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Números, lealtades y poder

A casi diez años de la sanción de la denominada ley de Cupos, que debiera garantizar un mínimo de un tercio de mujeres en todas las listas electorales, este criterio, ya aplicado a nivel de diputados nacionales, se aplicará por primera vez en las elecciones para senadores nacionales. Una ocasión para evaluar los fundamentos del "cupo" y su implementación, en una coyuntura política caracterizada por la deslegitimación de los partidos políticos y su representatividad.

Por primera vez en la historia argentina, en el año 2001 el Senado de la Nación -actualmente objeto de una investigación judicial por corrupción- será electo por el voto directo de la ciudadanía y no por las corporaciones políticas provinciales. Será también la primera oportunidad en que se aplique para esa cámara la ley 24.012 de 1991, que establece una proporción obligatoria de un 30% de mujeres como mínimo en las listas electivas de los partidos políticos.

Actualmente, la Cámara de Diputados está compuesta por un 28% de mujeres. En el Senado, las dos únicas mujeres representan el 3%. En el Senado de la provincia de Buenos Aires, cuyo territorio concentra el 40% de la población del país, las mujeres son 11 (24%). Esta desproporción es más evidente en las direcciones de los bloques parlamentarios: en la Cámara de Diputados la Unión Cívica Radical (UCR) no tiene ninguna mujer, el FREPASO 1 sobre 5, y el Partido Justicialista 3 sobre 16. Este último no es un dato menor, ya que una de las consecuencias de la pérdida de soberanía de los Estados nacionales de los países periféricos en el marco de la globalización, es que los Parlamentos han perdido poder y su capacidad de decisión queda concentrada en las jefaturas de bloque. Aunque los requerimientos de la producción y la lucha de las mujeres han instalado socialmente el tema de su discriminación, los aparatos partidarios siguen siendo reacios a una representación más igualitaria en los lugares de decisión.

El movimiento de mujeres

Las imprescindibles reformas legales que marcaron la década del "80 en Argentina fueron posibles por la presencia y presión del movimiento de mujeres, que abarcó a los grupos feministas, a las mujeres de los partidos, de los sindicatos, universidades, del aparato del Estado, de los barrios. Entre otras reivindicaciones, lograron introducir en el debate público la invisibilidad de las mujeres en la representación política. Esta cuestión cuenta con un antecedente significativo: la formación por Eva Perón del Partido Peronista Femenino, en julio de 1949. Fue así que cuando las mujeres votaron por primera vez, en 1952, ingresaron al Congreso de la Nación 24 diputadas (el 25% del total) y 6 senadoras. El golpe militar de 1955 barrería con esa innovación.

Con el advenimiento de la democracia, en 1983, el movimiento de mujeres logró modificar la legislación familiar, con la igualación de los hijos ante la ley, el divorcio vincular, la patria potestad compartida, la pensión a las concubinas, la ratificación del Tratado contra toda forma de Discriminación sobre la Mujer -que hoy es texto constitucional- la Ley de prevención de la violencia doméstica (el pasado 6 de diciembre la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una nueva y actualizada Ley sobre violencia familiar) y la batalla, que se renueva cada día en todo el país, por la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos.

Una correcta lectura de la correlación de fuerzas, una política de alianzas y una concepción unitaria de las mujeres de los diferentes partidos políticos1 posibilitó en noviembre de 1991 la sanción de la reforma de la ley electoral, que introdujo la mencionada ley de cupos. Esta ley encuentra su fundamento teórico en las denominadas acciones positivas o de discriminación positiva2, surgidas de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos. Constituyen una herramienta básica de la desconstrucción del paradigma del principio de igualdad ante la ley, donde subyace el concepto androcéntrico del varón como " modelo" del ser humano. La lucha contra la discriminación, sea femenina, racial o social, implica integrar a los grupos y sectores sociales excluidos del contrato social instaurado por la Revolución Francesa, que tampoco incluía a la totalidad de los varones sino "al varón blanco, pudiente, instruido, heterosexual, practicante de la religión dominante y sin discapacidad visible"3.

De piso a techo

La ley de cupos sigue en este sentido las huellas de la socialdemocracia alemana, del Partido Socialista Obrero español (PSOE) y del Partido Comunista Italiano (PCI). En Francia el primer ministro Lionel Jospin sancionó la paridad en la Asamblea Nacional, es decir, elevó al 50% la representación femenina y en estos días la provincia de Córdoba (donde las diputadas de la Alianza en el gobierno desoyeron la directiva partidaria en contra), sancionó una ley semejante.

La ley de cupos supuso un adelanto en la representación política de mujeres. Pero a casi 10 años de sancionada, el cupo se ha convertido en un techo y no en un mínimo, como postulan la ley y la Constitución.

