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Contrarrevolución cultural en Estados Unidos

La política de la administración estadounidense prolonga el ultraconservadurismo impulsado desde 1994 por el Partido Republicano, que ahora logró la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Un partido cuyo referente ineludible ha pasado a ser el fundamentalismo cristiano y la población blanca de las zonas rurales del centro y el oeste del país.

Thimothy McVeigh, el joven veterano de la guerra del Golfo y principal convicto del atentado contra un edificio federal de Oklahoma el 19 de abril de 19951 que dejó 168 muertos, entre ellos 19 niños que se encontraban en la guardería del establecimiento, volvió a las primeras páginas de los diarios debido al aplazamiento de su inminente ejecución, por irregularidades en el procedimiento del Federal Bureau of Investigation (FBI).

Ese atentado se produjo en el apogeo de la revolución conservadora impulsada por el entonces presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Newt Gingrich, desde que en 1994 el Partido Republicano logró en el Congreso la mayoría de la que había estado desplazado durante 40 años. La mentalidad y fundamentaciones de McVeigh y sus colaboradores Terry Nichols y Mike Fortier, pusieron sobre el tapete uno de los factores que en ese momento cobraban importancia dentro del Partido Republicano y explicaban su transformación: en efecto, además del desarrollo de la derecha religiosa, encarnada en el fundamentalismo de la Coalición Cristiana, con personajes como el telepredicador Pat Robertson y Jerry Falwell, director de Mayoría Moral, crecía la importancia de los grupos libertarios, cuya idea básica es "la reducción radical del gobierno"2 y que en muchos casos tomaron la forma de milicias armadas antigubernamentales. Esas milicias nuclearían hasta 100.000 estadounidenses en 1995, pero sus adherentes desarmados sumarían millones. Los seguidores de esta tendencia eran mayormente hombres de sectores de población de ascendencia anglosajona, habitantes de las áreas agrícolas de Michigan, del oeste y el lejano oeste, afectados por las fluctuaciones de los mercados internacionales3.

Esto no significa en absoluto que haya fundamentos para creer que el Partido Republicano haya estado detrás del atentado de Oklahoma; y ni siquiera se ha establecido una clara pertenencia de los acusados del atentado a determinado grupo miliciano. Pero sí cabe afirmar un continuum entre la mentalidad de asediados, la noción de una política inspirada en la interpretación literal de textos religiosos, la prioridad otorgada al derecho de los ciudadanos a armarse y protegerse del gobierno federal por sobre los demás derechos, la voluntad de restaurar la familia jerárquica tradicional de autoridad masculina4, la reafirmación de la superioridad de los blancos, la ofensiva contra el derecho al aborto, contra los principios de la discriminación positiva y toda política favorable a minorías, étnicas o sexuales, la hostilidad a la regulación medio ambiental (vista como una amenaza al derecho de propiedad), la sensación de una conjura de entidades internacionales (empezando por la Onu, pero también el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, o la Organización Mundial de Comercio), contra la supremacía nacional estadounidense y una cultura y una mentalidad difundidas y en ascenso, donde las tendencias definitorias del Partido Republicano de la década de los 90 hallaban una importante base social. Todos estos rasgos son compartidos por los republicanos, notoriamente por su ala derecha, y las milicias.

El conservadurismo compasivo

No es posible entender los criterios ni el grado de aceptación pública de la actual administración republicana si no se tienen en cuenta esos factores, que remontándose al origen histórico nacional, intervinieron de manera novedosa en el curso de la década de los '90 para reconfigurar a uno de los grandes partidos de Estados Unidos, hasta el punto de volver por momentos irreconocible su fundamento liberal.

