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La ley del Imperio

La negativa de la derecha republicana estadounidense a ratificar el Tratado de Prohibición de Experimentos Nucleares es una manifestación de la voluntad de Estados Unidos de definir unilateralmente las normas de la vida internacional haciendo caso omiso del derecho desde el apogeo de su poder militar y económico, y se inscribe en su campaña para desacreditar a la ONU.

Cuando a mediados de octubre de 1999 el Senado de EE.UU. rechazó el Tratado sobre Prohibición Total de Ensayos Nucleares (CTBT, en la sigla inglesa), los comentaristas fueron unánimes: triunfaron los "nuevos aislacionistas". Pero se equivocan una vez más. La mayoría republicana de derecha no rechaza el principio de intervención en el exterior de manera absoluta: si fuera "aislacionista" haría volver a las tropas estadounidenses de los cuatro puntos del globo para volver a desplegarlas a lo largo de las fronteras. Exigiría la ruptura con las redes comerciales que cuadriculan el globo, y no se conformaría con tratar de limitar los poderes de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El voto en el Senado confirma la voluntad de intervención unilateral de EE.UU. y su rechazo al multilateralismo, especialmente el simbolizado por la ONU, devenida el chivo expiatorio de los nuevos juegos de poder en Washington.

Era fácil de prever. Habían transcurrido apenas unas semanas desde los bombardeos de la OTAN sobre Serbia y ya los responsables estadounidenses reprochaban a la ONU su incapacidad para restablecer aunque más no fuera una apariencia de paz en Kosovo y en el resto de Yugoslavia. El ataque de la OTAN no logró detener ni la purificación étnica ni las expulsiones de Kosovo; en cambio devastó Yugoslavia y fortaleció el poder del presidente Slobodan Milosevic. Sólo después de constatar su fracaso EE.UU. admitió a regañadientes que la ONU, hasta entonces hecha a un lado, tenía un rol que cumplir en la instauración de un acuerdo que organizara la retirada de las tropas yugoslavas y creara un protectorado internacional en Kosovo. A pesar de esta admisión tardía, la estrategia estadounidense consistió en rechazar la función decisoria de la ONU, privarla de los recursos adecuados, de personal y autoridad, y después endilgarle la responsabilidad de las sangrientas consecuencias de la guerra.

Los dirigentes silencian el hecho de que es debido a la avaricia de EE.UU. y sus ricos aliados que el Alto Comisionado para los refugiados recibió sólo 140 de los 400 millones de dólares necesarios para reconstruir las viviendas destruidas en Kosovo. En medio del verano, The New York Times informaba que "habían llegado a Kosovo solamente 150 agentes de policía, cuando estaba prevista una fuerza internacional de 3.110 miembros"1.

Los movimientos reprobatorios de cabeza ante este nuevo "fracaso de la ONU" son imaginables. Pero el verdadero problema es que diferentes gobiernos de todo el mundo tengan que reclutar por separado una fuerza de intervención de más de 3 mil hombres, porque EE.UU. bloquea desde siempre la creación de una policía internacional o de una fuerza permanente de intervención rápida de la ONU capaz de actuar preventivamente bajo la autoridad del secretario general en una región de crisis.

El gobierno del presidente Clinton se niega a contribuir a la reconstrucción de la infraestructura devastada de Serbia mientras Slobodan Milosevic siga en el poder, y ejerce presiones sobre los otros miembros de la OTAN para que actúen de la misma manera. De modo que los albanófonos de Kosovo van a recibir millones de dólares para reconstruir sus pueblos mientras que el resto de Serbia no recibirá nada. Habida cuenta de la exacerbación de las tensiones interétnicas, la tarea de la ONU se anuncia gigantesca y la actitud de Washington hace el fracaso más probable. Insuficiencias parecidas planean ya sobre otro proyecto de la ONU, cifrado en más de mil millones de dólares: la reconstrucción de Timor Oriental, más destruida aún que Kosovo.

