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Recuadros:

Como mariposas hacia la luz

Enclaves industriales con condiciones fiscales preferenciales, las zonas francas de exportación instaladas en México, junto a la frontera con Estados Unidos, son a menudo áreas desprovistas de derechos para los trabajadores. Sin embargo, atraen a masas de inmigrantes del interior mexicano, sobre todo de las regiones pobres del sur. Pero dada la extrema precariedad de las condiciones de vida locales, los trabajadores intentan atravesar la frontera de cualquier modo.

Los estadounidenses lo llaman Río Grande; los mexicanos, Río Bravo. Frente a los puestos fronterizos de las ciudades de Laredo (Texas) y de Nuevo Laredo (Tamaulipas), el río no tiene nada de majestuoso, ni de bello. Es apenas un pequeño curso de agua de triste aspecto, de color indefinible y del que se desprende una sinfonía de olores pestilentes. Del lado mexicano, su ribera está carcomida por caminos empinados, sin más vegetación que algunos arbustos espinosos.

Centenares de miles de mexicanos pobres con sus familias abandonan sus Estados natales, emigrando hacia esta zona fronteriza con la esperanza de hallar el trabajo que no encuentran en sus lugares de origen. Caerán en las redes de las miles de maquiladoras instaladas en esa franja de tierra que va desde Tijuana, al Oeste, hasta Matamoros, en el extremo Este. En Nuevo Laredo, cuyos flamantes parques industriales cuentan entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo, la primera maquiladora fue creada a mediados de los años 60. Pero el número se multiplicó a partir del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, EE.UU. y México (TLC). Para atraer a esa zona a las multinacionales de todo el mundo y a sus filiales, el gobierno mexicano hizo grandes esfuerzos: no cobrarles el agua y la electricidad durante dos años; construir áreas para industrias, caminos de acceso y servicios públicos. Pero no se tomó igual trabajo en los barrios pobres, donde viven los que llegaron atraídos por el espejismo de una vida mejor.

En las numerosas villas miseria que rodean esa aglomeración tentacular en que se ha convertido Nuevo Laredo en los últimos 20 años (la población del lado mexicano se estima en 900.000 habitantes), los conductores de camiones cisterna enviados por la municipalidad exigen 10 pesos (2,50 dólares) por llenar un bidón de cien litros con agua no potable1. Los habitantes son víctimas permanentes de diversas formas de chantaje y de extorsión, ya sea para obtener agua, construir un aula escolar o hallar trabajo o vivienda.

El barrio Julia Leyva lleva el nombre de una abogada que organizó a decenas de familias sin techo en busca de una vivienda. Sobre un terreno árido y polvoriento, unas parcelas delimitadas por zanjas o por pilas de cajones remedan el inaccesible sueño de la casa propia. En Nuevo Laredo existen 12 barrios "construidos" sobre el "modelo" del Julia Leyva. A cambio de una suma de dinero entregada en mano una vez por semana, una familia gana el derecho de levantar una cabaña de tablas grises, de chapas alquitranadas y de toldos de plástico a la espera de convertirse, con el paso de los años, en propietaria del terreno. La abogada Leyva vende esas tierras afirmando que le pertenecen, pero en realidad son propiedad de la comuna. Es decir, algunas personas se convierten en falsos propietarios por el simple trámite de ocupar tierras abandonadas, pero que tienen dueño.

En Matamoros, otra ciudad fronteriza con el Estado de Texas, a pocos kilómetros del golfo de México, existen seis "barrios salvajes" organizados con fines lucrativos. En la primavera de 1998, Alma fue elegida responsable de uno de ellos, nacido de la imaginación de un aprovechador de la miseria y miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de centroizquierda)2, que cobraba 5 pesos (1,25 dólares) por semana a cada familia. "Hemos visto militantes del PRD que llegaban al barrio y pedían 100 pesos (25 dólares) para inscribir en una lista el nombre de cada familia que participó en la ocupación del lugar, lo que les daría derecho al título de propiedad", relata Alma. "Después de esa visita se produjo una lucha feroz por los terrenos entre las familias que figuraban en las listas y las que no figuraban. Esas peleas provocaron una rotación de la población que benefició a los corruptos del PRD", añade.

Rebautizada ahora Fuerza y Unidad, la comunidad de locatarios lucha para obtener el derecho a permanecer en los terrenos, antes ocupados por una descarga clandestina de desperdicios. De las 400 familias que habían participado en la ocupación espontánea, 160 persisten en el lugar. Bajo las órdenes de su presidente, esperan ahora "entrar en un proceso de legalización". Desde marzo de 1998 existen nuevas reglas: "Cada familia recibió un lote de 200 metros cuadrados para levantar su casa. Además se instaló un sistema de vigilancia, pues nos dimos cuenta de que algunas familias acumulaban terrenos, ya que poseían tierras en otro lado, compradas al gobierno o cedidas por éste". A esas familias se les dijo que debían irse.

