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Justicia universal versus imperialismo judicial

Al concebir el término genocidio, el jurista Rafael Lemkin consideró que no podía ser asunto interno de los Estados involucrados sino un delito iuris gentium, cuya impunidad había que prevenir. La Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio aprobado por la ONU en 1948 ha sido cuestionada, en la medida en que vuelve imposible el juzgamiento de genocidio dentro del país cuyo Estado está implicado en el crimen. Por otra parte, los logros de instancias internacionales como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y para la Ex-Yugoslavia no eluden el cuestionamiento de que condenan a criminales de países periféricos o derrotados. La Corte Penal Internacional aprobada en Roma en 1998, resistida por los sectores más conservadores de Estados Unidos, abre la esperanza de una justicia universal no sospechosa de connivencia con los intereses de las potencias políticas y militares.

La difundida "Operación Condor", a través de la cual los ejércitos y servicios de inteligencia del Cono Sur ensamblaron sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante las últimas dictaduras, y más tarde los pronunciamientos judiciales de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española llaman a reflexionar acerca del origen y características de este crimen de dramática actualidad1.

El término genocidio fue creado por el jurísta polaco Rafael Lemkin, quien a final de los años treinta lo concibió a través de un neologismo integrado por el vocablo griego "genos" (agrupación humana) y el sufijo latino "cidio" (matar).

A Lemkin, escapado de las persecuciones raciales que tuvieron lugar en su país luego de la invasión alemana y más tarde consejero del fiscal estadounidense en los juicios de Nuremberg, le interesaba definir si los actos de destrucción perpetrados por el Estado en perjuicio de sus propios ciudadanos eran una cuestión interna y reservada, o por el contrario constituían asuntos de genuino interés internacional. Partidario de la segunda posición, argumentó en torno a la necesidad de tipificarlos como delitos iuris gentium, y someterlos así a un sistema de persecución judicial que evitara en lo sucesivo su impunidad.

El término fue inaugurado oficialmente en el acta de acusación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en octubre de 1945. Se señaló entonces que los acusados se habían entregado "(…) al genocidio deliberado y sistemático, es decir, al exterminio de grupos raciales y nacionales de la población civil de ciertos territorios ocupados, con el fin de destruir determinadas razas o clases de la población y grupos nacionales, raciales o religiosos".

El Estado Criminal

En diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por el voto unánime de 56 Estados el texto de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio. A partir de entonces la nueva categoría jurídica quedó definitivamente delineada: comprende a todo acto perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

La Convención entró en vigor el 12-1-1951 y desde entonces su rasgo esencial radica en que los actos de destrucción total o parcial se dirigen contra una persona o un sector poblacional teniendo como móvil su pertenencia a una determinada nacionalidad, etnia, raza o religión. Siempre, sin embargo, se integran con la intención adicional de impactar al grupo para, en definitiva, menoscabarlo en su integridad.

Mediante la construcción de una amenaza que se proyecta sobre un grupo humano más o menos vulnerable, las formas genocidas vuelven repetidamente al escenario de las relaciones humanas. Cada época y contexto histórico sugiere un perfil diferenciado de víctima. En el pasado, los actos de destrucción tendieron a dirigirse contra grupos exteriores a las ciudades, reinos e imperios, generalmente por motivos religiosos o de expansión territorial. Por ejemplo, el fenómeno colonial dio lugar a un tipo de víctima ubicada fuera de la metrópoli: la población aborigen.

En el siglo XX la mirada genocida se fijó en grupos situados dentro del Estado, vale decir, en sus propios ciudadanos. El crimen se tornó característico de sociedades heterogéneas, compuestas por fracciones poblacionales perfectamente diferenciadas desde el punto de vista étnico, nacional, cultural y religioso. Así pues, quien lo perpetra persigue el objetivo simbólico de eliminar los rasgos distintivos de toda diferencia, a la que juzga peligrosa para la supervivencia de su propio grupo.

Prevenir el genocidio

Tan es así que en los años noventa se registran los llamados "genocidios de proximidad", cuya especificidad consiste en su carácter fratricida y masivo en tanto son consumados entre quienes previamente habían sido vecinos, parientes o simplemente conocidos, como resulta ser el caso de Ruanda o de Bosnia Herzegovina2.

