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Recuadros:

Progresos jurídicos, persistente violencia

La reunión de la ONU que evalúa este mes en Nueva York la aplicación del Programa de Pekín, ofrece la oportunidad de sopesar la condición de las mujeres a escala planetaria. En los cinco últimos años se realizaron algunos progresos en el campo legal y de igualdad de derechos políticos. Pero aún persiste la naturalización de las diversas formas de violencia contra las mujeres y se intensifica su marginación económica. Los Estados no pueden apelar a la mundialización para justificar la renuncia de sus responsabilidades en cuanto a garantizar la integridad y derechos de las mujeres en la vida pública y privada.

La sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se desarrolla este mes en Nueva York (del 5 al 9), reúne Estados, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la propia ONU, con el fin de examinar la aplicación del Programa de Acción adoptado en la Conferencia Mundial de Pekín sobre las mujeres, hace ya cinco años. Con tal fin, la gran mayoría de los gobiernos entregaron informes evaluativos de sus actividades sobre cada uno de los temas prioritarios identificados en Pekín1. Numerosas ONG presentaron informes llamados "alternativos" que ofrecen una visión más crítica de las actividades gubernamentales. Por su parte, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano oficial de la ONU con sede en Nueva York, preparó un documento de síntesis que resume los progresos y los obstáculos comprobados en cada uno de los temas2, a la vez que identifica los "nuevos" desafíos.

La energía creadora y las críticas que seguramente suscitará ese encuentro serán bienvenidas, pues a un lustro de la conferencia de Pekín las razones para alegrarse son muy escasas. Se registran algunos "progresos" (más que "éxitos"), como la ejecución de medidas destinadas a garantizar la igualdad política y la participación de las mujeres en las decisiones, o las reformas de medidas discriminatorias en los códigos civiles o penales. Pero además de que esos progresos son irregulares y en buena medida aún se hallan al nivel de las buenas intenciones, se han visto acompañados de la creciente marginalización económica y de la persistencia de la violencia contra la mayoría de las mujeres.

En muchos casos se ha abierto camino el principio de igualdad cívica y la idea de paridad y de medidas positivas. Varios Estados han realizado reformas legales, eliminando ciertas medidas discriminatorias del código de familia o del código penal, o bien han iniciado el debate sobre esas reformas3.

No resulta sorprendente que el terreno de la igualdad cívica y política haya sido objeto de una mayor atención y de medidas positivas, ya que refleja la evolución general de los derechos humanos desde el fin de la segunda guerra mundial y, en particular, el interés prioritario dado a los derechos políticos y cívicos en detrimento de "otros" derechos, económicos, sociales o culturales4. No obstante ese desequilibrio, las mujeres obtuvieron progresivamente, casi en todos lados, el derecho al voto y el de ser reconocidas en los textos como ciudadanas de pleno derecho.

Pero, al igual que -por ejemplo- las minorías étnicas o religiosas, las mujeres no habrían gozado de esa evolución de no haberse producido otros cambios, en particular la consideración de las diferencias en la definición y en la concreción de los derechos políticos y cívicos. Durante esta segunda etapa -que debe mucho al movimiento de los derechos cívicos de Estados Unidos y al de los "intocables" de la India- los movimientos sociales y ciertos gobiernos se concentraron en el impacto que el "género" o la pertenencia étnica puede tener sobre la capacidad de las ciudadanas y de los ciudadanos para gozar realmente de sus derechos y para participar en la vida democrática. Como explica el filósofo Jurgen Habermas, "los derechos pueden dar a las mujeres el poder de forjar sus vidas, únicamente si les permite también una igual participación en la autodeterminación cívica, pues sólo las propias mujeres pueden decidir sobre los aspectos pertinentes que definen la igualdad y la desigualdad en un terreno dado"5.

Los principios de igualdad política y cívica emergentes de ese procedimiento se basan en la idea de participación sin discriminación, pero también en la de representación igual o paritaria. Paralelamente, o como consecuencia, la igualdad en ese terreno ya no fue considerada como el resultado mecánico o una función de la igualdad económica, sino como un lugar casi autónomo de reivindicaciones y una necesidad en sí6. A ese cambio de actitud de numerosas organizaciones de mujeres, se ha agregado un cálculo pragmático: lo político y lo jurídico ofrecen más posibilidades de reformas que la economía.