De la boca para afuera, el gobierno del presidente Clinton apoya a la ONU. Le pide al Congreso que ponga al día las contribuciones estadounidenses no pagadas al presupuesto de la organización internacional (el atraso se calcula en más de 1.500 millones de dólares) pero no hace demasiados esfuerzos por hacer votar esa medida2. Al mismo tiempo, se niega a admitir que no puede prescindir de la ONU para alcanzar su objetivo declarado, que es la paz en el mundo. La mantiene apartada de sus decisiones en materia de política exterior y sólo rara vez despliega ese "multilateralismo agresivo"que fue el sello de la diplomacia del presidente Clinton durante sus primeros meses en el poder.

Al volverse hacia la OTAN para ratificar la guerra aérea librada contra Yugoslavia, EE.UU. violó claramente el derecho internacional y la carta de la ONU, que estipula que sólo el Consejo de Seguridad puede autorizar el recurso a la fuerza. Asimismo, al impedir el envío de una fuerza de paz de la ONU a Dili mientras su aliado indonesio no hubiera otorgado su acuerdo, EE.UU. se mantuvo fiel a sí mismo, porque nunca tuvo en cuenta las resoluciones de la ONU que recuerdan la completa ilegalidad de la ocupación de Timor Oriental por Yakarta3.

Tal como es el mundo, es probable que siga habiendo violaciones de los derechos humanos como en Timor o en Kosovo, que harán necesaria una intervención internacional en un Estado soberano o en un territorio ilegalmente ocupado por otro Estado soberano. Pero sólo la ONU tiene derecho a tomar decisiones de esa gravedad. El temor de un posible veto ruso o chino (sobrestimado, habida cuenta de la importancia de la ayuda económica occidental a esos dos países) no otorga a EE.UU., con o sin satélite británico, el derecho a escarnecer la presencia de la ONU en las cuestiones de paz y seguridad en el mundo. Al actuar solo, EE.UU. pregona su desprecio por las otras naciones.

¿Por qué EE.UU., e incluso el gobierno del presidente Clinton, hasta hace poco partidario del multilateralismo, orquestan una campaña que apunta a desacreditar todavía más a la ONU y al derecho internacional, ahora que la guerra de Yugoslavia terminó y apenas comienza la difícil tarea de reconstrucción deTimor Oriental?

Para comprenderlo hay que remitirse a la historia, especialmente a la de los imperios en el apogeo de su poder y de su influencia. Sucesivamente, todos ellos han tratado de reescribir las normas globales según las cuales se proponen administrar el mundo, imponer lo que cabría denominar "la ley del imperio". Tucídides describe a los griegos, preocupados por garantizar la estabilidad de su imperio, conquistando la isla de Melos y gobernándola de acuerdo a principios completamente diferentes de los de la democracia ateniense. El imperio romano actuará de la misma manera. El imperio británico "sobre el cual nunca se ponía el sol"no se comportó de otro modo en sus dos siglos de dominación. En la cúspide de un poder militar, económico y político hasta hace poco inimaginables, EE.UU. quiere a su vez definir las normas de la vida internacional.

La ley del imperio significa para EE.UU. una dispensa respecto de acuerdos internacionales a los que exige que los otros se sometan. Esto se manifiesta en el rechazo por Washington del nuevo Tribunal Penal Internacional (TPI), para juzgar los crímenes de guerra y genocidio. Todavía en 1998, el gobierno de Clinton, a través de David Scheffer, embajador estadounidense por los crímenes de guerra, había reafirmado el apoyo oficial del gobierno a la creación del TPI. Reanudaba la propuesta que Washington había formulado por primera vez inmediatamente después de la segunda guerra mundial, cuando EE.UU. defendía la idea de que debe considerarse a los individuos responsables de los crímenes de guerra. Pero cuando el TPI recibió en julio de 1998 en Roma la aprobación de 102 países, EE.UU. fue uno de los siete que votó en contra, junto a Israel, Libia, Irak, China, Qatar y Sudán. ¿Por qué integró esa extraña alianza? El 31-8-98 Scheffer explicará que "el tribunal pone en riesgo a quienes cargan con la responsabilidad del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional". ¡Por supuesto, hace falta un tribunal para los otros, dice el coro de los adulones de EE.UU., pero los dirigentes y soldados estadounidenses tienen que escapar a su jurisdicción!

