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La justicia, ¿pilar o muleta de la democracia?

La Corte Suprema de Estados Unidos, país modelo del sistema democrático representativo, acaba de decidir que el próximo presidente será el republicano George W. Bush, con menos número de votos que su rival Al Gore, pero con el número suficiente de electores, gracias a la detención del recuento manual de votos en el estado de Florida. Estados Unidos no pierde por eso su condición de líder: la tendencia a colocar en el terreno jurídico los conflictos políticos se impone en las democracias occidentales, lo que en ciertos casos permite procesar a criminales de guerra y dictadores, pero también someter los Estados soberanos a la economía de mercado, o adoptar sanciones desproporcionadas contra un país vencido.

El gobernador del Banco de Francia, candidato a la presidencia del Banco Central Europeo, está siendo indagado en el caso de la quiebra del banco Credit Lyonnais por falta de vigilancia cuando era director del Tesoro francés. El ministro francés de Economía y Finanzas, Dominique Strauss-Kahn, se ve obligado a renunciar por haber confeccionado a posteriori los justificativos de una prestación efectiva para una mutual estudiantil de la cual había sido ocasionalmente consejero. En 1998 el general Augusto Pinochet es retenido varios meses en el Reino Unido, debido a un proceso en su contra iniciado por un juez español por violación de los derechos humanos. Son incontables los ejemplos que ilustran la nueva y aparente fragilidad de los responsables políticos y económicos ante la institución judicial, considerada no hace mucho como algo insignificante.

La conjunción de los medios de comunicación y la justicia penal en los diversos "casos" participa del espectáculo cotidiano de la vida de las "democracias de opinión", poniendo de manifiesto una ruptura histórica iniciada a comienzos de los años 19901. Este fortalecimiento de la justicia representa mucho más que un trivial fenómeno social. Se trata de una fuerte tendencia de todas las democracias occidentales. El neologismo "judicialización" significa simplemente que un tratamiento judicial tiende a substituir a un modo anterior de regulación social. Este fenómeno puede contribuir tanto a avances como a retrocesos de la vida democrática.

Aunque el proceso contra el general Pinochet no tuvo éxito, abrió la perspectiva de enjuiciar a los autores de violaciones a las libertades fundamentales, sea cual fuere su condición política. Sin embargo, el papel creciente del derecho en la sociedad internacional representa un fenómeno de múltiples facetas. Permite a la vez enjuiciar a los dictadores y a los criminales de guerra, maniatar a los Estados soberanos en el marco de la economía de mercado (Tratado de Roma, Acuerdos multilaterales sobre las inversiones, AMI) o imponer sanciones injustas a ciertos países (como Irak)2, al mismo tiempo que borra las fronteras entre lo político y lo jurídico.

La realidad de los procesos abiertos por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya luego del conflicto en la ex-Yugoslavia y por el de Arusha (Tanzania) respecto de Ruanda (TPR), significa un avance decisivo en la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra. Pero esos dos ejemplos son apenas los balbuceos de una verdadera justicia penal internacional.

En una resolución del 27-6-1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas ya había manifestado su intención de crear una jurisdicción penal mundial permanente3. Hubo que esperar a julio de 1998 y a la firma de la Convención de Roma para que se decidiera la creación de esa corte. No obstante, la futura Corte Penal Internacional (CPI) fue rechazada por Estados Unidos, Israel y China. Y recién entrará en funcionamiento cuando sea ratificada por 60 Estados. Para la sociedad internacional, la CPI será la única forma de definir una doctrina coherente, donde los jueces sólo serán custodios. Sin embargo, los avances de la justicia internacional parecen estar en manos de los propios jueces, mientras que los gobernantes y los representantes elegidos siguen reducidos a un papel reactivo.

De modo que el debate político-jurídico provocado por las condiciones de detención del general Augusto Pinochet en el Reino Unido sobre la base de un proceso iniciado por el juez de instrucción español Baltazar Garzón, sin dudas se cerró prematuramente. El primer fallo de la Cámara de los Lores, que el 25-11-1998 rechazó la inmunidad del dictador, apareció como un progreso decisivo en el enjuiciamiento de los criminales políticos de todo el mundo. Pero luego, el espectáculo de una saga judicial donde la formalidad se impuso a la cuestión de fondo, sólo sirvió, durante 17 meses de enredados trámites, para justificar la detención domiciliaria del dictador y, luego, para preparar las condiciones de su evacuación por razones "humanitarias" a través del decreto de expulsión del 2-3-00.

