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Recuadros:

El saqueo de las jubilaciones

Los aportantes a las administradoras privadas de los fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) son víctimas de la depredación de sus ahorros y la mayor parte de los actuales jubilados perciben haberes miserables. El déficit previsional estatal llegó a dimensiones colosales y es la principal causa del endeudamiento. La "gran reforma previsional" es un mecanismo de saqueo de salarios y recursos públicos que amenaza con hacer colapsar al Estado. También en Francia se pretende que el sector pasivo hará quebrar al sistema previsional, pero René Passet demuestra que el argumento es falso (dossier págs. 22 a 25).

El 5 de octubre pasado se anunciaba el alto rendimiento obtenido por los fondos previsionales argentinos durante el mes de septiembre, debido a la recuperación de los precios de títulos públicos y acciones locales1 donde las AFJP (administradoras privadas de los fondos de jubilaciones y pensiones) invierten el grueso de los aportes de los futuros jubilados. Sin embargo, esta buena noticia había sido precedida por una sucesión de informaciones alentadoras y desalentadoras, según subían o bajaban esos papeles.

Hacia mediados de octubre volvió la tristeza: el enfriamiento de Wall Street y la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos dificultaban el financiamiento del endeudamiento estatal argentino y hacían descender las cotizaciones en la bolsa local. Ergo: el destino de las jubilaciones privadas depende estrictamente de los vaivenes especulativos de una Bolsa de Valores periférica y del precio de títulos públicos de un Estado superendeudado, que para financiar sus déficits paga intereses usurarios.

Pero incluso en el caso de que por algún suceso mágico los beneficios de los fondos previsionales se mantuvieran altos y estables, la situación de los futuros jubilados no mejoraría demasiado, a causa de las desmesuradas "comisiones" que las AFJP cobran a sus aportantes: del orden del 30%, constituyen las deducciones más altas del mundo.

Según cálculos recientes, un asalariado que hubiese cotizado regularmente desde el inicio del sistema2 dispondría hoy de sólo 85 pesos por cada 100 aportados. Si el mismo trabajador hubiera optado por poner su dinero en una cuenta bancaria de ahorro tendría ahora 118 pesos3. Este nivel de desahorro se produjo a pesar de los beneficios excepcionalmente altos conseguidos por las AFJP en una etapa signada por euforias bursátiles y títulos de deuda pública que todavía brindaban una buena rentabilidad. Si estos papeles descendiesen a los valores normales en los países desarrollados se produciría una degradación aún mayor; si cayeran de manera significativa debido al impacto del previsible retroceso de las bolsas occidentales, a la prolongación de la recesión nacional, a una crisis de pagos externos de Argentina o a la muy probable combinación de esos tres fenómenos, sería una verdadera catástrofe.

A todo eso se agrega el hecho de que las jubilaciones pagadas por las AFJP no son en realidad "privadas" sino "mixtas". Una parte está compuesta por la capitalización de los aportes de los trabajadores (deducidas las supercomisiones) y otra, muy importante para los asalariados de menores recursos, por la denominada PBU ("prestación básica universal") abonada por el Estado, que a cambio cobra las "contribuciones patronales". Estas últimas han ido descendiendo por decisión del Poder Ejecutivo, con objeto de mejorar la rentabilidad empresaria.

Las dificultades financieras estatales, la insensibilidad social del gobierno y las presiones del Fondo Monetario Internacional -que presiona para bajar el gasto público a toda costa- se han conjugado para empujar recortes a la PBU, o directamente su eliminación. El Congreso nacional rechazó recientemente el tratamiento de proyectos de reforma previsional, enviados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que proponían reducir gradualmente la PBU y subir la edad de jubilación de la mujer a 62 años4. Las reglas de juego establecidas en 1993 (cuando se sancionó la ley de reforma del sistema) han sufrido diversos intentos de alteración por el mismo poder que las impuso, siempre buscando reducir gastos públicos y empresarios en detrimento de los jubilados.

