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Recuadros:

El Perú profundo, más allá del fraude electoral

En el poder desde hace diez años, Alberto Fujimori fue reelecto presidente del Perú en las elecciones del 9 de abril y del 28 de mayo pasados en circunstancias muy polémicas. Desaprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que retiró sus observadores, y amonestado por Estados Unidos, Fujimori se impuso en la segunda vuelta, de la que su principal adversario, Alejandro Toledo, se negó a participar. Pero en ese Perú agobiado por la miseria, el fraude no explica todo. Rehenes de un régimen que sólo les concede raquíticas medidas sociales a cambio de su fidelidad y reconociendo aún a Fujimori como el vencedor de la hiperinflación y del terrorismo, muchos peruanos, fundamentalmente los pobres, le dieron su voto.

En la noche del 17-5-80, vísperas de las primeras elecciones libres luego de doce años de dictadura militar, Sendero Luminoso hizo su aparición en el poblado de Chuschi, departamento de Ayacucho. "Cinco personas encapuchadas entraron en las oficinas del centro electoral y se apoderaron de los registros y urnas para quemarlos. La acción comenzó a las dos de la madrugada, y media hora más tarde todo había concluido"1. Fue la primera acción de una guerrilla que habría de sumir al Perú en las dos décadas más negras de su historia: 25.000 muertos, 15.000 desaparecidos y más de 600.000 desplazados que fueron a engrosar las villas de emergencia de Lima (irónicamente denominadas "pueblos jóvenes"), además de unos 3.000 millones de dólares de pérdidas materiales.

Ocho años después de la captura en Lima (el 12-8-92), del líder emblemático del movimiento, Abimael Guzmán -alias "Presidente Gonzalo"- Sendero Luminoso no ha desaparecido verdaderamente ni del territorio ni de la mente de los peruanos2. Y si bien es cierto que el terrorismo está oficialmente muerto, no lo es menos que el presidente Fujimori se ha convertido en un diestro manipulador del traumatismo de la población y de la memoria de la guerra: "El 28 de mayo el pueblo peruano le va a decir no a Sendero Luminoso, no al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, no al terrorismo", declamaba rítmicamente el 17 de mayo pasado durante un acto electoral en Ayacucho.

La pacificación del país se convirtió en el instrumento retórico y la oposición en el blanco de todas las acusaciones. Tres días antes de la segunda vuelta del 28 de mayo, circulaban en el norte del departamento de Ayacucho (en las provincias de Huanta y de La Mar) unos volantes en los cuales el candidato del partido opositor Perú Posible, Alejandro Toledo, aparecía con la mitad inferior del rostro cubierta por un pañuelo y luciendo un bonete con la sigla del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA)3. En esas zonas productoras de coca, donde la guerrilla se mostró particularmente mortífera, la propaganda de Fujimori decía: "Violencia, matanzas, guerra, muertos. Votar por Toledo es votar por el terrorismo".

Ese tipo de propaganda se halla incluso en las oficinas de Ayacucho del Servicio Nacional de Sanidad Agrícola (SENASA), del Ministerio de Agricultura. Los denominados "chicha", diarios sensacionalistas y baratos financiados por el gobierno, transmiten el mismo tipo de informaciones: "Abimael (Guzmán) predicaba la violencia, el perdedor (Toledo) también. Abimael era un hijo de su madre, 'Choledo' también. Los dos son iguales"4. Durante su acto en Ayacucho, Fujimori no dudó en predecir la vuelta del terrorismo si perdía las elecciones. Un profesor que ejerce la docencia por la noche por un salario de 170 dólares y de día trabaja de taxista para sobrevivir estalla: "¡El terrorista es él! Las Fuerzas Armadas causaron más muertos que Sendero Luminoso y el MRTA. En este país la democracia está reservada a diez personas. Si alguna otra se expresa en público, enseguida la acusan y la encierran por subversiva".

