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La criminal estrategia de los industriales del amianto

El Organo de Regulación de Diferendos de la OMC debe resolver una demanda, presentada por Canadá, contra la iniciativa francesa de prohibir el uso y comercio del amianto. La larga batalla entre el lobby industrial del amianto y sus víctimas se desplaza del campo de la ciudadanía al de la exclusiva competencia de la OMC, es decir, se somete a la primacía de la libertad de comercio.

Puertas cerradas, secreto y anonimato caracterizan el funcionamiento del Organo de regulación de los diferendos (ORD), brazo armado de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La condena de la Unión Europea por su negativa a importar a Francia carne con hormonas proveniente de Estados Unidos, dio lugar a que la OMC se conociera ampliamente, y de modo enojoso, y provocó reacciones en cadena, por iniciativa de los productores de queso Roquefort de la región del Aveyron1… Hoy, sin mayor publicidad, la ORD se prepara a dictaminar sobre una demanda canadiense que impugna, siempre en nombre de la libertad de comercio internacional, la decisión francesa de prohibir el amianto, efectiva desde el 1º de enero de 1997.

El 28 de mayo de 1998, Ottawa entabla un procedimiento contencioso contra Francia, punto de partida de una batalla de expertos. Batalla que se desarrolla muy lejos de las innumerables víctimas que ya han padecido el efecto del amianto en su propio cuerpo. Por un lado está Canadá, apoyado por Brasil, Zimbabwe y Rusia, países productores para los cuales esta industria reviste un carácter estratégico. Por el otro Francia, cuya posición es defendida por la Unión Europea -en julio de 1999 se adoptó una directiva de prohibición del comercio y uso del amianto, y deberá ser efectiva en todas partes a más tardar en 2005. Hasta la fecha, solamente tres de sus miembros todavía no la aplicaron (España, Grecia y Portugal). París cuenta con el apoyo de Estados Unidos, cuya posición es que todas las variedades del amianto son cancerígenas. Las implicancias del juicio que emitirá la ORD sólo se pueden entender a la luz de la guerra que enfrenta, desde hace un siglo, al lobby industrial del amianto con los millones de víctimas de esta fibra mortal.

Entre 1930 y 1960, los industriales se afanan por impedir la difusión de los informes sobre el vínculo entre el amianto, las enfermedades respiratorias y el cáncer con el propósito de evitar condenas. En efecto, ya desde 1932, obreros estadounidenses habían entablado una acción judicial contra la firma Johns Mansville, pero hubo que esperar hasta 1962 para que los epidemiólogos establecieran por fin de manera definitiva lo que los empresarios sabían desde hacía mucho tiempo: el amianto es cancerígeno2. La conspiración del silencio se organiza entonces en todos los continentes. En Sudáfrica, el investigador C. Wagner no logra conseguir un editor para su investigación sobre el mesotelioma (cáncer pleural), y finalmente publica sus conclusiones en Gran Bretaña3. En 1987, en el astillero de Gdansk, en Polonia, el Dr. Bogden Przygocki fija sin autorización carteles que advierten sobre los peligros del amianto. Es despedido de la clínica del astillero.

En los años 80 y 90 la polémica se trasladó al ámbito de las organizaciones internacionales. Bajo la apariencia de informes oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), los "expertos" de la industria intentarían conseguir que se avale como verdad científica un doble mensaje: 1) el amianto blanco, o crisotil, es poco o nada tóxico4; es posible su "uso controlado". Estos intentos fracasan debido a la presión ejercida por investigadores no vinculados con los industriales, quienes denuncian la manipulación de las organizaciones internacionales por los lobbies5. Sin embargo, estos "expertos", que conservan su legitimidad social, siguen difundiendo su mensaje para "tranquilizar a los mercados" en expansión en los países del Sur, pero siempre evitando cualquier confrontación con las víctimas, que nunca son citadas a declarar.

Caminos de la manipulación

La manipulación de gobernantes y opiniones públicas toma también otros caminos. Por ejemplo, en Brasil los universitarios -por otra parte consultores médicos de las empresas- llevan a cabo encuestas epidemiológicas en condiciones incompatibles con las exigencias de rigor científico6. Esto es válido para la identificación de los ex trabajadores expuestos (cuando Brasil cuenta con un 60% de trabajadores no declarados), tanto como para la elaboración de un diagnóstico (cuando la tercera parte de la población no tiene acceso alguno a cuidados médicos) o la medición de la relación dosis-efecto (sin conocimiento preciso de las exposiciones). ¡Así es como se prueba la inocuidad del crisotil brasileño!