El "conservadurismo compasivo" -sobre el que giró la campaña presidencial del actual presidente de Estados Unidos George W. Bush- cobró forma apenas un mes después de asumir su cargo con una iniciativa que representa "el esfuerzo más sustancial en años por incrementar el rol de la religión en la vida pública de Estados Unidos"5 : el 20 de febrero último la Casa Blanca inauguró la Oficina de Iniciativas Comunitarias basadas en la Fe, cuya dirección fue confiada a John J. Dilulio, un experto en delincuencia juvenil. La medida de Bush propone la integración de grupos religiosos en los servicios sociales financiados por el gobierno federal. Parte de las cuestiones abordadas por esos programas serían problemas como violencia juvenil, adicciones, embarazo adolescente. Por una parte la iniciativa fue descripta como "un audaz ataque a la separación entre iglesia y Estado" , un dejar que "la religión defina la moralidad"6: en efecto, los defensores tanto del laicismo como de la libertad religiosa en tanto indisociables de la democracia pusieron en cuestión la constitucionalidad misma de la medida. Aunque los posicionamientos estuvieron lejos de ser lineales: un izquierdista como David Cole defiende la ventaja de que organizaciones religiosas realicen "un verdadero trabajo social" , mientras que sacerdotes católicos como Lorenzo Albacete se oponen con el argumento de que la religión "no es instrumental"7. Pero la mayor paradoja que confronta Bush son los recelos y críticas aún más duros de organizaciones religiosas como la del mismo Pat Robertson, quien objetó que no podía ponerse en el mismo nivel las religiones como el cristianismo, el judaísmo y el islam y cultos como la Iglesia de la Cientología o el Hare Krishna. Por su parte, el antirrepublicano Louis Farrakhan, director de Nación del Islam, se opuso para eludir toda posible cooptación por parte del partido en el gobierno.

Como presidente, Bush se encuentra con que no puede establecer discriminaciones entre religiones, ni siquiera distinguir entre religión y culto. En suma, la polémica sobre las relaciones entre iglesia y Estado parece haberse convertido en este momento en la cuestión de la relación entre el Estado y cuál o cuáles religiones, pero no deja de ser una cesión a organismos religiosos de funciones del Estado.

La educación

Otro terreno donde campea un criterio antigubernamental que apreciarían los milicianos es el de la educación: la tendencia republicana es hostil a un sistema escolar público centralizado como el que promovió la administración Clinton. Tiende a dejar los criterios de educación librados a las autoridades estatales y locales y aun a comunidades; impulsa el sistema de "escuelas charter" (ya autorizadas en 19 estados), esto es, escuelas públicas financiadas por el gobierno federal pero libres de todo control burocrático, que educan según criterios propios y pierden los fondos si falla su eficacia (una categoría nunca bien definida).

En otro aspecto, Bush apoya un proyecto de ley presentado en el Congreso denominado Acta de Protección de la Reponsabilidad del Docente, que impediría entablar juicio contra docentes que golpeen a sus alumnos, resultando de hecho en que en Estados como Texas, Mississipi y Louisiana, donde es legal pegar a los chicos con palmetas de madera, se incremente el recurso al castigo. La justificación de los golpes como modo de educación tanto en la familia como en la escuela surge de la interpretación literal de la Biblia, que aconseja "no escatimar la vara"8.

Siempre en el campo de la educación, es altamente probable que el Congreso renueve un Programa que forma parte de la ley de reforma del Estado de bienestar (Welfare State), que se remonta a 1996 y que impone pautas de moral sexual conservadora sobre la población de bajos ingresos. Conocido como "educación en la abstinencia" , el programa impone como norma la actividad sexual exclusivamente dentro del matrimonio tradicional, marginalizando así no solamente a los adolescentes gays y lesbianas sino toda actividad sexual prematrimonial. Esto a pesar de que la opinión mayoritaria de los padres es que las escuelas públicas impartan educación sexual independiente de normativas religiosas9.

Derechos amenazados

A corto plazo el presidente Bush debe proceder a 99 designaciones en las Cortes Federales. Uno de los objetivos de su administración más inquietantes para sus adversarios después del nombramiento de John Ahscroft como secretario de Justicia, es lograr un vuelco en la composición de la justicia federal, con el objetivo de generar normas más restrictivas en cuestiones polémicas como los derechos de las mujeres, de los gays, la protección de los derechos civiles y del medio ambiente y de dar fuerza de ley a la moral de la derecha religiosa10.