¿Cuándo un Estado se convierte en genocida? Para Yves Ternon, cirujano francés experto en comportamientos de exterminio, el genocidio constituye "(…) el momento final de una crisis anunciada" por actos previos, a partir de los cuales cabe identificar su desencadenamiento. Con el fin de identificarlo, aísla una serie de acontecimientos -cuyos tiempos se entreveran- que van desde los primeros actos de discriminación, pasando a las agresiones físicas, hasta una secuencia programada de destrucción que deroga los derechos cívicos de los miembros del grupo-víctima, los despoja de su nacionalidad y culmina en su expulsión, deportación, persecución y masacre3.

En dichas secuencias subyace un proceso de radicalización ideológica en torno a un principio básico de carácter excluyente, del cual se desprende su incompatibilidad con los dilemas que el grupo percibido como amenaza le plantea. El lenguaje no juega en este punto un papel menor: valiéndose de la jerga y los eufemismos deshumaniza y demoniza a las víctimas, distorsiona la verdad volviéndola funcional a los objetivos del agresor.

Aun cuando la propia Convención llama a través de su denominación a la prevención de este crimen, lo cierto es que las tareas llevadas adelante en tal sentido son escasas, subvaluadas y reticentemente difundidas. Será tal vez porque suponen un compromiso silencioso y perseverante, carecen de cobertura mediática y del poderoso capital simbólico que emana de los tribunales y sus eventuales castigos. Prevenir los genocidios constituye una tarea esencial que sólo puede llevarse a cabo en el terreno, esto es, en el ámbito social donde se están forjando. Allí, entre las múltiples causas históricas, psicológicas, políticas y económicas, se juega la pulseada, se hace la historia y se evita, en el mejor de los casos, la llegada del horror.

Persecución Penal

La vía escogida por el artículo sexto de la Convención en relación a la aptitud del Estado para juzgar los actos de genocidio cometidos en su territorio ha sido tradicionalmente cuestionada. Con razón se señaló que esa formulación sólo puede tener aplicación práctica en los casos en que las manifestaciones criminales no resulten de la actividad directa o velada del Estado. De lo contrario, será imprescindible que sus autoridades hayan perdido el control del aparato político y económico y hayan sido reemplazadas por quienes efectivamente deseen llevar a los acusados ante los propios tribunales nacionales. Porque a la hora de consumar o tentar este crimen nunca falta la presencia estatal, en mayor o menor medida4.

Es en el plano internacional, también previsto por el artículo sexto de la Convención, donde la pretensión de castigo ha dejado de constituir un recurso efectista ante el dolor y la atrocidad para dar lugar a los hechos. Desde su creación en noviembre de 1994, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha juzgado a 28 imputados y ha dictado 57 actas de acusación. En el mes de septiembre de 1998 inclusive pronunció la primera sentencia condenatoria por el crimen de genocidio en la historia del Derecho Penal Internacional. Lo hizo contra quien fuera Primer Ministro de ese país al momento de desatarse las persecuciones genocidas en abril de 1994, en las que en sólo tres meses fueron asesinadas 500.000 personas, por conflictos de naturaleza étnico-política.

Por su parte, el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia cumple desde el año 1993 una importante tarea que, en números, puede sintetizarse así: 94 imputados -a quienes se atribuye la comisión de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad- 37 de los cuales se encuentran actualmente privados de su libertad; 14 acusaciones y la sentencia condenatoria de 45 años de prisión impuesta al general croata Tihomir Blaskic, todavía sujeta a tramite de apelación5.

Sin embargo, se han levantado algunas voces cuestionando la independencia y ecuanimidad de las comentadas instancias jurisdiccionales, temiendo que aun cuando no puedan ser tachadas -como sucedió con las de Nuremberg y Tokio- de constituir expresiones de justicia de los vencedores sobre los vencidos, pierdan credibilidad si se erigen como dispositivos de sanción selectivos, es decir, focalizados tan sólo sobre los ilícitos de los agentes marginales del globo: líderes políticos de los países pobres o empobrecidos, carentes de cobertura, y derrotados política o militarmente. Basta pensar al respecto en los casos de Saddam Hussein y Slobodan Milosevic6.

