Néstor Kirchner, a la hora de la verdad

La enorme conmoción social y mediática que siguió al secuestro y asesinato de Axel Blumberg en la provincia de Buenos Aires, a fines de marzo pasado, marcó para el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que este 25 de mayo cumplirá su primer año de ejercicio, el final de lo que podría llamarse su luna de miel con el conjunto de la sociedad y el inicio de la contraofensiva de los sectores más conservadores.

A partir de ahora, el Presidente y su equipo deberán optar entre librar batallas de fondo o iniciar la fatídica cuenta regresiva de concesiones ante el establishment mafioso nacional, las compañías transnacionales y los organismos internacionales de crédito. Esa cuenta termina exactamente en el lugar en que se encuentran ahora los ex presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Pero otra frustración económica y social tendría sombrío pronóstico político: el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la democracia en América Latina (1), indica que a causa de la decepción que el aumento de las desigualdades provoca en la mayoría de las poblaciones, el aprecio por la democracia política se desdibuja, por decirlo suavemente.

En Argentina la adhesión a la democracia aún es mayoritaria porque se ha expandido la conciencia sobre el papel que los golpes de Estado -sobre todo el último- han jugado en la debacle del país. Pero la democracia debe revalidar todo el tiempo sus títulos, y aunque aquí ha pasado algunos exámenes, viene reprobando muchos. En poco más de un cuarto de siglo, el país ha pasado de ser el más igualitario de América Latina -en algunos breves períodos de América toda- a ocupar uno de los primeros lugares en materia de desigualdad. Nunca se repetirá lo suficiente que en una economía que produce anualmente alimentos para 300 millones de personas, el hecho de que 8 millones -casi el 20% de su población- pase hambre y el 51% viva bajo el umbral de pobreza no sólo es una obscenidad, sino una bomba de tiempo política. Estas situaciones pueden ser soportadas durante largo tiempo por poblaciones que siempre han vivido en la miseria, pero no es ese el caso de Argentina, que además tiene tradición de revueltas populares y golpes de Estado manipulados por un establishment poderoso, progresivamente delincuencial y nada consecuente con el sistema republicano.

En algunos países y momentos de la historia estos factores han confluido en salidas autoritarias con apoyo de masas -no necesariamente a través de golpes de Estado- y ningún país que los reúna puede considerarse a salvo. Si se echa una mirada objetiva sobre la situación internacional, resulta evidente que numerosos países, regiones enteras del planeta, se encuentran haciendo equilibrios en una delgada cuerda que separa la democracia y el progreso del autoritarismo y el atraso en sus diversas formas.

Un muerto algo especial

En abril pasado, una multitud estimada en unas 100.000 personas se reunió en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, para protestar por la muerte de Axel Blumberg, un joven de clase media alta secuestrado y fríamente asesinado, y reclamar por el fin de la violencia y la inseguridad. En sólo dos o tres días, azuzada desde una serie de medios de comunicación vinculados con la derecha política, pero evidentemente angustiada por una situación real, la clase media argentina, que no se movilizaba desde que los bancos impusieran el "corralito", en diciembre de 2001, volvió a hacer sentir su presencia en las calles.

Desde hace casi una década, en Argentina muere medio centenar de niños por día por causas vinculadas con la desnutrición. Por su parte, la violencia de los delincuentes organizados y de la policía se ha cobrado ya centenares de vidas; quizá miles, si se registrara sistemáticamente lo que ocurre a diario en todo el país, en particular en las grandes aglomeraciones en que viven los millones de marginados sociales.

La dictadura militar (1976/83) dejó como herencia, además de una enorme deuda externa y un aparato productivo semidestruido, un entramado mafioso-policial y de servicios de inteligencia (del Estado, de las fuerzas armadas, de la policía) preexistente, pero llevado al paroxismo. Tanto los gobiernos radicales como los peronistas que se sucedieron luego no sólo no se preocuparon por desactivar ese presente griego, sino que lo aprovecharon con el mayor desparpajo, restituyéndole un antiguo socio: los llamados "punteros" políticos, esos caudillejos de barrio o de ciudad que suscitan adhesiones repartiendo prebendas, favores, promesas e intimidaciones y que representan para los partidos políticos una fuente de recaudación, movilización y extorsión importante. En democracia también se corrompió un sector importante del aparato judicial.