Se pasó luego a organizar la subsistencia diaria. Primera lucha: conseguir la propiedad de cada lote en tratativas con un organismo denominado Si Poblador, encargado por el gobierno mexicano de comprar las tierras ocupadas espontáneamente a sus propietarios y de revenderlas luego a precios bajos a los ocupantes. Alma pide que ese organismo acepte plazos de pago acordes con los recursos de las familias. "Los que tienen un trabajo estable, es decir, la mitad de los jefes de familia, podrían pagar en un año y medio", mientras que para los otros se necesitarían plazos más largos. "Un 40% de los jefes de familia trabaja de manera ocasional y un 10% está desempleado. Tenemos vecinos que sobreviven con 10 pesos por día, que se alimentan únicamente de tortillas y porotos colorados", afirma. Acaban de instalarse dos fuentes, vitales para las familias que no pueden pagar el agua que transportan los camiones municipales. En un ángulo de un lote baldío, un tubo raquítico surge de la tierra. En su extremo, una canilla completamente abierta deja escapar un hilo de agua, bajo el cual se llena lentamente un balde abollado.

Un lote apenas más grande que los demás se reservó para la construcción de la futura escuela. De los 250 niños que viven en Fuerza y Unidad, el 40% no recibe educación y resulta imposible escolarizarlos en otro lado: "Las escuelas de los barrios legales están saturadas, ya tienen 1.500 niños por grupo escolar", señala Alma. El 50% de los adultos son analfabetos. Forman un subproletariado que trabaja únicamente en negro, en la construcción, o vive gracias al turismo: vendedores de helados, de hamacas o de vírgenes cargadas de adornos, zigzaguean entre los autos en los puentes fronterizos. El equipo de Manuel Mondragón, que dirige en Matamoros la Pastoral Obrera -una organización vinculada a la Teología de la Liberación- organiza, entre otras actividades militantes, cursos barriales de alfabetización de dos horas diarias. Actualmente, a falta de local, los cursos fueron abandonados.

Hacia el Norte del Norte

La educación es importante, porque en las maquiladoras no entra cualquiera. Para ser aceptado como obrero en las líneas de montaje hay que mostrar un certificado de estudios secundarios completos. Miles de migrantes sin estudios que ignoraban esa condición fueron rechazados en la oficina de empleo, sin posibilidad siquiera de postularse. En realidad, la mayoría de los trabajadores son jóvenes obreras de entre 18 y 35 años. Muchas viven con sus padres y se contentan con salarios bajos, circunstancia que la mayoría de las fábricas aprendieron rápidamente.

Josefina y su marido llegaron a Nuevo Laredo en junio de 1998. Por un trabajo de 64 horas semanales, cinco de las cuales a cumplir obligatoriamente el sábado por la mañana, ella recibe 262 pesos por semana: una bendición, comparado con la situación que tenía en su estado natal de Guerrero: "Aquí al menos tenemos un calentador y una televisión", dice la joven, que obtuvo rápidamente un empleo en la maquiladora Luremex, especializada en la pintura de material de pesca que se exporta a EE.UU.. En agosto de 1998 Luremex anunció a su personal, masculino y femenino, que se realizaría una vacunación obligatoria. Pocos días después, una enfermera confesó que en realidad se había tratado de una inyección que provocaba -según las palabras de Josefina- "una esterilización temporaria de 5 meses".

En febrero de 1999 se repitió la orden de "vacunación", pero entonces las mujeres se negaron masivamente. Muchas fueron presionadas por los capataces, que las amenazaron con despedirlas si no aceptaban, y algunas hasta fueron llevadas a la fuerza a la enfermería. Al mes siguiente Josefina renunció a su puesto e inició juicio. Ante el riesgo de perder su participación en los beneficios de la empresa -equivalente a 60 días de salario, pagaderos varias semanas o hasta varios meses después de haber abandonado la fábrica- terminó por retirar su denuncia. Hoy en día está enferma y no puede tratarse, ya que una consulta con el médico cuesta 50 pesos y un análisis de sangre 900 pesos, en tanto que el salario de su marido -sereno en una empresa de transportes- alcanza apenas para la subsistencia diaria.

El recurso a la anticoncepción forzada no parece ser excepcional en la zona de las maquiladoras. Se mencionan casos de jóvenes obreras obligadas a mostrar cada mes sus toallas higiénicas usadas a sus capataces o a los representantes del sindicato único, la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM, vinculada con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el poder), responsable tanto de la contratación como del despido (¡) del personal. De todas formas, las mujeres son despedidas al pasar los 35 años: se las considera demasiado viejas para cumplir con el rendimiento exigido en las cadenas de montaje. Hoy en día son pocas las que duran más de 4 o 5 años en la misma empresa, pues la moda patronal consiste en la rotación rápida del personal, para mantener los salarios al nivel más bajo posible; en no pagar las indemnizaciones a las mujeres embarazadas y en rechazar su responsabilidad por los riesgos de enfermedades vinculadas al uso -sin ninguna protección- de productos químicos altamente peligrosos para la salud.