Sin embargo, incluso en ese sector el balance global está lejos de ser positivo. La lectura de los informes de Amnesty International confirma la persistencia de violaciones de los derechos políticos y cívicos tanto de las mujeres como de los hombres y de las sufridas específicamente por las mujeres. Por otra parte, a pesar de la importancia atribuida a la igualdad política y al funcionamiento democrático y del continuo trabajo de grupos de mujeres para lograr que esa igualdad se conjugue también en femenino, la participación y la representación de mujeres en el seno de las instancias de poder sigue siendo débil. Así, mientras en los parlamentos de los países nórdicos la proporción de mujeres es del 39%; en los países de Europa y de la OCDE (excluidos los países nórdicos) alcanza el 14%; en las Américas y en Asia el 15%; en África el 11,5% y en el Cercano Oriente el 4%7.

Las razones de este estado de cosas varían por supuesto de un lugar a otro. El informe de síntesis de la ONU y numerosos informes gubernamentales ponen el acento en la persistencia de una ideología patriarcal que caracteriza -entre otras cosas- la división del trabajo doméstico: la igualdad no funcionaría porque las mujeres procrean, educan a sus hijos y cocinan… Cabría preguntarse entonces si los países escandinavos están al borde de la extinción demográfica y también si en la mayoría de los países existe una real voluntad política de superar esos obstáculos y de garantizar el principio de igualdad política y cívica, tanto en los textos como en los hechos8.

Entre muchos otros ejemplos se puede citar el del gobierno estadounidense, que sigue sin ratificar la Convención contra toda forma de discriminación respecto de las mujeres y el del parlamento kuwaití, que se negó a otorgar el derecho de voto femenino. Esa igualdad también fue escarnecida en Jordania, cuando el parlamento votó, por segunda vez, contra una enmienda del artículo 340 del código penal, que reduce la pena impuesta a los asesinos acusados de un crimen "de honor". En Afganistán, en tanto, es pisoteada la totalidad de los derechos humanos de las mujeres.

Paralelamente, en el terreno económico y social, el informe de la ONU estableció que la mundialización (entendida como desregulación y liberalización de los mercados financieros y laborales) aumentó las desigualdades a escala nacional e internacional, incluidas las vinculadas con el género: "Crecientes desigualdades económicas entre los países y dentro de cada uno de ellos, sumadas a un aumento de la dependencia económica de los Estados respecto de factores externos, dificultaron su capacidad para garantizar la protección social y la ejecución del Programa de Acción (…) La creciente feminización de la pobreza debilita los esfuerzos para garantizar una mayor igualdad entre los sexos"9.

La mundialización tuvo también un impacto negativo sobre las funciones reproductivas de las mujeres, provocado en gran parte por la disminución de los presupuestos nacionales de salud y/o la privatización de los servicios médicos. En muchos lugares -fundamentalmente en los sectores que emplean mano de obra femenina- la mundialización se tradujo en una disminución de los costos salariales y de la protección social. Según cifras de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL), durante la crisis asiática de 1998 el 80% de los dos millones de personas que perdieron su empleo en Tailandia eran mujeres. El informe provisorio de la ONU deja entrever también que las prácticas vinculadas con la mundialización se apoyaron en una ideología patriarcal que existía previamente, pero que la mundialización logró integrar, cuando no reforzar. Así, tres fenómenos vinculados con la mundialización -la proliferación de los sweat shops, de los empleos a tiempo parcial y de las formas de trabajo más precarias- afectan en primer lugar a las mujeres, fundamentalmente a las del Sur y a las inmigrantes: la mundialización supo así incorporar y utilizar una división del trabajo y un sistema de valores basado, entre otras cosas, en la devaluación de las funciones que cumplen las mujeres.

