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Argelia: la guerra continúa

La guerra que protagonizan en Argelia militares, paramilitares e islamistas armados empieza a entenderse a partir de la norma no escrita según la cual el ejército, surgido del Frente de Liberación Nacional que logró la independencia respecto de Francia, está por encima del Estado y del derecho. La coalición gubernamental y el mismo presidente Abdelaziz Buteflika avalan un supuesto acuerdo secreto entre las fuerzas de la Seguridad Militar y los terroristas islámicos. De manera que las atrocidades y matanzas que padece la población civil, denunciada por Amnistía Internacional, resultan de difícil atribución.

A pesar de las formidables esperanzas generadas en abril de 1999 por la elección de Abdelaziz Buteflika para la presidencia de la República, la crisis argelina entra en su décimo año y parece eternizarse sin perspectivas de paz. No bien asumió su cargo, Buteflika se dedicó a conseguir que se aceptara la "concordia civil", sobre la base de un acuerdo, que se mantiene en secreto, entre la Seguridad Militar y el Ejército Islámico de Salvación (AIS), brazo armado del Frente Islámico de Salvación (FIS), disuelto.

Firmado durante el mandato del presidente Liamine Zéroual (1995-1999), aunque sin su consentimiento -de ahí su salida del gobierno- este acuerdo fue avalado por Buteflika. El nuevo Presidente aceptó incluso darle la cobertura política que le faltaba, convencido de que así creaba una verdadera dinámica de paz en detrimento de los generales que estuvieron en el origen del conflicto al anular, en enero de 1992, los resultados de las elecciones legislativas que ganaron los islamistas.

Mientras tanto, la guerra ha seguido causando miles de muertos, particularmente de familias de civiles asesinadas en sus pueblos sin que la gendarmería lleve a cabo verdaderas investigaciones y sólo muy raramente detenga a los culpables. Lo cual suscita dudas y genera polémicas acerca de la identidad de los autores de algunas de esas masacres. Dada la existencia de actividades guerrilleras, la "concordia civil" se salda con un fracaso que numerosos observadores explican por la naturaleza secreta de los acuerdos firmados con los islamistas. Hay quienes dudan incluso de que esos acuerdos sean reales, adelantando la siguiente hipótesis: se trataría de una manipulación llevada a cabo con falsos islamistas que se habrían unido a la guerrilla por orden de los servicios de inteligencia militar. Según algunos periódicos, esta pista se vería confirmada por la impunidad que disfrutan los arrepentidos que, sin embargo, han reivindicado crímenes sangrientos y debieron haber comparecido ante un tribunal1.

Engranaje mortal

Consciente de los límites de esta operación, el presidente Buteflika intenta retomar la iniciativa negociando con los islamistas un nuevo acuerdo que desemboque en una "concordia nacional", exactamente lo mismo que intentó hacer su predecesor el general Liamine Zéroual. Para los militares, se trata de un casus belli, puesto que para ellos la gestión política del conflicto con los islamistas es asunto suyo y no de la presidencia.

De ahí las críticas de los partidos de la coalición gubernamental2, advirtiendo a un Presidente cuya autoridad sólo reconocen si respeta la regla no escrita del sistema político argelino: el ejército se mantiene por encima de las instituciones del Estado. Esos partidos, supuestamente representativos de las corrientes ideológicas de la sociedad, desde la sensibilidad llamada laica -como la Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD) de Said Sadi- hasta la sensibilidad llamada islamista -como el Movimiento de la Sociedad para la Paz (MSP), de Mahouf Nahnah- apoyaron la candidatura de Buteflika en abril de 1999, así como los acuerdos entre el ejército y el AIS, lo que les sirvió para entrar en el gobierno.

Pero esos partidos tienen ante todo en común el oponerse al Frente Islámico de Salvación (FIS) y al Frente de las Fuerzas Socialistas (FFS), así como al Presidente en caso de que éste discrepe con el mando militar. Por lo menos a nivel de su dirección, porque muchos militantes de base les reprochan el apoyo a los acuerdos secretos con los islamistas armados y su negativa a unas negociaciones transparentes con el ala política del FIS, como las que en 1995 desembocaron en la plataforma de Roma3.