En las maquiladoras los patrones ya no utilizan su tropa de trabajadores hasta el fin, sino de manera calculada, racional, premeditada, y se deshacen de ellos antes de que se declaren las enfermedades laborales. De la misma forma que se deshacen de los obreros molestos, aquellos que quieren formar un sindicato libre, despedidos en cuanto se los identifica. En toda la zona del Río Grande circula entre las empresas una lista negra de más de 4.000 nombres. Lily sabe que no volverá a encontrar trabajo en una maquiladora. Miembro del sindicato CJM, primero se vio postergada en su empresa, y luego empujada a renunciar, por haber asistido a un congreso sindical en Kansas City en julio de 1998. Ahora Lily cruza clandestinamente la frontera tres veces por semana para ganar 12 dólares diarios vendiendo hamburguesas en una "carpa" en Laredo. Como muchos otros, no tenía intención de atravesar el río. Atraídas como mariposas por la luz de ese norte de México supuestamente desarrollado, amontonadas junto a la frontera, esas personas se hallan atrapadas en un callejón sin salida. Para no terminar muriendo de a poco, sólo queda una solución, el Norte del Norte: EE.UU. El marido de Alma pasó del otro lado en junio pasado con el objetivo de trabajar seis meses en Houston, en las condiciones que fuese. Su idea es poder regresar con una suma suficiente para consolidar la cabaña donde viven Alma y sus tres hijos. El precio de sobrevivir en la frontera es exorbitante.

  1. Del lado estadounidense, las ciudades fronterizas tienen el aspecto de grandes pueblos somnolientos. Laredo -por ejemplo- tiene unos 30.000 habitantes. Su zona céntrica está abandonada y sólo algunos de sus suburbios prosperan. Es allí donde viven los gerentes de fábricas, filiales de las multinacionales, la mayoría estadounidenses. El mismo fenómeno se observa en Matamoros.
  2. Partido de oposición cuyo líder nacional es Cuauhtemoc Cárdenas. Si bien éste goza de una sólida reputación de honestidad, no se puede decir lo mismo de todos los dirigentes de su agrupación. Ver Françoise Escarpit, "Maniobras políticas en México", Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, septiembre de 1999.

Los migrantes, blanco preferido

En Nuevo Laredo, el norte y el sur del continente están separados apenas por una veintena de metros, franqueados día y noche por centenares de clandestinos. Entre enero y agosto de 1999, el río arrojó unos 40 cadáveres. Un sacerdote, el padre Leo, relata: "Doce personas se insolaron y 22 murieron ahogadas; las restantes fallecieron en accidentes automovilísticos o ferroviarios, no se sabe bien. Entre Ciudad Juárez y Matamoros, a lo largo de toda la frontera con Texas, se encuentran unos 250 cadáveres por año. En cinco años contamos 1.150 muertos".

En un bote, a nado, a pie en medio del desierto para sortear los puestos de control, guiados y estafados a la vez por esos traficantes de carne humana que son los coyotes, los aspirantes a pasar del otro lado pagan muchas veces un alto precio por su aventura. Los coyotes reclutan a sus clientes en las calles de Nuevo Laredo, en los alrededores de la parroquia San José, a cargo del padre Leo y hasta en su mismo patio.

Adepto de la Teología de la Liberación ("la mejor manera de servir a Dios es ayudar a los pobres"), el padre Leo puso sus parroquias al servicio de los inmigrantes clandestinos, que vienen de otros Estados de México, pero también de América Central, en particular de Honduras, luego de la catástrofe del huracán Mitch, en octubre de 1998. "Desde la apertura de este centro, hace ya nueve años, la mayoría de los que llegan tienen entre 18 y 20 años". Conocen al padre Leo de oídas y todos -unas mil personas por año- quieren pasar del otro lado. La parroquia abre sus puertas diariamente, a las cuatro de la tarde, y les ofrece atención médica, además de techo y comida, por tres días como máximo. La mayoría llega enferma y extenuada por largos días de marcha. Una vez por semana un médico atiende a quienes lo requieren. El resto del tiempo, el dispensario y el comedor funcionan gracias al trabajo de cuatro religiosas y de algunos voluntarios.

Una vez por semana también viene un militante de Amnesty International, que brinda a los pasajeros charlas sobre sus derechos y se informa: "¿Cuáles son los policías que los amenazan? ¿Tomaron el número de placa de su auto? ¿Quienes son los que pegan o torturan?". El propio sacerdote fue detenido por las fuerzas del orden en diciembre de 1998, mientras que sus colaboradores son víctimas a veces de infames agresiones policiales. Mal pagados, mal vigilados, o directamente sin control, corruptos, los policías mexicanos, como la mayoría de los funcionarios municipales, se vengan sobre la población. Como siempre, como en todos lados, los migrantes son el blanco preferido.


Autor/es Marie-Agnès Combesque
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 6 - Diciembre 1999
Páginas:19, 20
Traducción Carlos Zito
Temas Corrupción, Deuda Externa, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Geopolítica, Mercosur y ALCA, Migraciones, Clase obrera
Países Canadá, Estados Unidos, México, Honduras