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Casas de estudio en busca de fondos

Los criterios políticos hegemónicos que obligan a las Universidades Nacionales a procurarse medios de financiamiento son los mismos que han desnacionalizado y concentrado a las grandes empresas, limitando gravemente las posibilidades de desarrollo científico y tecnológico propio. Como en muchas otras áreas, la década de los ´90 modificó en la Argentina los criterios de una larga y sólida tradición universitaria y el sentido común sobre su lugar social.

Ante las transformaciones económicas y sociales por las que ha atravesado el país en el curso de la década del "90, la universidad argentina, fiel a su tendencia histórica, intentó interpretar necesidades y demandas sociales y al mismo tiempo hacer frente a los problemas presupuestarios creados por la crisis financiera del Estado, provocada por su enorme deuda externa.

En 1989 las universidades obtenían el 93% de sus recursos del Tesoro Nacional; en 1996 pasaron a recibir el 86%. Aunque la masa financiera transferida por el Estado Nacional permaneció constante en términos reales (1.520 millones de pesos en 1989; 1.508 millones en 1998)1, el número de universidades nacionales pasó de 27 a fines de 1988 a 36 en la actualidad. Es decir que se transfirió la misma masa financiera a una mayor cantidad de instituciones, creando una suerte de puja distributiva en un contexto de restricción de recursos.

Jaqueadas por las carencias financieras y por la pérdida de autonomía derivada de las regulaciones establecidas por la Ley de Educación Superior sancionada en 1995, las universidades nacionales han implementado mecanismos de financiamiento propio, mediante la oferta de cursos y carreras de posgrado y la venta de servicios. Así, el mundo universitario se relaciona con las empresas y con organismos nacionales, provinciales y municipales fundamentalmente a través de estas actividades.

La transferencia de desarrollos tecnológicos originados en las universidades tiene cada vez menos peso relativo. La concentración y desnacionalización de las grandes empresas ha puesto serios límites a la posibilidad de desarrollo científico y tecnológico propio: baste mencionar que en 1997 las empresas extranjeras y los llamados grupos económicos nacionales concentraban el 75,5% de las ventas y el 67,3% del empleo, mientras que las empresas nacionales (PyMES incluidas), el 24,5% y el 32,7% respectivamente2; en 1990, seis de las diez empresas que más vendían eran de propiedad estatal, pero en 1999 no había entre ellas ninguna empresa de propiedad estatal3. En general, las tecnologías vienen desarrolladas desde las casas matrices; aquí se produce en todo caso una tecnología de tipo adaptativo. La relación de la universidad con el mundo empresario crece a través de servicios repetitivos, rutinarios y de capacitación de personal.

Las universidades han creado distintas formas organizativas para poder brindar asesoramiento y servicios técnicos al sector productivo-empresarial. La Universidad de Buenos Aires (UBA), por ejemplo, ha creado en 1991 la sociedad anónima UBATEC, junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dos entidades empresarias: la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de la Industria. Tiene como objetivo la prestación de servicios a terceros en el área de investigación, desarrollo tecnológico, asesoría, provisión de know-how y capacitación. En general, los convenios entre universidad y empresa tienden a ser cada vez menos de Investigación y Desarrollo y más de consultoría y asistencia técnica.

Cambios en curso

Cabe identificar algunos problemas vinculados con el modo de relación establecido a partir de un accionar "defensivo" en el esfuerzo por la supervivencia institucional y laboral:

a) Inseguridad presupuestaria: las universidades relacionadas con núcleos muy dinámicos económicamente o con organismos estatales sufren los avatares de la política económica, ya que pueden lograr y perder ingresos azarosamente;

b) Aumento de la influencia de los intereses de las empresas sobre los planes de estudio para la formación de profesionales, con valoración del desarrollo de individuos disciplinados, no críticos, en detrimento de la formación científica básica, el desarrollo de capacidades cognitivas y el trabajo en equipo;

c) Uso de los bienes y espacios públicos para la satisfacción de intereses privados: laboratorios, instalaciones y personal de la universidad (resultado de inversiones públicas realizadas para la calificación de alto nivel científico y tecnológico), son aprovechados para el lucro privado;

d) Valoración de la actividad universitaria a partir de parámetros economicistas. Revalorización de los "producidos propios" con generación de espacios de "privilegio", dotados de mejor infraestructura y equipamiento, con mayor libertad, en desmedro de los espacios dedicados a la docencia de grado, investigación y extensión;

e) Incorporación de personal, dedicado al trabajo en contratos específicos, que no asume actividades con alumnos ni en investigación;