El régimen sigue siendo el mismo que hace diez años, lo que explica que los militares se mantengan en sus posiciones, como en enero de 1992. Los mismos oficiales superiores siguieron en sus funciones o mantuvieron su influencia, mientras se sucedían cinco presidentes. Son los generales Mohamed Lamari, Tewfik Médiène y Smaín Lamari y los generales retirados (pero siempre influyentes) Khaled Nezzar y Larbi Belkheir4 quienes, después de haber eliminado a Chadli Bendjedid -y una vez asesinado Mohamed Budiaf- hicieron saltar a Ali Kafi y Liamine Zéroual y mas tarde designaron a Ahmed Buteflika. Cabe preguntarse si su reciente desacuerdo con este último anuncia unas elecciones presidenciales anticipadas.

En contraste con la rotación de presidentes, la longevidad de los generales en sus funciones no está justificada por la situación en el país: no han dado ninguna prueba de competencia indiscutible, dado que la guerrilla sigue asesinando. Aunque afirman lo contrario, esos oficiales superiores hacen política. Inmiscuyéndose en el terreno político, donde intervienen clandestinamente con ayuda de un grupo concebido especialmente para este fin -la Seguridad Militar (SM)- también han establecido relaciones con los partidos, la prensa, los sindicatos y diferentes asociaciones, lo que explica la protesta que suscita cualquier demanda contra los servicios de seguridad en materia de violaciones contra los derechos humanos. Como ocurrió durante la campaña contra Amnistía Internacional y contra los libros Qui a tué Bentalha? y La Sale guerre, o contra los intelectuales que firmaron peticiones exigiendo una comisión internacional de investigación. Estas reacciones apuntan también contra algunas personalidades del régimen que se pronuncian abiertamente por una solución política a la crisis.

La estrategia mediática de los oficiales que controlan la Seguridad Militar consiste en dar la impresión de que los objetivos del ejército están anclados en la "sociedad civil", que disfrutaría de tal pluralismo, de tales posibilidades de expresión, que podría derrocar a un Presidente, como ocurrió con Zéroual. Sin embargo, esta libertad de prensa, al ejercerse contra un poder formal (el del Presidente, que carece de autoridad real), solo sirve para que un régimen autoritario y represivo parezca democrático, presentando al ejército como el último escudo frente al espantajo integrista.

Todo el talento de los oficiales consiste en mantener la mayor opacidad posible en torno a la doble naturaleza del poder del Estado, para enmascarar la preeminencia del mando militar sobre las instituciones civiles. Esta cortina de humo oculta también una represión que la comunidad internacional ya no puede aceptar. Lo que inquieta al mando militar.

Los generales temen especialmente a Amnistía Internacional, ahora actor en el conflicto, que amenaza con hacerles comparecer ante un Tribunal Penal Internacional por "violaciones de las leyes del país y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos" (ver "Amnistía Internacional acusa", pág. 19). Cuando en noviembre de 2000 los miembros de la delegación de Aministía que visitaba Argelia pidieron escuchar a los generales Mohamed Lamari, Tewfik Médiène y Smaín Lamari respecto a las "desapariciones" y otras actuaciones extra judiciales, provocaron una protesta en la prensa argelina. Y con razón: esta ONG desacralizaba a oficiales superiores considerados por los periódicos como héroes.

Nada hay en todo esto que pueda disgustar al presidente Buteflika, cuyas relaciones con los cabecillas del ejército parecen el juego del gato y el ratón. Cuanto mayor sea la presión sobre los generales mejor puede renegociar la línea roja que se le ha impuesto. El Presidente espera así sacar ventaja de las sospechas de masacres que pesan sobre ellos. Conscientes de esto, los jefes militares ven cómo se va reduciendo el margen de maniobra de que disponen frente a un Presidente que, saben, se tomará la revancha en cuanto se presente la ocasión.

El cuerpo de oficiales está muy lejos de ser homogéneo: lo dividen las mismas discrepancias que atraviesan la sociedad, con el matiz de que la solidaridad de cuerpo les impone una discreción que hasta el momento había preservado al ejército de la desintegración. Sin embargo las acusaciones contra los generales Mohamed Lamari, Tewfik Médiène y Smaín Lamari los han debilitado en la competencia con sus colegas, que podrían verse tentados de sacrificarlos para salvar a la institución. Lo demuestra la lectura de los informes de Amnistía Internacional: con excepción de Afganistán, no hay actualmente en el mundo ningún país donde se violen tan masivamente los derechos humanos como en Argelia, ni donde la legalidad del Estado sea tan escarnecida por el mando militar, una institución que debería estar a su servicio.