En 1992, después de la derrota de Sendero Luminoso y de la captura de su líder, una parte de la población desplazada emprendió el regreso. La magnitud de las migraciones y la presión de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) llevaron a crear en octubre de 1993 el Programa de Ayuda al Repoblamiento y desarrollo de las zonas en estado de emergencia (PAR). En los últimos cinco años se invirtieron unos 285 millones de dólares en los departamentos más afectados (Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Junín)5 para permitir la repatriación de 6.500 familias, la refacción y la reconstrucción de viviendas, de infraestructuras escolares y sanitarias, y la identificación de 670.000 personas sin documentos. Responsable técnica del PAR, Betty Olano Cieza admite que su presupuesto es insuficiente. Para José Manuel Ramírez, encargado de la comunicación en la Asociación Pro-Derechos Humanos (Aprodeh), "en esas regiones devastadas, el PAR no tiene programas de reconstrucción económica, ni de restitución de derechos para quienes han perdido todo. Este país necesita mucho más que políticas de reimplantación".

Ante ese vacío, la población reinstalada en la sierra, con nuevas exigencias de vida y de desarrollo, debió crear por sí misma los recursos y las instituciones necesarias a la organización comunitaria. "Los refugiados son los últimos hijos del mito del progreso en el país. De manera autónoma han iniciado una verdadera revolución rural en los Andes", estima el sociólogo Jaime Antesana, consultor del Congreso. Poco a poco, la noción de ciudadanía se construyó en torno de municipalidades convertidas en factor de desarrollo y de reconocimiento y los campesinos reivindican ahora su integración al Estado nacional. Luego de haber demorado años en percibir esa expectativa, el gobierno de Fujimori se ha esforzado en recuperarla políticamente.

Apoyo de los pobres

La salida de Ayacucho marca el final de las rutas asfaltadas y el comienzo de las de tierra. Lleva tres horas recorrer los 120 kilómetros que llevan al distrito de Tambo, donde la presencia física del Estado es simbólica. Pero los "esfuerzos" del gobierno de Fujimori por mejorar las infraestructuras (un puesto sanitario, una base militar y el mejoramiento de algunas rutas), algo que nadie había hecho antes, le dan una sólida notoriedad. En esas zonas olvidadas, una nimiedad significa mucho. "Aquí la gente votó por 'el Chino'. Él nos conoce y nos apoya. Todo lo que dice lo cumple. Nos ayuda. Y además, ¿quién nos asegura que con otro no volvería la violencia?"6.

En la segunda vuelta, Fujimori logró en Tambo el 71% de los votos. Sin embargo, en las estadísticas de pobreza el departamento de Ayacucho figura en segundo lugar, detrás de su vecino Huancavelica. El ingreso mensual promedio por habitante es de 25 dólares, contra 81 de promedio nacional; la esperanza de vida, de 56 años contra 68. Por otra parte, el fenómeno es general: 64% de los habitantes de las zonas rurales viven en la pobreza, contra 25% en las zonas urbanas.7

A pesar de ese cuadro, Fujimori es visto como el hombre providencial y cuenta con el apoyo del medio rural y de las villas de emergencia limeñas. "El gobierno utilizó el tema de la violencia para hacerse publicidad. El debate electoral, completamente centrado en el fraude, eclipsó cualquier otro debate sobre las reales expectativas de la población, sobre el desarrollo de las comunidades o de las economías locales", analiza Grimaldo Ríos Barrientos, director del Centro de Promoción y de Desarrollo de la Población (CEPRODEP).

Y si Fujimori ha "violentado" a las ciudades y a las clases medias, que pueden protagonizar una fuerte agitación, no le importa mucho: cuenta con el apoyo de la jerarquía militar. La desmilitarización de las zonas en estado de emergencia (9% del territorio nacional) iniciada un mes antes de la primera vuelta electoral, no implicó una retirada de las fuerzas armadas en un país donde "la institución militar es la única que funciona". En los pueblos de la sierra el ejército es a menudo la única representación física del Estado y después del traumatismo de la guerra son pocos los que desean que se vaya. Esta lógica local es sorprendente, pues los 25.000 peruanos muertos en los últimos veinte años no fueron únicamente víctimas del "terrorismo". La lucha antisubversiva acarreó su dosis de detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, asesinatos y hasta matanzas. Pero "los campesinos tienen demasiada necesidad del Estado como para emprenderla contra él. Y además, ¿cómo se podría acusar a los militares? Ellos son la autoridad. Tienen todo de su lado, compran todo. El que se queja, desaparece", dice Pedro Huaman, economista jubilado.

