La tierra es nuestra

Más de 4.000 familias campesinas de la provincia argentina de Santiago del Estero conformaron un sindicato agrario de nuevo tipo, como consecuencia de la disputa de tierras en la zona. Agrupadas en comunidades, luchan para no ser desalojadas por grandes estancieros que compran tierras sin considerar a quienes las trabajan desde siempre. Reforma agraria, desarrollo sustentable, autogestión y educación universitaria propia son algunos de los proyectos que proclama un movimiento fundado en 1989 y que inquieta a las autoridades. Esas reivindicaciones y sus contactos con el Movimiento Sin Tierra brasileño y el zapatismo mejicano marcan su horizonte político.

"Estamos en el Mocase porque nadie más que nosotros puede transformar la realidad que vivimos. Ningún político nos dará agua potable, luz eléctrica, caminos, puestos sanitarios, escuelas y todo aquello que un Estado debería garantizar para vivir dignamente. Acá, o nos unimos y participamos o viviremos eternamente olvidados", afirma con ojos grandes, negros y profundos Mirta, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) en la comunidad de Saladillo, un pequeño poblado del interior provincial.

Como ella, miles de campesinos santiagueños han comenzado a organizarse alrededor de un movimiento que reivindica la tierra, no sólo como un medio de explotación y desarrollo, sino como una forma de recuperar su dignidad e identidad, sistemáticamente bastardeadas por un gobierno con características feudales, manipulado desde hace cincuenta años por el actual gobernador, Carlos Juárez.

"Este es un movimiento que exige la reforma agraria como una forma de compensar siglos de explotación y estancamiento. Pero nuestros reclamos y trabajo van más allá: queremos constituir un movimiento que defienda la cultura campesina desde el punto de vista social y cultural, no sólo económico. Nuestros proyectos educativos apuntan a formar dirigentes y a concientizar sobre cuál es nuestro origen e historia, para poder llevar a cabo un desarrollo auténticamente sustentable, independientemente de las políticas originadas en Buenos Aires", afirma Angel Strappazzon, ex sacerdote y numen del movimiento campesino.

A pesar de la inmovilidad política que históricamente ha sumergido a esta provincia, Mocase comenzó a organizarse a fines de la década del "80 alrededor de un grupo de jóvenes curas y seminaristas tercermundistas que se internaron en el chaco santiagueño. El fruto de años de trabajo junto a los campesinos desembocó en la fundación del movimiento, en 1989, a raíz de un problema de tierras en Los Juríes, localidad situada a unos 300 kilómetros al este de la capital provincial. Como el zapatismo en México o el movimineto de los Sin Tierra (MST) en Brasil, la estructura política del Mocase está sustentada en las bases, en dirigentes surgidos de las mismas comunidades campesinas. Fieles representantes de una tradición indígena latinoamericana, su forma de trabajo y práctica política es comunal y participativa.

El Mocase se preocupa por aclarar que sus cuadros dirigentes no provienen de partidos ni organizaciones políticas tradicionales. "Esa forma de plantear las cosas ha fracasado estrepitosamente en nuestro país. El concepto de vanguardia está perimido, lo demuestra la mala experiencia de numerosas organizaciones populares y los intentos de los partidos de izquierda por lograr una base social fuerte. Los caminos los eligen los pueblos. Los técnicos, los que hemos tenido la suerte de estudiar, sólo podemos acompañar y asesorar según los lineamientos políticos que determine la base. Creo que ese es el gran acierto del Mocase. Aunque el proceso es más lento, es para siempre. Así, el poder político provincial no puede destruirlo, a pesar de los constantes ataques y del trabajo que desarrollan los punteros del gobernador Juárez", concede Strappazzon, mientras fuma su enésimo cigarrillo.

Santiago del olvido

Los índices estadísticos oficiales reconocen a Santiago del Estero como una de las regiones más golpeadas por la crisis económico-social que vive el país. Según los últimos trabajos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la desocupación alcanza picos del 33% en algunos departamentos provinciales, el salario promedio no supera los 500 pesos y el 58% de los ocupados trabaja para el Estado¹.

