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Recuadros:

La playa luego de la última ola

La última ola de violencia criminal, presentada como hecho incuestionable en los medios de comunicacion, en el discurso político y en buena parte de la opinión pública, no parece tener tanta fundamentación en los datos disponibles sobre hechos delictuosos como en la necesidad de las élites legales, políticas e ideológicas de legitimar normativas de control social que darían lugar a una sociedad más autoritaria, menos garantista y cada vez más dispuesta a aceptar una distribución diferencial no sólo de recursos, sino también de la seguridad y la justicia.

En los últimos meses la criminalidad violenta y la inseguridad de la sociedad civil ocuparon de manera creciente y continua el discurso de los medios, de la clase política y de la población. El diagnóstico: la sociedad enfrenta una <<ola de violencia>>. Al margen de los riesgos que conlleva asimilar un fenómeno social a un hecho de la naturaleza, porque de algún modo le confiere un carácter cíclico e inevitable, cabe preguntarse: cuando la ola se retire, ¿qué marcas quedarán en la playa? ¿Qué escenarios se prefiguran?

Es preciso establecer si estas "olas de violencia" se corresponden con un incremento real del fenómeno o si resultan de una utilización de los hechos que apunta a legitimar un discurso justificatorio de móviles punitivos, porque una vez asumido como incuestionable, este discurso propicia la configuración de una sociedad más autoritaria y violenta; menos garantista.

La cultura del miedo

No es la primera vez que la sociedad afronta una "ola de violencia" . Todas las anteriores provocaron un debate acerca de la necesidad de mayor represión. Desde la reinstauración del régimen democrático liberal en 1983, el tema de la seguridad ya no se inscribe en el universo de significado de la Doctrina de Seguridad Interior y la apelación al enemigo interno, sino en el de la democracia, el orden y el control social necesario para sostenerla. En el período de la administración Menem, la noción de seguridad ha sido contrapuesta al desorden social y la utilización instrumental de las denominadas "olas de violencia" ha dado lugar a la discusión y redefinición pública de aspectos normativos de la sociedad. Las "olas" se han presentado de manera recurrente, pero con ciertas variantes. Hubo una de robos en los trenes -algunos muy violentos- de manera llamativa en el período previo a la privatización; otra de asaltos a colectivos que generó consenso para la realización de operativos de control poblacional indiscriminados sobre grupos "potencialmente peligrosos y sospechosos" (los usuarios de ese medio de transporte); otra de instalaciones telefónicas ilegales (locutorios) por parte de ciudadanos peruanos, que habilitó allanamientos en hoteles y conventillos habitados por inmigrantes de países vecinos. La Secretaría de Seguridad, creada al día siguiente del atentado a la Asociacion Mutual Israelita Argentina (AMIA)1, pretendía contrarrestar "la reiteración de hechos delictivos… y optimizar los recursos materiales y humanos para la lucha contra el delito"2, pero se estrenó con el paro nacional del 2-8-94, que fue la culminación de una "ola de violencia" (las manifestaciones masivas en Santiago del Estero y Jujuy contra sus gobiernos provinciales), en la que se pretendió relacionar protesta social con delito.

Hoy se trata de la criminalidad creciente, presentada como particularmente feroz, joven y de una violencia gratuita. Pero los planteos sobre la necesidad de incrementar el control y una mayor severidad en el castigo parecen vincularse más con la percepción que tienen las elites legales, políticas e ideológicas en los períodos de inestabilidad social y política que con un incremento real de las tasas de comportamiento delictivo3. La efectividad de estas posiciones se sostiene en gran medida en la construcción de imágenes de peligrosidad y violencia que generan pánico social. En efecto, la exhibición magnificada de imágenes de una criminalidad violenta alimentan una cultura del miedo que tiende a asociar dos cuestiones disociables: por un lado, las formas de percepción y representación social de la delincuencia y el crimen; por otro, los fenómenos que pueden ser identificados objetivamente como criminales o violentos o criminales y violentos.

