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Las múltiples caras de los militares latinoamericanos

El poder de los militares sobre las sociedades latinoamericanas, aplastante en los años 70, se debilitó considerablemente en las últimas dos décadas. Incapaces de dominar la presión social, de administrar sociedades que se habían vuelto muy complejas y de integrar sus países en la economía mundial, los militares se replegaron. Pero en los años 90 volvieron a escena discretamente. Acusados por su conducta en el pasado, visten trajes nuevos y desempeñan nuevas funciones, que les permiten seguir siendo poderosos agentes políticos y económicos.

Son dos caras de una moneda. De un lado, la humillación: el general Augusto Pinochet espera detenido en Gran Bretaña sucesivas resoluciones judiciales, mientras que militares argentinos declaran ante los jueces por el robo de niños de desaparecidos y tráfico de armas. El mismísimo general Rafael Videla, que lideró el golpe de 1976, está detenido. Incapaces de admitir que es aplicación de justicia, los uniformados de América Latina arguyen que los jueces que los persiguen (no sólo de sus países sino inclusive extranjeros, algo inadmisible para hombres de una sola patria), responden a una conjura socialista.

Entre tanto, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala, impulsada por la ONU, ofrece datos escalofriantes sobre la represión durante los 36 años de guerra: 200.000 muertos, miles de violaciones de los derechos humanos, un millón de desplazados1. Y además dos aspectos cruciales: el 93% de esos hechos fueron cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado apoyadas e incluso estimuladas por Estados Unidos. En México, desde 1997 vienen saliendo a la luz numerosos casos de corrupción militar vinculada al narcotráfico.

La otra cara de esta moneda es el reconocimiento electoral. Símbolo de la represión durante los años ´70 en Bolivia, el general retirado Hugo Banzer es presidente de su país desde 1997. Hugo Chávez fue elegido presidente de su Venezuela en unas elecciones de gran transparencia, después de haber liderado un intento de golpe militar en 1992. En la toma de posesión, el 2 de febrero pasado, el nuevo mandatario anunció que rehabilitará a los miembros expulsados entonces de las fuerzas armadas y denominó "mártires" a quienes murieron en los combates. Chávez no pertenece a la generación de los ´70. Su intento golpista de 1992 fue un impulso populista de resistencia a los planes de ajuste del entonces presidente Carlos Andrés Pérez y al impacto de la mundialización. Su programa reivindica un gobierno fuerte, que rompa con el tradicional bipartidismo entre socialdemócratas y socialcristianos, la lucha contra la corrupción y el neoliberalismo, a la vez que muestra simpatía por la "tercera vía" de Tony Blair.

En Guatemala, el ex dictador general Efraín Ríos Montt fue elegido presidente del Congreso en 1994 y trata de reciclar su imagen para llegar al poder en las elecciones del año próximo. En Colombia, el general Harold Bedoya, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas, intentó presentarse como candidato a las elecciones de 1998.

Entre esos dos polos -el oficial acusado y el reencarnado en político- emerge desde las sombras la figura del parapolicial. Hasta ahora mercenarios del poder, los asesinos que hacían el trabajo sucio en Argentina, Colombia o Guatemala se escondían detrás de siglas, como la Alianza Anticomunista Argentina en los años ´70 o las Unidades de Auto Defensa de Córdoba y Urabá. Pero ahora están saliendo a la luz y exigen que su poder armado y económico tenga también un reflejo político. Es el caso del paramilitar colombiano Carlos Castaño, que quiere participar en las negociaciones de paz2. En Chiapas quieren tener tanto peso como los Zapatistas (ver página 18). Creados y subcontratados por diferentes poderes -entre otros las fuerzas armadas- para realizar tareas especiales, los paramilitares permiten al oficial de carrera situarse en otra dimensión, por encima del cuartel y de la guerra, o sea, dentro del mercado y eventualmente en la política.