Los años "80 habían alentado la ilusión de que la variable "género" bastaría para unir a las mujeres en la lucha por el cambio de estereotipos sexuales jerárquicos. Teoría y práctica convergen hoy en el reconocimiento de que el género no es una variable omnicomprensiva, sino que necesita de otras -clase, etnia, edad, pertenencias ideológicas y partidarias- para dar cuenta de la condición de las mujeres y por lo tanto para modificarla.

En el caso argentino no hubo una interrelación adecuada entre el movimiento de mujeres y las mujeres legisladoras, falla a la que no es ajena la crisis de representatividad y legitimidad de los partidos políticos en el país. Cuando se planteó la cuestión de la representación por cupos, se pensaba que una masa crítica de mujeres en el Parlamento podría ser el comienzo de una articulación de particularismos y de subversión del orden patriarcal, pero todavía no está claro si "articular una cantidad de diferencias es garantía de subversión del orden que las incluye, o… podrían terminar formando parte del mismo…"4. ¿El acceso de mujeres al Parlamento no habrá sido también una negociación del sistema político para legitimar una forma de la política altamente cuestionada por grandes capas de la sociedad? En otras palabras: ¿no acabarán siendo cooptadas por el sistema?

Sin embargo hubo tres momentos políticos en esta década que plasmaron la articulación del movimiento y las legisladoras: en la Constituyente Nacional de 1994 el oficialismo batalló y perdió la introducción en la Constitución de la cláusula de "defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural", la estrategia del fundamentalismo católico para impedir todo paso legal hacia la despenalización y/o legalización del aborto. La presión de las constituyentes y del movimiento en su conjunto se enfrentó a los/as constituyentes que se limitaban a obedecer las directivas de sus respectivos partidos. Preciso es destacar que sobre las mujeres pesa con mayor fuerza aún la exigencia de obedecer las directivas partidarias, si no quieren ver terminada su carrera política. Pero también que, a su vez, los partidos cedían al poder de la jerarquía de la iglesia católica, temerosos de irritarla.

Por otra parte, la ley de salud reproductiva sólo pudo ser aprobada en Diputados cuando le dio su apoyo el Partido Justicialista, que cedió ante la presión de la opinión pública, concientizada por el movimiento, y ante legisladoras y algunas políticas que habían llevado a cabo una lucha interna importante. El tercer momento lo marca la elaboración del texto de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de los partidos, las mujeres carecen de autonomía, dado que su acceso y ascenso a los cargos depende, con alguna solitaria excepción, de las negociaciones con los varones, quienes eligen a las incondicionales y desconfían de las demás. Así es como las mujeres que acceden a lugares de decisión rara vez contribuyen a incorporar a su vez a otras mujeres. Esto se hizo evidente en la conformación del gabinete porteño. Al menos aquí, la práctica demuestra que las legisladoras no necesariamente responden a las demandas específicas de las mujeres.

Una representación paritaria, esto es, del 50%, incrementaría el poder y autonomía de las mujeres, socavado por la producción y reproducción de formas oligárquicas dentro de los partidos políticos. Por otra parte, que las mujeres no repitan especularmente las prácticas patriarcales dependerá en gran medida de la presión del movimiento social de mujeres.

Ante la perspectiva de las elecciones para el Senado de la Nación, es oportuno reafirmar el carácter no sectorial, irrenunciablemente democrático, de una representación paritaria entre los géneros, que no podría sino transformar cualitativamente la práctica política.

Como decía un documento de las huelguistas textiles de 1922, "la lucha de las mujeres es la lucha de la humanidad, el reparto entre todos de las alegrías de la vida: el pan y las rosas".

  1. Cecilia Lipszyc, "Las mujeres y el poder", Feminaria, año VI, Nº 11, Buenos Aires, noviembre de 1993.
  2. "El concepto de acción positiva es sin duda revolucionario, en el sentido de que "revoluciona" todas las ideas recibidas, en particular la cultura de emancipación, a la que están estrechamente unidas las mujeres y los hombres que se creen progresistas y para los cuales la igualdad entre los sexos garantizada por Constituciones y leyes era de por sí suficiente para asegurar la igualdad de oportunidades". Aída Facio, Análisis de la cuota de participación política de la mujer en Costa Rica, Presentación a las cámaras legislativas de Costa Rica, 1992.
  3. Cecilia Lipszyc, "Construyendo ciudadanía", en Género, educación y políticas públicas, REPEN y GEO, La Paz, Bolivia, 1998.
  4. M. C. Labandeira, A. Oberti, "¿Una intervención con pedido de disculpa?", El Rodaballo Nº 3, Buenos Aires, 1997.
Autor/es Cecilia Lipszyc
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 19 - Enero 2001
Páginas:34
Temas Sexismo, Discriminación, Política, Estado (Política), Movimientos Sociales, Políticas Locales
Países Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Francia