A estos datos de la cruda realidad económica y social santiagueña, deben agregarse los de la situación política. Está bastante generalizada la opinión de que en la tierra del quebracho reina un Estado policial, controlado por Carlos Juárez, un peronista octogenario que controla la provincia desde ¡1949!².

A principios de este año su gobierno fue acusado de apañar a través de la policía -que el gobernador maneja férreamente- a grupos de cuatreros que actuaban en Santiago del Estero y en provincias vecinas³. Sin embargo, las voces oficiales hablan de falta de pruebas y de "una campaña de desprestigio en su contra".

Esas versiones fueron confirmadas por integrantes del Mocase, quienes aparecen en la escena política como los únicos capaces de constituir una real oposición al caudillo. El primer congreso de la organización, realizado el año pasado, logró reunir más de 500 delegados, tanto de Santiago del Estero como de provincias vecinas, universidades nacionales y extranjeras, ONG y movimientos campesinos como el MST de Brasil, los zapatistas mejicanos y la Corporación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Del encuentro participaron asimismo representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Greenpeace y el Comité de Solidaridad de Cataluña, España.

Estas conexiones y apoyos internacionales dieron lugar a que Juárez, en un programa de televisión local, acusara al movimiento campesino de ser financiado por la organización terrorista vasca ETA, apoyándose en la presencia de españoles en la zona de trabajo del Mocase. En realidad, los españoles acusados de terroristas formaban parte de una delegación de la Universidad Politécnica de Cataluña que se encuentra asesorando a los santiagueños en proyectos de desarrollo sustentable del bosque de quebracho.

Las declaraciones de Juárez estuvieron a punto de provocar un conflicto internacional, ya que los catalanes protestaron formalmente ante el Embajador de España en Buenos Aires. Las autoridades provinciales tuvieron que desmentir los dichos de Juárez y afirmar que se trató de una mala interpretación de sus palabras.

Mientras las autoridades se dedican a este tipo de difamación, en lugar de interesarse por los problemas campesinos, miles de santiagueños abandonan anualmente la provincia en busca de oportunidades laborales y educativas. Según el INDEC, el 38,2% de sus habitantes vive con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Además, después de las provincias de Formosa, Chaco y Jujuy, Santiago del Estero presenta el más alto nivel de hacinamiento habitacional del país, el 40,9% de las viviendas carece de agua corriente (parámetro con el cual se acostumbra medir la calidad de vida), y el 47,8% de las viviendas no dispone de inodoro o retretes con descarga de agua, mientras que en la Capital Federal sólo el 2,2% de los hogares se encuentra en esa condición.

Los conflictos entre campesinos y terratenientes comenzaron a desarrollarse durante la década del "60, cuando grandes inversionistas eligieron las tierras fiscales de la zona como foco de inversión para explotar el chaco santiagueño, que se recuperaba tras el desastre dejado 30 años antes por la Forestal, la famosa compañía británica de principios de siglo que devastó miles de hectáreas de quebracho⁴.

Aunque sin armas ni organización para reaccionar ante los atropellos de los nuevos empresarios, durante la década del "80 los pequeños productores comenzaron a oponer resistencia a los desalojos. "Perdimos el miedo. Ahora de acá no nos saca nadie, ni la policía, ni las topadoras: la tierra es nuestra", dice hoy con tranquilidad Roque, presidente de la Comisión de Base de La Simona. El resto de los campesinos presentes bajo la carpa de La Simona asiente. A diferencia de la carpa docente⁵, ésta es negra, de nylon lustroso y fue levantada en octubre de 1998 por un grupo de trabajadores rurales integrantes del Mocase. Ubicada a 350 kilómetros de la capital provincial, en La Simona se produjo uno de los más recios enfrentamientos entre un terrateniente y un grupo de campesinos. El 12 de octubre ("paradójicamente, el Día de la Raza", señala Roque con un dejo de ironía), la empresa Mimbres S.A., propietaria de varios miles de hectáreas en la provincia, se presentó en la zona para desalojar a los campesinos que ocupaban sus campos.