Este panorama sombrío contrasta con las satisfacciones obtenidas por los grupos financieros, que manejan un negocio muy concentrado. En diciembre de 1995 existían 24 AFJP, de las que sólo cuatro absorbían el 53% de la recaudación5. En agosto de 1999 el total de administradoras se había reducido a 14 y las mismas cuatro más poderosas embolsaban el 68% de la recaudación.

En esta última fecha el valor total de los fondos depositados en las AFJP desde 1994 (aportes menos comisiones más capitalizaciones) llegaban a 14.500 millones de dólares, cifra claramente inferior a los 17.000 millones de dólares en aportes efectuados por los trabajadores durante ese mismo período. Un nuevo milagro liberal se ha concretado: ¡los ahorristas forzados del sistema privado perdieron unos 2.500 millones de dólares!

Mientras tanto, las AFJP se apropiaron de "comisiones" por unos 5.000 millones de dólares, aparentemente destinados a cubrir distintas erogaciones, entre ellas gastos en "marketing" que, créase o no, alcanzaron los 1.500 millones de dólares. Sumados a los costos "administrativos" declarados (unos 1.000 millones de dólares) los gastos rondan los 2.500 millones de dólares perdidos por los aportantes. Esta suma bien podría compararse con los 1.400 millones de dólares que en el mismo período gastó el ente estatal de la seguridad social, la ANSeS, para administrar unas 3.200.000 jubilaciones y pensiones (contra menos de 100 mil en el sector privado). La supuesta mayor eficacia de las empresas privadas respecto al sector público -uno de los ejes de la propaganda neoliberal- no se ha traducido en este caso en menores costos administrativos, sino en lo contrario y en la expoliación de quienes deberían beneficiarse.

Esto sin mencionar que el 28% de las comisiones cobradas por las AFJP (cerca de 1.400 millones de dólares) sirvió para abonar seguros de vida e invalidez que los aportantes están obligados a contratar. Así, el negocio resulta redondo para las compañías de seguros, pertenecientes por lo general a los propietarios de esas mismas AFJP (más del 80% del conjunto de su capital accionario pertenece a bancos y compañías de seguros). Este tema, así como los desmesurados "gastos" en marketing y los no menos abultados "costos administrativos" merecen ser investigados a fondo por el nuevo gobierno.

Déficit fiscal y penuria

En realidad, todo el proceso de concepción e implementación de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones desde su puesta en marcha, a mediados de 1994, no ha sido otra cosa que la implantación de un mega-mecanismo de saqueo de aportes previsionales y recursos fiscales. Tal vez no sería excesivo evaluar la hipótesis de la existencia de una estrategia gubernamental explícita, acordada con los organismos internacionales tutores (FMI y Banco Mundial) y la elite financiera local y extranjera instalada en el país, destinada a provocar una gran transferencia de fondos hacia esta última, reducir costos laborales y fabricar una gigantesca deuda pública externa. Esta suposición no aparece descabellada, dado el alto grado de voluntarismo desplegado por el gobierno saliente y el pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo realmente tanto por parte de las áreas técnicas involucradas (ministerios de Economía, Trabajo y Seguridad Social, etc.) como en las organizaciones internacionales mencionadas.

Los funcionarios del FMI y los círculos neoliberales nacionales, aparentemente escandalizados ahora por el grado de endeudamiento, desequilibrio presupuestario y recesión de la Argentina, proponen más reducciones del gasto público, mayor flexibilización laboral, etc. Pero unos y otros insisten en "ignorar" el mecanismo básico que provoca el déficit en las cuentas del Estado y el deterioro del nivel de vida de millones de jubilados.

Retrospectiva

Al ponerse en marcha el nuevo régimen, una serie de medidas compulsivas del Estado, acompañadas por un enorme esfuerzo de propaganda, empujaron a la mayor parte de los afiliados de la seguridad social pública a pasarse al sector privado. Aquellos trabajadores que no optaban por quedarse en el sector público (o sea, que no confirmaban de manera activa que deseaban quedarse donde estaban), fueron transferidos automáticamente a una AFJP, con prohibición de retorno al sector público. Similar mecanismo fue luego aplicado a los nuevos afiliados.