Qué dicen los datos

La exhibición cotidiana de imágenes de violencia suele venir acompañada de datos estadísticos que provocan un efecto de verdad, de legitimidad científica y de fundamento incuestionable a la hora de formular políticas. Por eso es importante considerarlos y advertir sobre un uso instrumental que, fuera de contexto, contribuye a la magnificación del fenómeno. Los datos disponibles en materia de delincuencia y criminalidad son escasos, presentan una serie considerable de problemas metodológicos y son empleados en más de una oportunidad como botín de guerra entre sectores políticos enfrentados. En Argentina existen distintas fuentes estadísticas de los organismos del Estado, básicamente a partir de los hechos que ingresan al sistema penal. Con objeto de censar la "cifra negra" (todos los delitos no denunciados) y las percepciones de la población respecto del delito, se realizan además investigaciones sobre encuestas de victimización.

Respecto de los hechos ingresados al sistema penal, una de las fuentes es el registro denominado <<hechos delictuosos>>, procedente del informe mensual de las policías (federal y provinciales), gendarmería y prefectura al Ministerio de Justicia. Según los datos del primer trimestre de este año4, del total de hechos delictuosos registrados en la ciudad de Buenos Aires, el 70% constituyen delitos contra la propiedad y el 13% contra las personas (incluyendo en este último los accidentes de tránsito, que constituyen la quinta parte). Los homicidios dolosos (muertes donde hubo intencionalidad de matar) no representan más que el 0,10% del total de los hechos. Para el caso de la provincia de Buenos Aires, en los hechos delictuosos del primer trimestre de este año (en gran medida concentrados en el Gran Buenos Aires), se observa una distribución similar a la de la Capital: cerca del 70% son delitos contra la propiedad, con una ligera diferencia en delitos contra las personas, que contabilizan el 16%. Aunque es necesario manejar con cautela estos datos -se trata del primer trimestre y sólo de hechos denunciados- se verifica en proporción la misma tendencia de años anteriores.

Respecto a la "cifra negra" , la Dirección Nacional de Política Criminal ha producido una serie de encuestas de victimización en la Capital y el gran Buenos Aires (zonas norte y oeste) y aunque los últimos datos corresponden a 19975, resulta interesante considerarlos por lo que dicen respecto al delito y su imaginario. La investigación tiene en cuenta los hechos que las personas encuestadas consideran o perciben como delito y aún los intentos no consumados. El resultado es lo que se denomina "índice de victimización" , que indica el porcentaje de personas mayores de 15 años que fueron víctimas al menos de un hecho presuntamente delictivo, desde hurtos personales a robo con violencia, incluyendo intentos no consumados. Acusa un 37,3% para la Capital y un 37,8% para la zona norte y oeste del gran Buenos Aires. Según los datos disponibles, en esas mismas zonas del GBA el índice era del 40,6% en 1996. No hay datos de ese año para la Capital, pero en 1995 el índice era del 23,6%.

El solo hecho de incluir en el mismo índice delitos tan disímiles como la sustracción de objetos de dentro de un vehículo y un robo con violencia es discutible. Si se desagregan los resultados de esta encuesta de victimización se registra que incluyendo los intentos no consumados, el delito más frecuente, tanto en el GBA como en la Capital, es el robo de objetos en vehículos. En la Capital le siguen los hurtos personales y luego el robo con violencia; en las zonas norte y oeste del GBA, el robo con violencia ocupa el segundo lugar seguido por los hurtos en vivienda (el 8,6% de los encuestados en Capital y el 9,8 por ciento de los encuestados en GBA dice haber sido víctima de un caso en que "un objeto es sustraído a una persona con alto riesgo de que ésta resulte herida, sea por el uso concreto de violencia o de amenazas" ). Resulta evidente el predominio de delitos que no entrañan violencia contra las personas.