Tanto Fujimori como el alto mando militar se atribuyen todos los méritos de la erradicación de Sendero Luminoso. Pero en realidad, sin los campesinos no es seguro que se lo hubiese podido desarticular. Desde fines de 1982, a veces espontáneamente, pero en general organizada por el ejército (cuando no reclutada a la fuerza), la población rural desarrolló su propia defensa en el seno de las rondas campesinas o Comités de Autodefensa (CAD). Muchos dejaron allí su vida. Sin embargo, nada se hizo para retribuir, material o moralmente, a esos "héroes anónimos" del conflicto.

Es cierto que en noviembre de 1991 el gobierno promulgó el decreto legislativo 741, que reconoce a los CAD como una "organización civil surgida espontánea y libremente para realizar acciones de defensa de sus comunidades amenazadas por el terrorismo"8. Un año más tarde, el decreto supremo 077/DE92 establece en su artículo 10 que "la muerte, las lesiones o la invalidez dan lugar a la atención preferencial del Estado para obtener una indemnización o una pensión". Pero hubo que esperar hasta 1998 para que el decreto supremo 068-DE/SG estableciera el monto de las indemnizaciones. Una retribución tardía que sólo concierne a los caídos o heridos luego de la promulgación del decreto 077, es decir, con posterioridad a octubre de 1992. Pero la resistencia campesina se remonta a 1984. Para colmo, la indemnización sólo alcanza a los hombres muertos o heridos a raíz de enfrentamientos con los subversivos, es decir "cuando los CAD salen en búsqueda de los terroristas", pero no "cuando los subversivos entran a las comunidades".

Durante sus incursiones en Tambo entre 1982 y 1994, Sendero Luminoso dejó un saldo de 264 muertos y 36 inválidos; además de 85 muertos y 29 inválidos en enfrentamientos9. Únicamente las familias de cuatro de los muertos, caídos luego de la promulgación del decreto (es decir, el 1,15% de las víctimas) pueden gozar de la indemnización oficial. Bajo la condición de presentar los documentos exigidos, como por ejemplo los certificados de defunción, generalmente imposibles de conseguir debido a la ausencia del Estado o al abandono en que quedaron las zonas rurales durante los años de violencia.

En abril de 1999 ochenta "ronderos" cubiertos con sus ponchos llegaron a Lima para exponer su caso ante la opinión pública: "Aunque sean mil soles, pero que sea para todos… El dinero no es lo importante. Para nosotros lo que cuenta es el reconocimiento". La modificación de los decretos 077 y 068, que autorizaba una indemnización de un equivalente a 50.000 dólares para los habitantes de Tambo, fue enterrada tan pronto como llegó al Congreso. "En este país sólo condecoran a los militares", lamenta Antesana. A pesar de esa cruel ingratitud, el recuerdo de los años terribles es más fuerte que el resentimiento. Para Alberto Zigarbe Torres, ex miembro del CAD de Tambo, los militares mataron "por error": "¿Sin ellos, quién nos hubiera ayudado? Tratan de defendernos. No, nadie se queja de ellos". Maná del cielo para Fujimori.

Aunque según Francisco Diez-Canseco Tavara, presidente del Consejo para la Paz, "la captura de Guzmán fue una victoria estratégica, pero de ninguna manera significa la erradicación de Sendero Luminoso". En la provincia de La Mar, la persistencia de elementos subversivos aún obsesiona a la gente: "¡Exterminados! No me haga reír. En las zonas altas hay cientos", afirma Huaman. Los testimonios concuerdan acerca de la presencia activa de grupos guerrilleros cerca del río Apurimac, en las zonas montañosas y en la vertiente amazónica de Ayacucho, en el alto Huallaga y en las alturas del departamento de La Libertad. En todas estas zonas, donde la producción y el tráfico de coca son muy intensos, los senderistas obtienen los recursos financieros para sobrevivir.

