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Es necesario y posible salir del desastre neoliberal

Durante los tres últimos meses la crisis argentina dio un gran salto cualitativo, acercándose a un nivel de gravedad que el salvataje financiero encabezado por el Fondo Monetario Internacional -cuyo monto y confirmación estaban aún pendientes al cerrarse esta edición- no hará más que postergar. Diversos fenómenos convergentes de decadencia (políticos, sociales, económicos, morales) que se manifestaban con distinto grado de virulencia hacia el final del menemismo, ahora se expanden, suceden y combinan precipitadamente. Pero existen alternativas viables, que sólo requieren decisiones y firmeza políticas para ser implementadas.

Al escándalo de las coimas en el Senado le siguió la renuncia del vicepresidente de la República; luego sobrevino la crisis financiera, un aumento de las protestas populares y su represión -con un manifestante asesinado en la provincia de Salta- y, por último, una huelga general el pasado noviembre. Contra las expectativas de sus votantes, el gobierno de la Alianza ya había realizado dos ajustes en menos de un año y en su seno se habían producido numerosas expresiones de frivolidad elitista, corrupción y forcejeos en el poder, en un contexto de recesión prolongada y desprestigio creciente de la dirigencia política tradicional.

El régimen neoliberal, que se autoproclamaba "definitivamente victorioso" en los ´90, se muestra ahora prematuramente envejecido y en pérdida de legitimidad, cada vez más autista e ignorante de una realidad que lo desborda. Por eso es previsible, en el contexto de crisis actual, que intente preservar sus privilegios acudiendo a formas bárbaras. De momento ha cambiado su anterior discurso optimista acerca de la globalización por otro profundamente pesimista, fatalista, de resignación ante el poder financiero y la miseria, en clara aceptación del destino colonial.

"Cesación de pagos". Hasta hace pocas semanas la expresión estaba excluida del vocabulario admitido y quienes se atrevían a señalar esa posibilidad, aun como hipótesis, eran considerados energúmenos catastrofistas o simplemente ignorados. Debe recordarse que a mediados de los '90 el entonces ministro de economía, Domingo Cavallo, afirmaba que el endeudamiento era una demostración de la fortaleza de Argentina, un país confiable para los prestamistas globales. Hasta que, a mediados de 1998, comenzó una recesión que se fue prolongando y profundizando hasta hoy, acompañada de numerosos desequilibrios sociales, financieros y comerciales que el menemismo pasó por alto al final de su mandato.

Al principio, los políticos y tecnócratas de la Alianza centraron sus críticas en las numerosas historias de corrupción del gobierno saliente; hacia fines de 1999 agregaron la preocupación por el déficit fiscal, soslayando el problema de la deuda externa cuando ya eran más que evidentes los síntomas de su extrema gravedad (ver Cuadro "Nueve indicadores…").

Entre 1994 y 1999 la deuda externa total (pública nacional-provincial y privada) se había más que duplicado, superando los 200 mil millones de dólares; su peso con relación al PBI "registrado" pasó del 59% al 110%1. En 1999 el Estado pagó intereses que alcanzaron niveles alarmantes comparados con las exportaciones de mercancías, el gasto público o las reservas del Banco Central. El déficit fiscal, por su parte, saltó entre 1998 y 1999 de 3.800 a casi 7.100 millones de dólares (del 17% al 30% de las reservas del Banco Central).

El empeoramiento de esos indicadores fue notable durante el año 2000, a lo que se sumó un horizonte para el año 2001 muy cargado de vencimientos: pagos de capital e intereses por unos 24.000 millones de dólares, más de 7.000 millones solo en el primer trimestre2. La revista Business Week dedicó dos páginas de su edición del 18-9-00 a evaluar la posibilidad de que Argentina entrase en cesación de pagos, pero los medios de comunicación locales prefirieron ignorar esa publicación, a pesar de su permanente expectativa respecto al "qué dicen de nosotros", sobre todo en Estados Unidos. Cuando el tema se hizo ineludible, tanto el gobierno como la oposición y los medios, con raras excepciones, lo presentaron como una cuestión de confianza de los "inversores", de "humor de los mercados", de "riesgo-país" asociado a vaivenes psicológicos.