Prácticamente nadie hizo notar que esa captación del debate por parte de la sociedad de juristas tuvo su origen en una negativa inicial de los dirigentes políticos a asumir sus responsabilidades, descargándolas sobre la justicia británica. En cuanto se produjo la detención del general Pinochet, el primer ministro Anthony Blair declaró en efecto que se trataba del "…resultado de un proceso judicial, no es una decisión gubernamental. Nuestro secretario de Estado para asuntos internos cumplirá una función cuasi judicial en la materia. Deberá actuar no como un político, sino como un magistrado, limitándose a juzgar los hechos"4. El político se coloca la máscara del juez para hacer aparecer su decisión como "neutra"5. El juez se hace político y el político juez6. Pero el Primer Ministro británico no había respondido a una pregunta simple, que condicionaba todo lo que seguiría. ¿Por qué había aceptado, a diferencia de otros jefes de gobierno, que el ex-dictador fuera a curarse a Londres?

El creciente papel del derecho en la regulación económica se plantea en términos totalmente diferentes. ¿La mundialización económica acarrea la mundialización jurídica? Resulta revelador que los profesionales del derecho, mucho antes que los poderes públicos, anticipen los problemas que presenta ese mercado tomado por asalto por los grandes estudios jurídicos anglosajones.

En ocasión de un gran coloquio, los empresarios y abogados de negocios internacionales definieron una tendencia clara: "La intervención del juez en la economía corresponde a la lógica de mercado. La judicialización es la alternativa a la burocratización. Mientras que en una lógica de economía administrada y de dirigismo el desarrollo legislativo y reglamentario crea un Estado de Leyes, donde la ley es solamente fuente de deberes, la judicialización corresponde a un Estado de Derecho, donde la ley es fuente de derechos y responsabilidades… En Francia la tradición de dirigismo y de economía administrada va acompañada por una concepción de la ley como expresión de la autoridad de regalía. Bajo la influencia de la internacionalización y de la desregulación, el papel del juez va creciendo en Francia… El espectro del costo de los juicios debería compararse con el costo generado por el aparato administrativo"7.

Por lo tanto, la lógica de las nuevas regulaciones económicas -y también políticas- alía al mercado con el juez en una concepción donde el liberalismo económico inscribe las relaciones jurídicas entre los individuos en una simple lógica contractual, donde el interés colectivo representado por los Estados se vuelve secundario.

Penalización de la vida pública

Es posible evaluar la evolución registrada en algunos años a través de la ejemplar epopeya, en julio pasado, del Sedov, el mayor velero del mundo, nave escuela rusa en misión de interés general. A solicitud de un acreedor suizo, por decisión de una instancia arbitral sueca, se pidió el embargo de los bienes de la embajada de la Federación Rusa en Francia. La nave fue inmovilizada varias semanas, violando la inmunidad diplomática. Ese principio fundador de las relaciones internacionales apareció sólo como un elemento entre otros del debate judicial.

Pero la elaboración de las inmunidades diplomáticas a través de la historia constituyó un paso esencial en la instauración de relaciones de confianza, de contactos regulares y pacíficos entre los Estados. El caso del Sedov, en el que la Cancillería francesa vio su papel limitado a explicar a las autoridades rusas que en Francia la justicia es independiente del Estado, resume las ambigüedades de la promoción del derecho en la sociedad internacional. Lo mismo ocurre con el malestar de las autoridades francesas, que acaban de restablecer las relaciones diplomáticas con Libia a pesar de la decisión de la cámara de acusación de la Corte de Apelaciones de París, del 8-9-00. En efecto, los jueces autorizaron la instrucción de la demanda presentada por la asociación SOS Atentados contra el coronel Khaddafi por "complicidad en homicidios voluntarios". La definición de las reglas jurídicas no debiera quedar librada al empirismo del juez, por clarividente que sea. Es a los políticos representantes de los pueblos a quienes corresponde elaborar su contenido en nombre del interés general.

El enturbiamiento de la frontera entre el derecho y la política se cristaliza en la "penalización" de la vida pública que afecta a las democracias occidentales. En efecto, los procesos judiciales contra dirigentes políticos o económicos aumentan en todas partes. Es el caso de las acciones iniciadas contra Helmut Kohl en Alemania a causa de la financiación oculta de su partido, la CDU; o de la condena, el 30-7-98, a diez años de prisión, del ex ministro del interior de España, el socialista José Barrionuevo, por desvío de fondos públicos.