Los informes nacionales y el informe de síntesis atribuyen el fracaso de los gobiernos para poner en marcha el Programa de Acción de Pekín a una incapacidad producto de la propia mundialización, más que a una falta de voluntad política. Por supuesto, no se puede ignorar la influencia del contexto socioeconómico global, cuyo control escapa muy a menudo a los Estados a los que incumbe precisamente la tarea de hacer aplicar los derechos humanos en general y los económicos y sociales en particular10. Pero también hay que subrayar que el fracaso de los gobiernos en ese campo no es nuevo y que factores políticos -en primer lugar la guerra fría y la polarización ideológica- mantuvieron esos derechos marginados durante mucho tiempo. Por lo tanto, nada sería más desmovilizador que subordinar el respeto de los derechos humanos de las mujeres (como los de los hombres) al fin o a la autodestrucción de la mundialización. Para comenzar a aplicarlos -la historia de la humanidad así lo demuestra- no existe una circunstancia político-económica ideal. Pueden desarrollarse ahora mismo ciertas iniciativas en torno a dos polos: la ratificación de las obligaciones internacionales y del papel político de los Estados y el establecimiento de una nómina detallada de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las grandes sociedades y las instituciones financieras mundiales. Este segundo polo es objeto de una atención creciente, aunque nueva. La idea es tratar de que se reconozca en derecho (tanto nacional como internacional, civil o criminal) y también en la práctica, que las multinacionales y las entidades financieras tienen obligaciones y que pueden ser consideradas responsables por las violaciones derivadas de sus actividades económicas o financieras11. Esos organismos deben garantizar fundamentalmente que las políticas o las actividades que desarrollan no violen -directa o indirectamente- los derechos humanos.

Por otra parte, y a pesar del discurso hegemónico internacional, es necesario defender la acción política de los gobiernos. Si bien el fenómeno de la mundialización puede explicar ciertos aspectos de la evolución en la situación de las mujeres en el mundo -en particular en los países menos desarrollados- no alcanza a explicarlo todo. En todo caso, no puede explicar la abdicación política de ciertos gobiernos, fundamentalmente en el terreno de la lucha antidiscriminatoria. No explica, por ejemplo, la falta de ratificación universal de la Convención contra toda forma de discriminación de las mujeres y de su protocolo adicional, que permite a las mujeres y a las ONG iniciar procesos contra el Estado que viole sus obligaciones, definidas por la convención12. No explica por qué sólo ciertos Estados han legislado contra las medidas o las prácticas discriminatorias en el derecho de las mujeres a la propiedad, al acceso a la tierra o al crédito. No explica tampoco por qué el salario difiere en un 17% entre un hombre y una mujer en los países escandinavos, mientras que esa diferencia se duplica en el Reino Unido13.

Un análisis de los informes presentados en la conferencia de balance de Pekín muestra que existe un margen de maniobra, aun en campos tan sometidos a las influencias exteriores como el mercado del trabajo y las protecciones laborales, y que hay un espacio para la acción política, que los Estados deciden aplicar o no. En muchos casos, sólo se trata de una abdicación de sus propias responsabilidades por parte de los Estados, flagrante en el campo de la violencia.

El derecho de las mujeres a la vida y a la integridad física fue sacrificado en el altar de los temas "importantes" que preocupan a los gobiernos. Ninguna otra violación o injusticia fue objeto de menos atención y de tan pocas acciones. Y un silencio ensordecedor rodea los miedos y los dolores de las mujeres y las niñas violentadas. Amnesty International documenta diariamente esa violencia, ya sea en lugares de detención, durante conflictos armados, en el marco del tráfico de seres humanos, o en el seno de la familia o de la comunidad.

Responsabilidades del Estado

En los últimos cinco años se registraron sin embargo algunos progresos. Se reformaron varios códigos penales para reprimir más duramente los actos de violencia cometidos por los cónyuges, el proxenetismo, el tráfico de mujeres. También se lanzaron campañas internacionales y nacionales de sensibilización contra las mutilaciones genitales14. Los textos y la jurisprudencia en materia de derechos humanos han evolucionado15. El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y su similar para Ruanda han emitido acusaciones basadas en la calificación de la violación como una forma de tortura y elemento constitutivo de las políticas de genocidio. Gracias al trabajo constante del Gender Caucus16, el estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma en julio de 1998, incorporó las violencias sexuales -y en primer lugar la violación- a la definición de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad.

Pero esos cambios, a pesar de lo necesarios y positivos que resultan, no alcanzan para responder a las cuestiones cruciales que plantean -a escala planetaria- la utilización de la violencia sexual como arma de guerra, las cotidianas brutalidades de que son víctimas las mujeres y la impunidad de los culpables. La falta de una campaña de sensibilización sobre la violencia conyugal resulta por lo menos inquietante. En el viejo continente, la demanda del Parlamento Europeo para que se declare un año europeo contra la violencia hacia las mujeres fue desestimada y la campaña para sensibilizar al público respecto de la violencia domestica tuvo poco impacto17. Por otra parte, la comunidad internacional -salvo raras excepciones- sigue negándose a reconocer la persecución específicamente sexual como fundamento legítimo para determinar la condición de refugiado18.