Hacia fines de 1994 las administradoras privadas absorbían el 48% del total de adherentes al sistema; el promedio anual para 1995 era del 61% y en 1998 alcanzó el 73%. Ello implicó una creciente transferencia de aportes hacia las AFJP y la consiguiente reducción de los ingresos del sector público, que de todas maneras sigue pagando la casi totalidad de jubilaciones y pensiones.

Esto se agravó en 1995, cuando la recesión y el descontrol oficial provocaron el aumento de la proporción de trabajadores en negro y del porcentaje de afiliados que dejaban de aportar al sistema. En 1994, el 80% de afiliados al sector público (ANSeS) pagaban su cotización. En 1995 sólo lo hacía el 71%. En 1998, la cifra había descendido al 50%. Curiosamente, la respuesta del gobierno fue la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social, con el argumento de que la rebaja sería un aliciente para el empleo y la disminución de la evasión previsional. Pero el abaratamiento de las contribuciones no produjo el efecto positivo prometido: simplemente los que no cotizaban siguieron sin hacerlo y los que lo hacían pagaban menos que antes.

El desajuste se acentuó debido al traspaso (forzado por el gobierno de Carlos Menem) de numerosas cajas provinciales al nuevo sistema nacional, con lo que las AFJP lograron mayores fondos y el Estado aumentó su déficit. Según las declaraciones oficiales, esta carga adicional sería de unos 800 millones de dólares, pero estimaciones más rigurosas duplican esta cifra.

Las transferencias de ingresos a las AFJP (aportes de los trabajadores) y a las empresas (menores contribuciones), sumadas a la creciente evasión previsional, causaron una caída de los recursos genuinos de la ANSeS que no pudo ser recuperada y en consecuencia el aumento del déficit estructural del sistema (recursos genuinos menos pagos de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones).

El déficit estructural fue creciendo de manera irresistible. Medido como porcentaje de los gastos en seguridad social, se constata que en el período anterior a la reforma, entre 1985 y 1992, se mantuvo en general por debajo del 25%6, pero en 1994 superó el 30%, en 1995 se acercó al 49% y en 1988 superó el 52% (ver infografía, "El déficit creciente…").

Este déficit ha sido cubierto mediante desvíos de una parte de la recaudación de impuestos nacionales (IVA, ganancias, combustibles, etc), de quitas a algunas de dichas recaudaciones que normalmente deberían ir a las provincias (coparticipación federal), de ingresos de las privatizaciones o de simples transferencias del Tesoro Nacional. Pero esas extracciones, como es natural, desbalanceaban las cuentas y el rojo final del Estado terminaba por ser financiado con deuda pública.

Así, la expansión del negocio de las AFJP y los subsidios previsionales a las empresas han sido posibles mediante enormes flujos de recursos fiscales del Estado nacional y de las provincias, achicando gastos sociales, de infraestructura, salarios de empleados públicos, haberes de jubilados, programas de desarrollo regional, etc. El déficit fiscal creado ha sido la principal causa del crecimiento de la deuda externa.

Víctimas directas de este saqueo han sido los jubilados y pensionados -que el gobierno prometió beneficiar con la reforma- porque cuando a nivel oficial se habló de acotar el déficit previsional la variable de ajuste fue siempre el ingreso del sector pasivo. Esto no es nuevo: en los años ´70 la dictadura militar produjo fuertes reducciones de esos haberes, que siguieron bajando durante los ´80. Luego de una breve etapa inicial de recuperación de los efectos de la hiperinflación de 1989, en los ´90 se mantuvieron en un nivel aún mas bajo.

Si se compara con el año 1970, en 1984 la jubilación promedio7 era un 16% menor en términos reales y, en 1998, un 23% inferior (ver infografía). Una de las consecuencias de la reforma fue la transformación de la ANSeS y del PAMI en organismos de gestión de la penuria.

