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El debate agrícola Norte-Sur

A pesar del fracaso de Seattle, la liberalización de los sectores de servicios y de agricultura está a la orden del día en las negociaciones que se reiniciaron en la sede de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra. En materia agrícola, el conflicto que opone a la Unión Europea y los Estados Unidos a los países del Sur no debe hacer olvidar que a la lógica de los mercados se opone la reivindicación de agriculturas campesinas que se protegen de manera legítima frente a las importaciones a precios irrisorios, pero rechazan el dumping de las exportaciones subvencionadas. El Mercosur debería abandonar ilusorias exportaciones para concentrarse en abastecer su enorme mercado interno.

El fracaso en Seattle de la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no modificó en absoluto la "agenda incorporada" decidida al término del ciclo de Uruguay del Acuerdo General de Comercio y Tarifas aduaneras (GATT) en 1994. Es por eso que, a fines de febrero, las negociaciones sobre los dos temas de esta agenda -los servicios y la agricultura- fueron discretamente retomados en la sede de la OMC en Ginebra. La Comisión de Bruselas, representante de la Unión Europea (UE) en las negociaciones, busca obtener del Sur (con el acuerdo de Estados Unidos) medidas de liberalización suplementarias en el sector de los servicios, pero al mismo tiempo está a la defensiva frente a los muchos países que quieren acabar con las subvenciones explícitas a la exportación: 84% del total mundial en 1995 y 1996.

La UE debe resolver las contradicciones de sus posiciones en la OMC -reflejo de la reforma de la política agrícola común (PAC) trazada en la Agenda 2000 de marzo de 1999- así como las que se relacionan con su proyectada expansión a varios países de Europa Central y Oriental (PECO)1, y también las derivadas de los acuerdos de libre comercio que negoció con algunos países del Sur, en particular con los que integran el Mercosur2. La UE se verá obligada a reducir fuertemente sus subvenciones a la exportación y sus tarifas aduaneras sobre la importación, al mismo tiempo que serán resistidas sus ayudas directas a los productores, por estimárselas insuficientemente "desligadas" de las ayudas a la producción.

En el centro de estas contradicciones está la voluntad de la UE de conquistar ilusorios mercados externos mediante subvenciones, en lugar de proteger su mercado interno, que entre 1995 y 1998, en promedio, absorbió 90% de su producción, (89,5% para los cereales, 90% para los productos lácteos y 92,1% para las carnes). La PAC fue abiertamente puesta al servicio de las grandes empresas agro-alimenticias de la UE, cuyos intereses nada tienen que ver con solidaridades "europeas": su único objetivo es comprar sus materias primas agrícolas al menor precio posible, en cualquier lugar del mundo, invocando el pretendido interés de los consumidores. Las cifras revelan esta impostura: entre 1990 y 1998, los precios de los alimentos aumentaron un 11% en Francia, mientras los precios de los productos agrícolas caían en un 11%.

Materias primas a precios ínfimos

Los "expertos" australianos se congratulan por adelantado por la duplicación, en 10 años, del volumen de los intercambios agro-alimenticios, que traería aparejada una liberalización total3, pero no hacen caso de la aceleración del efecto invernadero, cuyos vectores principales son los medios de transporte. En este escenario de libre intercambio furibundo, las firmas agro-alimenticias de la UE, al fusionarse con las de EE.UU., lanzarían a los agricultores de todo el mundo a una competencia despiadada, reduciéndolos al rol de subcontratados a destajo y sin garantías, exclusivamente aptos para proveer materias primas al precio más bajo. Estas son las perspectivas que los buenos espíritus deberían tener presente antes de sumarse al coro de los miembros del Grupo de Cairns4, que exigen la reducción unilateral de las protecciones agrícolas a la exportación, en primer lugar en Europa.

La incoherencia de las posiciones de la UE reaparece en las negociaciones con los PECO5 -aunque estos no tienen ningún peso en la OMC- y sobre todo con los países del Sur, con los que desde 1995 multiplica los acuerdos o proyectos de acuerdo de libre comercio que la UE quiere extender a la agricultura, pese a las objeciones de Francia. La evaluación de los riesgos de los acuerdos exige diferenciar a los países que exportan productos tropicales -la gran mayoría- y aquellos que exportan diversos productos agrícolas de clima templado, como los miembros del Mercosur.

La UE negoció "acuerdos asociativos económicos regionales" (APER) con los 71 países ACP (Africa, Caribe, Pacífico) a los que está ligada por la convención de Lomé, que acaba de ser prorrogada el pasado 3 de febrero y cuyas disposiciones centrales sólo serán válidas durante un período de transición, ya que la OMC prohibe tomar medidas acotadas a ciertos países. Esos APER son muy riesgosos para los países ACP, que deberán abrir sus fronteras a alimentos y productos industriales subvencionados por la UE, con tarifas aduaneras nulas. El resultado podría ser la destrucción del campesinado, que aún constituye el 65% de su población. Bajo pretexto de que cada APER se cerrará entre la UE y un grupo regional de países ACP, como la Unión Económica y Monetaria del Oeste Africano (UEMOA), que agrupa a 8 Estados del oeste de África, la Comisión pretende favorecer la integración regional Sur-Sur. En realidad, le dará el golpe de gracia.

