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¿Televisión estatal o gubernamental?

La necesidad, funciones y aun viabilidad de un canal estatal de televisión aparecen gravemente cuestionadas en el marco de las políticas de limitación de gastos públicos en las áreas social y cultural instrumentadas en Argentina y en la región. El cuestionamiento es agravado por el desprestigio que han ganado esos canales debido a su ininterrumpida dependencia respecto de los sucesivos gobiernos, dictatoriales o democráticas.

¿Cuál es la función de un canal estatal de televisión en la sociedad contemporánea? ¿Y cuál su viabilidad ante el predominio de criterios neoliberales que confunden eficacia con autosuficiencia económica y son contrarios a cualquier intento de gasto público vinculado con políticas sociales y culturales? Son interrogantes que se actualizan en Argentina ante la llegada al poder de un gobierno que condensa la contradicción de continuar con un plan económico neoliberal y tener una historia de política cultural diferente. Tanto más cuanto el flamante presidente Fernando de la Rúa vetó el 31 de diciembre de 1999, esto es, a los 20 días de asumir su cargo, la Ley 25.208, aprobada unánimemente por el Congreso nacional poco más de un mes antes. Esta Ley establecía el control público no gubernamental de los medios de comunicación del Estado, quebrando por primera vez la histórica dependencia de los medios estatales argentinos respecto de los gobiernos.

Múltiples factores han socavado en los últimos años la idea de la necesidad de una televisión estatal, pero sería inaceptable naturalizar su desprestigio sin analizar los procesos que condujeron a la situación actual.

El concepto de televisión pública

Existen dos formas principales de estructurar la televisión: el modelo estadounidense, en el cual se otorgan licencias al sector privado para que éste las administre, y el modelo europeo donde se planificaban las políticas de emisoras gestionadas públicamente y sin fines de lucro. La televisión latinoamericana no pudo escapar a la influencia que Estados Unidos ejerció sobre las políticas del continente. Sin embargo, América Latina desarrolló, paralelamente al sistema comercial, un modelo que combina características de ambos: la televisión estatal, gubernamental y comercial.

Los diseños de políticas culturales vinculados con la organización de la radiodifusión pública arraigan en el populismo de Estado y en las concepciones de democratización cultural. García Canclini1 observa que el modelo populista favoreció el desarrollo de las culturas subalternas y de las industrias culturales, mientras el Estado ocupaba el lugar de condensación de los valores nacionales sin cuestionar las estructuras ideológicas de dominación. Por su parte, el paradigma democratizador concibe a las políticas culturales como un programa de distribución y popularización de la "alta cultura" que corregirá las desigualdades en el acceso a los bienes simbólicos. El desarrollo de la televisión pública en América Latina combinó dosis de ambos modelos con clara preponderancia del primero.

Golding y Murdock señalan con acierto que "la organización social de los sistemas de comunicación puede ser correctamente entendida sólo si se analiza la estructura de inequidad social y el consecuente acceso diferencial a los principales recursos comunicativos entre la población"2. La televisión pública constituye uno de los intentos más serios de llevar adelante una redistribución más igualitaria de los intercambios simbólicos. Para ello, se crearon corporaciones garantizadas por estructuras de regulación y control públicas, que mantenían lazos formales entre la institución y el Estado. Su justificación radica en su superioridad para ofrecer a todos los ciudadanos, cualquiera sea su localización geográfica, igual posibilidad de acceso a una amplia gama de entretenimiento, información y educación de alta calidad, y en la posibilidad que otorga al programador de satisfacer los diversos gustos de la audiencia.3. Pero para que esto sea posible debe asumirse a la radiodifusión pública como una inversión destinada a colaborar en un proceso de democratización de la sociedad. La televisión estatal debe convertirse en un modelo de producción de calidad que desafíe los patrones estéticos y culturales impuestos por la competencia. También debe facilitar que los diversos actores sociales puedan acceder a su usufructo, superando las barreras de entrada cada vez más altas para los sectores no vinculados al capital financiero transnacional.

