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Amnistía Internacional acusa

En un informe titulado Argelia: la verdad y la justicia ocultas por la impunidad, publicado en Londres en diciembre de 2000 (http://efai.i-france.com), Amnistía Internacional hace un balance acusador de la situación de los derechos humanos en Argelia.

Desde 1992, fueron asesinados más de 100.000 argelinos, millares de personas han sido torturadas y otras miles han "desaparecido". Todos los sectores de la sociedad, todas las generaciones y todas las clases sociales se han visto afectadas por la oleada sin fin de homicidios y otros atentados a los derechos fundamentales que, desde hace diez años, inunda Argelia. Incluso las personas más vulnerables de la sociedad -ancianos, enfermos, lactantes y mujeres embarazadas- han sido víctimas de la incesante violencia.

La población civil se ha visto aterrorizada por atentados con explosivos y ataques de mortero contra mercados, cafés, trenes, autobuses y otros lugares públicos; circula con miedo por las carreteras debido a los cordones instalados por hombres armados que matan selectivamente a los ocupantes de vehículos. Hombres, mujeres, niños y bebés han sido asesinados individualmente o en matanzas perpetradas por grupos armados que se definen como "grupos islámicos"; han sido muertos a balazos, decapitados y mutilados, quemados o destrozados por bombas.

Mujeres raptadas por los miembros de esos grupos han sido violadas. Miembros de las fuerzas de seguridad o de milicias paramilitares han abatido a civiles desarmados, en algunos casos en sus domicilios y en presencia de los suyos. Otros han muerto después de haber sido torturados. Las fuerzas de seguridad han expuesto en lugares públicos cuerpos a veces mutilados o desfigurados de quienes según ellas murieron en enfrentamientos armados.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se ha llegado a establecer la verdad, sea que los atentados contra los derechos humanos sean imputables a las fuerzas de seguridad, a las milicias armadas por el Estado o a los grupos armados, y se han tomado pocas medidas para obligar a los presuntos responsables a rendir cuentas. A pesar de las obligaciones que tiene Argelia, resultantes de la legislación nacional y de las normas internacionales relativas a los derechos humanos, los gobiernos sucesivos no han tomado las medidas necesarias para garantizar que se realicen investigaciones profundas, independientes e imparciales sobre los atentados, pasados y presentes, contra los derechos humanos, y que los presuntos responsables sean llevados a la justicia. La impunidad generalizada permitió a una gran cantidad de personas reconocidamente culpables de crímenes atroces escapar a la justicia y ha privado a las víctimas y a sus familias de la posibilidad de obtener reparación.

Los casos de detención secreta prolongada -una práctica contraria a la legislación argelina y a las normas internacionales relativas a los derechos humanos- siguieron reiterándose durante el año transcurrido. Contra lo que contempla la legislación argelina, en la práctica se mantiene en secreto a las personas detenidas por las fuerzas de seguridad y no se reconoce su detención.

Todos los esfuerzos llevados a cabo desde hace nueve años por Amnistía Internacional así como por las familias y los abogados de los detenidos, para conseguir del gobierno argelino y de las autoridades judiciales argelinas informaciones y aclaración sobre el lugar de detención de personas mantenidas en custodia por las fuerzas de seguridad, han sido en vano: las autoridades han negado sistemáticamente tener conocimiento de los casos de esas personas mientras no sean presentadas ante una autoridad judicial o puestas en libertad (…)

En 1999 y 2000, las autoridades argelinas tomaron varias medidas con la declarada intención de restablecer la paz y llegar a una reconciliación nacional. Miles de presos políticos fueron amnistiados y varios miles de miembros de grupos armados se beneficiaron con la exoneración de los procedimientos. Amnistía Internacional deplora, sin embargo, que la impunidad que continúan disfrutando los miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias armadas por el Estado, en casi todos los casos, se haya ampliado a miembros de grupos armados que podrían ser responsables de homicidios y torturas, entre otras exacciones. La organización pide la abrogación de la Ley de amnistía, promulgada recientemente, y que sean llevados ante la justicia todos los miembros de grupos armados culpables de exacciones.s

Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 22 - Abril 2001
Páginas:19
Temas Conflictos Armados, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Políticas Locales
Países Argelia