El juego legal y clandestino, el narcotráfico, la prostitución y una serie de delitos organizados, desde los secuestros de personas hasta el asalto a bancos ("negocios" que mueven miles de millones anuales), están en diverso grado en manos de dirigentes políticos, jueces, policías y delincuentes comunes que se reparten el trabajo, según el caso y la ocasión, de otorgar licencias, recaudar, proteger, extorsionar, falsificar sumarios y estadísticas, "liberar zonas" o presos de las cárceles para delinquir y hasta encontrar chivos expiatorios -los famosos "perejiles"- para asumir delitos ajenos.

Las enormes sumas recaudadas por esta mafia político-policial-judicial se distribuyen entre los autores materiales de los diversos delitos y "suben" por la escala jerárquica hasta el comisario de la seccional y los altos jefes policiales, jueces y políticos. El sistema rige en numerosas ciudades y provincias del país y tiene lazos con la corrupción tradicional (coimas a contratistas, importadores y exportadores, inspectores fiscales y de aduanas, etc.) orondamente asentada en los tres poderes del Estado, el funcionariado, partidos políticos, sindicatos, etc. En Argentina, transgredir la ley no es excepción ni delito, sino una manera de vivir (2).

Esta descripción no es en absoluto original. Al contrario, la permisividad que sobre este fenómeno existe entre los ciudadanos y los medios de comunicación constituye quizá su aspecto más escandaloso. Argentina es uno de esos raros países donde casi todo el mundo sabe de dirigentes sindicales, políticos, policías o jueces que poseen bienes millonarios y llevan una vida rumbosa que ni su procedencia familiar ni mucho menos su salario justifican, pero los tolera. Algunos de estos personajes suelen aparecer en las portadas de la prensa "rosa" abriendo las puertas de sus mansiones y exhibiendo sus riquezas.

Contraofensiva en ciernes

No parece entonces casual que pocos días después de que el presidente Kirchner provocara una crisis en su poderoso propio partido, el Justicialista, con la intención evidente de iniciar un proceso de transformaciones profundas que llevase al recambio de la mayor parte de sus dirigentes, el asesinato de Axel Blumberg fuese tomado como estandarte por el poderoso aparato de medios de comunicación de la derecha.

Es evidente que el conjunto de la sociedad está harto de la situación y que el estallido social ante el problema de la inseguridad podría haberse producido de todos modos, en este momento o en cualquier otro. Hay de esto antecedentes importantes, como el caso de la joven María Soledad Morales en la provincia de Catamarca a mediados de los '90 (que condujo al desmoronamiento del sistema caudillesco de la familia Saadi) o, más recientemente, el de otras dos jóvenes asesinadas en Santiago del Estero como consecuencia de una orgía de la que habrían participado políticos y policías, que concluyó en la intervención de la provincia por el Ejecutivo nacional y el arresto de la esperpéntica gobernadora Nina Aragonés de Juárez y su esposo.

Pero lo que interesa subrayar aquí es el momento elegido por la derecha política y mediática para poner sus recursos detrás del caso Axel Blumberg y tratar, sin decirlo abiertamente por ahora, de responsabilizar al gobierno actual ante la opinión pública por el problema de la inseguridad.

Fuertemente golpeada por la debacle financiera, económica, social y finalmente política desde diciembre de 2001, cuando el presidente Fernando de la Rúa fue obligado a renunciar por una masiva movilización social provocada por el fracaso y las consecuencias sociales de las políticas neoliberales, la derecha argentina debió soportar en relativo silencio y quietud los primeros movimientos del gobierno Kirchner. El "plante" ante el Fondo Monetario Internacional y los bonistas; la destitución de varios miembros de la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlos con métodos de la mayor transparencia por jueces calificados y honestos; la negativa a renovar algunos de los privilegios otorgados a las compañías transnacionales; el firme comando de las fuerzas armadas y la solicitud de perdón en nombre del Estado a las víctimas de la dictadura no son precisamente actitudes que la derecha tolera cuando se siente fuerte.

