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Recuadros:

Business, petróleo y derechos humanos

Tal como quedó demostrado en la "batalla de Seattle", en tiempos de aldea global las trasnacionales operan bajo la mirada crítica e instantánea de los medios, de las organizaciones internacionales y de los ciudadanos. Un sector de la opinión pública considera cada vez más que el respeto de los derechos humanos y de la voluntad ciudadana, así como de la cultura y el medio ambiente, forma parte de las responsabilidades de esas empresas. A fortiori, cuando estas sociedades -especialmente las majors del petróleo- operan en un universo político arbitrario y violento. Sin embargo, siguen siendo numerosas las empresas que persisten en sostener que no tienen ninguna responsabilidad en los países donde efectúan sus inversiones y realizan sus negocios.

"Human rights is not the business of business" (Los derechos humanos no son asunto del mundo de los negocios). Durante mucho tiempo, la fórmula sirvió a las compañías trasnacionales (CTN) establecidas en el tercer mundo como principio fundamental y de buena conciencia. Su éxito se medía ante todo por el rendimiento industrial, es decir por las ganancias, aun cuando en buena medida se debía a los abusos de que eran víctimas las poblaciones locales a manos de regímenes tiránicos. Por lo demás, se sobreentendía que las empresas en cuestión no estaban "allí para hacer política", que eran "neutrales", y que su presencia "favorecía el desarrollo y la democracia". Estas fórmulas perentorias, a menudo desmentidas por los hechos, no desaparecieron del discurso de las petroleras. Muchas las siguen usando. Pero encuentran cada vez más impugnaciones.

La globalización económica, combinada con el incremento de poder de la "sociedad civil", modificó la relación de fuerzas. Al homogeneizar las ideologías y borrar las fronteras, ofreció un mercado planetario a las trasnacionales -cuyo poder transforma el mundo- y les confirió nuevas responsabilidades. ¿Cómo podría ser de otro modo cuando, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre las cien primeras potencias mundiales cincuenta son empresas multinacionales y cuando sus decisiones afectan a una cantidad cada día mayor de países y poblaciones?

En comparación con las campañas por la defensa del medio ambiente lanzadas por Greenpeace entre 1970 y 1980, los militantes de los derechos humanos se tomaron su tiempo para exigir respeto a las transnacionales. Hubo que esperar hasta 1995 para que la británica Amnesty International y la estadounidense Human Rights Watch lanzaran campañas convergentes para incitarlas a asumir responsabilidades económicas y sociales a la medida de su poder e influencia, especialmente en materia de derechos humanos. El argumento de base es simple: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH), ratificada por la mayoría de los Estados, exige "a cada individuo, a cada órgano de la sociedad" que respete y promueva los principios en ella enunciados.

Por lo tanto esos derechos nos conciernen a todos, individuos y sociedades, personas privadas y personas morales. A quienes rechazan esta obligación con el argumento de que no es la función del sector privado "ejercer la moral", Geoffrey Chandler, ex directivo de la sociedad Shell y actualmente responsable del Grupo Business de Amnesty-Reino-Unido, les responde: "Las grandes empresas no pueden ni deben ser árbitros de la moral en el mundo. No se trata de que usurpen el rol de los gobiernos ni de que resuelvan todos los problemas sociales a los que se ven confrontadas. No obstante, su influencia sobre la política económica mundial aumenta incesantemente y su presencia afecta cada vez más a las sociedades en las que operan. Todo esto les confiere responsabilidades nuevas".

En un primer momento, las campañas apuntaron a las multinacionales textiles y a las empresas de indumentaria que explotaban la mano de obra barata del tercer mundo, incluidos los niños, en condiciones prohibidas por convenciones internacionales. En esa oportunidad, y como corolario de un debate interno por momentos turbulento, Amnesty optó por darle una mano a las multinacionales consideradas como socias en este asunto. Dejando a un lado las virulentas acusaciones y los llamados al boicot de los años 1970 y 1980, la organización llevó adelante una política de encuentros e intercambios de ideas con vistas a delinear un objetivo común. En varios países se establecieron estructuras específicas. Es el caso de Francia, donde representantes de sociedades trasnacionales se reúnen con los de Amnesty-France, varias veces al año, en un club de negocios.