Hubiera sido incoherente que semejante saqueo (uno de los más importantes de la Argentina de los ´90) no asumiera a nivel oficial las características propias de la época. La "transformación" se desarrolló en medio de una interminable serie de enredos, sospechas de corrupción y excentricidades de todo tipo. Mientras la mayor parte de los jubilados eran condenados a sobrevivir en la miseria, los altos funcionarios a cargo de la reforma despilfarraban decenas de millones de dólares en contrataciones de asesores por tarifas descomunales8, consultoras y lujos diversos.

El entonces ministro de economía Domingo Cavallo instaló a un equipo encargado de implementar una de sus obras maestras. Se trató de un grupo pintoresco, integrado básicamente por el ministro de Trabajo Armando Caro Figueroa, el secretario de Seguridad Social Carlos Torres y el insólito Director Ejecutivo de la ANSeS Bramer Markovic. El escándalo se desató a partir del descubrimiento de que este último se atribuía falsamente la profesión de "ingeniero". A partir de allí se sucedieron las acusaciones de corrupción. El diputado frepasista José Vitar denunció ante la justicia a esos tres funcionarios por malversación de fondos públicos, a causa de las contrataciones millonarias de consultoras sin previa licitación. Denuncias parecidas realizaron los diputados Mary Sánchez y Alfredo Bravo9.

Alternativas

El desbalance de la seguridad social se encuentra en el corazón de la crisis financiera del Estado argentino. Si en 1999 se suma la recaudación prevista de las AFJP (unos 4.500 millones de dólares) y la reducción de contribuciones patronales, se alcanzan como mínimo los 7.000 millones de dólares. La recuperación de esa suma por parte del Estado le permitiría reducir de manera significativa el déficit fiscal y la expansión de la deuda externa podría ser frenada.

Existen opciones menores que producirían alivios parciales. Por ejemplo, abrir la posibilidad de que los afiliados a las AFJP puedan ejercer plenamente su libertad de elección y retornar si así lo desean a la ANSeS. Esto permitiría recuperar algunos cientos de millones de dólares y aumentar las jubilaciones más bajas. Una estrategia agresiva de captación de nuevos afiliados mejoraría aún más las cuentas de ese organismo. También es posible establecer algunos controles sobre las AFJP, obligándolas a bajar drásticamente las comisiones a por lo menos la mitad de su nivel actual.

Sin embargo, la solución de fondo es técnicamente factible: la re-estatización de la seguridad social y el restablecimiento de las contribuciones patronales perdidas. Ejecutado de una manera eficaz y planificada, esto no tendría por qué provocar graves problemas administrativos ni tampoco perjudicar las inversiones productivas.

Desde el punto de vista de la Seguridad Social pública, esa reabsorción de fondos achicaría su déficit estructural a menos de la mitad, haciendo posible aumentos significativos de las actuales jubilaciones, por ejemplo llevar el mínimo a 400 pesos tal como reclaman los jubilados y mejorar las Asignaciones Familiares de activos y pasivos.

El gasto operativo de la ANSeS -incluyendo los salarios de unos 5.800 empleados por cerca de 150 millones de dólares- llegará a 250 millones de dólares en 1999. Destinando sólo el 9% de las comisiones que embolsarán este año las AFJP, ese gasto podría ser incrementado en un 50%. Con unos 8.000 empleados la ANSeS podría prestar un buen servicio. Habría que agregar que actualmente ese organismo está superpoblado de gerentes, asesores de lujo, etc. Una reasignación de esos gastos parasitarios, más algunos pequeños fondos adicionales, permitiría pagar bien a empleados técnicamente idóneos y de ese modo podría lograrse una rápida recomposición.

La recuperación de las contribuciones patronales perdidas podría hacerse mediante la instalación de un sistema de cobro inversamente proporcional a la capacidad de ocupación laboral de la empresa. Eso beneficiaría a las pymes, que por lo general son fuertes empleadoras, y ayudaría a reducir la desocupación.