Estas prácticas supuestamente científicas son acompañadas por una ofensiva mediática a nivel mundial. En Francia, el Comité permanent amiante (CPA - Comité Permanente Amianto), organismo informal creado en 1982 por un gabinete de comunicación, reagrupa en torno a los industriales a los científicos que avalan, los poderes públicos que protegen y los sindicatos que acompañan7. El CPA se convirtió en el interlocutor privilegiado de la prensa, el "experto" ineludible que pondera sin tregua "el uso controlado del amianto". Habrá que esperar hasta 19958 para que estalle el escándalo…y el CPA desaparezca tan subrepticiamente como había surgido. Lo que no impidió que Claude Allègre, no designado ministro todavía, pero ya con opiniones sobre todas las áreas de la ciencia, siguiera difundiendo su mensaje9.

Por su lado, los industriales y el Estado canadienses invitan a periodistas y sindicalistas extranjeros a viajes al emplazamiento de Thetford Mines, en el Quebec. ¡Turismo al país del amianto sin riesgos! Tampoco es desatendida la ayuda humanitaria. En Guatemala, el terremoto de 1976 le posibilita a la Duralit, filial local de Eternit, proveer tejados de amianto-cemento financiados con el dinero de colectas solidarias. Hasta se firma, en 1991, un protocolo de acuerdo entre el Alto Comisionado para los Refugiados y el grupo multinacional belga Etex. No tardan en presentarse los primeros "clientes": Croacia, Guatemala y Ruanda-Burundi.

La respuesta de las víctimas del amianto se instala en el ámbito de la justicia y de la ciudadanía. Los procesos ponen en evidencia el drama de los enfermos y sus familias, las prácticas delictivas de los empleadores, la culpable abstención de los poderes públicos, dando a este escándalo una autentica dimensión política. En Estados Unidos, el "juicio del siglo" -se presentaron alrededor de 300 mil denuncias- se malogra: la Johns Mansville se declara en quiebra en agosto de 1982 y crea un fondo de indemnización, seguida por otros industriales y sus compañías aseguradoras. Pero dada la gran cantidad de víctimas, ese fondo se agota rápidamente. Los industriales sólo indemnizaron debidamente a los primeros demandantes10. En Francia, entre 1996 y 2000, por iniciativa de la Asociación nacional de defensa de las víctimas del amianto, se inician más de mil actuaciones civiles o penales. Estas acciones judiciales también se constituyen en enjuiciamiento del sistema de prevención y reparación de las enfermedades profesionales y de sus instituciones, especialmente la medicina del trabajo.

En Brasil, actualmente el quinto productor mundial, Eternit y Saint-Gobain se vieron beneficiados, para explotar el amianto, por la dictadura militar que censuraba cualquier información relacionada con la salud en el trabajo y los riesgos industriales11. Por iniciativa de la Asociación brasileña de los expuestos al amianto, creada en 1997, cientos de trabajadores (o de familias de víctimas fallecidas) presentaron denuncias. En 1998, Eternit fue condenada a indemnizar a un ex asalariado. Eternit y Brasilit (filial brasileña de Saint-Gobain) proponen entonces a sus ex asalariados un arreglo amistoso según el cual los obreros renunciarían a cualquier demanda judicial a cambio de una eventual indemnización global en caso de enfermedad. Fernanda Giannasi, inspectora del trabajo en São Paulo, denuncia públicamente estos acuerdos que serán invalidados en dos oportunidades por la justicia brasileña. Eternit la demandó por difamación, lo que provocó un amplio movimiento de protesta y de solidaridad, nacional e internacional. Desestimada su demanda, Eternit renunció a apelar.

En Londres, en 1999, cerca de 2.000 trabajadores negros de las minas de Sudáfrica entablaron demandas contra su ex empleador, la firma británica Cape Ltd., la que respondió mediante una campaña de prensa, difundida a su vez por los diarios conservadores que denunciaron el "escandaloso costo" que representa para los contribuyentes británicos la eventual indemnización a esos "mineros extranjeros".

Canadá, que exporta el 99% de su producción, lleva a cabo una intensa actividad diplomática. En 1994, en Brasil, en oportunidad de un seminario internacional organizado por el Ministerio del Trabajo, su embajador expuso ante siete ministros la preocupación de su gobierno a propósito de un acuerdo entre el Estado brasileño y los copartícipes sociales para el cese progresivo del uso del amianto en los materiales de fricción. En 1997, la embajada de Canadá en Seúl obtuvo del gobierno coreano el retiro de rótulos que señalaban el carácter peligroso del amianto canadiense importado. En Europa, después de la prohibición francesa, Ottawa multiplica las presiones. No sin éxito: Anthony Blair retrasa por dos años la prohibición preconizada por las autoridades británicas de salud pública… a cambio del apoyo canadiense en la crisis de la "vaca loca".