En muchos casos, la persistencia de esas barbaries está acompañada (o se explica) por una especie de fatalismo o de tolerancia. Así como la división del trabajo entre los sexos es percibida como "natural", las violencias vinculadas con el sexo son descriptas o percibidas como un estado de cosas inmutable, refractario a todo cambio profundo y que no compromete la responsabilidad internacional de los Estados.

El mensaje que lanzarán las organizaciones presentes en Nueva York es por lo tanto muy claro: las violencias ejercidas contra las mujeres, ya sea en lugares de detención, dentro de su comunidad o de su familia, constituyen una violación de sus derechos humanos y comprometen la responsabilidad de los gobiernos.

Las obligaciones internacionales de los Estados se fundan, entre otros aspectos, en el reconocimiento de que pueden ser considerados responsables de los abusos que se producen en la esfera privada. La legislación internacional relativa a los derechos humanos tiene sus orígenes en el siglo XIX, en los acuerdos sobre los tratantes de esclavos, o sea, en acuerdos referidos a "particulares", ya que los Estados suscribían la obligación de prohibir algunas de sus actividades, en ese caso en particular, la posesión y trata de esclavos19.

Los Estados deben no sólo respetar los derechos de las mujeres, sino también protegerlos y garantizar que todas puedan gozar de ellos. Esto requiere varios tipos de acciones, incluso -entre otras- prevenir los abusos, proteger y apoyar a las víctimas (darles el respaldo legal, moral, financiero y médico que requiera, y en los casos más difíciles una custodia personal), investigar sistemáticamente, demandar a los presuntos autores, juzgar y castigar, otorgar a las víctimas compensaciones financieras y acceso a los servicios y a la atención médica. Para ello es necesaria la participación de numerosas instituciones (policía, justicia, sanidad, educación) y de los medios de comunicación, además de una reforma del código penal y de una capacitación especializada en cuestiones de género por parte de los servicios judiciales y policiales: en ciertas regiones francesas muy urbanizadas los actos de violencia conyugal representan más de la mitad de los llamados de urgencia20.

Si hubiera que extraer un solo punto positivo de las exposiciones evaluadoras sobre la "no aplicación" del Programa de Acción de Pekín, sería la reiteración, en los términos más duros, de que nada puede justificar la persistencia de discriminaciones y de maltratos contra las mujeres y la insistencia en que no puede tolerarse la abdicación de las responsabilidades por parte de los Estados. Combatir el sistema de opresión, de discriminación y de persecución basado en el sexo, cuesta dinero. Pero antes que nada exige voluntad y ésta parece más escasa que los presupuestos.

Después de varias décadas de investigación en ese terreno, los gobiernos no pueden limitarse a presentar justificaciones. ¿Las mujeres están ausentes de los parlamentos, de las reuniones interministeriales, de las conversaciones de paz, de las mesas redondas sobre la reconstrucción? Ah, es porque estaban ocupadas con sus tareas familiares y domésticas… ¿Pero, dónde estuvieron los gobiernos estos últimos cincuenta años, que recién ahora descubren que hay que tener en cuenta las funciones reproductivas de las mujeres, o que hay que analizar las causas "profundas" de la violencia que se ejerce contra ellas? ¿Vamos a pasarnos el siglo XXI repitiendo lo que nuestros "ancestros" del siglo XX (y muchos otros antes) ya habían demostrado?