En todos los casos, para Amnesty se trata de comprender y convencer más que de condenar, manteniendo al mismo tiempo su capacidad crítica. Sobre este punto, la intervención de Sir Geoffrey, dirigida a algunos responsables de la industria petrolera durante un foro organizado en 1997 en Oxford, estuvo desprovista de ambigüedades: "Amnesty International no preconiza el boicot ni el retiro de las inversiones, tampoco critica a las empresas que llevan a cabo actividades legítimas en el extranjero, sea cual sea la política del país en cuestión. Pero Amnesty, sustentada en una opinión pública cada vez más crítica, está convencida de que estas sociedades tienen la responsabilidad de utilizar su influencia para defender los derechos humanos y promover el imperio de la ley". La estrategia había cambiado, pero el objetivo seguía siendo el mismo.

Imagen y rentabilidad

La primera fase de la campaña tuvo un relativo éxito. Llevó a ciertas empresas cuyo impacto comercial debe mucho a la imagen que proyectan sobre una clientela joven, a reconocer el problema y aceptar la concertación, luego a poner a punto, junto a las ONG, códigos de conducta que incorporan el respeto por los derechos de las personas. Sociedades como Gap y Nike y también Levi Strauss, criticadas por las condiciones de trabajo prevalecientes en sus talleres en el extranjero, encontraron un modo de mejorar su imagen a bajo costo. La empresa de indumentaria Reebok lo resumía en un folleto titulado Normas de Producción y Derechos Humanos: "La experiencia de Reebok es que la incorporación de principios universalmente reconocidos en materia de derechos humanos dentro de la práctica de los negocios mejora el ánimo de los empleados, el ambiente de trabajo y la calidad de los productos".

Fue un paso importante y la concertación prosigue. Pero en términos generales, la resistencia continúa siendo fuerte, como lo constata en 1999 la delegada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson: "Algunos hombres de negocios parecen considerar que el entorno político y social de los países donde operan no les concierne (…). Es una actitud corta de miras. La capacidad de los hombres de negocios de afrontar el desafío de los derechos humanos será crucial para el éxito de las empresas en el plano nacional e internacional en los años venideros".

Petroleras en la mira

Los caprichos de la geología y la historia hacen que el petróleo haya sido siempre más escaso en el subsuelo de las democracias que en los países que echan por tierra los derechos y las libertades. Ese es pues el bastión (y además uno de los grandes motores del crecimiento económico mundial), al que se dedicaron a convencer en estos últimos años Amnesty International y Human Rights Watch -la primera haciendo hincapié en los incentivos, la segunda en las amenazas- de que adapten su cultura de empresa y su comportamiento. Al principio fue muy difícil. Así lo recuerda Sir Geoffrey: "Éramos ingenuos, y nuestras trompetas no sacudieron el bunker de las petroleras". Lo que finalmente incitó a los barones del oro negro a dialogar, fue una serie de acontecimientos desastrosos que vinieron a opacar sus blasones.

El ejemplo más conocido es el de Shell, en Nigeria. En este país, primera potencia petrolera de África, cuya población sigue siendo una de las más pobres del continente, el maná petrolero extraído por los majors occidentales favorece, desde hace décadas, el enriquecimiento y el mantenimiento en el poder de las élites tiránicas y de sus clientelas corruptas. Beneficiarias de un sistema donde Shell tenía la parte del león, algunas amasaron así fortunas considerables1. A principios de los años ´90, el delta del Niger, desbordante en petróleo, se transformó en escenario de las violentas confrontaciones entre las minorías étnicas locales que acusaban a Shell de atentar contra su cultura y medio ambiente y las fuerzas de seguridad nigerianas encargadas de proteger las instalaciones petroleras.

En 1993, el Movimiento para la supervivencia del pueblo Ogoni, dirigido por el escritor Ken Saro-Wiwa, consigue movilizar decenas de miles de personas contra Shell. La situación se convierte en causa internacional, hasta el punto de que el número uno mundial del petróleo debe interrumpir su producción. Para reiniciarla, el gobierno del general Sani Abacha pone en marcha una represión asesina. Centenares de ogonis son encarcelados y en algunos casos sumariamente ejecutados. Dos años después, Ken Saro-Wiwa y ocho militantes ogonis serían ejecutados, a pesar de las protestas internacionales. El escándalo alcanzó importantes dimensiones. Desde entonces, la compañía admitió que se había visto "obligada", a pagar directamente a las fuerzas de seguridad nigerianas al menos en una ocasión, en 19932.