Lejos quedó América Latina de cualquier intento de acercar la televisión estatal a un modelo de servicio público que propusiera una mayor participación de la sociedad civil en "sus" medios de comunicación. En este sentido Antonio Pasquali afirma: "Una radiodifusión pública se alimenta, al menos en parte, con fondos del erario público, esto es, del contribuyente. Ello constituye la fuente de sus responsabilidades y de la noción de servicio que está llamada a prestar… el que financia y el que recibe el producto, el emisor y el receptor se identifican en el mismo usuario"4. En el continente se produjo un doble distanciamiento de esta concepción de televisión. Por un lado, el Estado pocas veces invirtió, económica y políticamente, para desarrollar una radiodifusión que contribuyera a expandir la esfera pública5. Por el otro, la sociedad civil no se identificó con la radiodifusión pública, percibida como un medio de propaganda del gobierno.

En el caso argentino, la televisión estatal no escapó a los avatares de un sistema político que alternó dictaduras con procesos democráticos altamente condicionados

El desarrollo de la TV argentina

Cuando el 17 de octubre de 1951, la imagen del rostro de Eva Perón apareció en las escasas pantallas disponibles en Buenos Aires, no sólo daba comienzo a sus transmisiones Canal 7, la primera emisora argentina. También se asistía a la creación de un modelo de televisión estatal que perduraría hasta nuestros días. En efecto, aquella emisora improvisada reunía dos de las principales características de los medios no privados argentinos. En primer lugar, sirvió para transmitir un acto del partido en el gobierno, hecho que marcó la estrecha relación entre la emisora estatal y el poder político de turno. En segundo lugar, satisfacía el interés comercial de Jaime Yanquelevich, padre de la radiodifusión argentina, que agregaba la televisión a su posición dominante en el mercado radial.

La ley de radiodifusión (14.241/53) sancionada en 1953 por el Gobierno de Juan Perón establecía una normativa general para la privatización de las tres cadenas de radio y, junto con Radio Belgrano, el Canal 7, que quedó vinculado al empresario peronista Jorge Antonio.

En 1957 el gobierno del general Pedro E. Aramburu surgido del golpe de Estado de 1955, sancionó una nueva ley de radiodifusión (15.460/57) que definiría las características de la radiodifusión argentina en los siguientes 25 años. Establecía un sistema de propiedad mixta, con preponderancia del sector privado, reservando un rol subsidiario para el Servicio Oficial de Radiodifusión. El canal 7 pasó a formar parte del Servicio Oficial de Radiodifusión junto con Radio Nacional. Luego de haber asumido el costo de desarrollar el mercado de receptores, el Estado cedía el principal lugar en materia de radiodifusión al sector privado.

Si el Estado no había sido capaz de definir políticas de servicio público para la televisión estatal en una situación monopólica, en épocas de competencia, demostraría una incapacidad crónica para establecer algún tipo de función para su televisión que superase el concepto de agencia propagandística. Durante la década del sesenta se conforma un sistema televisivo nacional que presenta centralización de la producción en Buenos Aires y dependencia del capital extranjero. La televisión pública se limitó a ofrecer un servicio que mantuvo un carácter comercial, dado que se financiaba por publicidad y buscaba, sin éxito, maximizar sus audiencias.

En 1973 caducan las licencias otorgadas al sector privado, y el Estado volvió a disponer del control monopólico sobre la televisión. En esos momentos aparecieron propuestas de establecer una radiodifusión de carácter "nacional"6, inspirada en el modelo de televisión que en Europa presentaban la RAI o la BBC. La tentación de recurrir a la modalidad europea de servicio público constituye una opción progresista todavía recurrente en ciertos sectores políticos e intelectuales. Esta opción evade la evidencia de que aquel modelo, propio de un Estado de bienestar avanzado, y acorde con los intereses de las clases hegemónicas europeas, no sólo parece muy difícil de alcanzar sino que además obtura la posibilidad de pensar líneas de desarrollo autónomas propias del contexto socioeconómico regional.

Un análisis de Javier Esteinou Madrid de la televisión pública mexicana, marca perspectivas comunes para Latinoamérica: "Su lenta incorporación al panorama cultural de la nación, provoca que ésta emerja y madure con una personalidad social poco definida, con menor experiencia audiovisual, reducido apoyo económico, bajo nivel de credibilidad en el auditorio, proyecto cultural confuso, grandes contradicciones en sus líneas de dirección"7.