  1. Pobreza, educación y formación, salud, violencia contra las mujeres, conflictos armados, economía, estructuras depoder y toma de decisiones, mecanismos institucionales para colaborar en el desarrollo de la mujer, derechos fundamentales, medios de comunicación, medio ambiente, y situación de las niñas.
  2. Proposed Outcomes document, E/CN.6/2000/PC/L, texto presentado por la presidencia del comité preparatorio de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, marzo de 2000. La versión discutida en este artículo no es la versión final, que será adoptada durante la reunión de Nueva York.
  3. Para tener una idea de ciertas reformas registradas durante los últimos doce meses, ver las fichas preparadas por Equality Now, Words and Deeds: Holding Governments Accountable in the Beijing + 5 Review Process, Nueva York, julio de 1999, noviembre de 1999, marzo de 2000.
  4. Pierre Sané, "Pour la globalisation des droitshumains: les défis à Amnesty International," Le Monde diplomatique, París, mayo de 1998. Ver también "Femmes, lemauvais genre?", Manière de voir, bimensual editado por Le Monde diplomatique, París, nº 44, abril-mayo de 1999.
  5. Jurgen Habermas, Between Facts and Norms, Polity Press, Cambridge, 1996.
  6. Anne Phillips, Which Equalities Matter?, Cambridge, Polity Press, 1999. Se trata de un fenómeno que la autora juzga necesario pero que, según ella, ahora debe ser corregido pues culmina en la casi exclusión de consideraciones sobre la igualdad económica.
  7. Inter-Parliamentarian Union, Women in Parliament, NuevaYork, 15-4-00. http://www.ipu.org/
  8. Lobby Européen des Femmes (LEF), Les femmes et la prise de décision, Bruselas. http://www.womenlobby.org/
  9. Proposed Outcome document, "New challenges and trends affecting the full implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action", párrafo 3.
  10. Nicolas Jacobs, "La portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels" in Revue Belge de Droit International, 1999-1, Bruselas. Según el autor, el casi abandono de que continúan siendo objeto debe ser atribuido en primer lugar a las dificultades que rodean la determinación de su alcance jurídico.
  11. Ver, por ejemplo, la obra dirigida por Menno Kamminga y Saman Zia-Zarifi, Liability of Multinational Corporations under International Law, Erasmus University, Rotterdam, en prensa. http://www.multinationals.law.eur.nl/
  12. La convención fue ratificada por 165 de los 188 Estados miembros de la ONU, pero en muchos casos con reservas que reducen el impacto de la ratificación. El protocolo adicional, adoptado en 1999, sólo fue firmado hasta ahora por 28 Estados.
  13. LEF, Les femmes et l"économie, informe alternativo, 2000. http://www.womenlobbye.org/
  14. Ver en particular las campañas desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud desde 1997. OMS, UN Agencies call for end to female genital mutilation, 9-4-97.
  15. Agnès Callamard, Méthodologie de recherche sexospecifique, Amnesty International y Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, Montreal, 1999. Y Documenter les violations des droits humains par les agents de l"Etat: la violence sexuelle, idem.
  16. El Women"s Caucus for Gender Justice in the ICC, fundado en 1997 durante una reunión preparatoria para la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), está compuesto por mujeres activistas que buscan garantizar la integración de las mujeres y de los temas "sexo-específicos" en las negociaciones en torno de la CPI. Sitio Internet (en español): http://www.iccwomen.org/zsp/index.htm
  17. Lobby européen des femmes, Unveiling the hidden data on domestic violence in the European Union, LEF, Bruselas, 2000; LEF, La Violence à l"égard des femmes, informe alternativo europeo, 2000.
  18. A. Callamard, "Refugee Camps, Power and Security: A Gendered and Political Analysis" in Refugees: Perspectives on the Experience of Forced Migration, Alastair Ager (bajo la dirección de), Cassell, Londres, 1999.
  19. Stephanie Farrior, "State responsibility of human rights abuses by non-state actors" in Proceedings of the 92nd Annual Meeting, American Society of International Law, Washington DC. 1/4-4-98; págs. 299-303.
  20. República Francesa, Rapport sur la mise en oeuvre par la France des recommandations du programme d"action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, octubre de 1999.

La marcha mundial de las mujeres

Françoise, David

En 1995, la Federación de las mujeres del Quebec organizó una marcha de 200 kilómetros en demanda de "pan y rosas"; una manifestación de las mujeres contra la pobreza. Alentadas por su éxito, decidieron reincidir y proponer a los movimientos feministas de todos los rincones del mundo una marcha de mujeres contra la pobreza y contra las violencias ejercidas contra ellas. Previsto para el otoño boreal de 2000, el evento moviliza a más de cuatro mil grupos de mujeres en 153 países.

Las organizadoras de la marcha hablan de una vasta gestión de educación en la ciudadanía, de un ejercicio de creatividad sin precedentes y de la constitución de una red mundial. Las feministas comprometidas en este movimiento provienen, en su mayoría, de grupos arraigados en las realidades cotidianas, que van de la defensa de los derechos humanos al sindicalismo y la cooperación internacional. Mujeres de las ciudades y mujeres del campo, jóvenes y no tan jóvenes, de todos los orígenes y creencias mezclados, pero todas con una esperanza en el corazón: conseguir que el mundo sea mejor.