Los militares latinoamericanos se encuentran en un momento de redefinición de su papel. Desde el siglo XIX fueron el elemento fuerte de Estados en construcción. Se alinearon primero con el poder latifundista y luego con las burguesías locales para preservar sus intereses. Tuvieron sus momentos populista-nacionalistas, especialmente en México, Brasil, Argentina y Perú (Cárdenas, Vargas, Perón, Velasco Alvarado), pero desde los años 60 en adelante protegieron los intereses y valores dominantes, adiestrados técnica e ideológicamente por EE.UU., con una misión anticomunista universal. Ahora reemergen: una fortaleza dentro del Estado democrático con el objetivo de marcarle sus límites y como actores en el mercado ultraliberal para defender sus intereses dentro del competitivo orden establecido.

Empujar los límites judiciales

En Argentina las víctimas exigen justicia, pese a los indultos y leyes de Punto Final y Obediencia Debida que consagran la impunidad de los militares3. Se libran batallas judiciales para enjuiciar a oficiales de las fuerzas armadas implicados en la venta ilegal de material militar a Croacia durante la guerra de Bosnia y a Ecuador en su guerra con Perú. Una cuestión sensible, en la medida que Argentina (al igual que Uruguay y otros países de la región) ha participado en misiones de mantenimiento de la paz (incluyendo la ex Yugoslavia) como forma de ganar legitimidad internacional y dar una misión a los militares. Prosiguen las investigaciones sobre el secuestro y adopción ilegal de hijos de desaparecidos, al tiempo que surgen más datos sobre el diseño de la represión, que incluía hasta maternidades clandestinas en los campos de detención. La justicia argentina, pese a todas las trabas institucionales que ha puesto en marcha el gobierno de Carlos Menem a través de la Corte Suprema y las Cámaras Federales (o Audiencias Provinciales), va ampliando su actuación: hijos de desaparecidos, cuentas bancarias internacionales y, ahora, acusaciones de antisemitismo, organizado durante la dictadura. El rabino Daniel Goldman y otros líderes judíos han testimoniado ante el juez español Baltasar Garzón, que lleva las causas contra Pinochet y otros militares argentinos4.

Las denuncias sobre las actuaciones de las fuerzas armadas causan fuertes tensiones entre el poder civil y el militar. Aunque esto muestra los límites de las instituciones democráticas, sirve para impulsar el debate político acerca del alcance de la justicia. En Paraguay, el caso del ex general golpista Lino Oviedo provocó la renuncia del presidente Raúl Cubas en marzo pasado. Oviedo lideró en 1996 un intento de golpe de Estado y fue condenado a diez años de prisión. En febrero último la Corte Suprema ordenó su vuelta a la cárcel y el presidente Cubas, que le había puesto en libertad y restituido sus derechos políticos, se negó.

Oviedo estaba haciendo campaña electoral y quería seguir el camino de Banzer y Chávez. En este marco fue asesinado el vicepresidente Luis María Argaña, que lo enfrentaba. La situación presagiaba un golpe de Estado, pero un pacto interno, apoyado por EE.UU., el Vaticano, Brasil y Argentina, permitió llegar al poder a una mezcla de partidarios del ex dictador Alfredo Stroessner y la oposición democrática. Oviedo y Cubas partieron al exilio5.

Asediados por la pobreza, los altos índices de criminalidad y la corrupción de las élites políticas, amplios sectores de las sociedades latinoamericanas se sienten desilusionados de las democracias. Esto ha favorecido el ascenso electoral de militares que retoman símbolos de fuerza, populismo nacionalista y críticas a la ineficiencia del poder civil. Una encuesta venezolana indica que el 48% de los entrevistados están de acuerdo con la propuesta de Chávez de disolver el Congreso6.