La lógica del pillaje

¿De qué manera se llegó a esta catástrofe?; ¿es posible salir de ella?; ¿cómo?. Para entender lo que está ocurriendo es necesario visualizar la dinámica que lo ha producido, resultado de un sistema de depredación que en algo menos de una década ha llevado al país a la bancarrota. Su génesis se remonta a los años '70: la dictadura militar marcó un viraje fundamental del capitalismo argentino (sumergido ya en una crisis profunda), que pasó a ser hegemonizado por formas parasitarias comerciales, financieras, etc., sobre la base de la caída de los salarios, el comienzo de la desindustrialización y la apertura salvaje de las importaciones. El modelo formó parte, periférica, del inicio de una gran mutación de similar signo en la economía mundial (desaceleración productiva y ascenso de las tramas financieras). Pero el cambio decisivo se produjo en los '90, cuando la economía quedó totalmente sometida al esquema de saqueo engendrado por esa transformación, manipulado por un reducido grupo de redes especulativas internacionales (una amplia variedad de empresas y grupos comerciales, industriales, bancarios, etc.), y cuyo socio local es una lumpenburguesía compuesta por diversas mafias económicas, políticas, policiales, comunicacionales, etc.

Este proceso podría ser dividido en cuatro etapas. La primera, que abarcó la parte final del alfonsinismo y el comienzo del menemismo, fue de "preparación del terreno" y consistió en degradar al extremo los últimos obstáculos al neoliberalismo: empresas estatales, sindicatos, universidades, grandes partidos políticos populares, etc.

La segunda fue de instalación dominante del sistema: la Ley de Convertibilidad y la apertura importadora estabilizaron los precios (aunque creando un déficit comercial crónico), arruinaron a miles de empresas nacionales - especialmente pequeñas y medianas (pymes)- y aumentaron la masa de desocupados y subocupados. Las privatizaciones y desregulaciones dejaron en manos de un reducido núcleo de intereses, en su mayoría extranjeros, fabulosas rentas monopólicas obtenidas gracias a sobreprecios de servicios (comunicaciones, energía, caminos, etc.), que esquilmaron a los consumidores e incrementaron los costos industriales y agrarios. Al mismo tiempo, la liberalización financiera facilitó la concentración y desnacionalización bancaria, lo que unido al mantenimiento de tasas de interés muy altas atrajo hacia el país capitales especulativos encareciendo el crédito para las pymes y las clases media y baja. El mayor golpe depredador fue sin dudas la creación del área privada de la Seguridad Social: las llamadas AFJP pasaron a embolsar miles de millones de dólares anuales de aportes de futuros jubilados, a los que cargaron con elevadas comisiones, mientras el Estado sigue pagando -y seguirá por muchos años- la casi totalidad de jubilaciones existentes3. Se creó de esa manera un gigantesco déficit fiscal, incrementado aún más con la reducción de aportes previsionales patronales. Esta es actualmente la principal causa del endeudamiento público externo. A todo ello debe agregarse la corrupción generalizada en el Estado, que facilitó abusos y estafas de los grupos económicos beneficiarios del modelo y convirtió en millonarios a un amplio conjunto de políticos oficialistas y altos funcionarios. Los ingresos por privatizaciones e inversiones externas conformaron una masa de fondos que posibilitó el auge del sistema. Creció el PBI, se frenaron la expansión de la deuda pública y la inflación, aumentó la recaudación tributaria y se produjo una euforia consumista (con fuerte componente de importaciones) en las clases altas e importantes estratos medios. Esta segunda fase fue la edad de oro de Menem y su corte: corrupción, prosperidad y liberalismo económico era la fórmula triunfante. Pero la fiesta empezó a agotarse hacia 1994, ya que el proceso de concentración de ingresos y desestructuración productiva contrarrestaba con cada vez mayor fuerza las tendencias expansionistas, agudizando los desequilibrios. La crisis mexicana de finales de ese año asestó el golpe (exterior) decisivo a un esquema que empezaba a deteriorarse.

Se produjo la depresión de 1995 y el inicio de la tercera etapa del modelo, que consiguió superar la recesión mediante un vertiginoso endeudamiento externo que -al igual que millones de patrimonios e ingresos internos- sirvió para satisfacer la voracidad de los grupos depredadores. Crecieron la marginalidad y la miseria, siguió decayendo el tejido productivo, aumentó el déficit fiscal, persistió el déficit comercial. La deuda externa, por su parte, no podía crecer indefinidamente a un ritmo tan alto y comenzó a desacelerarse, en parte por los cambios adversos en la situación internacional (luego de la crisis asiática de 1997), pero principalmente porque la capacidad de pagos argentina era limitada.