Saben que la mundialización desenfrenada de los mercados, aunada a ideas patriarcales presentes en diversos grados en todos los países, condujeron a la pobreza y a la sujeción creciente de millones de mujeres en el mundo. Basta constatar el desaforado incremento del tráfico de mujeres para una industria del sexo millonaria. O la persistencia de costumbres bárbaras como la mutilación genital. O, en países del Norte, los cortes netos en los programas sociales, que hacen recaer sobre las mujeres el destino de todos aquellos de quienes el Estado se desentiende.

Son muchas las razones para marchar; las mujeres tienen al menos dos mil, como dice su consigna. La Marcha mundial del año 2000, interpela a todos los decisores del planeta con un grito de rebeldía y exigencias precisas para este nuevo milenio. Las mujeres elaboraron una plataforma de reivindicaciones dirigidas a las Naciones Unidas, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial1. Sus demandas se unen a las de los militantes comprometidos en la lucha contra una mundialización con efectos desvastadores y las de quienes encabezan la defensa de los derechos humanos. En suma, las de todos los que trabajan para hacer que este mundo sea más justo.

Las mujeres elaboraron también plataformas nacionales y presentarán reivindicaciones muy concretas a sus gobiernos. En Francia, por ejemplo, en la manifestación nacional que tendrá lugar el 17 de junio, se pedirán empleos estables y retribuidos decentemente, la aplicación estricta de las leyes existentes que reprimen las violencias hacia las mujeres y los niños y derechos iguales para las mujeres extranjeras. Para concluir, se unirán a las mujeres del mundo para pedir la aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales y la abolición de la deuda de los países pobres.

En el otoño boreal, los demás países verán miles de mujeres -y hombres- movilizarse en marchas nacionales e incluso, en ciertos casos, en grupos regionales. En Europa, por ejemplo, se reunirán en Bruselas el 14 de octubre. El 15 de octubre, una delegación internacional encabezará la marcha estadounidense cuando pase delante de las sedes del Banco Mundial y del FMI en Washington. Finalmente, el 17 del mismo mes se desarrollará una asamblea mundial de mujeres en Nueva York que entregarán a las Naciones Unidas los millones de cartas de adhesión a la Marcha, recogidas por militantes de todos los países participantes. Doscientas de entre ellas, representativas de la diversidad de las mujeres comprometidas en el proyecto, se reunirán con el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

El 18 de octubre, todas estas feministas de corazón y de acción no terminarán con los graves problemas de pobreza y violencias hacia las mujeres. Pero habrán hecho comprender a las poblaciones y a los dirigentes que ya se acabó el tiempo de la resignación. Las mujeres ya no aceptarán nunca más roles de segundo plano, el desprecio apenas disimulado de las instituciones, las mil y una facetas del machismo cotidiano.

  1. El sitio Internet, http://www.ffq.qc.ca/marche2000


Movilizaciones en Senegal contra la mutilación genital femenina

Paringaux, Roland Pierre

A cinco años de la conferencia de Pekín sobre las mujeres y a pesar de las estrategias y las indignaciones, si existe un área -junto con la de prostitución- en la cual hubo poco avance, es en la de la mutilación genital1. Tanto las agencias especializadas de la ONU como las asociaciones de mujeres y de defensa de los derechos de la persona, e incluso los países afectados, hacen esfuerzos. Lanzan campañas. Pero unos y otros se enfrentan con una práctica profundamente anclada en las costumbres, un tabú entre los tabúes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mutilaciones genitales afectarían a unas 130 millones de mujeres y niñas en veintiocho países de Africa y Cercano Oriente. Lejos de disminuir, su número se incrementaría aproximadamente en unos dos millones por año. En este cuadro sombrío, uno de los escasos vislumbres de esperanza proviene de Senegal donde, ya hace casi tres años, el ejemplo de un puñado de aldeanas decididas a terminar con un ritual arcaico y peligroso, se propaga como reguero de pólvora.

En julio de 1997 una treintena de mujeres, desafiando prohibiciones ancestrales, se comprometieron solemne y públicamente a abandonar la práctica de la mutilación genital. Conocido bajo el nombre de Juramento de Malicunda, por el nombre de su aldea, situada en la región de Thiès, a una hora de ruta de Dakar, este acto fundador marcó el principio de una acción que no cesó desde entonces de expandirse, a pesar de las resistencias políticas, religiosas y sociales.