Pero, con el correr de los ´90, han surgido en numerosos países movimientos sociales contra el amianto. Su dinamismo deriva de la diversidad de sus componentes: asociaciones, profesionales de la investigación, del derecho y de la salud, organizaciones sindicales. Su desarrollo a nivel internacional también se explica por las formas de cooperación implementadas: no una reproducción de la clásica relación Norte-Sur, sino intercambio de experiencias y de informaciones, así como apoyo recíproco en las luchas sociales emprendidas por cada cual en su propio país. Por cierto, estas luchas utilizan generosamente las redes virtuales de comunicación, pero se apoyan sobre todo en los lazos humanos de solidaridad.

Al reducir el derecho a la salud a "disposiciones técnicas", el arbitraje de la OMC desplaza su legitimidad del ámbito político al del peritaje científico y tecnocrático, todo ello fuera de cualquier mecanismo democrático. En un estudio12 llevado a cabo a pedido de la Oficina técnica sindical europea, Saman Zia-Zarifi y Mary Footer demuestran que aun cuando la resolución de la ORD no ponga en cuestión la decisión francesa de prohibir el amianto, el procedimiento mismo tiende a inscribir la salud humana y la seguridad en el trabajo en el campo de competencia de la OMC, cuando, hasta entonces, se trataba de áreas referidas a la soberanía nacional. Además de los criterios a los cuales se refiere -particularmente la primacía de la libertad de comercio- este procedimiento otorga exclusivamente a los "expertos" patentados la legitimidad de decir "la verdad", en nombre de la ciencia. Sin embargo, el único conocimiento susceptible de dar la medida humana del riesgo es el conocimiento de los peligros del amianto por parte de las víctimas. También es el único al que no se apela en el procedimiento de resolución de los diferendos de la OMC…

Si la competencia de la OMC no es categóricamente recusada en instancias que competen a la ciudadanía, e incluso a la simple dignidad, los principios de derecho elaborados en el curso de la historia de los pueblos -derecho a la vida y a la salud, derecho a la protección del hombre en el trabajo, derecho a la preservación de los ambientes naturales para las generaciones futuras- se verán asimismo sometidos al criterio soberano de la libertad de comercio. ¿Puede la estrategia tan hábil y cínicamente llevada a cabo por la industria del amianto desde hace un siglo triunfar por esa vía?

  1. José Bové, "Contra la comida basura", en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 1999, pág 40. José Bové y François Dufour, Le Monde n'est pas une marchandise, La Découverte, París, 2000. En el plano judicial, en lo que concierne al tema del desmontaje del local de Mc Donald's, el viernes 30 de junio habría una primera conclusión en el juicio de los militantes de la Confederación campesina (incluyendo a José Bové) en Millau. El mismo día y también en Millau, este sindicato pretende enjuiciar a la mundialización liberal, con la participación de miles de militantes de asociaciones y sindicatos del mundo entero.
  2. David Lilienfield, "The silence: the absestos industry and early occupational cancer research. A case study", American Journal of Public Health, junio 1991, vol.81, nº6.
  3. British Journal of Industrial Medicine, vol. 017, 260-271, 1960.
  4. El crisotil representa más del 90% del amianto extraído en la superficie del planeta; las demás variedadesestán prohibidas en la mayoría de los paísesindustrializados.
  5. Barry Castleman, Richard Lemen, "The manipulation of the international organizations", International Journal of Occupational and Environmental Health, vol. 4, n. 1, enero-marzo1998.
  6. "Estudo Epidemiologico em trabalhadores expostos aoasbesto na atividade do fibro-cemento; na atividade damineraçäo", proyectos coordinados por el profesor EricsonBagatin, Universidad de Campinas, Brasil, agosto de 1996.
  7. François Malye, Amiante, le dossier de l' aircontaminé, Le Pré aux Clercs/Sciences et Avenir, París, 1996.
  8. Leer "L' héritage empoisonné de l'amiante", Le Monde, 31-5-95, y "Mortel amiante, une épidémie qui nous concerne tous", Sciences et Avenir, junio de 1995.
  9. Leer Claude Allègre, Le Point,19-10-86.
  10. François Malye, op.cit.
  11. Annie Thébaud-Mony, L'Envers des sociétés industrielles. Approche comparative franco-brésilienne, L' Harmattan, París, 1990.
  12. Saman Zia-Zarifi y Mary Footer, Report for the TUTB/ETUC on European Communities measures affecting asbestos and products containing asbestos, Departamento de derecho internacional/ Instituto GLODIS, Universidad Erasmus, Rotterdam, 12-99.
Autor/es Herman Patrick, Annie Thébaud-Mony
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 12 - Junio 2000
Páginas:30, 31
Traducción Dominique Guthmann
Temas Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Justicia Internacional, Estado (Política), Salud
Países Canadá, Estados Unidos, Brasil, Burundi, Ruanda, Sudáfrica, Zimbabwe, Guatemala, Croacia (ex Yugoslavia), España, Francia, Grecia, Polonia, Portugal, Rusia