Pero el tema de la inseguridad parece haberla estimulado a retomar la iniciativa, en el momento preciso en que el gobierno ingresa en la etapa más difícil de su gestión. En efecto, ha comenzado el otoño austral y pronto el invierno hará que aumente exponencialmente la demanda de energía, ya incrementada por el fuerte repunte de la economía. Las empresas de petróleo, gas y electricidad (todas privatizadas) mantienen un conflicto con el gobierno, vinculado con la negativa de éste a permitirles aumentar las tarifas. Ya desde febrero pasado, y con la excusa de que el congelamiento tarifario les ha impedido realizar inversiones, las empresas vienen anunciado cortes de energía para el invierno. Se han producido algunos incluso en pleno verano.
No existen casi dudas de quién tiene razón en este tema, ya que todos los estudios serios (3) demuestran que, salvo alguna excepción, las compañías privatizadas se dedicaron a lo largo de la década del ’90 a repatriar lo esencial de sus ganancias y no cumplieron con los planes de inversión. Las inversiones hacen sentir su efecto mucho después de realizadas y es sencillamente imposible que en dos años, desde que cayó la convertibilidad, el sistema no pueda responder a una demanda que, a pesar de la recuperación económica, no tiene todavía el nivel de la década pasada.
Pero lo cierto es que el gobierno deberá manejar muy bien la situación ante eventuales carencias de energía, ya que cortes prolongados podrían poner definitivamente en su contra a esos mismos sectores de clase media que hoy se manifiestan por el problema de la inseguridad, además de afectar la recuperación económica. Por el contrario, si acepta los reclamos por aumentos masivos de tarifas de las compañías privatizadas, serán los sectores más desfavorecidos de la sociedad los que se verán afectados esencialmente, ya que esos aumentos, además de lesivos en sí mismos, no dejarían de provocar inflación.
En junio y septiembre habrá además inspecciones del Fondo Monetario Internacional (Calcagno, pág. 4), que brega por que Argentina aumente su excedente fiscal para pagar más deuda, como si la enorme deuda social no existiese. También en este punto el gobierno tendrá que elegir entre componer con el FMI y afrontar conflictos sociales y perder apoyo popular, o apoyarse en los ciudadanos para enfrentar las presiones internacionales y de la derecha local.
Al cumplir pues su primer año, el gobierno tendrá abiertos tres frentes importantes: económico, social y político. Es cierto que están abiertos desde que asumió y que los ha enfrentado con decisión, energía y, hasta ahora, con éxito. Pero como siempre ocurre en estos casos, no sólo ha concluido el período de luna de miel con la sociedad, sino que el tiempo transcurrido desde los sucesos de diciembre de 2001 ha permitido que la derecha, su poderoso aparato de medios de comunicación y la miríada de políticos y funcionarios que ocupan el Congreso, las gobernaciones, las intendencias y los puestos ejecutivos y legislativos del país, masivamente repudiados por el famoso “que se vayan todos” de diciembre de 2001, hayan recuperado el resuello y, desde los mismos lugares de los que se suponía que debían haberse ido, comiencen a presionar y extorsionar al gobierno.
La “burocracia sindical” peronista, esa red de rufianes que le hizo 13 paros nacionales a Raúl Alfonsín y ninguno a Carlos Menem (eso sí, siempre en nombre de los trabajadores), también ha decidido empezar a mostrar las uñas ante el peligro que representa para su hegemonía el progresivo auge de organizaciones y sindicatos alternativos, como la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). La brutal agresión que sufrió el diputado socialista y dirigente gremial Ariel Basteiro por parte de matones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es el primer arañazo ni será el último (4).