Esta movilización es ante todo el resultado de un largo trabajo de sensibilización de las mujeres de esta aldea de etnia bambara en relación con los derechos humanos, llevado a cabo por los equipos de Tostan, una organización no gubernamental (ONG) senegalo-estadounidense apoyada por Unicef2. Su programa de educación de base, cuyo eje es una serie de módulos temáticos, permitió que problemas tan delicados de abordar como la sexualidad de la mujer, el derecho al control de su cuerpo o el tabú de la mutilación genital puedan ser encarados desde la perspectiva de la salud. Un abordaje irreprochable, que tiene la ventaja de no chocar frontalmente con la tradición.

Paralelamente a su toma de conciencia, las mujeres de Malicunda emprendieron sin estridencias el trabajo de dar explicaciones a los hombres del pueblo con el fin de plegarlos a la causa de la salud de sus mujeres y de sus hijas. E i?pso facto, al rechazo de las mutilaciones, que a veces son letales. Esto no es fácil en una sociedad donde la mutilación es sinónimo de virtud femenina y de honor familiar. En especial porque esta práctica suele presentarse erróneamente como un precepto del Islam. La mujer que no la sufrió, es entonces como un ser impuro, indigno de compartir la vida de un buen musulmán. A las mujeres de Malicunda les llevó más de un año convencer a la aldea, y a su imán, de apoyarlas en su cruzada. Pero lo lograron.

Influyeron otros factores como la educación, la urbanización, las nuevas ideas y los cambios de comportamiento. Y más aún, la falta de sentido de un acto que se practica cada vez más en bebés de pocos meses, fuera de todo ritual social. La mutilación aparecía entonces como la simple voluntad de los hombres de controlar, mutilándolas, la sexualidad de sus mujeres y de sus hijas.

En un primer momento, los dirigentes senegaleses parecieron tomados de sorpresa por el Juramento de Malicunda, que no tardó en convertirse en una causa célebre. Se recluyeron durante meses en un silencio tanto más desconcertante cuanto que Senegal es signatario de los grandes tratados relativos a los derechos fundamentales de la persona y fue el coordinador del grupo africano sobre ese tema en la conferencia de Pekín, en 1995. Pero el 20-11-97, dirigiéndose al congreso de la Federación Internacional de Derechos del Hombre (FIDH) reunido en Dakar, el presidente Abdou Diouf rompió el silencio. Rindiendo homenaje a las mujeres de Malicunda, llamó a "combatir vigorosamente la práctica de las mutilaciones sexuales". Un año más tarde, respaldando la victoria, la Asamblea nacional adoptaba una ley que apuntaba a terminar con la mutilación y castigar su práctica.

Entre tanto, el ejemplo de Malicunda se había propagado como fuego en el matorral. En febrero de 1998, luego de reunirse con las mujeres de Malicunda, 13 aldeas de la región de Thiès seguían su ejemplo y reclamaban los beneficios del programa de Tostan. En julio, les tocó a 18 aldeas Peules de la región Kolda prestar juramento en presencia de varios imanes y representantes de la administración. En abril de 2000, una veintena de aldeas insulares del sur hicieron otro tanto, en ceremonias vistosas, llevando a 178 el total de los pueblos senegaleses que repudiaron la mutilación genital. Es poco si se tienen en cuenta las miles de aglomeraciones donde se la practica, pero mucho dada la naturaleza del problema y la situación de bloqueo que prevalece en otros lados. Y otras aldeas se preparan a sumarse al compromiso.

A principios de mayo de 2000, nos encontramos en Thiès con una mujer de Fouta, en el norte del país, y con un ex diputado (PS) de Casamance, en el sur. Cada uno por su lado, habían ido a reunirse con las mujeres de los pueblos emancipados para saber cómo habían osado romper el tabú, cómo lo lograron. Muchos senegaleses esperan con impaciencia poder beneficiarse con los saludables efectos del Juramento de Malicunda.

  1. Ver "Vulnerables objetos de explotación" por C. Berthoud en Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, 1-00; también, Le Monde, 14-10-97 y J. Stolz, "Le Burkina fait reculer l´excision" , Le Monde diplomatique, París, 9-98.
  2. Hillary Clinton apoyó Tostan. En abril de 1998, en ocasión de una visita oficial al Senegal, ella y su marido, el presidente de Estados Unidos William Clinton , recibieron a una delegación de mujeres de Malicunda en su hotel, en Dakar.