Francia no escapa a ese fenómeno8, que en los casos de salud pública o de accidentes mortales se ve amplificado por el protagonismo que asume la palabra de las víctimas, puesta en escena por los medios. Sin dudas, se trata también de una exigencia democrática, a la que el político debe responder para evitar que la justicia sólo sirva de exutorio para los ciudadanos. En Francia, de manera más sintomática que en otros países, es cada vez más frecuente que la justicia penal se entere a posteriori de las decisiones de políticas públicas, poco o mal explicadas, en particular en el terreno de la salud. Si bien el caso de la sangre contaminada constituyó una novedad excepcional, se darán otros, sea en relación con la hepatitis, el amianto o las vacunas. Y el manejo de la crisis de la "vaca loca" por parte de Francia, fundamentalmente respecto de sus interlocutores europeos, no es más que la resultante de esa toma de conciencia.

El fenómeno de penalización se traduce en una inflación de la normativa: 13.000 leyes o reglamentos en vigor están acompañados de disposiciones penales. Si bien la indagación de personalidades políticas monopoliza la atención, una de las cuestiones de fondo reside en la represión eficaz de la corrupción, al igual que en una modernización de la vida democrática: limitación de los cargos que puede acumular un mismo funcionario, transparencia y acceso a la información, contrapoderes locales, etc. El derecho penal invade también la vida cotidiana a través del debate sobre la seguridad, convertido en prioridad política. La justicia se adapta progresivamente, multiplicando iniciativas como las casas de justicia, la mediación penal, la ayuda a las víctimas, el tratamiento de los casos "en tiempo real", etc. El riesgo reside en que la pérdida de legitimidad del Estado en el terreno económico y social, debida a la merma de sus capacidades de acción real, se vea compensada por una extensión del campo penal y penitenciario9, importante en el plano simbólico, aun cuando se acompañe de un desarrollo considerable del mercado de la seguridad privada10.

Pros y contras

Pero en tanto que la justicia penal sigue ocupando el centro del escenario, la justicia civil constituye un lugar más discreto, aunque también más revelador de las dramáticas consecuencias de la precarización social (expulsiones, endeudamiento, niños internados en instituciones, personas bajo tutela…). Ante esa marea de situaciones precarias los jueces, en particular los jueces de instancia, hacen lo que pueden para que se respeten los procedimientos, para conceder plazos, explicar la ley. Diariamente actúan, no sobre la pobreza, sino sobre los casos cada vez más numerosos de familias en dificultades, de cuyas vidas sólo conocen un fragmento y un momento, con motivo de un caso particular.

Históricamente, la justicia civil francesa, nacida del Código Napoleónico, fue sobre todo el instrumento de validación del derecho del marido, del empleador, del propietario, del acreedor. La evolución social de la posguerra permitió el progresivo reconocimiento de los derechos de las mujeres, de los asalariados, de los inquilinos, de los deudores. Para esas categorías sociales, la intervención del Estado en las relaciones privadas, y la judicialización resultante, constituyeron una palanca indispensable en la evolución de su condición. Jurisprudencias progresistas permitieron prolongar y amplificar ese movimiento. Basta pensar en el juicio sobre el aborto desarrollado en Bobigny (1973); en el reconocimiento de los derechos de los concubinos; en los actuales debates sobre el derecho a la vivienda; en el derecho social y en el de verificar la autenticidad de los planes sociales de las empresas. Por otra parte, el derecho laboral se está convirtiendo en una de las áreas donde el recurso al juez reemplaza cada vez más al conflicto social directo, al influjo de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo11. En momentos en que la cantidad de despidos disminuye, las cámaras sociales de las cortes de apelación y de la corte de casación son, de lejos, las que tienen más trabajo y las que registran los plazos de sentencia más largos.

Existe, pues, una judicialización "buena", fundamentalmente cuando las personas más desprotegidas pueden, gracias a la ayuda de la colectividad, ser útilmente aconsejadas sobre sus derechos y acudir a la justicia para hacerlos respetar. Más allá de la extensión de la ayuda jurisdiccional, el creciente recurso a la justicia civil corresponde a la evolución de la vida cotidiana de los ciudadanos. La mitad de los casos civiles de los tribunales superiores, que se triplicaron en veinte años, conciernen a asuntos familiares, fundamentalmente -en estos tiempos de precariedad social- a la revisión de las pensiones alimentarias; 500.000 personas se hallan bajo tutela de los tribunales, y esa cifra irá en aumento a causa del envejecimiento de la población. Esta justicia de la cotidianeidad requiere adaptaciones de procedimiento que distingan mejor el acceso al derecho -que favorece la justicia negociada- del acceso al juez cuando el conflicto debe ser resuelto por un fallo.