1998 marcó el comienzo de la recesión -que continúa hasta hoy- y el inicio de la cuarta etapa del sistema: la de su decadencia con agudización de la miseria popular y la ruina de las capas medias y comienzo de la agitación social. El Estado pasó a endeudarse vertiginosamente para pagar deudas, la máquina de saquear siguió funcionando y se acentuó la evasión de capitales. Se impuso un diabólico círculo vicioso en torno de tres fenómenos interrelacionados: expansión de la deuda externa, recesión y déficit fiscal. El agujero fiscal causado por la reforma previsional de Menem-Cavallo (agravado por el peso de los pagos de intereses de la deuda estatal y por la recesión), es cubierto con endeudamiento externo e intenta ser frenado mediante ajustes que achican el gasto social, el empleo público, etc. provocando más recesión, lo que a su vez bloquea la recaudación fiscal y mantiene alto el déficit del Estado, que incrementa su endeudamiento para cubrirlo; en consecuencia aumenta el peso de los intereses en el gasto público y persiste el déficit, ante lo cual el gobierno vuelve a ajustar consolidando la recesión…

El presidente Fernando de la Rúa y su equipo se encontraron ante esta trampa neoliberal y decidieron prolongar la medicación conservadora exigida por el FMI, atentos a los beneficios de los usureros globales y las elites locales, es decir al funcionamiento de un capitalismo decadente cuya lógica central es el pillaje. Una vez en el gobierno, la Alianza abandonó sus promesas electorales y se sometió al poder económico existente, repitiendo el método practicado por Carlos Menem diez años antes, sólo que en condiciones mucho peores.

Hubo un primer ajuste recesivo apenas instalado el gobierno (enero-febrero de 2000: aumento de la presión fiscal sobre las clases populares) y otro a mediados de año (baja de salarios estatales). Ahora, ante la inminencia de la cesación de pagos externos, tiene lugar el tercero: congelamiento del gasto público por cinco años, salvo los pagos de la deuda, que seguirán subiendo. Mediante un nuevo acuerdo entre radicales, frepasistas y justicialistas que rememora el "Pacto de Olivos"4, el gobierno nacional y los provinciales aceptan sin chistar la orden del FMI y se comprometen a agregar cinco años más de penuria a los dos años y medio de recesión ya vividos. En el nuevo ajuste va incluida una "reforma previsional" que liquida la seguridad social estatal, agravando la situación existente en ese sector y acentuando los problemas fiscales en el corto y mediano plazo. Al ser liquidado el sistema público de seguridad social, el Estado pierde los aportes de los nuevos trabajadores que hubieran optado por el mismo (esos nuevos fondos pasan a engrosar las arcas de las AFJP).

Esa vía supone el empeoramiento de lo actual, mayor degradación social y económica.

La alternativa posible

Los "matices" del neoliberalismo están dados por un tironeo entre quienes tratan de orientarlo más hacia la derecha (los partidarios de la dolarización o de ajustes aún más brutales) o de corregirlo con componentes "sociales", ilusión conservadora ignorante de la realidad profunda de un capitalismo que ha devenido ultraelitista y depredador, cuya lógica es la del negocio financiero, cortoplacista, parasitario.

Pero el círculo vicioso de ajuste-deuda-recesión puede ser quebrado, superado, a condición de eliminar el sistema de saqueo. Es posible esbozar algunas líneas de acción, cuya ejecución combinada abriría un camino de reconstrucción positiva, popular, del tejido social.