La ley del imperio aparece también claramente en la negativa de EE.UU. a firmar la convención de 1997 que prohibe las minas antipersonales. Todo el mundo se había puesto de acuerdo en poner fuera de la ley esos aparatos, responsables de incontables muertes y mutilaciones. La organización que desarrolló la campaña por la firma de esa convención recibió el Premio Nobel de la Paz. Los dirigentes estadounidenses aplaudieron, deplorando las muertes provocadas por las minas abandonadas en todo el mundo por naciones irresponsables. Pero no por eso dejan de exigir que se los exceptúe y se les permita disponer de esos aparatos de muerte en la zona desmilitarizada de Corea y alrededor de la base estadounidense de Guantánamo en Cuba. Todos los demás tienen que prohibir el uso de esas minas, pero una potencia tan responsable tiene que ser una excepción…

El unilateralismo de Washington se manifiesta también a propósito de la campaña por la protección de los niños en tiempo de guerra. La Convención de los Derechos del Niño de 1994 refleja la creciente inquietud mundial respecto de la utilización de los jóvenes- mediante el rapto, la coerción, la ausencia de otras soluciones económicas - como combatientes o como trabajadores, sirvientes o esclavos paramilitares. Un protocolo pondría fuera de la ley todo reclutamiento de jóvenes menores de 18 años. Ahora bien, EE.UU. que aprueba ruidosamente otras enmiendas más circunscriptas, hace campaña por hundir ese texto, porque el Pentágono quiere seguir reclutando jóvenes de 17 años para las fuerzas armadas de EE.UU.. Mientras tanto, EE.UU. es el único país del mundo, junto con… Somalia, en negarse a ratificar la convención.

En cuanto al legajo palestino-israelí, EE.UU. obligó a admitir su propia interpretación restrictiva del derecho internacional. Decretó que los únicos textos de la ONU válidos son las resoluciones 242 y 338 del Consejo de seguridad, que establecen la devolución de territorios a cambio de paz. Quedan así barridos de un plumazo los textos aprobados por la comunidad internacional, EE.UU. incluido, como la resolución 194 de la Asamblea general de la ONU sobre el derecho al regreso de los refugiados palestinos, y la 181 del 29-11-47, que preconiza la partición de Palestina en dos Estados y sobre la que se funda la legitimidad internacional de Israel.

Quien quiera ver en la derrota del CTBT una simple aberración, debiera recordar el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968. En este caso la "excepción" estadounidense fue apenas más sutil. Cierto que EE.UU. no sólo firmó y ratificó el tratado sino que 25 años después impulsó la campaña a favor de su renovación sine die. Al mismo tiempo, Washington se negó siempre a tomar en serio el compromiso de las potencias nucleares -EE.UU., URSS, Reino Unido, Francia y China- consignado en el texto, de dar pasos serios hacia el desarme y hacia la "prohibición total y la destrucción completa de las armas nucleares".

Ahora bien, sólo un compromiso así podría convencer a otros países de que renunciaran a dotarse de armas nucleares. Y sin embargo, en la conferencia convocada en enero de 1995 en Ginebra sobre el tema, los diplomáticos estadounidenses afirmaron que la idea de que puedan pensar en deshacerse de sus armas nucleares "era poco menos que risible"4. Como dijo el representante de México en la apertura de la reunión, "insisten como adultos que hablaran con niños en que el resto del mundo haga lo que ellos dicen y no lo que hacen".