Encolumnar a la ciudadanía

El intento de apropiarse del justo reclamo de Juan Blumberg, el padre de Axel, puede verse así como una suerte de ensayo general de esta ofensiva generalizada en ciernes. En este caso, la sociedad ha reaccionado positivamente, hasta ahora, ante el intento de “derechizar” el reclamo y el propio Juan Blumberg se encargó de aclarar públicamente que no está por la pena de muerte, contra la democracia, ni en manos de políticos de la derecha (5).
Pero todas las tareas que se requieren para hacer de Argentina “un país serio”, como se propone el presidente Kirchner, suponen afectar intereses concretos. En el caso de la seguridad, se trata de cortar de un tajo la relación políticos-jueces-policías-delincuentes. Si Kirchner quiere realmente dar ese paso debe disponerse a soportar la feroz oposición de su propio partido, que no dejará de aliarse en esa batalla con el radicalismo y la derecha. La fuerza política, económica y mediática de esta coalición de intereses no puede desestimarse.
Hasta ahora Kirchner se ha apoyado en el estado de choque en que quedaron esos sectores después de las movilizaciones de 2001 y la quiebra económica y financiera del país y en la indudable popularidad de que disfruta en amplios sectores de la sociedad. Pero en política, y sobre todo en sociedades lábiles como la argentina, ese apoyo puede tener la consistencia en el tiempo de una flor de estufa. El ex presidente radical Raúl Alfonsín puede dar buena cuenta de eso. Unos cortes de energía continuados y algunas provocaciones más de la mafia político-policial, algunas huelgas fácilmente motorizadas por el descontento social, todo aderezado con una campaña mediática bien dirigida, y buena parte de ese apoyo se diluirá rápidamente.
El caso Blumberg muestra no obstante que la sociedad argentina está más madura que hace veinte años, cuando se recuperó la democracia. La reacción de distintas organizaciones sociales y políticas y de parte de los medios de comunicación ante el propósito de la derecha de apropiarse de la bandera de la seguridad desbarató por ahora el intento y mostró que existen reservas para profundizar la transformación del país. Esas fuerzas son muchas, muy variadas y en algunos casos bien organizadas, pero se encuentran totalmente dispersas.
Así las cosas, ¿dónde podría apoyarse el gobierno para, por ejemplo, hacer aprobar la reforma política que prepara en silencio? Suponiendo que no exija una reforma constitucional y que realmente apunte a desmafistizar la política, esa reforma debería ser aprobada por el Congreso actual, donde calienta banca una mayoría de truhanes o, en el mejor de los casos, incompetentes de marca mayor. Algo parecido podría decirse de cualquiera de las grandes decisiones políticas, económicas o sociales. Si no es el Congreso, serían las gobernaciones, o los aparatos de los partidos y sindicatos, o el sistema mediático de la derecha, o una combinación de todo eso lo que trabaría cualquier iniciativa que vaya contra determinados intereses.
El gobierno tiene una única posibilidad: denunciar esas maniobras mediante la utilización directa y sistemática de los medios de comunicación de que dispone; informar y convocar en cada caso a la ciudadanía. Por caso, si la reforma política es verdaderamente republicana y los legisladores caracolean para aprobarla, convocar a los ciudadanos ante el Congreso y, como sugirió alguna vez la diputada Alicia Castro, “quitarles la custodia policial, a ver qué hacen”. No será muy ortodoxo y habrá que tratar de evitar acciones de ese tipo, pero debe entenderse que la democracia argentina está secuestrada y cualquier cambio pasa por recuperarla para los ciudadanos. ¿No es eso acaso lo que formula desde el título el informe del PNUD?
Al gobierno de Néstor Kirchner le va la alternativa del triunfo o el fracaso en la tarea de reformar la política, empezando por su propio partido, para que el conjunto de las fuerzas democráticas y progresistas, más allá de las diferencias ideológicas, se encolumne detrás suyo y derrote la contraofensiva de las mafias y la derecha.

1. PNUD, “La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos” (http://democracia.undp.org). El déficit social de las democracias hace que el nivel de adhesión al sistema baje de año en año. Hoy, un 48,1% de los latinoamericanos prefiere el desarrollo eonómico a la democracia y un 44,9% apoyaría a un gobierno autoritario “si éste resolviese los problemas económicos del país”.
2. El último ejemplo de esta corrupción generalizada, impune y de alto nivel, en este caso en la provincia de Salta, fue detallado por Julio Nudler, en “La banda de los Printicos”, Página/12, Buenos Aires, 24-4-04.
3. Claudio Scaletta, “La energía está en manos de un oligopolio ineficiente y sin plan”, basado en un informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Página/12, Buenos Aires, 18-4-04.
4. Mariano Thieberger, “Por una puja sindical…”, Clarín, Buenos Aires, 25-4-04.
5. Juan Blumberg hizo pública una carta, publicada íntegramente por Página/12, Buenos Aires, 11-4-04.