La demanda de justicia aumenta además dado que el recurso a los tribunales puede poner en tela de juicio una relación social desigual (anulación de un plan social de una empresa, cuestionamiento de una institución) y a causa de la creciente exigencia de los ciudadanos de que se establezca la verdad y se fijen las responsabilidades en los casos que les conciernen. Resulta muy sintomático ver a intelectuales solucionar sus diferendos por medio de juicios por difamación, o aun contemplar la escena judicial transformada en lugar de memoria de la nación, cuando no en garante de una "verdad histórica" oficial. Tal es el caso de la ley Gayssot, del 13-7-1990, que reprime a quienes "hubieran cuestionado la existencia de un crimen contra la humanidad", o del juicio contra Maurice Papon12, en el que se escuchó la opinión de historiadores, y que dividió a investigadores y juristas.

En tanto que recurso frente al monopolio de las relaciones de fuerza económicas y sociales, el fenómeno de la judicialización constituye un avance de la democracia. Sería inquietante, en cambio, si evidenciara sobre todo un aumento de las exigencias individuales en detrimento de la solidaridad; la expresión de un individualismo furioso, y del sentimiento de ser víctima, que podrían oponerse a los deberes y a las concesiones recíprocas que implica toda vida colectiva. Una visión estrecha del derecho y una sociedad excesivamente judicializada, que delegue en la justicia la regulación de sus inevitables conflictos, llevarían a un retroceso del modelo social republicano.

Por otra parte, al debilitamiento de lo político y lo estatal corresponde un aumento de los derechos individuales y del juez, amplificado por la nueva legitimidad que se le otorga a éste último, en particular en la lucha contra la corrupción. Sería inoportuno que este creciente debate entrara en un sistema de vasos comunicantes, en el cual más jueces significara menos política. En nombre del concepto de "Estado de derecho", un gobierno de políticos no debe ser reemplazado por un gobierno de jueces. La justicia no puede ser un exutorio de la democracia, sino su garante. El complejo debate que se inicia en torno a la judicialización sólo puede llevar a profundizar el debate sobre la democracia.

  1. Ver " La justice sans le pouvoir ", Le Monde diplomatique, París, mayo de 1997.
  2. Ver Phyllis Bennis, "La ley del imperio", Le Monde diplomatique Edición Cono Sur, diciembre de 1999.
  3. Ver Monique Chemillier-Gendreau, "El orden jurídico internacional, ¿una quimera?", Le Monde diplomatique Edición Cono Sur, agosto de 1999.
  4. Le Monde, París, 22-10-98.
  5. Sin embargo, los poderes cuasi judiciales del ministro del interior británico, en particular para fijar penas, fueron cuestionados por la Corte Europea de Derechos Humanos en dos decisiones del 16-12-99. Además, la transposición de la Convención Europea de Derechos Humanos al derecho interno británico el 5-10-00, debiera eliminarmuchas de sus prerrogativas
  6. Un debate del mismo tipo sobre la "neutralidad" fue presentado de forma muy simbólica en Francia por los miembros parlamentarios de la Corte de Justicia de la República, quienes luego de un debate decidieron vestir toga de magistrado para juzgar a los ministros en el caso de la sangre contaminada, mientras que por otra parte sus votos fueron muy "políticos".
  7. Les Entretiens de Friedland, 20-3-00. Les annonces de la Seine, París, 27-3-00.
  8. Ver Antoine Garapon y Denis Salas, La République pénalisée, Hachette, colección "Questions de société", París, 1996
  9. Loïc Wacquant, Las cárceles de la miseria, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2000.
  10. Philipe Robert, Le citoyen, le crime et l´Etat, Droz, Ginebra, 2000.
  11. Ver Anne-Cécile Robert, "Ce juge méconnu de Luxemburgo". Le Monde diplomatique, París, julio de 1999
  12. Maurice Papon fue condenado en abril de 1998, en Bordeaux, a 10 años de reclusión por su responsabilidad en la deportación de más de 1500 judios a la Alemania nazi, entre 1942 y 1944, cuando era secretario general de la Prefectura de la Gironda.
Autor/es Jean-Paul Jean
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 19 - Enero 2001
Páginas:26, 27
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Neoliberalismo, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Justicia Internacional, Estado (Política)
Países Estados Unidos, Irak, Libia, Ruanda, Tanzania, China, Alemania (ex RDA y RFA), España, Francia, Luxemburgo, Yugoslavia, Israel