Es por eso que la Corte Penal Internacional, creada el 17-7-1998 durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y cuyo Estatuto fue aprobado por 120 naciones que votaron a favor, sin perjuicio de 21 abstenciones y 7 votos en contra, constituye una gran esperanza, capaz de concretar las aspiraciones de una justicia verdaderamente universal. Su jurisdicción permanente investigará y llevará a juicio a los individuos implicados en las violaciones más graves al derecho internacional humanitario; principalmente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Pese a que un creciente número de países, ya superior a 20, han suscripto y ratificado el Tratado de Roma, algunas naciones poderosas desean retrasar e incluso impedir el establecimiento de la Corte. Es el caso de Estados Unidos de América7, donde el pasado 14 de junio los senadores republicanos Jesse Helms y John Warner y los congresistas Tom Delay y Floyd Spence, presentaron un proyecto de ley que prevé aplicar sanciones contra los Estados que ratifiquen la creación de la Corte. Las mismas consistirían, fundamentalmente, en la retirada de ayuda militar y no afectarían a todos los países ratificantes por igual, ya que quedarían excluidos los Estados considerados "aliados".

Condiciones de la justicia

Dicha política de intimidación es en todo coherente con un imperialismo judicial que la potencia hegemónica reiteradamente exhibe y luce alrededor del mundo. En este caso su objetivo está dirigido a lograr que la Corte quede bajo la esfera del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tiene derecho de veto. De ese modo podría legítimamente eludir las sentencias que le resulten adversas. Pretende, además, que sus representantes diplomáticos y soldados afectados a misiones de paz estén dotados de inmunidad de jurisdicción; todo lo cual traduce, en definitiva, el rechazo a renunciar voluntariamente a una porción de soberanía en aras de un bien superior: reducir la impunidad que en materia de crímenes internacionales trae aparejada la aplicación de la jurisdicción territorial.

¿Constituirá la nueva instancia penal internacional el medio por el cual prevenir futuras tragedias humanitarias o, en su caso, asegurar la efectiva responsabilidad de las personas implicadas en su comisión? Responder a tal interrogante requiere, como condición previa, verificar si la comunidad internacional de nuestros días se articula sobre principios democráticos y en consonancia con los pilares básicos del derecho internacional contemporáneo: igualdad soberana de los Estados miembros, su genuina autodeterminación, y el efectivo respeto de los derechos fundamentales.

De ser así, la cultura de los derechos humanos encontrará motivos para su consolidación, a la vez que los autores y cómplices de estos crímenes verán acotada su obscena impunidad.

Si por el contrario, conforme lo sugiere la pasada experiencia kosovar, la comunidad internacional es cercenada por ejercicios policíacos a cargo de la gran potencia hegemónica y sus aliados, en franca violación al orden jurídico e imponiendo una presunta legalidad de facto, no podrá entonces esa instancia superar los mismos obstáculos que nublan el horizonte de nuestros propios sistemas nacionales de justicia: escaso poder preventivo, lenta reacción y cuestionada legitimidad.

  1. En el mes de noviembre de 1998 la Sala Penal de la Audiencia Nacional calificó como actos constitutivos de genocidio a las muertes, detenciones ilegales y torturas, inspiradas en razones de depuración ideológica, atribuídas a gobernantes y miembros delas Fuerzas Armadas o de seguridad, actuando en la clandestinidad, de Argentinay Chile, respectivamente, acontecidas entre el 24-3-1976 y 1983, en el primer caso, y durante la vigencia de la dictadura militar chilena, a partir del día 11-9-1973.
  2. Anne Cecile Robert: "Convivir con el genocidio", Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, julio de 2000.
  3. Yves Ternon: El Estado Criminal, Editorial Península, Barcelona, 1995.
  4. Saenz de Pipaon y Mengs, Javier, Delincuencia Política Internacional. Especial Consideración sobre el Delito de Genocidio. Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, Madrid, 1973.
  5. USA Today, "Solid American Presence in War CrimesTrial", 28-7-00.
  6. Avner y Claudio Cordone, "¿Hay que procesar a la OTAN?", Le Monde diplomatique, edición española, julio 2000. Afirman que no hubo una investigación a fondo, por parte del Tribunal para la ex Yugoslavia, respecto de la muerte de cientos de civiles por los bombardeos de la OTAN sobre Serbia. En ese sentido también resulta elocuente Carlos Taibo, "Sombras sobre un Tribunal", El País, Madrid, 17-8-00.
  7. Prudencio Gracía, "Estados Unidos versus Tribunal Penal Internacional", El País, Madrid, 31-10-00. También Barbara Crossette, "U.S. Envoy Tackles Objections to Tribunal on War Crimes", The New York Times, 12-12-00.
Autor/es Martín Lozada
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 19 - Enero 2001
Páginas:28, 29
Temas Genocidio, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Justicia Internacional, Estado (Política), Geopolítica
Países Estados Unidos, Serbia (ver Yugoslavia), Ruanda, Chile, Yugoslavia