"Con sistema legales demasiado débiles o corruptos para reforzar la ley y el orden, los latinoamericanos se defienden a sí mismos, retroceden detrás de vallas cada vez más altas, forman comités de vecinos de vigilancia o toman la ley, muchas veces letalmente, en sus manos. No es de extrañar que haya tantos ex oficiales de las fuerzas armadas haciendo fuertes campañas para ser presidentes" , dice un informe periodístico7. En Argentina, el general Antonio Bussi, destacado represor en Tucumán durante la última dictadura -esa provincia que tuvo el mayor número de desaparecidos- es ahora su gobernador; el golpista militar carapintada ex teniente coronel Aldo Rico es intendente del popular distrito de San Miguel, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde hace unas semanas ocupó un hospital al frente de un grupo de matones8.

Este ascenso va unido a violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y a cambios en la legislación realizados con la excusa de combatir la criminalidad, pero que recortan los ya frágiles sistemas de libertades en una cantidad de países, desde Argentina a Trinidad Tobago, pasando por la República Dominicana y Guatemala9.

Los militares están construyendo enclaves de poder, Estados dentro del Estado: tienen sus propias cortes de justicia y en muchos casos controlan la policía y los servicios de inteligencia. Siguen sirviendo a los intereses civiles más poderosos, pero ganan espacio en el sistema económico y político de poder. Para los frágiles gobiernos democráticos la opción está en aceptar sus condiciones o verse presionados. Así, el cuerpo militar obtiene lo que quiere sin necesidad de acudir al golpe de Estado10.

Las formas que este procedimiento ha adoptado son diversas. En Chile se instituyó un bloque militar -con Pinochet como figura líder- en la legislatura: un límite a los diputados para que no puedan legislar en contra de las fuerzas armadas. En Perú, los militares gobiernan con el civil Alberto Fujimori. Después del breve interludio populista nacionalista del general Velasco Alvarado en los ´70, los militares cerraron filas en torno a la burguesía local, libraron su guerra contra la guerrilla, y desde 1992 gobiernan el país con un grupo de tecnócratas civiles y militares, aplicando durísimos métodos de represión selectiva. El poderoso Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), encarnado en la figura del general Vladimiro Montesinos, es el centro del poder. El presidente Fujimori se encarga de obstruir todas las acusaciones contra las fuerzas armadas por corrupción y represión.

Empresarios de uniforme

En Colombia, Ecuador, Guatemala y Chile los militares tienen fuertes propiedades en los sectores petróleo, hoteles, propiedad inmobiliaria y líneas áereas, entre otros11. Las fuerzas armadas chilenas han participado activamente de la apertura de Chile al mercado internacional y controlan por ley el 10% de los recursos derivados de la exportación de cobre. Una ley similar asegura a los militares ecuatorianos el 15% de los ingresos por ventas de petróleo para los próximos 15 años. Los militares brasileños forman parte de la industria militar. Y en Argentina el gobierno de Menem le ha dado trabajos y prebendas tanto a los altos mandos como a los intermedios, para que no dedicasen sus esfuerzos a sabotear la democracia. También los ejércitos centroamericanos tienen fuertes intereses, que se ocuparon de asegurar antes de que se firmaran los acuerdos de paz o se efectuarán traspasos de gobiernos.

Los militares ya no se conciben como sustitutos directos del poder civil, sino como actores con poder propio para imponer sus prioridades y como una eventual alternativa de poder. Las nuevas generaciones de las fuerzas armadas perciben además que las decisiones políticas nacionales están contrapesadas por el contexto internacional. Por encima de sus intereses nacionales hay proyectos estratégicos geoeconómicos a los que deben ajustarse y participar: el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU., Canadá y México, el Mercosur, la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano, Caricom y, por último, el Area de Libre Comercio Americana, para el año 2005. Todo eso genera integraciones de seguridad, a partir de los acuerdos comerciales y económicos12. El general de división argentino Juan Bossi afirma: "Les cabe a las Fuerzas Armadas un rol trascendente en el fomento y desarrollo de los procesos de integración regional" . Además, EE.UU. prefiere democracias limitadas y coordinadas que dictaduras militares aisladas. La reciente propuesta del ministro de Interior argentino Carlos Corach de permitir la intervención militar en tareas de seguridad -formulada en Guatemala, ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos- va en esa dirección, aunque está prohibida por las leyes de casi todos los países13.