f) Desplazamiento de la "extensión" (entendida como instancia que articula producción y circulación de saber e implica el compromiso de la universidad con el desarrollo de prácticas que contribuyan a la democratización social)4, por la venta de servicios;

g) Surgimiento de un estrato gerencial -que en muchos casos poco tiene que ver con la vida académica y poco puede aportar para su mejoramiento- a cargo de la promoción y gestión de contratos;

h) Diferenciación entre instituciones, disciplinas, áreas de trabajo, agudizada por el acceso a recursos extra-presupuestarios. Fragmentación entre universidades y dentro de cada una de ellas, ruptura de relaciones cooperativas y solidarias5;

i) Las pasantías en empresas se convierten en un reemplazo de profesionales graduados, porque los estudiantes resultan más baratos. Esta situación ha generado otras consecuencias negativas, ya que los estudiantes demoran su egreso, perpetuándose como pasantes para no convertirse en graduados desocupados y la universidad baja su "eficiencia interna".

Sintetizando, las relaciones entre la universidad y el mundo empresario en Argentina están determinadas por tres factores principales: los cambios en la estructura productiva (específicamente en la propiedad de las empresas); la crisis financiera del Estado, que obliga a las universidades a buscar fondos propios; y el modelo de generación de tecnología no endógena, sino en las casas matrices de las empresas trasnacionales.

Pero sería incorrecto no hacer referencia a la parte de responsabilidad que cabe a las universidades y a los universitarios (docentes, estudiantes, graduados, no docentes) por el tipo de articulación que se estableció con las empresas y sus consecuencias. Largos años de dictadura y la frustrante experiencia de una democracia limitada, azotada por reiterados planes de ajuste, generaron espacios universitarios con serias dificultades para debatir las relaciones con las diferentes instituciones políticas, sociales, económicas, culturales, para que el desarrollo de sus actividades esenciales -la producción y distribución de conocimientos- contribuyera a la democratización de la sociedad. Este debate, cuestionado en los primeros años de la recuperación constitucional con el argumento de que podía desestabilizar la democracia, devino prácticamente imposible cuando los criterios del mercado avanzaron sobre las universidades mucho antes de la sanción de la Ley de Educación Superior, a partir de la carta informal que Enrique Bulit Goñi6 envió a sus rectores en febrero de 1990. "Aunque sea gratuita, los pobres no acceden a la universidad", decía entre otras cosas la carta, endilgando a la institución la responsabilidad de la polarización social consecuencia de las políticas económicas y sociales: "Deberían (…) removerse las restricciones (…) referidas al arancel de la enseñanza de grado, a la comercialización de bienes y servicios, la constitución de empresas de asociación con capitales externos (…) Cabría establecer un sistema por el cual el aporte estatal pudiera verse aumentado para las universidades que se ajusten en mayor medida a un parámetro cualificador…" Esa carta contenía los gérmenes de argumentaciones que con el correr de los años se volverían lugares comunes en detrimento de la defensa de una tradición universitaria de nivel y alcance excepcionales en América Latina.

Las políticas delineadas recientemente desde el Poder Ejecutivo Nacional refuerzan la necesidad de un diálogo informado, no dogmático, que permita a la universidad recuperar su capacidad de articulación crítica con el mundo productivo.

  1. "Algunos conceptos en materia de medición de la inversión y la financiación educativa universitaria nacional". Presentación ante el Seminario Virtual "El Gasto Social después de la Reforma Educativa: hacia la construcción de indicadores de efectos distributivos y de políticas alternativas".Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la educación. Diciembre de 1999.
  2. Las multinacionales latinoamericanas: sus estrategias en un mundo globalizado, por Daniel Chudnovsky, Bernardo Kosacoff y Andrés López, Fondo de Cultura Económica, 1999.
  3. Revista Mercado, julio del 2000. Ranking de las 1.000 empresas que más venden en Argentina.
  4. Brusilovsky, Silvia, Extensión universitaria y educación popular, EUDEBA, Buenos Aires, 2000.
  5. Vior, Susana y Brusilovsky, Silvia. La Universidad Argentina en los ´90: políticas, procesos, propuestas, Témpora, Segunda Época, Vol. I, Universidad de La Laguna, Tenerife,1998.
  6. Secretario de Coordinación del Ministerio de Cultura y Educación a partir de julio de 1989.
Autor/es María Luz Bertoni, Susana E. Vior
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 22 - Abril 2001
Páginas:31
Temas Deuda Externa, Neoliberalismo, Educación
Países Argentina