La pretensión de una "superioridad moral" por parte de Washington resulta confirmada también por su negativa a firmar o ratificar una serie de textos internacionales, especialmente la Convención de la ONU sobre Derechos Económicos y Sociales, la Convención sobre los Derechos de las Mujeres (ver pág. 36), la Convención sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. EE.UU. tampoco firmó los protocolos adicionales de 1977 a las Convenciones de Ginebra de 1949, que amplían la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra. Por otra parte, Washington sigue rechazando la Convención sobre el Derecho al Mar de 1982, aunque durante la negociación consiguió múltiples ventajas para su flota militar. Pero las considera insuficientes y se niega a aceptar la jurisdicción del órgano de mediación previsto por el texto, así como rechaza la explotación de los recursos del mar en beneficio de la humanidad, especialmente los módulos polimetálicos5.

La ONU desplazada

La más clara ilustración de la ley del imperio tal vez se encuentre en la manera en que EE.UU. le quitó a la ONU el poder de decisión sobre las intervenciones internacionales, a favor de un recurso ilegal a la OTAN. En 1990 EE.UU. dio la prioridad a la ONU, a la que eligió para que cumpliera sus designios, organizando mediante sobornos, amenazas y sanciones los sucesivos votos del Consejo de Seguridad que preparaban la guerra librada contra Irak. Entre 1992 y 1994, período testigo de crisis en serie y del fracaso de todos los esfuerzos internacionales para mantener la paz en Bosnia, Somalia, Ruanda, EE.UU. no dejó de atribuir la responsabilidad de sus fracasos y los de sus aliados a la ONU. El presidente Clinton da a entender que la ONU es responsable de la muerte de 27 soldados estadounidenses en Somalia, cuando el Pentágono había intervenido unilateralmente y sin autorización de instancias internacionales. En 1995 la señora Madeleine Albright designa públicamente a la ONU como "herramienta de la política exterior estadounidense"6. En 1996, cuando EE.UU. bombardea Irak, Washington pretende que ya no necesita resoluciones de la ONU para justificar los ataques aéreos. En diciembre de 1998, pese a la opinión en contrario de la mayor parte de los Estados miembros del Consejo de seguridad, EE.UU. con el apoyo del Reino Unido desata la operación "Zorro del desierto".

De allí en más, abandona por completo a la ONU. Sustituye la exigencia legal de una autorización de la ONU para todo uso de la fuerza por la utilización de la OTAN. E impone a un mundo harto de imperios las normas que le convienen.

  1. New York Times, 21-7-99
  2. En este punto habría habido un compromiso entre el parlamento de EE.UU. y la presidencia a mediados de noviembre. Pero todavía es preciso que la ONU acepte que la suma recibida se limite a menos de mil millones de dólares y que EE.UU. reduzca su cuota. Ver "US Faces Tough Sell Persuading UN to Accept Debt Deal", International Herald Tribune, Paris, 18-11-99. EE.UU. también boicotea a la Unesco desde el 31-12-84.
  3. Noam Chomsky, "Timor: entre el horror y el olvido" Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, octubre de 1999.
  4. Declaraciones del embajador Thomas Graham, Basic Report, British American Security Information Council, 14-4-95.
  5. Jean Thébaud, "La convention sur le droit de la mer risque d´être paralysée", Le Monde diplomatique, abril de 1985.
  6. Washington Times, 13-12-95
Autor/es Phyliss Bennis
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 6 - Diciembre 1999
Páginas:13, 14, 15
Traducción Marta Vassallo
Temas Armamentismo, Conflictos Armados, Mundialización (Economía), Justicia Internacional, Estado (Política), Geopolítica, Políticas Locales
Países Estados Unidos, México, Irak, Serbia (ver Yugoslavia), Cuba, Libia, Ruanda, Somalia, Sudán, China, Timor Oriental, Francia, Yugoslavia, Israel, Palestina, Qatar