos se vengaron del escándalo Irán-contras cuando el fiscal especial Kenneth Starr, un gran inquisidor al estilo estadounidense, atrapó a Bill Clinton en una mentira sobre sus relaciones sexuales con Monica Lewinsky. En 1995/96, cuando los dos partidos no se ponían de acuerdo sobre el presupuesto, el gobierno federal cerró por un breve período.

Esta obstrucción permanente ha contribuido a socavar la idea misma de un gobierno representativo. Como el proceso legislativo normal se estancó, los pactos se desplazaron fuera del escenario, dando lugar a cientos de comités y subcomités donde prevalecen los lobbistas y los contribuyentes políticos prósperos. Conforme la corrupción se multiplica, el proceso político se vuelve cada vez más opaco desde el punto de vista del ciudadano medio, razón por la cual decenas de millones de votantes estadounidenses se han excluido del sistema político. Mientras la economía sigue en expansión, los estadounidenses se mantienen relativamente complacientes. Nadie sabe lo que harán cuando esa expansión se detenga.

Los efectos de esta decadencia son particularmente notorios en el terreno de las libertades civiles. En la medida en que el poder político es visto como inherentemente tiránico y abusivo, la teoría constitucional de Estados Unidos sostiene que las libertades civiles sólo se pueden salvaguardar elevándolas por encima de la política corriente. De manera que la Declaración de Derechos, como se denominan las diez primeras enmiendas que se le han hecho a la Constitución desde su adopción en 1791, es considerada aún más sagrada e intocable que el documento original del que forma parte. Pero conforme declina la democracia, declina también el fundamento de las libertades civiles. A medida que se intensifica la ofensiva derechista, la Corte Suprema se vuelve cada vez más cautelosa en su interpretación de la Declaración de Derechos, al tiempo que muchos políticos aprendieron a ganar elecciones convenciendo a la clase media de que para reducir el crimen hay que restringir las libertades civiles. En Nueva York, una ciudad que en otro tiempo se enorgullecía de ser provocadora y abierta, el resultado es una atmósfera cada vez más represiva, donde aun las manifestaciones menos agresivas se enfrentan con hileras de policías antidisturbios. Cuando el pasado mes de octubre se exhibió en un museo local "Sensation", una colección de obras de arte deliberadamente irritantes, propiedad del magnate publicitario británico Charles Saatchi, el intendente Rudolph Giuliani, un clásico hombre fuerte al estilo de los años 30, la atacó por anticatólica, y castigó al museo reduciendo los subsidios municipales correspondientes. En lugar de caer, el porcentaje de aprobación a la gestión de Giuliani creció todavía más.

"Cambiaría el 10 por ciento de mis libertades civiles por una reducción de un 5 por ciento en el delito", le dijo hace dos años un neoyorquino a una periodista en Washington Square, un parque en otro tiempo bullicioso en Greenwich Village, donde en la actualidad cámaras de video vigilan las 24 horas en busca de traficantes de droga y de borrachos9. ¿Pero por qué detenerse en un 10 por ciento? ¿Por qué no ceder el 100 por ciento de las libertades civiles a cambio de la paz absoluta de los cementerios?

Mientras tanto, la historia de amor de Estados Unidos con la muerte y la cárcel, otro aspecto del gran colapso de la democracia, sigue acelerándose. El año pasado las autoridades carcelarias estadounidenses ejecutaron a 98 personas, una tercera parte más que el año anterior, y todo indica que este año la proporción será aún mayor. George W. Bush presidió más de 112 ejecuciones desde que asumió como gobernador de Texas en 1995, mientras su hermano Jeb, gobernador de Florida, se comprometió a acelerarlas10. Con 668 personas cada 100 mil tras las rejas en 1998, la proporción de gente encarcelada en Estados Unidos, según Marc Mauer, del Sentencing Project (Proyecto de Condena) en Washington DC, pronto superará a la de Rusia, reconocido líder mundial en la materia. Muchos de los presos han sido hallados culpables de crímenes violentos, pero el incremento en la población carcelaria se debe mayormente a detenciones por infracciones a la ley de drogas que no revisten violencia, que pasaron de 581.000 anuales en 1980 a casi 1.600.000 en 1997. El 18% de las detenciones son por mera posesión de droga, según el Sentencing Project, de las cuales el 44% por marihuana. La cultura estadounidense se ha vuelto tan intolerante que sus cárceles rebosan de gente cuyo único delito fue ingerir sustancias apenas más peligrosas que el orégano.

Más que el pegamento que sostiene a la democracia, el constitucionalismo estadounidense es la fe hueca que la está destruyendo. Cuanto más se eleva la Constitución por encima del alcance de la política corriente, más disminuye la política democrática. Cuanto más antigua se vuelve la Constitución, mayor es su peso en la sociedad. Gracias a un misterioso proceso de enmiendas, solamente trece Estados, que representan al 5% de la población, están facultados para vetar cualquier cambio constitucional deseado por el 95% restante. A medida que aumenta la brecha entre gigantes demográficos como California, con una población de 33 millones, y los despoblados estados de las Montañas Rocosas como Wyoming, con 481.000 habitantes, la Constitución promete ser aún más resistente a los cambios democráticos en el siglo XXI de lo que lo fue en el XX. Cuanto más necesario es el cambio, más imposible se vuelve.

A los estadounidenses no parece importarles mucho. Mientras las acciones de Internet sigan subiendo y empresarios cibernéticos de 30 años se despierten multimillonarios, creen haber descubierto el Santo Graal económico. Se ven a sí mismos como objetos de envidia de todo el mundo, un faro para las naciones, y dadas las dimensiones de la fiebre del oro de alta tecnología seguramente tienen razón. Pero cuando estalle la burbuja de Wall Street y vuelva a imponerse la realidad, se las tendrán que ver con el hecho de que no son la más moderna de las sociedades de la tierra, sino que desde el punto de vista constitucional están entre las más atrasadas.

 

  1. Leer Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism: A Double-Edged Sword, Norton, New York, 1996.
  2. Alison Mitchell, "McCain Exhorts His Party To Reject Campaign System", New York Times, 1-7-99
  3. Adam Clymer, "Testing Politics: Does it Work? Should It Be Fixed?", New York Times, 2-1-2000
  4. Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University Press, 1968.
  5. El estudio más conocido sobre esta ideología es Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1967. Véase también J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1975; Pocock, ed, Three British Revolutions: 1641, 1688, 1776, Princeton University Press, 1980, y John Brewer, The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783, Londres, Unwin Hyman, 1989.
  6. Richard Beeman, Stephen Botein, y Edward C. Carter III, eds, Beyond Confederation: Origins of the Constitution and American National Identity, Chapel Hill, Univ of North Carolina Press, 1987.
  7. Isaac Kramnick, Republicanism and Bourgeois Radicalism: Political Ideology in Late Eighteenth-Century England and America, Cornell Univ Press, Ithaca, N.Y, 1990.
  8. Alusión a la insurrección monárquica en la provincia francesa occidental de Vendée, durante la Revolución Francesa
  9. Felicia R. Lee, "Keeping Watch in Washington Square", New York Times, 3-1-1998.
  10. Jim Yardley, "Texas´s Busy Death Chamber Helps Define Bush´s Tenure", New York Times, 7-1-2000. Sara Rimer, "Florida Passes Bill to Quicken Execution Pace", New York Times, 8-1-2000.
Autor/es Daniel Lazare
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 8 - Febrero 2000
Páginas:12, 13
Traducción Marta Vassallo
Temas Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales, Seguridad
Países Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Rusia, Irán