En 1998, British Petroleum (BP) estuvo a su vez en el banquillo de los acusados cuando se descubrió que había firmado acuerdos con el ejército colombiano para proteger sus instalaciones situadas en una zona de guerrilla. Poco después, su gabinete de seguridad, Defense Systems Colombia (DSC), fue acusado por Human Rights Watch de haber importado armas y entrenado a la policía colombiana, famosa por su brutalidad. Cuando fue objeto de una investigación, DSC se negó a cooperar3.

Recientemente, el semanario Business Week acusó a Mobil Oil de "complicidad" con las fuerzas armadas indonesias en las matanzas perpetradas en las inmediaciones de las instalaciones de la firma estadounidense en la provincia de Aceh. Desde 1980, año en que los separatistas del Gerakan Aceh Merdeka (Movimiento para la Liberación de Aceh) iniciaron sus ataques contra las instalaciones de Mobil, y cada vez que se impuso la ley marcial, circularon rumores de desapariciones y ejecuciones masivas. En 1999, luego de la caída del régimen de Suharto, el Comité Indonesio de Derechos Humanos puso al descubierto una docena de fosas comunes que contenían los cuerpos de centenares de personas. Muchas habían sido torturadas. Mobil desmintió toda implicación en el asunto. Sin embargo, según Business Week, la compañía admite haber provisto de alimentos, carburantes y equipamiento a los soldados encargados de proteger sus instalaciones4. Según un grupo de ONG indonesias, parte de ese equipamiento habría sido utilizado para cavar las tumbas. La región de Aceh provee alrededor de un tercio de la producción indonesia de gas y petróleo.

Petróleo y derechos humanos tampoco se llevan muy bien en Sudán. Los dirigentes islámicos de Khartum, que combaten a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación de Sudán (APLS) en la región sur, poblada por negros y cristianizada, son regularmente acusados de cometer atrocidades, provocar el desplazamiento de poblaciones y también de tolerar las prácticas esclavistas en vigencia en las milicias solventadas por ellos.

Sobre este telón de fondo, Amnesty International publicó un informe donde estima que la mayor parte de las compañías petroleras extranjeras "tolera esos crímenes haciendo la vista gorda"5. Hay una lista de las petroleras que operan en la región del Alto Nilo Occidental. En ella figuran, en distintos niveles de importancia, la China National Petroleum Corporation (China), Petronas (Malasia), BP Amoco (anglo-estadounidense), Talisman Energy (Canadá), International Petroleum Corporation (Suecia), Agip (Italia), TotalFinaElf (Francia), Gulf Petroleum Company (Qatar), National Iranian Gas Company (Irán) y Shell (Holanda). A fines de 1999, cuando nada hacía prever el menor avance en derechos humanos, el Ministro de Energía sudanés, Awad Ahmed Eljaz, anunció que media docena de petroleras extranjeras esperaban la obtención de nuevas concesiones.

En Myanmar (ex Birmania), la compañía francesa Total y su socia estadounidense Unocal son objeto desde 1996 de una campaña de reprobación internacional. Las dos compañías, asociadas a la Myanmar Oil and Gas en la explotación de los yacimientos de gas de Yadana y la construcción de un oleoducto, están acusadas de haberse beneficiado con las violaciones de derechos humanos cometidas por los militares birmanos en una docena de poblados. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y otras ONG dieron cuenta de desplazamientos de poblaciones manu militari, de trabajos forzados e incluso de ejecuciones sumarias. Total y Unocal negaron que tales acusaciones las concernieran en forma directa. La empresa francesa -que puso en marcha un programa de rehabilitación dirigido a las aldeas afectadas- y su socia estadounidense insisten en afirmar que su presencia es benéfica para estas poblaciones.

Pero esta defensa se vio debilitada por el comportamiento caricaturesco de la junta en el poder desde 1988. Al punto que Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU adoptaron resoluciones reprobatorias y varias multinacionales (Heineken, Pepsi Cola, Motorola, Eastman Kodak y también las petroleras estadounidenses Texaco y Atlantic Richfield) se retiraron invocando "falta de democracia". Luego de estas deserciones, la señora Aung San Suu Kyi, dirigente de la oposición y premio Nobel de la Paz, estimó que Total se había convertido en "el principal apoyo" del régimen militar.