Porque estos grupos empezaron muy mal. En la tarifa exterior común establecida por la UEMOA el 1-1-00, los productos agrícolas en bruto (como el trigo, el maíz y el sorgo) están gravados en un 5%, como una materia prima cualquiera, y los productos terminados (como la harina, carnes y productos lácteos) pagan un 20%, igual que los coches Mercedes Benz. Sin embargo, en 1994 los países de la UEMOA notificaron a la OMC un arancel del 160% promedio sobre los productos agro-alimenticios. Pero bajo la presión de la banca mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), -para quienes los grupos regionales constituyen un freno a la multilateralización de los intercambios- acompañados para la ocasión por la UE, para quien "es esencial asegurar que el establecimiento de los APER no reduzca la necesidad de suprimir progresivamente los obstáculos a los intercambios que involucran al conjunto de los socios comerciales"6, la UEMOA renunció totalmente a la protección de su agricultura.

Al llevar a los africanos a consumir una cantidad cada vez mayor de alimentos importados, el "mercado libre" los conminará a exportar cada vez más productos tropicales, cuyos precios seguirán una espiral descendente, para mayor provecho de las firmas agro-alimenticias mundiales. No les quedará entonces otra opción que producir para el único gran mercado planetario solvente y remunerativo: el de la droga. Esos acuerdos, al igual que los cerrados por la UE con los países mediterráneos, prevén la libre circulación de los bienes, los servicios y los capitales… pero no de las personas. Los problemas de los "sin papeles" y de los adolescentes africanos que mueren en los trenes de aterrizaje no podrán sino agravarse y la UE carga, por adelantado, con la terrible responsabilidad por ellos.

Mercosur-UE

El acuerdo de libre comercio proyectado entre la UE y el Mercosur es de una naturaleza distinta, ya que en lo referente a la agricultura, no sólo incorpora las mercancías tropicales, sino también ciertos productos directamente competitivos con los europeos. Los agricultores de la UE no podrán resistir la competencia de cereales, carnes (bovina, ovina, de ave y el día de mañana, porcina), productos lácteos y azúcar que accedan al mercado comunitario a precios mucho más bajos que los de la UE. Si bien los productos agro-alimenticios alcanzan ya el 54% de las exportaciones de los países del Mercosur hacia la UE, se comprende que quieran agrandar aún más sus porciones de mercado. Pues su balanza comercial con la UE registra un déficit creciente desde 1993 (6.400 millones de dólares en 1998). Pero esta estrategia beneficiará únicamente a los gigantes de la industria agro-alimenticia, ligados a los intereses de los agricultores locales más grandes. La gente, y en particular los pequeños y medianos agricultores de cada uno de los socios, sólo pueden salir perdiendo. Para unos y otros, en particular para Brasil y Argentina, el balance de la liberalización, en especial la agrícola, ya es muy pesado.

La fuerte apertura comercial del Mercosur, tanto a la importación como a la exportación, trajo desde los años ´90 un importante aumento de las desigualdades sociales. En Brasil, la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza; el 41% de los niños de entre 6 y 24 meses están desnutridos y "el grupo de población que más desnutrición padece es el de los trabajadores rurales sin tierra"7, o sea: 4,8 millones de familias. De 1985 a 1996, la caída de la rentabilidad de la producción, ligada a la reducción de las protecciones aduaneras y de las ayudas agrícolas (que se concentraron sobre los productos exportados), redujo las superficies cultivadas de 52 a 42 millones de hectáreas, con 3,7 millones de hectáreas en las explotaciones de menos de 100 hectáreas destinadas a cultivos alimenticios. Además, los precios de los alimentos básicos aumentaron más rápido que la inflación, empobreciendo especialmente a los trabajadores rurales sin tierra y sin trabajo.

La situación de Argentina no es más envidiable. En los años ´90 se aceleró una concentración ya extrema, mientras que desde 1988, el 15% de las explotaciones de más de 1000 hectáreas ocupaban el 75% de las tierras. La consecuencia fue una aceleración de la mecanización de las cosechas, la reducción del número de asalariados del campo y el empobrecimiento de los pequeños explotadores -propietarios o arrendatarios- y el vertiginoso crecimiento de las desigualdades: el desempleo alcanzó al 18% de la población activa en 1999. "La nueva orientación exportadora del sector agrícola no se ha traducido en mejoras sociales para la mayoría de la población, sino todo lo contrario"8, pues encareció los productos de consumo interno. Entre 1994 y 1998, bajo la presidencia de Carlos Menem, el número de pobres aumentó en 4,1 millones de personas; en 1999, el 37% de los argentinos se encontraba por debajo del umbral de pobreza.