Entre los pequeños alivios mencionados y la solución de fondo existen escenarios intermedios, como la limitación-reducción de la esfera de operaciones de las AFJP, bloqueando por ejemplo su implantación en ciertas categorías de afiliados (empleados públicos, trabajadores agrícolas, etc.) paralela al fortalecimiento del sector estatal. En todos lo casos se trataría de acciones de fortalecimiento del Estado y de los grupos sociales perjudicados por el modelo neoliberal, reduciendo el poder de las elites financieras.

Las distintas soluciones, parciales o de fondo, no pueden ser concebidas como movimientos aislados. Su enlace con el problema de la deuda externa es evidente y también se encadenan con temas como el desarrollo de las pymes o el mejoramiento integral de los jubilados y otros sectores sociales sumergidos, lo que plantea a su vez la necesidad de fortalecer el potencial de intervención del Estado, impulsar la redistribución (desconcentración) de ingresos, la reactivación del mercado interno, la recuperación de márgenes importantes de autonomía nacional. En última instancia, es el modelo neoliberal el que aparece cuestionado.

Salvo aclaración, los datos económicos presentados han sido elaborados sobre la base de informaciones estadísticas originadas en la Secretaría de Seguridad Social, la ANSeS y la Superintendencia de AFJP..

  1. "Las AFJP vuelven a ganar plata", Clarín, 5-10-99.
  2. 1994
  3. Roberto Navarro, "Un cumpleaños poco feliz", Página 12, 1-8-99.
  4. Daniel Gomez López, "Reforma que quedó sin consenso", Clarín, 27-9-99.
  5. Consolidar, Máxima, Orígenes y Siembra.
  6. Con la sola excepción de 1988 (27,5%) pero también con años relativamente "bajos" como 1987 y 1991 (16,5%).
  7. En este caso el término "jubilación" involucra tanto a jubilaciones como a pensiones ordinarias.
  8. Por ejemplo el super-asesor Angel Perversi, con un salario de 18 mil dólares mensuales, o las extrañas contrataciones de "consultores extranjeros" como en el caso de uno llamado Lou Enoff, proveniente de EE.UU, a razón de 1.500 dólares diarios, etc.
  9. "El uno para el otro", Página 12, 9-1-97.

Caja chica

Entre 1994 y 1995 se realizó un "censo de jubilados" con el objetivo aparente de depurar el registro de la ANSeS de beneficiarios truchos. La tarea "costó" unos 40 millones de dólares. La enormidad de la suma y la falta de resultados concretos despertó las suspicacias de algunos periodistas y varios diputados opositores El trio Armando Caro Figueroa-Carlos Torres-Bramer Markovic no tuvo entonces mejor idea que informar en una reunión de gabinete que gracias a ese censo habían detectado a unos cien mil falsos jubilados. El presidente Menem tomó la idea al vuelo y con su peculiar sentido de las proporciones lanzó a los medios de comunicación la noticia de que sus sabuesos habían descubierto 300 mil jubilados truchos, cuya erradicación de la lista de pagos permitiría ahorrar unos 800 millones de dólares que serían destinados a subir los ingresos de la clase pasiva. Pasaron los meses, pasaron los años pero nunca aparecieron los famosos delincuentes… ni los aumentos1.

Según ciertas estimaciones, las presuntas malversaciones (contratos millonarios de consultoras sin licitación y de asesores de lujo, gastos de difícil justificación en el Censo de Jubilados y otras desprolijidades) habrían superado los 150 millones de dólares, pero en realidad se trataría de una suerte de "caja chica", comparadas con la acumulación de transferencias a las AFJP y de reducciones de aportes patronales que, a fines de 1999 superarían los 30 mil millones de dólares.

  1. Marcelo Zlotogwiazda, "Fiasco de 30 millones", Página 12, 17-9-96.


Autor/es Jorge Beinstein, Mario D. Lorenzo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 6 - Diciembre 1999
Páginas:1, 22, 23
Temas Desarrollo, Neoliberalismo, Privatizaciones, Estado (Política), Políticas Locales
Países Estados Unidos, Argentina, Francia