Primero: el déficit fiscal puede ser eliminado sin necesidad de medidas recesivas. Bastaría con renacionalizar la seguridad social (recuperando los aportes que ahora absorben las AFJP) y restablecer los aportes previsionales patronales, principalmente de las empresas privatizadas y financieras. En el Cuadro "Transferencias previsionales y déficit fiscal" es posible comprobar que si no se hubiera realizado la reforma el Estado habría tenido superávits (en algunos casos significativos como en 1995, 1997 y 1998), o algún déficit de pequeña magnitud (1996). Adicionando los saldos fiscales del período 1995-2000 se llegaría a un superávit total acumulado de más de 8.000 millones de pesos (o un superávit promedio anual de más de 1.300 millones). Se podría agregar un paquete tributario integrado por impuestos a las ganancias extraordinarias (dirigido prioritariamente hacia las empresas privatizadas y el sistema financiero), a los dividendos recibidos por los accionistas de las sociedades anónimas, a los consumos suntuarios, a la herencia, a las transferencias netas de divisas de las empresas y otros orientados hacia los sectores que han acaparado riquezas a lo largo de los '90. También sería posible subir los aranceles de ciertas importaciones provenientes de fuera del Mercosur, establecer controles estrictos a la subfacturación de importaciones, etc. Sumando todos esos rubros y haciendo un cálculo conservador se lograría un excedente de por lo menos 5.000 millones de dólares.

Segundo: renegociación de la deuda externa, ahora una necesidad impostergable. En 1999 Argentina pagó a sus acreedores unos 8.000 millones de dólares de intereses (13% del gasto público), en el 2000 la cifra llegará a casi 9.800 millones (más del 16% del gasto público) y en el 2001 el monto subirá al menos a 11.200 millones (casi 20% del gasto público). A esta altura ya no se trata solo de la legitimidad de esa deuda, sino de la manifiesta imposibilidad de seguir pagando. Continuar transfiriendo fondos a ese ritmo llevaría en un plazo no muy largo a un colapso social sin precedentes. La crisis financiera internacional y el potencial de autonomía del país (entre otras cosas, abundantes excedentes de alimentos y recursos energéticos y un tejido industrial importante), le otorga un amplio margen de negociación y una seria capacidad de resistencia a las presiones exteriores. Una eventual suspensión del pago de intereses significaría disponer a lo largo del próximo quinquenio de unos 10 mil millones de dólares anuales; si esas erogaciones fuesen reducidas a la mitad, de 5.000 millones.

Tercero: reactivación. La recomposición fiscal-previsional y la renegociación de la deuda implicarían un superávit fiscal anual no inferior a los 10.000 millones de dólares. Sería posible entonces reactivar la economía relanzando la demanda interna: el Estado podría aumentar jubilaciones y pensiones, salarios y empleos públicos, apoyar a las pymes (por ejemplo con reducciones tributarias, créditos baratos y otras ventajas a cambio de aumentos salariales), e implementar planes de desarrollo de infraestructura. La reactivación desataría un círculo virtuoso productivo-fiscal (a mayor actividad económica mayor recaudación tributaria y más fondos disponibles para seguir reactivando).

Cuarto: derogación de la Ley de Convertibilidad. Esto supone recuperar la soberanía cambiaria, la posibilidad de establecer los tipos de cambio que mejor convengan a los intereses nacionales. Atada como está ahora la economía a los vaivenes del dólar y a las estrategias de Estados Unidos, la sobrevalorada moneda hace caras las exportaciones y baratas las importaciones, con lo que el déficit comercial deviene crónico y solo "corregible" con fuertes dosis de recesión. Los neoliberales pretenden asustar con la amenaza de la devaluación inflacionaria y concentradora de ingresos, pero una política cambiaria autónoma combinada con compensaciones fiscales, crediticias, comerciales, salariales, etc., podría controlar y superar esos potenciales problemas5.

Quinto: una política activa de comercio exterior. Sobre la base de la soberanía cambiaria, constituiría el complemento indispensable de la reactivación no solo en lo que concierne el corto plazo (bloqueando avalanchas de importaciones suntuarias y otras no necesarias), sino también para el mediano-largo plazo, promoviendo la integración latinoamericana, las exportaciones. Implica la implementación de paquetes voluntaristas de medidas arancelarias, crediticias, tecnológicas, de política exterior, orientadas hacia objetivos comerciales concretos.

Sexto: las acciones descriptas deberían insertarse en estrategias de reconstrucción más profundas, que además de dinamizar la demanda interna aseguren su permanencia y el mejoramiento del nivel de vida y la calidad laboral de la población. La combinación de reactivación y excedentes fiscales permitiría desarrollar programas de salud pública, vivienda popular, educación, ciencia y tecnología.