¿Cómo ha podido desencadenar semejante represión contra su propia población un régimen antaño respetado? Para responder a esta pregunta hay que recordar que este mismo régimen surgió de un movimiento insurreccional que no ahorró vidas humanas para conseguir la independencia. Lo atestiguan matanzas como la de Melouza, atribuida al ejército colonial5. Para los jefes de la guerrilla de entonces, cualquier argelino que no estuviera con el FLN era considerado traidor, y por eso mismo merecía la muerte.

Esta cultura de la muerte -presente también entre los islamistas, que le dan una legitimación religiosa- persiste entre los generales: se identifican con el ejército destinado a ser la encarnación de la nación, que solo el régimen salido del FLN sería capaz de defender contra los "traidores". Esta mentalidad se opone a una cultura de la ciudadanía: confiere a los militares un derecho de vida y muerte sobre poblaciones sospechosas de querer la dislocación de la nación6.

Sabiendo que la comunidad internacional no toleraría nunca el nivel de represión existente, los generales han limitado la libertad de informar sobre las matanzas, prohibiendo a los grandes medios de comunicación extranjeros venir a Argelia. A pesar de este black out mediático, las ligas de derechos humanos, las asociaciones de familiares de desaparecidos y víctimas del terrorismo consiguen, con ayuda de muchos periodistas y ONG"s, levantar la lápida del silencio: logran atraer la atención de los argelinos y de la comunidad internacional sobre la realidad de un conflicto cuyos protagonistas actúan, a menudo, bajo la identidad de sus adversarios. Así, los cordones de falsos militares levantados por verdaderos islamistas o las represalias efectuadas por verdaderos militares disfrazados de islamistas, se han convertido en la característica de un enfrentamiento cuyos protagonistas solicitan de la opinión pública una condena para los actos cometidos por unos e imputados a otros.

Para entender el sentido del engranaje de violencia asesina y el comportamiento de los distintos beligerantes, es preciso reconstruir también el campo de la confrontación e identificar a los protagonistas.

El primero es el ejército, que interviene de tres maneras: las operaciones de limpieza anunciadas a la prensa -a veces transmitidas por televisión- en las que toman parte las unidades tradicionales: las operaciones "puñetazo" de unidades especiales destinadas a neutralizar grupos armados localizados en un lugar preciso; finalmente, las misiones de la SM, cuyos agentes explotan las informaciones obtenidas mediante torturas o proporcionadas por agentes infiltrados, para ejecutar sumariamente a personas sospechosas de ayudar a los islamistas.

Segundo protagonista: las fuerzas paramilitares (milicias, grupos llamados de legítima defensa…), compuestas de civiles armados7. La distribución masiva de armas a personas cuyos familiares han muerto a manos de islamistas, o a habitantes de pueblos que han sido víctimas de ataques de grupos presuntamente islamistas, tiene como objetivo implicar a civiles en una confrontación donde el ejército quisiera aparecer como neutral, confinado a un rol de mantenimiento del orden. Esta estrategia demostró sus limitaciones con la multiplicación de delitos comunes cometidos con las armas distribuidas, que la prensa publica diariamente.

Tercer protagonista: el islamismo armado, que sigue siendo tan fuerte como al comienzo de la crisis, aunque nadie sepa de dónde saca esa vitalidad. Aunque circulan informaciones que les conciernen, en forma de rumores, los periodistas no tienen derecho a contarlo, so pena de encarcelamiento. Parecería que tras el dudoso acuerdo entre el AIS y la Seguridad Militar, una parte de los islamistas volvió a tomar las armas y se unió al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) de Hassan Hattab, un paracaidista desertor que está por convertirse en el jefe nacional de los guerrilleros, cuyas actividades coordinaría desde su Kabylia natal.

Esta arquitectura del campo de la confrontación obedece a la lógica general del sistema, donde el mando militar está por encima del Estado y sus instituciones. Por eso, ningún juez se puede hacer cargo de un asunto de terrorismo si no tiene autorización expresa de su jerarquía. No sólo los servicios del Estado no pueden tomar ninguna iniciativa en la lucha antiterrorista, sino que la justicia carece de la prerrogativa de tratar asuntos de violencia política, sobre todo si se han producido detenciones, debido a la doble militancia de algunos terroristas.