Motivos de inquietud para los partidarios de esas causas no faltan: el 26 de abril pasado la Cámara de Representantes aprobó por 252 votos contra 172 un proyecto de ley que había sido vetado por el presidente Clinton, pero que en cambio goza del apoyo del presidente Bush: la ley denominada Víctimas de Violencia No Nacidas, establece sanciones penales para quien al atacar a una mujer embarazada dañe al embrión. Los promotores de la ley, antiabortistas, la presentaron como una ley que no deja impune a quien dañe al feto; los opositores, cuyo fracasado proyecto alternativo era agravar las penas cuando un ataque es contra una mujer embarazada pero sin dar al feto identidad autónoma, la denuncian como un apenas velado intento de socavar el derecho al aborto, dando protección legal al feto como entidad separada de la madre.

Otro terreno de contienda es la píldora poscoital RU-486, ya aprobada durante la administración anterior, con la oposición de los antiabortistas. Se atribuye la dilación de Bush en designar al comisionado de la Food and Druggs Administration al hecho de que el flamante secretario de salud Tommy Thompson se comprometió a revisar el carácter seguro de la RU-486.

El 10 de mayo de 2001 la Corte Suprema de Estados Unidos, por 5 votos contra 4, falló que los organismos que reciben fondos federales (ya sean Estados, escuelas o universidades,) no pueden ser demandados por implementar políticas que afecten a minorías étnicas, sexuales o a las mujeres; solamente se puede demandar contra actos deliberados de discriminación. ¿Pero cómo se prueba esa intencionalidad? El fallo pone en cuestión nada menos que la Ley de Derechos Civiles aprobada el 2 de julio de 1964, después del asesinato de su propulsor, Martin Luther King11.

El Acta de Derechos civiles, la ley Roe vs. Wade que consagra el derecho al aborto decidido por la mujer, la eliminación de la pena de muerte lograda en el auge de los años 60 pero revertida por el reaganismo, las esforzadas conquistas de los últimos 40 años contra la discriminación social, étnica y sexual, en una búsqueda no superada de radicalización de la democracia, son, claro, asuntos internos de Estados Unidos, culminaciones de procesos político-culturales que le son peculiares; pero son también hitos de la civilización y dado el sostenido liderazgo de ese país alcanzaron una trascendencia extraordinaria. No cabe subestimar lo que significa políticamente para toda América, para Occidente y el mundo, el impacto de la contrarrevolución cultural en curso, hoy impulsada abiertamente desde Washington.

  1. La fecha marcaba el segundo aniversario de la incursión del FBI en la granja de Waco, Texas, donde se había atrincherado la secta davídica de David Koresh, en cuyo incendio murieron más de 80 personas. Aunque no se ha establecido fehacientemente si el FBI o los mismos miembros de la secta provocaron el incendio, Timothy McVeigh interpretó la acción del FBI como un abuso gubernamental que merecía una represalia.
  2. The Washington Post, 12-6-94
  3. Beverly Crawford and Ronnie D. Lipschutz, "The Myth of Ethnic Conflict" , Internet.
  4. En un país donde hoy menos del 25 % de los hogares está formado por una pareja casada y sus hijos (The New York Times, 15-5-01)
  5. Steven Waldman, "Doubts among the Faithful" , The New York Times, 7-3-01.
  6. Ellen Willis, "Freedom from Religion" , en The Nation, Nueva York, 19-2-01.
  7. Courrier International N. 538, Paris, 21/28-2-01.
  8. The New York Times, 7-5-2001.
  9. Marjorie Heins, "Sex, Lies and Politics" , The Nation, Nueva York, 7-5-01.
  10. The New York Times, 11-5-01, y "Take Back the Courts" en The Nation, Nueva York, 21-5-01.
  11. 11 Clarín, Buenos Aires, 11-5-01.
Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Artículos especiales para eldiplo.org
Número de ediciónNúmero 23 - Mayo 2001
Temas Movimientos de Liberación, Genocidio, Sexismo, Deuda Externa, Trabajo, Derechos Humanos, Justicia Internacional, Estado (Política), Geopolítica, Movimientos Sociales, Judaísmo, Deportes, Prostitución
Países Canadá, Estados Unidos, México