ATC y la televisión gubernamental

A partir del golpe de Estado de 1976 los canales de televisión fueron puestos bajo el mando directo de las fuerzas armadas y su único rol fue la propaganda en favor de la doctrina de seguridad nacional y de la política de desmantelamiento del Estado propuesta por Martínez de Hoz. Los conflictos limítrofes con Chile requerían además la llegada del aparato propagandístico hasta los extremos geográficos del país. Para cumplir con este objetivo se establecieron repetidoras en las zonas de frontera. Lejos de cualquier política de servicio público, la universalidad del servicio se consagró como consecuencia de un problema geopolítico.

Por otra parte, y con motivo de la disputa del mundial del fútbol de 1978, el Estado se hizo cargo de desarrollar la televisión color en la Argentina. Argentina Televisora Color (ATC) se ubicó entre los canales más vistos. Con motivo de la guerra de Malvinas, alcanzó los niveles máximos de audiencia en su historia. Pero la decepción popular al conocerse el resultado final del enfrentamiento marcó el inicio de un recorrido descendente en su vínculo con el público, del que aún no ha logrado recuperarse.

En 1980 se sancionó una nueva Ley de radiodifusión que llamaba a privatizar los medios en manos del Estado, aunque éste se reservaba el control del Servicio Oficial de Radiodifusión.

Si bien el radicalismo fue el único que presentó en su plataforma electoral un esbozo de política para los medios de comunicación, poco fue lo que el Gobierno de Raúl Alfonsín pudo plasmar en el área. Es que "los límites impuestos al alcance de las reformas en el área no son ajenos a los límites impuestos a la democratización del sistema político en términos más amplios desde 1983, que se expresan en el fracaso de los intentos de establecer políticas que implicaran una mayor participación de la sociedad civil"8.

La llegada del menemismo al poder supuso afianzar una política global de destrucción del Estado populista. En este sentido no es casual que su doctrina esconda tras la argucia discursiva de la "desregulación" un proceso que denominamos "re-regulación"9. Se trata de una revisión de la regulación vigente con el fin de alcanzar una liberalización controlada del sistema, con actores privados reteniendo el control sobre las cuestiones claves del proceso.

Luego de deshacerse rápidamente de la propiedad de los canales 11 y 13, el Estado Nacional sólo retuvo el control de las estaciones vinculadas al Servicio Oficial de Radiodifusión. Llevado a una situación desastrosa, ATC se encontraba en inmejorables condiciones para ser privatizado. En 1995 un decreto presidencial sustituyó la frecuencia 7 asignada a ATC por la de canal 4, mientras se iniciaban los trámites para la licitación de la anterior (igual procedimiento se siguió con la privatización de la frecuencia de Radio Municipal). La intervención del Congreso, los gremios del sector y los propietarios de los canales privados impidió que se concretara esta privatización.

Además de favorecer el proceso de concentración en la propiedad de los distintos medios, el menemismo trajo aparejado un crecimiento de la cultura de pago directo, donde el acceso a los bienes culturales depende cada vez más del poder adquisitivo particular, en detrimento de la cultura concebida como servicio público, igualitario y gratuito.

De nuevo Canal 7

El gobierno de Fernando De la Rúa aparece constreñido por los límites impuestos por una política económica que no difiere en sus aspectos esenciales de la de su predecesor. Las políticas culturales no pueden ser pensadas en este marco por "afuera" de un proceso de acumulación que precisa reducir el gasto público social. Estas contradicciones reaparecen con fuerza en las políticas relacionadas con la televisión pública. El nuevo canal 7 (queremos suponer que no se trata de un retorno al pasado) esboza principios de pluralismo y federalismo en el marco de una visión culturalista de la radiodifusión. Sin embargo la escasez de presupuesto, la falta de programas de ficción, y cierta influencia del sector privado, parecen marcar una tendencia hacia una televisión pública "prolija" pero que no desafíe a la comercial. La limitación presupuestaria quedó claramente expuesta con el intento de despido de trabajadores del Canal 7, que fueron reincorporados tras la intervención de los sindicatos del sector. El interventor de la emisora, Juan Carlos Abarca señaló: "Hemos tenido que hacer una reestructuración y vamos a seguir haciéndola. Vamos a disminuir los costos fuertemente. En estos tres meses hemos gastado el 10% de lo que se gastó el año pasado en los tres primeros meses del año. Insistimos en que si se decide contar con una televisión pública, el problema no es cuánto se gasta, sino cómo y con qué objetivos se lo hace". Por ejemplo, una tarea loable sería apuntalar el desarrollo de programas de ficción que no sólo fortalezca la industria cultural y genere empleos, sino que también posibilite la reafirmación de las diversas identidades culturales presentes en nuestro país. En cambio, la conducción del Canal 7 ha optado por una política de coproducciones con productoras, que son las mismas que trabajan con los canales privados y la televisión por cable. Pese a esto, circulan versiones que indican que los canales privados retirarían bonificaciones en la pauta publicitaria a aquellos anunciantes que auspicien en Canal 7.