Crímenes del ejército imperial japonés

Patzöld, Brigitte

En una casa compartida en Seúl, tres ancianas se acurrucan bajo sus mantas. La habitación está mal calefaccionada. Sólo una bombilla la ilumina. La cámara de la joven cineasta surcoreana Byun Young-Joo captura la indigencia en que viven las que fueron "mujeres reconfortantes" de los burdeles militares japoneses durante la segunda guerra mundial. Bajo la mirada tierna de la realizadora, dan testimonio de su calvario: fueron deportadas a los 15, 16 o 17 años, violadas a veces por treinta soldados en una sola jornada, esterilizadas mediante inyecciones y abandonadas al final de la guerra.

Byun Young-Joo fue a China a filmar a las otras tres protagonistas de su documental. Tres de las dieciocho sobrevivientes: las demás se suicidaron o murieron en la miseria. La vergüenza y la pobreza les impidieron volver a Corea. Sin embargo su más ansiado sueño sería volver a su país natal antes de morir. El estigma de ser "una mujer mancillada" y la marginalización en una sociedad fuertemente patriarcal explican que hayan guardado silencio durante medio siglo. "No podía hablar de eso ni siquiera con mi madre", dice una de ellas. Por miedo al deshonor, sus propios familiares solían pedirles que guardaran en secreto su pasado.

Sólo en 1991 Kim Hak Sung, una mujer letrada, rompió ese embarazoso silencio al declarar en público que había sido una "mujer reconfortante". "Ningún historiador trató este problema. Investigaron sobre los estudiantes y obreros reclutados por la fuerza en el ejército, pero nunca mencionaron a las "mujeres reconfortantes". Creo que es injusto", declara en el film. Su testimonio fue seguido por millares de otros, suscitados y sostenidos por movimientos feministas surcoreanos, que desataron juicios de indemnización contra el Estado japonés, que en esa época seguía negando su responsabilidad en la cuestión, al tiempo que prohibía el acceso a los archivos sobre burdeles militares.

La urgencia de hacer un film sobre las últimas sobrevivientes de esos campos de violación avalados por el Estado japonés se le impuso a Byun Young-Joo en 1994, cuando al rodar una película sobre turismo sexual en Corea, se encontró con la hija de una sobreviviente, que se prostituye a su vez para poder pagar la atención médica a su madre. Una vez que se puso en contacto con tres de las que sobrevivieron a esos campos que viven juntas recluidas en Seúl, las frecuentó durante un año para ganar su confianza. Los recuerdos de esas ancianas son tan atroces que al principio se niegan a evocarlos. La realizadora termina por vencer su resignación y captar sus conmovedores testimonios. Logra romper el hielo hasta el punto de que sus protagonistas le piden al terminar el rodaje que haga una segunda y aun una tercera parte1. El hecho de tomar la palabra ante la cámara, después ante el público en las salas cinematográficas de Corea, las liberó de su vergüenza y las movilizó para reclamar justicia.

Premiado y distribuido en Japón y Corea, este documental cobra una peculiar importancia política ante el ascenso de los revisionistas japoneses, que consideran la prostitución forzada un "mal necesario" en tiempos de guerra. En otras palabras, los burdeles se organizan para que los hombres puedan hacer mejor la guerra. Son los mismos que por razones de moral (¡!) quieren borrar toda mención a las "mujeres reconfortantes" en los manuales escolares. En diciembre de 2000 sesionará en Tokio un tribunal civil internacional de mujeres. El Estado japonés está acusado de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Si es condenado, tendrá que pagar indemnizaciones a las sobrevivientes de los burdeles militares. Lástima que corren el riesgo de morir antes de que se les haga justicia.

  1. De esta trilogía, la primera parte, titulada Murmullos, se proyectó en ocasión del 22 Festival internacional de filmes de mujeres en Créteil, Francia.


Autor/es Agnès Callamard
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 12 - Junio 2000
Páginas:26, 27, 28, 29
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Sexismo, Discriminación, Política, Trabajo, Derechos Humanos, Movimientos Sociales
Países Estados Unidos, Afganistán, Ruanda, Senegal, China, India, Japón, Tailandia, Francia, Yugoslavia, Jordania