Pero es el indicador "imaginario de vulnerabilidad al delito" , el que da cuenta del fenómeno de construcción de percepciones de peligrosidad respecto de los sucesos reales: en 1977 el 85,6% de la población encuestada en la Capital y el 85 % en el GBA pensaba que tenía alta probabilidad de ser víctima de algún delito. ¿Qué mecanismos operan en esa porción de la población que sin haber sido necesariamente víctima de algún hecho (con o sin violencia) cree que tiene una alta probabilidad de serlo? No está de más considerar las conclusiones de una investigación realizada por la Dirección Nacional de Política Criminal sobre noticias publicadas en los medios de prensa acerca de la "imagen del delito" . El promedio diario de noticias delictivas publicadas por los medios pasó de 5 en 1991 a 17 en 1998. Los delitos con mayor porcentaje de publicación son aquellos contra las personas, seguidos por los delitos contra la libertad y luego por los delitos contra la propiedad (en orden inverso a la frecuencia). El documento concluye: "de acuerdo a lo publicado se habrían cometido más homicidios que delitos contra la propiedad. Si este dato fuera coincidente con la realidad la probabilidad de ser víctima de un homicidio sería mayor a la de ser víctima de un hurto o un robo" . Asistimos a la magnificación de hechos de sangre, aunque de las estadísticas se desprende la superioridad de los delitos contra la propiedad.

Hacia un estado mínimo y penal

Sería una necedad desconocer la existencia y el aumento de formas de criminalidad violenta, pero su exhibición magnificada -sobre todo descontextuada- estimula la parte más oscura, violenta y autoritaria de la sociedad y habilita a legitimar, sobre la base de que "es el reclamo de la gente" , la reducción de garantías (ver recuadro: Permiso…). De hecho, esta nueva "ola de violencia" ya dio resultados: en un notorio vuelco respecto de posiciones anteriores, la Alianza propuso "una serie de medidas de urgencia para combatir el delito" , entre ellas anular el beneficio de la excarcelación, agravar la pena para la tentativa de robo y el cumplimiento efectivo de todas las penas de prisión que superen los dos años, cuando cualquiera que visite una cárcel no tarda en comprender que en esas condiciones la reinserción social es casi imposible. Un proyecto del gobierno propone penas más severas para los ocupantes de viviendas (que de <<ocupantes>> han pasado a ser <<usurpadores>>), y el presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri alentó un proyecto de ley que propone bajar a 16 años la edad de imputabilidad. En abril pasado, el presidente Menem puso a 550 de miembros de prefectura y gendarmería, con facultades para detener, a patrullar las calles de Buenos Aires. La cuestionada policía bonaerense dispondrá por su parte de un presupuesto extra de 12 millones de pesos. En una polémica resolución, el secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, acusa al Código de Convivencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -que eliminó los edictos policiales- de haber producido "un inevitable relajamiento de las costumbres" y afirma que los legisladores cometieron un error: "presumir que todos los destinatarios de la norma son personas respetuosas de la ley, cuando la experiencia indica que debe destinarse a resolver la situación de un grupo de infractores contumaces…"6. Al margen del abandono explícito de la presunción de inocencia, la resolución desprecia el hecho de que esa minoría de "contumaces" está integrada por menores de edad, mendigos, prostitutas, ebrios e intoxicados, en su mayor parte marginados por el sistema. Por último, en la Cámara de Diputados se analiza un proyecto del Partido Justicialista que pretende restituir a la policía facultades que ha ido perdiendo desde 1985: realizar allanamientos, secuestros o requisas sin testigos civiles y sin orden judicial, mantener detenidos e interrogar a sospechosos hasta 12 horas antes de notificar a un juez, etc.

El generalizado proceso de redefinición del Estado apunta a convertirlo en un gendarme que interpreta los conflictos sociales en clave criminal antes que política, al tiempo que se retira de áreas clave como la salud y la educación. En este contexto es necesario preguntarse qué sentido adquiere y qué riesgos entraña proponer la "tolerancia cero" neoyorquina en un país donde las fuerzas de seguridad se caracterizan por su discrecionalidad, arbitrariedad y uso abusivo de la fuerza; donde muchos de sus miembros están acusados de numerosos delitos (desde la cotidiana "coima" hasta la participación en hechos como el atentado contra la AMIA o el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas); donde hay fuertes indicios, acusaciones y procesos por su actividad en la administración del delito y se las señala como una de las principales fuentes de inseguridad. Las denuncias de quienes sostienen que deben pagar un canon a la policía para poder ejercer sus actividades (prostitutas, quinieleros, automovilistas, vendedores ambulantes o comerciantes que corren el riesgo de ser robados en sus negocios si no aceptan), no cesan de aumentar.