El 9 de abril pasado, en Tocache, una columna guerrillera bloqueó el acceso a los puestos de votación, y los electores debieron dar media vuelta. Para Jeffrey Gamarra Carillo, director de la ONG Ipaz, el gobierno de Fujimori practica un juego perverso: "Podría tener interés en que la guerrilla no desaparezca: el factor inseguridad permite conseguir muchas cosas. Se puede utilizar para conservar la ayuda de Washington; permite justificar los gastos y la permanencia de los militares… Es posible imaginar muchas cosas. De algún modo, Sendero Luminoso se ha convertido en un instrumento funcional del poder".

De la pacificación a la construcción de la paz, un paso que el presidente Fujimori nunca dio. Ello implicaría volver sobre los momentos más duros de estos últimos veinte años, evocar la responsabilidad de las fuerzas armadas en la matanza de miles de campesinos y activar los recursos necesarios para luchar contra la marginalización de la sierra y de sus millones de hombres y mujeres sin trabajo que se hacinan en los "pueblos jóvenes" de Lima. Más allá de los disturbios que podrían producirse como consecuencia de las últimas elecciones y de la dura política económica, el Perú experimenta una creciente violencia social, que algunos analistas interpretan como la "senderización" del país. "Si el Estado y la sociedad civil no establecen rápidamente un verdadero diálogo de paz, bastará con que aparezca un nuevo líder guerrillero, y entonces…"

  1. Gustavo Gorriti Elenbogen, Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú, Edición Apoyo, Lima, julio de 1990.
  2. En 2000, la guerrilla"marxista-leninista-maoísta" realizó cincuenta y nueveatentados.
  3. Movimiento guevarista que se hizo célebre al tomarla residencia del embajador japonés en Lima, del 17-12-96 al 22-4-97. Ver Maurice Lemoine, "Morts vivants et morts tout court", Le Monde diplomatique, París, junio 1997.
  4. La Yuca, 25-5-00, Lima.
  5. Informe 1999 del PAR, Lima.
  6. El sobrenombre de "el Chino" dado a Fujimori, se debe a sus ancestros… japoneses.
  7. Compendio estadístico socio-demográfico 1998-99, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima, agosto 1999.
  8. Proyecto de ley 4833, 27 de mayo 1999. Ver el sitio Internet: http://www.congreso.gob.pe.
  9. Jaime Antesana y Jemina García-Godos, El Estado y la autodefensa campesina, deuda social y reivindicación de los campesinos ronderos, Lima, abril 1999.

Un autoritarismo nunca desmentido

El proyecto autoritario del presidente Alberto Fujimori no nació al acercarse la fecha de los últimos comicios. Electo en 1990 bajo la consigna "Trabajo, honestidad, tecnología", en abril de 1992 Fujimori disolvió el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, asegurándose así un poder total. A pesar de ese autogolpe de Estado y de una política económica que sumerge a más de la mitad de la población bajo el umbral de pobreza, sus triunfos contra la hiperinflación y contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso le valieron la reelección en 1995. Desde entonces, apoyado en las Fuerzas Armadas y en el omnipresente Servicio de Información Nacional (SIN), y secundado por un Congreso y un Poder Judicial a sus órdenes, Fujimori reina de manera autocrática, en tanto que el "Grupo Colina"1, un "escuadrón de la muerte", se encarga de los más recalcitrantes. Para no tener que rendir cuentas de esos actos, en 1999 el gobierno peruano se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 1997 el Congreso debió efectuar una acrobática "interpretación auténtica" de la Constitución para permitir que el Presidente en ejercicio fuese nuevamente candidato.2 Los tres miembros del Tribunal Constitucional que se pronunciaron contra esa medida fueron destituidos, en tanto que la estructura de la autoridad electoral quedó bajo control.