Pero todos estos proyectos, unidos al impacto de las crisis monetarias internacionales (como se aprecia ahora en Brasil), implican un modelo social jerárquico y competitivo que provocará más desequilibrios sociales. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció el año pasado que al par de los altos niveles de crecimiento, la región sufre más pobreza, marginación y desigualdades a causa del creciente desempleo e inseguridad laboral. La mayor parte de la riqueza queda en las manos de un 20% de los latinoamericanos14.

Debe añadirse el papel de EE.UU., punto de referencia para los militares americanos desde hace medio siglo. El tradicional "patio trasero" será en breve el mayor socio comercial de la economía estadounidense, por delante de Europa y Asia. Pero al mismo tiempo América Latina es fuente de grandes problemas para EE.UU. -es el caso del narcotráfico y la emigración- que entran en su concepción de "seguridad continental"15. Aunque los militares latinoamericanos ya no se entrenen en la Escuela de las Américas, continúan los programas de formación. En 1998, alrededor de 2.700 soldados y oficiales de tropas especiales de EE.UU. fueron desplegados en los 19 países de América Latina y en nueve del Caribe para entrenar a los ejércitos locales en la lucha contra el narcotráfico y la contrainsurgencia. La mayor parte de esta formación corre a cargo del Programa de Intercambio y Entrenamiento Conjunto del Pentágono (Pentagon's Joint Combined Exchange Training Program)16. A través de estos programas y la venta de armas (para la que levantó la veda en 1997), Washington ayuda a consolidar al sector más reacio a la democracia y a fortalecer su peligroso papel en las sociedades latinoamericanas.

  1. Henri Madelin, "Guatemala après l´enfer" , Le Monde diplomatique, mayo de 1999
  2. Benoît Guillou, "Clameurs de paix en Colombie" , Le Monde diplomatique, febrero de 1999.
  3. Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Myrna Roxana Villegas Díaz, "Derechos humanos y de-saparecidos en dictaduras militares" , América Latina, Hoy, nº 20, diciembre 1998, Salamanca, España.
  4. Uki Goñi, "Jews Targeted in Argentina´s Dirty War" , The Guardian Weekly, Londres, 28-3-99.
  5. El País, Madrid, 31-3-99.
  6. Richard Lapper, "Democracy: a fragile plant in Latin America´s political jungle" , Financial Times, Londres, 15-4-99.
  7. Time, New York, 20-4-98.
  8. "Rico: el autoritarismo como estilo" , editorial de La Nación, Buenos Aires, 18-6-99.
  9. Human Rights Watch World Report 1999, HRW, New York, 1999.
  10. Jorge Domínguez, Democratic Politics in Latin America and the Caribbean, The John Hopkins University, Londres, 1998.
  11. Diana Jean Schemo, "Armed Forces Toe a New Line" , International Herald Tribune, París, 12-1-97
  12. Raúl Benítez Manaut, "Western Hemispheric Security at the End of the Century: tendencies and Challenges in Latin America" , Disarmement Diplomacy, Londres, febrero de 1999
  13. Horacio Verbitsky, "Rugido de ratón" , Página 12, Buenos Aires, 13-6-99.
  14. Serge Marti, "Latin America Pays High Price for Violence" , The Guardian Weekly, 29-3-98; y Jorge Rivera, "Las dos caras de Latinoamérica" , El País, 22-3-98.
  15. "Drifting Away" , Time, 27-4-98
  16. Douglas Farah, "Shadowy US Troops Training Operation Spreads Across Latin America" , International Herald Tribune, 14-7-98.
Autor/es Mariano Aguirre
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 1 - Julio 1999
Páginas:14, 15
Temas Militares, Genocidio, Corrupción, Desarrollo, Mundialización (Economía), Narcotráfico, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Justicia Internacional, Estado (Política), Políticas Locales, Migraciones, Seguridad
Países Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Croacia (ex Yugoslavia), España, Vaticano, Yugoslavia