La participación del presidente De la Rúa en el programa "Fuego cruzado" de Marcelo Longobardi, al filo de la veda electoral correspondiente a la elección de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 7 de mayo último, y minutos antes del paro opositor del 5 de mayo convocado por el secretario de la CGT disidente, el camionero Hugo Moyano, puede inscribirse en la tradición de dependencia entre el canal estatal y el gobierno, al parecer inquebrantable.

Por lo demás, el veto presidencial a la primera ley que consagraba el control no gubernamental de medios estatales no debería sorprendernos si se considera su coherencia con la línea seguida por la UCR en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 47 de la Constitución de la Ciudad señala que "el Poder Ejecutivo gestará los servicios de radio y televisión estatales mediante un Ente Autárquico garantizando la integración al mismo de representantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la participación en carácter consultivo de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación social, en la forma en la que la ley lo determine". Al no sancionar esta ley regulatoria, a más de tres años de la sanción de la Constitución el gobierno de la Alianza continúa ejerciendo un control directo sobre los medios de la ciudad.

Como señala Beatriz Sarlo: "Si las políticas culturales quedan a cargo del mercado capitalista, los procesos de hibridación entre viejas tradiciones, experiencias culturales, nuevos saberes cada vez más complejos y productos audiovisuales, tendrán en el mercado su verdadero ministerio de planificación"10. Para que esto no ocurra, ya no basta con esperar soluciones mágicas de parte del Estado. También es necesario construir alternativas políticas.

  1. Néstor García Canclini, "Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano", enGarcía Canclini, N. (ed.) Políticas culturales en América latina, Grijalbo, México, 1987.
  2. Peter Golding y Graham Murdock, "Unequal information: access and exclusion in the new communications market place" , en Marjorie Ferguson (ed.) New communication technologies and the public interest, Sage, Londres, 1986.
  3. Ver Nicholas Garnham, "Public service versus the market", en Capitalism and communication. Global culture and the economics of information, Sage, Londres, 1990.
  4. Antonio Pasquali, "Qué es una radiodifusión de servicio público", en El orden reina. Escritos sobre comunicaciones, Monte Avila Editores, Caracas 1991.
  5. Contrariamente a esto, las principales inversiones del Estado en materia de radiodifusión pública se vinculan al desarrollo de mercados que después fueron asumidos por el sector privado.
  6. Por ejemplo el documento elaborado por el Centro de Investigación en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología(CICMAT), "Para una radiodifusión al servicio del pueblo. La radio yla televisión en la Argentina", Cuadernos CICMAT I, Buenos Aires,1974.
  7. Esteinou Madrid, Javier, "Televisión de Estado ¿Para qué?", en F. Toussaint Alcaráz (ed.) ¿Televisión pública en México?, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1993.
  8. Luis Albornoz, G. Mastrini y M. Mestman,"Radiodifusión: los caminos de la regulación", en Causas y Azares, Nº 4, Buenos Aires, Invierno de 1996.
  9. G. Mastrini y M. Mestman, "¿Desregulacióno re-regulación? De las derrotas de las políticas a las políticas de la derrota", en Cuadernos de información ycultura, Nº 2, Universidad Complutense de Madrid, 1996.
  10. Beatriz Sarlo, "Culturas populares viejas y nuevas", en Escenas de la vida posmoderna, Ariel, Buenos Aires, 1994.s
Autor/es Guillermo Mastrini
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 12 - Junio 2000
Páginas:32, 33
Temas Televisión, Estado (Política), Políticas Locales
Países Estados Unidos, México, Argentina, Chile