Mientras la televisión está totalmente controlada por el gobierno y las amenazas e intimidaciones contra los medios independientes van en aumento3, la prensa amarilla desarrolla una guerra muy sucia contra la oposición. Como síntoma del descontento de una parte de la población surgió un verdadero rival de Fujimori, apoyado por una amplia alianza nucleada en el partido Perú Posible, en la persona de Alejandro Toledo. En este país marcado por un alto porcentaje de población indígena desde siempre marginada, Toledo vio crecer su popularidad, no tanto a causa de su programa, como por haber nacido en la mayor pobreza y por tener en sus venas sangre indígena.

Las elecciones del 9 de abril pasado -legislativas y primera vuelta de la presidencial- dieron lugar a un fraude ostensible. La oposición se moviliza y Estados Unidos, que ni siquiera pestañeó ante el autogolpe de 1992 y halló en Fujimori un fiel aliado de sus políticas económicas y regionales, no ve tampoco con malos ojos a su adversario, hombre de centro-derecha, ex-consejero del Banco Mundial y admirador de Anthony Blair. Washington hace saber que sus relaciones económicas, políticas y militares con Perú se verían afectadas si no hay una segunda vuelta.

Adjudicándose finalmente sólo el 49,87% de los votos (40,2% para Toledo), Fujimori procede a un retroceso táctico y permite que se organice el tan reclamado ballotage. Cuestionando a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Toledo exige la postergación de las elecciones a causa de "numerosas fallas de funcionamiento y falta de verificación en los datos del sistema informático". Decidido a mantenerse en el poder a cualquier costo y fortalecido por el apoyo de la jerarquía militar, Fujimori decide seguir adelante. Mientras los observadores internacionales se retiran para mostrar su desaprobación, Toledo se niega a participar de la votación. Candidato único a partir de entonces, Fujimori resulta finalmente electo el 28-5-00 con el 74,77% de los sufragios válidos, según su anuncio triunfal. En realidad (y teniendo en cuenta las irregularidades), con el 50,8% de los votos.

La OEA, por su parte, desistió de aplicar sanciones contra Perú en aplicación de la resolución número 1.080 de 1991, cuya finalidad es "defender la democracia en el continente". Al igual que en 1992, esta vez tampoco se mostró decidida a imponer sus "grandes principios", dado que países de peso -como México o Brasil- no ven con buenos ojos las injerencias en los asuntos internos de los Estados. Repentinamente, y luego de haber calificado el gobierno de Fujimori de "ilegítimo", Estados Unidos bajó el tono. En síntesis, salvo que ocurran graves disturbios en Perú, Washington tratará con miramientos al presidente peruano. ¿Acaso no se declaró su aliado incondicional en la lucha que Estados Unidos piensa internacionalizar contra el "terrorismo" de la guerrilla colombiana?4.

Fujimori ya está abocado a la consolidación de su dictadura civil. Dado que los veintidós generales del alto mando militar alcanzarán la edad de jubilarse a fin de año, el presidente prepara un proyecto de ley para prolongar cinco años más su presencia en la cúpula del ejército5. Respaldado por la fidelidad de esa guardia pretoriana, piensa que controlará la situación. ¿Pero quién podría asegurar que no está jugando con fuego?

  1. Pablo Paredes, "Le Pérou otage d"un pouvoir autoritaire", Le Monde diplomatique, París, junio 1997.
  2. En Perú un presidente sólo puede ejercer dos mandatos consecutivos. La primera elección de Fujimori se realizó en el marco de la Constitución de 1979, abolida luego del autogolpe de Estado de 1992. En virtud de la Ley de interpretación auténtica de la Constitución, la segunda elección (1995) debiera considerarse entonces como la primera, y la de 2000 como la segunda.
  3. Guillemette Faure, "La presse péruvienne mise au pas", Le Monde diplomatique, París, julio 1998..
  4. Maurice Lemoine, "La guerra en Colombia: una nación, dos Estados", Le Monde diplomatique, Ed. Cono Sur, junio 2000..
  5. El País, Madrid, 4-6-00.


Autor/es Karim Bourtel
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 13 - Julio 2000
Páginas:10, 11, 12
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Conflictos Armados, Militares, Terrorismo, Corrupción, Deuda Externa, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales, Seguridad
Países Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Perú