Como en gran parte del norte argentino, el problema de Santiago es la tierra. La gente posee los campos, aunque carece de títulos de propiedad. Sin embargo, "la ley veinteñal legitima al ocupante como dueño genuino de la tierra, quien, además, la trabaja para subsistir"⁶, explica Horacio Santucho, abogado y representante legal del Mocase, quien tiene bajo su responsabilidad miles de casos similares. "Nosotros somos ocupantes desde hace varias generaciones, por eso nadie puede realizar la compra de una propiedad sin tener en cuenta que hay familias viviendo en el lugar desde hace décadas", agrega Roque.

El contacto del ex sacerdote Strappazzon y sus seminaristas con los campesinos y sus alarmantes carencias materiales convenció a los misioneros de que debían volcarse de lleno a la actividad política y social. Actualmente Strappazzon integra los cuerpos técnicos que asesoran al Mocase a la hora de decidir la forma de implementar las políticas determinadas por los campesinos.

Se trata de un movimiento novedoso en sus contenidos, orientaciones y prácticas de lucha, como así también en sus maneras de organizarse y formas de liderazgo. "Partimos de una forma horizontal, democrática, de hacer política. No hay caudillos o líderes. Las comunidades campesinas son las que trabajan y deciden. Todo se discute en las comisiones y se lleva a la práctica a través de delegados", cuenta Carlos Luna, actual presidente del movimiento. La estructura interna del Mocase está conformada por tres niveles: comisiones de base, centrales campesinas y cooperativas y una comisión directiva, donde los delegados consensúan las distintas posiciones hasta lograr decisiones satisfactorias para todos.

Parafraseando al fundador del Partido Comunista Italiano (PCI) Antonio Gramsci, considerado uno de sus referentes teóricos, el Mocase se define como una organización representante de la sociedad civil en busca de la sociedad política. No forman parte del Estado, pero persiguen transformaciones del mismo.

Admirador de Che Guevara y el Subcomandante Marcos, tanto en el plano político como en el comunicativo (Internet es una de las herramientas fundamentales que utiliza el Mocase para dar a conocer sus consignas y establecer relaciones, además de un espacio en el diario El Liberal, de Santiago del Estero), Strappazzon se anima a un análisis más profundo y abarcativo de la sociedad argentina: "El cambio político-social en este país llegará cuando sepamos articular los distintos campos populares, hoy aislados y desmembrados. Pero para que eso ocurra es necesario que surjan referentes, líderes que enamoren con su lucha, que contagien con su ejemplo. Mucha mística, además de buenos discursos y alternativas políticas".

"Lo importante es que después de tantos años, mucha gente comprendió que las soluciones no llegarán individualmente. Este es un camino que tenemos que recorrer todos juntos, por más que el gobierno nos presione, nos meta miedo o nos halague", dice Roque. "Ellos manejan el poder monetario, pero nuestra herramienta más válida para luchar es la organización y hoy lo estamos demostrando. Lo mucho o poco que logramos se debe a que hemos permanecido unidos en el movimiento. Si el gobierno quiere hacer algo, que nos ayude a seguir organizándonos, aunque sabemos que a ningún gobierno le conviene que la gente se junte".

Durante el Primer Congreso del Mocase, realizado el 25 y 26 de noviembre pasado bajo el lema "Campesinos y campesinas en la lucha por la tierra", los delegados ratificaron la validez de la organización y estudiaron las virtudes y falencias del trabajo que han realizado en los últimos 10 años. "El surgimiento del Mocase resulta un punto de quiebre con la situación preexistente (proceso de "desalojos silenciosos" a los campesinos), de modo tal que el silencio se convirtió en conciencia del derecho hecha palabra y acción. Se promovió la organización para la autodefensa de los pobladores, se acompañó con el asesoramiento legal y la defensa jurídica correspondiente, se fue logrando una mayor visibilidad política ante los dueños del poder, se amplió la articulación y los lazos solidarios con otros sectores de la sociedad que se sintieron atraídos por esta lucha"⁷.

