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Del honor masculino a la integridad sexual

Existe un abismo entre la concepción medieval de la violación como afrenta al honor masculino de los familiares de la víctima y las nociones de autonomía y derechos de las mujeres abiertas por el feminismo en el curso del siglo XX. Sin embargo, elementos de ambas concepciones coexisten en la última reforma al capítulo dedicado a los delitos sexuales en el Código Penal argentino.

En Argentina, las leyes penales que regulan las agresiones sexuales han permanecido casi inalteradas, a contramano de las transformaciones sociales del siglo. Aunque el Código Penal está inspirado en el Código de Baviera de 1813, el más liberal de su tiempo, las leyes sobre delitos sexuales procedían de fuentes mucho más conservadoras: las Partidas de Alfonso el Sabio del siglo XIII, donde puede leerse: "Robando algún ome alguna mujer biuda de buena fama o virgen o casada, o religiosa o yaciendo con alguna de ellas por fuerza, si fuera provado en juicio debe morir por ende"1. Según la concepción medieval de la violación, lo que está en juego es la honra de los miembros varones de una familia: el padre, los hermanos, el marido, su derecho a disponer o apropiarse de una mujer frente a quienes no tienen legalmente ese derecho. La voluntad, el deseo, la libertad de la mujer se ignoran, no se reconoce su existencia plena.

Cuestionadas por su anacronismo, esas leyes fueron finalmente reformadas por el Senado de la Nación en marzo de 1999. Una serie de avatares políticos impidieron la consolidación de un texto más avanzado: lo que ahora se protege es la "integridad sexual" que se impuso al concepto de "integridad personal" finalmente desechado2. Este último implica que la violación no es a un sexo, sino a la persona en su total y compleja integridad.

Algunas de las modificaciones sancionadas, en particular las que se refieren a la definición misma de violación, limitada en el Código anterior al concepto de "acceso carnal" (interpretado como penetración vaginal, máxima ofensa al honor machista) son más positivas. La nueva figura jurídica permite incriminar como violación todo tipo de penetración, incluyendo casos como fellatio in ore, penetración anal y situaciones de ultraje grave, la utilización de instrumentos, etc., lo cual se aproxima mucho más a la experiencia real de violación3.

Esta formulación más abierta de la figura jurídica de la violación responde mejor al pensamiento feminista: su gravedad y carácter ultrajante deviene de que sea "contra la voluntad" ; el daño que puede causar no depende tanto del tipo de comportamiento sexual -mensurable de modo técnico y objetivo- sino de sus efectos físicos, psíquicos, morales y sociales. La ley sancionada revisa también los conceptos de fuerza, intimidación o resistencia: antes se establecía como parámetro el "uso de la violencia o la intimidación" , mientras ahora se enfatiza la posibilidad o no del libre consentimiento y los factores que pueden inhibirlo. El ofensor ya no puede argumentar en su favor el tipo de resistencia opuesta por las personas ultrajadas, ni los comportamientos supuestamente incitantes: son decisivas ahora las formas y niveles de coacción, agravados "por las relaciones de poder, dependencia y autoridad" , que agravan la pena.

Reticiencias de lo viejo

Aunque estos agravantes estaban en el Código Penal anterior, la nueva normativa admitiría no sólo los cometidos "por ascendiente, descendiente, afin en línea recta, hermano, tutor, encargado de la guarda" , sino también los de cónyuges y convivientes4. Esto implica un vuelco en el reconocimiento de la potestad de los varones sobre "sus" mujeres e impugna la preservación del núcleo familiar a cualquier costo, promovida en muchos discursos sociales laicos y religiosos.

El reconocimiento de la violación por parejas y familiares - la abrumadora mayoría de los casos y los más difíciles de denunciar y sancionar- podía haber sido un enorme paso adelante, pero corre el riesgo de quedar neutralizado por el artículo 15 de la nueva legislación. Introducido a último momento por algunos legisladores, establece que si la víctima de una agresión sexual tiene más de 16 años puede llegar a un "avenimiento" (acuerdo, arreglo) con el agresor "(…) en especial consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente (…) En tal caso la acción penal quedará extinguida" . Aunque se establece que la retractación de la víctima sólo podrá ser aceptada cuando haya sido formulada libremente y en condiciones de plena igualdad, cabe preguntarse cómo se garantizan esas condiciones. Nadie ignora que hacer una denuncia por un ultraje sexual es una decisión valiente, sobre todo si los causantes son familiares directos. En el contexto de sexismo imperante en la sociedad y en la Justicia, este artículo abre una vía a la impunidad y favorece la reproducción del delito, devenido "un conflicto a armonizar" . Para la abogada Marcela Rodríguez, "resulta una formulación modernizada de la concepción fundante de la vieja norma, que eximía la pena mediante el matrimonio"5.

Esta reforma es producto de la democratización de la sociedad, que asume la creciente autonomía de las mujeres. Los cambios comienzan a ser reconocidos por el Derecho, pero los mecanismos legislativos están lejos de ser procesos participativos amplios: si la sociedad civil fuese consultada, no saldría por la ventana lo que entró por la puerta. La inclusión del artículo 15 muestra la reticencia a aceptar cambios que conmuevan el sustento básico del poder masculino y patriarcal.

Por último, es importante destacar que una víctima "podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas" . Este reconocimiento a la acción de las organizaciones especializadas tiene como antecedente importante la lucha de las organizaciones feministas italianas en algunos procesos en el que estuvieron implicados "niños bien" y Estados Unidos y Canadá, donde se constituyó la organización "Leave" , que intervino en numerosos casos judiciales tratando de sentar jurisprudencia para contrarrestar las interpretaciones sexistas de la Ley6.

  1. Las Partidas, Ley III, Título XX, Partida VII, citado por José Ignacio Garona en "El delito de violación" , en López Bolado, Violación, estupro y abuso deshonesto, Córdoba, Ed. Lerner 1971.
  2. Utilizado en versiones previas del proyecto finalmente aprobado.
  3. Silvia Chejter, La voz tutelada. Violación y voyeurismo. Ediciones del Cecym, Buenos Aires, 1996.
  4. El condicional se debe a que, aunque no expresamente reconocidos, los agravantes están explicitados en los "fundamentos" de la norma, que señala que estas situaciones implican un mayor daño a la salud mental de la víctima.
  5. Marcela Rodríguez, "El proyecto de reforma actualmente en trámite" , en Agresiones sexuales. Notas para un debate, Ediciones Cecym, Buenos Aires, 1998
  6. Leave actúa en ambos países y cuenta entre sus fundadoras a la feminista Catharine MacKinnon.
Autor/es Silvia Chejter
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 1 - Julio 1999
Páginas:30
Temas Sexismo, Discriminación, Política, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales
Países Canadá, Estados Unidos, Argentina