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En defensa de un derecho socialBajo la consigna “Educadores y educadoras de América construyendo en la hora del cambio y la esperanza”, la Confederación de Educadores Americanos (CEA) realizó en los primeros días del pasado mes de abril su XVIII Congreso 1, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Oscuro panorama en casi toda América Latina.Cochabamba se encuentra en el corazón geográfico de Bolivia. Según sus docentes urbanos y rurales, es allí donde se ha venido marcando el tiempo político del país desde que la triunfante "Guerra del Agua" definió el principio del fin del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003 2. En esta ciudad emblemática, dirigentes gremiales y delegados institucionales reafirmaron una vez más en este encuentro la necesidad de defensa de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria frente a los embates privatizadores del modelo neoliberal, que intenta convertir a la educación en un servicio de contraprestación económica más, en vez de un derecho social al cual debe acceder libremente el conjunto de la ciudadanía. Apuntando a hacer cumplir sus resoluciones en los diversos espacios de participación y decisión, como el Parlatino, la UNESCO o los encuentros internacionales (como el Foro Mundial de Educación que se realizará del 28 al 31 de julio próximo en Porto Alegre, Brasil), el móvil de lucha de la CEA continúa siendo mejorar las vapuleadas condiciones laborales de los educadores y sostener el principio de una educación de calidad plural, solidaria e integradora para todos los sectores sociales, incluso los más postergados. Avances y retrocesosAunque en algunos países se esté viviendo un temporario clima de expectativa -como en Bolivia o Argentina- los casos de retroceso y expoliación son claros en todo el continente. En Ecuador, por ejemplo, donde existe un importante movimiento social que evalúa la situación de empobrecimiento de las escuelas, los docentes y la población, se ha conquistado un aumento sobre el salario básico docente de 100 dólares, más un financiamiento para la campaña nacional de alfabetización que lleva adelante la Unión Nacional de Educadores (UNE). Pero el gobierno de Lucio Gutiérrez ha hecho uso del 35% del presupuesto nacional para pagar la deuda externa, mientras el Movimiento Cristiano, conjuntamente con el FMI, se moviliza contra los proyectos de educación pública, laica y gratuita y rechaza la creación de un consejo nacional de educación capaz de unificar los planes curriculares. En la vecina Colombia, militarización regional mediante, el presupuesto destinado a Defensa es cada vez mayor, en detrimento de los presupuestos del sector social. En el caso de Brasil, las reformas decretadas a fines del año pasado en Seguridad Social por el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva generaron polémicas en las agrupaciones de base del Partido de los Trabajadores (PT) y llevaron al sector docente y no docente a reclamar una recomposición salarial de emergencia del 50% más una recomposición histórica, acumulada de 1995 a 2003, del 127%. El avance de los sectores privados -sea en forma de instituciones financiadas por el sector empresarial, autofinanciadas o universidades virtuales- llegó al punto de que cerca del 80% de los estudiantes de nivel superior en Brasil pertenecen a ese sector, de los cuales sólo el 48% de los que comienzan finalizan el cursado sin haber sufrido algún tipo de dificultad económica. En México, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el mayor de ese país, con más de 2 millones de afiliados, ha logrado una importante política de vinculación entre sectores docentes y familiares, fortaleciendo los intereses y demandas comunitarias; pero dada su dependencia del PRI (Partido Revolucionario Institucional) avaló por obra u omisión las reformas neoliberales gestadas por ese partido en el gobierno. En Guatemala y Costa Rica falta decisión política y financiamiento para finalizar los cambios en los sistemas educativos; en Venezuela existe una importante inversión por parte del gobierno de Hugo Chávez en nuevos proyectos educativos, aunque los sindicatos opositores denuncian que se están propiciando sistemas paralelos al sistema educativo formal con las llamadas "escuelas bolivarianas". ¿Apóstoles o trabajadores?La principal causa generalizada de conflictividad reside en la desregulación de las relaciones de trabajo, que incrementan las jornadas laborales sin una remuneración acorde y en ausencia de efectivas coberturas de salud y pensión. En Paraguay, por ejemplo, la Ley de Jubilaciones de diciembre de 2003, que está generando numerosas medidas de fuerza, impuso que los docentes de nivel superior recién puedan jubilarse a los 75 años. En Martinica, los proyectos de descentralización y jubilación del gobierno francés, que delegaron más poderes a las regiones, hicieron que a partir de enero de 2005 los trabajadores de la educación ya no sean considerados servidores públicos. El docente latinoamericano lidia como un apóstol, más que como un trabajador, con una realidad que lo desborda, al tiempo que padece el descrédito social y el ataque a la acción sindical, que apunta a convertirlo en causante de la crisis educativa. La excepción sigue siendo Cuba, que asegura el 100% de alfabetización para su población y un régimen escolar de excelencia, en el que actualmente se tiende a que no haya más de 20 alumnos por clase en la primaria y 15 en la secundaria, más una serie de recursos técnicos para una nueva pedagogía como la televisión, el video y la computación. Por su parte, la región de Québec, en Canadá, dispone de un sistema de seguridad social estatal para los trabajadores de la educación, que si bien sufrió ciertos retrocesos con las reformas neoliberales de los últimos años -al igual que las privatizaciones de la educación superior- aún se encuentra en una situación de ventaja respecto del resto del continente. Los docentes americanos nucleados en la CEA plantean la necesidad de repensar una educación pública integradora. Paradójicamente para muchos, la instrucción pública de principios del siglo pasado vino a convertirse en un bastión democrático frente al aun más excluyente avance de la privatización y el mercadeo educativo.
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