Séptimo: reconstrucción del Estado. Es necesario aumentar su potencial de intervención extendiendo su presencia no solo en materia de seguridad social, comercio exterior, política cambiaria y fiscal, etc., sino también recuperando posiciones perdidas en áreas tales como la explotación petrolera, la aviación comercial, la gestión y desarrollo de caminos y otros rubros donde sería posible lograr beneficios adicionales y reducir costos para el conjunto de actividades económicas (abaratamiento o eliminación de peajes, reducción de precios de los combustibles, etc.). El neoliberalismo sostiene que de ese modo se tornaría a engordar a la corrupción y a la ineficiencia estatal, pero esos males, lejos de atenuarse, se acentuaron durante las últimas décadas, cuando los funcionarios liberales y otros igualmente sometidos a las directivas del FMI y del Banco Mundial realizaron el pillaje y la desarticulación de la Administración Publica, que culminó con el desguace menemista de los '90. La reconstrucción del Estado es esencialmente su democratización y saneamiento (fin de las mafias, reestructuración de su personal sobre la base del profesionalismo, transparencia de sus actividades, control popular de su funcionamiento), exactamente lo inverso de lo ocurrido a lo largo de aproximadamente el último medio siglo.

Se trata por supuesto de un viraje fundamental, que marcaría el fin del neoliberalismo, la eliminación del sistema de saqueo, la redistribución de ingresos, la reactivación del consumo popular, la conquista de la soberanía nacional, la reconstrucción democrática del Estado. No se trata de una de las alternativas posibles al capitalismo subdesarrollado, sino de atacar su estructura esencial, su corazón, al conjunto hiperconcentrado de intereses parasitarios (interno-externos) que lo gobierna. La situación ha evolucionado de tal manera que la sobrevivencia digna de la mayoría de los argentinos se contrapone, es estratégicamente antagónica a la reproducción de esas elites depredadoras. Al cabo de una larga mutación, el capitalismo argentino se ha convertido en un basural, en un sistema decadente que ha conseguido arrastrar a su ciénaga a los grandes partidos políticos populares que predominaron durante el siglo XX. Es por ello que el éxito de una alternativa de renacimiento económico y social dependerá de la emergencia de una nueva opción política, capaz de imponer y conducir un vasto proceso de regeneración económica, social, cultural y moral.

  1. En los '90 el PBI ha sido objeto de diversas manipulaciones oficiales (que ampliaron falsificaciones anteriores), destinadas a inflarlo. Una de ellas consistió en agregarle una componente de actividades no registradas "estimada" en un 28% del total; otras fueron la subestimación de los insumos productivos importados, del contrabando, etc. Además se siguió utilizando para los cálculos una estructura del PBI obsoleta, tanto que cuando fue oficialmente "actualizada" (en 1999) el gobierno informó sorpresivamente que se había visto obligado a rebanarle unos 30 mil millones de dólares al PBI de 1998 (más del 9%).
  2. Ana Baron, "El Fondo y otros organismos darán un préstamo especial", Clarín, Buenos Aires,11-11-00.
  3. Jorge Beinstein y Mario D. Lorenzo, "El saqueo de las jubilaciones", Le Monde diplomatique ed. Cono Sur, diciembre de 1999. Al liquidar el sistema estatal para los nuevos trabajadores aportantes, el Estado pierde los ingresos de aquellos que hubieran optado por el mismo, ya que esos nuevos fondos van ahora a las arcas de las AFJP. Pero el Estado sigue pagando las actuales jubilaciones y si elimina o reduce su contribución a las futuras jubilaciones privadas (la Prestación Básica Universal) eso no le causará ahorros importantes en el próximo quinquenio.
  4. En 1993, el entonces presidente Carlos Menem y el jefe de la oposición, el radical Raúl Alfonsín, firmaron el Pacto de Olivos, que autorizaba a modificar la Constitución Nacional para, esencialmente, permitir la reelección presidencial. Menem necesitaba más tiempo para terminar su obra y los radicales se lo otorgaron. Los justicialistas devuelven ahora la gentileza.
  5. Alfredo Eric y Eric Calcagno, "Alternativas al neoliberalismo", Le Monde diplomatique ed. Cono Sur, julio de 2000.
Autor/es Jorge Beinstein
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 18 - Diciembre 2000
Páginas:4, 5
Temas Corrupción, Desarrollo, Deuda Externa, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Políticas Locales
Países Estados Unidos, Argentina