Sostener que ésta no es la primer "ola de violencia" no significa que es sólo más de lo mismo ni que como vino se irá. Lo alarmante es la manera en que la clase política, apoyándose sin mayor reflexión en la cultura del miedo generada por el sensacionalismo y la banalización, aparta de un manotazo las causas económicas y sociales de la inseguridad. Se intenta generalizar un "sentido común" que potencia la violencia y el autoritarismo y tiende a prevalecer la opinión de sectores de la sociedad que consideran "permisivas" y "benignas" las normas garantistas del sistema penal argentino, leídas como "parte de un sistema que dejó a la sociedad en estado de indefensión frente a la delincuencia"7.

El predominio de estas opiniones estimula la consolidación de un sistema de exclusión donde la seguridad y la legalidad se garantizan de modo diferencial. Los sectores populares y sobre todo los marginales, principales víctimas de la inseguridad -entendida como desprotección no sólo frente al delito, sino también económica, social- resultan una vez más los principales perjudicados.

  1. El atentado tuvo lugar el 18 de julio de 1994. No tiene todavía resolución judicial, puso a la Argentina al borde de un conflicto diplomático con Irán, pero hay fuertes indicios de participación y encubrimiento policial en su realización.
  2. Decreto 1193/94, Boletín Oficial, 21-7-94.
  3. Elites entendidas como individuos y grupos de actores sociales, incluídos los medios de comunicación, que expresan posiciones morales que eventualmente devienen hegemónicas. El concepto está desarrollado por Darío Melossi, sociólogo y criminólogo italiano. Ver <<La Gaceta de la moralidad: el castigo, la economía y los procesos hegemónicos de control social>>, Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1992.
  4. Se agradece la provisión de estos datos a la Dirección Nacional de Política Criminal.
  5. Los datos referidos, al momento que escribimos esta nota, se encontraban disponibles en la página web del Ministerio de Justicia (http://www.jus.gov.ar).
  6. Resolución 1082/99, Boletín Oficial, 11-6-99.
  7. Editorial, La Nación, Buenos Aires, 9-5-99. Para una visIón contrapuesta, ver Eugenio Zaffaroni, "Seguridad, tarea de profesionales", Clarín, 29-6-99.

Permiso para matar

Ciento treinta y cinco vecinos de Benavídez, en la zona norte del Gran Buenos Aires, presentaron en agosto del año pasado un amparo ante el juzgado federal de San Isidro. En el escrito se emplazaba al Estado a resolver "en un plazo perentorio condiciones auténticas y constatables de seguridad" . Si esto no fuese posible pedían autorización para portar armas de fuego en forma permanente, para contratar vigilancia privada (deduciendo la inversión de sus impuestos), o para cerrar el barrio, restringiendo los lugares de ingreso y salida, sin necesidad de autorización judicial y con la simple adhesión de un porcentaje "razonable" de vecinos.

El juez Marquevich tuvo el recurso en sus manos durante quince días y finalmente se declaró incompetente, alegando que al ser demandada la Provincia y la Nación correspondía la competencia de la Corte Suprema. Con la firma de siete de sus nueve miembros, la Corte hizo suya la postura de la procuradora fiscal María Graciela Reiriz, que utilizó seis carillas para justificar la incompetencia. La respuesta deberá darla ahora algún juez con competencia en la zona norte del Gran Buenos Aires.


Autor/es María Victoria Pita
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 1 - Julio 1999
Páginas:25, 26
Temas Deuda Externa, Mundialización (Economía), Narcotráfico, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales, Seguridad, Periodismo
Países Argentina, Irán