A falta de una política agrícola común, en 1997 las importaciones agro-alimenticias se efectuaron dentro del Mercosur. En Brasil no superaron el 55% y en Argentina el 39%. El resto llegó sobre todo desde la UE y Estados Unidos, gracias a sus subvenciones a la exportación, abiertas o camufladas. La reducción de los derechos aduaneros -que pasaron de un promedio del 40% en los años 70/80 al 13% en 1999- amplificó el fenómeno. Sin embargo, el aumento de la producción suscitado por un acuerdo de intercambio libre con la UE, no paralizará a los demás exportadores occidentales. En efecto, ellos también negocian acuerdos bilaterales de libre comercio, en particular con EE.UU., lo que terminará por desencadenar una caída creciente de los precios mundiales de los cereales, carnes y productos lácteos. Es indudable que los países del Mercosur no saldrían vencedores de ese juego, ya que no tendrán la misma posibilidad de acordar ayudas "desligadas" para compensar esta baja.

Pero lo esencial no es esto. Con tantas bocas para alimentar, muchas de ellas en estado de malnutrición, la prioridad de las políticas agrícolas latinoamericanas, y en particular las del Mercosur, no deberían ser las exportaciones e importaciones con terceros, sino la satisfacción de las necesidades alimenticias nacionales y regionales: en 1999, el 20% más pobre de los latinoamericanos sólo tenía cubierto el 79% de esas necesidades básicas. Pero para el 2009 se prevé que los más pobres serán el 32%. En esa fecha, la tasa de dependencia de América Latina en materia de importación de alimentos llegaría al 47%9. ¡Pese a que el subcontinente es perfectamente capaz de autoabastecerse!

Frente al poder de los mercados financieros y las empresas mundiales, el Mercosur debería interesarse en profundizar su integración política10, abarcando progresivamente al resto del subcontinente, y en proteger a sus productores y su producción agrícola a través de una "primacía latinoamericana". Es decir que sería apropiado renunciar a los espejismos de un libre comercio con Europa y EE. UU. que -al enriquecer a las firmas trasnacionales, sin por ello detener el hambre en sectores cada vez más grandes de la población- sería fatídico para la agricultura no industrializada y para los agricultores de ambos lados del Atlántico, cuyos elementos más dinámicos están en Via Campesina11. Es muy dudoso que los cónclaves de la OMC en Ginebra se inscriban dentro de esta lógica.

Al margen de la reciente sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (CNUCED) que tuvo lugar en Bangkok el pasado mes de febrero, algunas organizaciones ya presentes en Seattle, entre ellas Via Campesina, adoptaron una demanda que solicita, entre otras cosas, la exclusión de las agriculturas no industrializadas de la injerencia de la OMC y, por ende, su derecho a protegerse de los estragos del liberalismo en los intercambios. Esta es una reivindicación en la que podrá coincidir el conjunto de los agricultores y los ciudadanos, dando así la espalda a las trasnacionales europeas y estadounidenses de la industria agroalimenticia.

  1. Jacques Berthelot, "Imposer le droit des peuples á se nourrir eux-mêmes", Le Monde diplomatique, París, noviembre 1998.
  2. El Mercosur comprende Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bolivia y Chile tienen el estatuto de observadores.
  3. Ministerio australiano de Relaciones Exteriores (http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/gtr_2000.pdf).
  4. El Grupo de Cairns, aliado de Estados Unidos en la OMC, comprende 15 países agro-exportadores (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Fiji, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Filipinas, Tailandia, Uruguay y Sudáfrica).
  5. Jacques Berthelot, ibid.
  6. Comisión europea, Synthèse des études d'impact de la proposition de l'UE de négocier des APER avec les sous-régions ACP, 14-6-99.
  7. Francisco Menezes, Panorama actual da segurança alimentar no Brasil, http://www.ibase.br/paginas/san.html
  8. Miguel Teubal, Globalización y expansión agroindustrial. ¿Superación de la pobreza en América Latina?, Corregidor, Buenos Aires, 1995.
  9. Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Food security assessment, Economic Research Service, Washington, diciembre 1999.
  10. Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno y Carlos Gabetta, dossier "¿Adónde va el Mercosur", en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2000.
  11. Via Campesina es un movimiento internacional que nació en 1992 y al que adhieren 70 organizaciones agrícolas y campesinas de Asia, Europa, América y África. Esta organización busca promover una economía rural fundada en la soberanía alimenticia, el derecho de cada país a producir los alimentos para sus propios consumidores, y un comercio más justo y equitativo. En Internet: http://www.sdnhon.org.hn/miembros/via
Autor/es Jacques Berthelot
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 11 - Mayo 2000
Páginas:24, 25
Traducción Patricia Minarrieta
Temas Agricultura, Neoliberalismo, Mercosur y ALCA
Países Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia, Sudáfrica, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Francia, Nueva Zelanda