El conflicto tiene posibilidades de durar mientras la renta del petróleo financie la economía de guerra y mientras la creciente pobreza empuje a los jóvenes hacia la guerrilla islamista. La crisis continuará mientras no se produzca una implicación de la comunidad internacional. Sin embargo, los medios de comunicación extranjeros tienen ahora otra visión de Argelia, anunciadora de cambios en las posiciones de las capitales occidentales que hasta ahora apoyaban firmemente al régimen.

Predomina la idea de que el conflicto continuará mientras los generales conserven su poder sobre el Estado y la prensa. En todo caso, es la conclusión de un informe publicado en Europa que ha tenido el efecto de una ducha fría sobre Argelia. El documento formula las siguientes "recomendaciones al gobierno y al presidente argelinos":

1) Establecer un gobierno de transición, formado por los partidos políticos que participaron en las elecciones de 1991.

2) Dar una expresión política legítima a las aspiraciones y sentimientos políticos de los islamistas. Eso no implicaría, necesariamente, que el gobierno legalice nuevamente al FIS, pero podría significar el reconocimiento del Wafa, de Talib Ibrahimi, considerado como el sucesor del FIS.

Entablar un diálogo público y transparente con todos los grupos islámicos bajo el liderazgo del Wafa, con ayuda de una tercera parte neutral. Es evidente que cualquier iniciativa de ese tipo deberá tener en cuenta los acuerdos de Sant´Egidio de 1995.

4) Disolver la Asamblea Popular Nacional (APN), las asambleas regionales y municipales y determinar un calendario para la celebración de nuevas elecciones comunales, legislativas y presidenciales

5) Establecer un proceso de revisión constitucional proponiendo nuevas reglas institucionales que garanticen mayor transparencia y la libre participación de todos los partidos. También hay que redefinir el papel del ejército argelino, en tanto parte integrante de la estructura política.

6) Crear una Comisión Verdad y Reconciliación, sobre el modelo de experiencias pasadas, tales como las de Chile, Argentina o Sudáfrica, que tenga observadores internacionales. El proceso de reconciliación debe tener en cuenta las preocupaciones de las víctimas de la violencia.

7) Apoyar un diálogo entre el gobierno argelino y los islamistas, ofreciendo un marco de encuentro y mediación…"8

  1. Ver el caso Omar Chikhi, La Tribune, Ginebra, 24-2-2001
  2. Frente de Liberación Nacional (FLN), Agrupación Nacional para la Democracia (RND), Movimiento de la Sociedad para la Paz (MSP), Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD), Alianza Nacional Republicana (ANR)…
  3. Le Monde diplomatique fue el único periódico que publicó el texto integral en su número de marzo de 1995.
  4. El general Larbi Belkheir volvió al servicio en septiembre de 2000, convirtiéndose en director del gabinete de la presidencia, designado para el puesto por el Ministerio de Defensa, sin duda con el objetivo de reducir el margen de maniobra de Buteflika, en quien los generales ya no confían.
  5. Ver los trabajos de Mohamed Hrbi y Benjamín Stora sobre esos episodios.
  6. La respuesta del general Mohamed Lamari a las acusaciones contenidas en La Sale Guerre (Cf. Le Quotidien d´Oran, 28-2-2001) es la ilustración de ese mecanismo que consiste en situar implícitamente al ejército como el único depositario del patriotismo, lo que coloca a los generales por encima del Estado y del derecho y les da la prerrogativa de abusar de sus poderes e identificarse con la nación. Por eso, el general sería sagrado y no dependería de la justicia de los hombres. A lo que el pueblo llano responde que "no hay más Dios que Dios".
  7. Algunos de ellos, que viven en territorios enclavados, colaboran a veces con los islamistas armados a quienes abastecen de municiones para sustraerse a acciones de represalias.
  8. International Crisis Group, La crise algérienne n´est pas finie, Bruselas, octubre de 2000. Ver: http://www.crisisweb.org
Autor/es Lahuardi Addi
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 22 - Abril 2001
Páginas:18, 19
Temas Conflictos Armados, Militares, Movimientos de Liberación, Terrorismo, Colonialismo, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales, Islamismo
Países Argentina, Afganistán, Argelia, Sudáfrica, Chile, Francia