Estado donde no hay Estado

A modo de respuesta a la falta de presencia estatal en la zona, el Mocase va creando su propia estructura comunitaria. A la autogestión en diversos emprendimientos productivos, como una fábrica de dulces en Quimilí o una carpintería que se autoabastece de energía gracias a paneles solares en la localidad de Saladillo, se agrega el proyecto de la escuela secundaria politécnica en Fernández (un pueblo ubicado a 50 kilómetros de la capital provincial), destinado a capacitar a jóvenes y adultos de toda la región noroeste del país en distintas ramas de la producción agropecuaria y la creación de la Universidad Campesina.

Este último proyecto nació a partir del trabajo conjunto entre el Centro de Educación Popular y el Progreso (CEPP, una ONG creada para conferir legalidad al Mocase -que no tiene personería jurídica- a efectos de relacionarse con otras instituciones), y la Universidad Politécnica de Cataluña, que le brinda fondos y asesoramiento técnico. La casa de estudios está siendo levantada sobre la base de la tradicional arquitectura santiagueña: pilares de quebracho y techo de adobe. El Mocase recibe periódicamente la visita de docentes universitarios de distintas ramas, que se ocupan de dictar cursos a los campesinos sobre energía alternativa, desarrollo sustentable, bioquímica, etc. Los santiagueños pretenden demostrar que se puede crear una síntesis entre los conocimientos de última generación y la tradición campesina. "Hay represas construidas hace 500 años -con tecnología elaborada por los indígenas de la época- que todavía se mantienen, en tanto que los diques que construye el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se quiebran a los 20 años", sostiene Strappazzon.

La Cooperativa Ashca Caychu es un organismo creado para canalizar los distintos emprendimientos productivos de la zona. El movimiento tiene una clara posición sobre el desarrollo de productos agroquímicos: "Los transgénicos forman parte de la faz negativa del desarrollo tecnológico de nuestros tiempos", afirma Paulo, presidente de la cooperativa. Para el dirigente, los organismos estatales sólo generan problemas a las comunidades. Por eso resuelven sus problemas particulares en el seno de las asambleas, que se realizan regularmente. "Nuestros problemas los solucionamos sin ayuda de nadie. Cada vez que llamamos a la policía terminamos perdiendo plata y sin arreglar nada. No queremos policía, ni impuestos, ni partidos políticos, ni consejos deliberantes. Muchas de nuestras comunidades no figuran en el mapa y no son tenidas en cuenta ni siquiera cuando hay que votar. Acá el Estado no existe, el Estado somos nosotros", concluye el dirigente, sin borrar la sonrisa de su boca, mientras la fuerza de sus palabras queda flotando en el aire.

1. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991.
2. Electo gobernador por primera vez el 21-5-49, Juárezha ejercido ese cargo en 5 oportunidades. Ha sido senador y diputado y siempre controló la provincia con los métodos de un caudillo decimonónico. Las "Madres del dolor" santiagueñas, con respaldo eclesiástico, vienen denunciando los crímenes y la impunidad bajo su gestión.
3. "Una provincia que es tierra de nadie", La Nación, Buenos Aires, 27-4-00
4. Gastón Gori, La forestal, tragedia del quebracho colorado, Ed. Ameghino, Buenos Aires, 1999.
5. Referencia a la carpa blanca instalada durante más de dos años frente al Congreso argentino, en Buenos Aires, por el sindicato nacional de maestros (CTERA), en protesta por las condiciones salariales y de trabajo del gremio docente.
6. Ley Veinteñal: contemplada en la Ley Nacional deUsucapion, que reconoce como forma de adquirir posesión de un pedazo detierra haberla ocupado durante 10 años tratando de averiguar quién esel dueño, y haberla ocupado 20 años aun sin ocuparse de averiguarlo.En el caso de Santiago del Estero los campesinos habitan esas tierras hacemás de 70 años, algunos desde hace un siglo, por lo que la LeyVenteñal les garantiza su propiedad.
7. Congreso del Mocase, 25 y 26-11-99, UniversidadCatólica de Santiago del Estero.