Sin principios

En Angola, los ingresos del petróleo alimentan una guerra civil interminable que ya causó varios cientos de miles de muertos… pero muy rentable. Según las ONG, en 1999 una generosa mitad de los 900 millones de dólares de derechos de explotación pagados por las compañías petroleras internacionales habrían servido para financiar la enésima ofensiva militar contra la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola (Unita) de Jonas Savimbi. El resto, para alimentar la corrupción. El año pasado, la asociación británica Global Witness acusó a oficiales angoleños de alto rango de comprar armas a la mafia rusa con las regalías del petróleo y de revenderlas al gobierno a través de compañías pantalla, a precios inflados6. En un severo informe, la asociación británica acusó por igual a las multinacionales del petróleo y a los bancos occidentales de complicidad con una "catástrofe humanitaria" en Angola. Alrededor de veinte sociedades petroleras, empezando por BP (devenida BP-Amoco luego de una fusión), Exxon, Gulf y TotalFinaElf, operan en este país, donde prevén realizar inversiones por miles de millones de dólares en los próximos años.

Finalmente, en enero de 1999, Human Rights Watch acusó al conglomerado Enron, gigante estadounidense de la energía, de complicidad con "serias violaciones" de los derechos de las personas en India. La usina eléctrica de Dabhol, cuyo 50% pertenece a Enron, "emplea fuerzas de seguridad que apalean y asedian regularmente a las personas que realizan manifestaciones pacíficas en contra de la central", escribió la organización, que acusó a los gobiernos indio y estadounidense de hacer la vista gorda. Dabhol, el mayor inversor extranjero de India, es una joint-venture entre dos de las más importantes sociedades estadounidenses, General Electric y Bechtel, con Electricidad del Estado de Maharashtra.

En esta lista negra de los países donde la explotación petrolera se desentiende de los principios, podría agregarse a China, Rusia, Turquía y Arabia Saudita, el Cáucaso y Asia Central, donde se desarrollan grandes maniobras petroleras, y también a Argelia y Pakistán, Libia, Congo y un puñado de Estados africanos. La mayoría de los casos documentados por las ONG atañen a abusos de los servicios de seguridad encargados de la protección de las petroleras contra las poblaciones que, por diversas causas -daño al medio ambiente, a la cultura, incumplimiento de los compromisos, etc.-manifiestan su oposición. No obstante, según Human Rights Watch, la mayor parte de las compañías desmintió estar al tanto de tales hechos. Ninguna protestó públicamente contra los abusos cometidos en el marco de esas operaciones. No se realizó ningún intento de acotar la acción de las fuerzas armadas cuya brutalidad suele ser notoria. Salvo en los casos en que la prensa internacional se hace eco de los acontecimientos, prevalecen la indiferencia y la inacción.

En muchos países, el contexto en el que operan las trasnacionales del petróleo es de conflictos y violencia y se ven obligadas a protegerse. Pero "llamar a las fuerzas de seguridad para protegerse aumenta la responsabilidad que tienen las compañías petroleras de garantizar que su intervención no provoque violaciones a los derechos humanos", recuerda Human Rights Watch7. En efecto, si las petroleras realmente no pueden elegir adónde ir, dado que esa elección la dicta ante todo la geología, pueden elegir la manera y en todos los casos pueden hacer lo necesario para acotar los perjuicios. Para que sus operaciones no tengan un impacto negativo sobre los derechos humanos, Amnesty les propone un arsenal de "medidas de sentido común".

Por ejemplo, en lo interno, la adopción de una política de derechos humanos que incluya el apoyo explícito a la Declaración Universal de 1948. Luego, hacer lo necesario para incorporarla a las mentalidades y a los hechos a través de un código de conducta de la empresa. En lo externo, adoptar en los contratos cláusulas que garanticen el respeto de las poblaciones locales y las convenciones internacionales. Hacer públicos los acuerdos de seguridad. En las zonas de conflicto armado, no solicitar la intervención de fuerzas armadas famosas por su brutalidad. En caso de abusos, elevar una protesta a las autoridades, llevar el caso a la justicia e indemnizar a las víctimas. Actuar de modo tal que todos estos compromisos sean verificables para poder, más allá de las promesas, evaluar su realidad.

La opción humanista

Con el diálogo por una parte y presiones por otra, las cosas terminaron por moverse en Gran Bretaña. De allí partió la campaña y desde allí llegaron los primeros resultados. Hacia fines de los años ´90, varias trasnacionales, entre ellas tres petroleras y no precisamente las más insignificantes -Shell, BP-Amoco, y la estatal noruega, Statoil- anunciaron políticas que ponían el acento en los derechos humanos. Decisión que, en el caso noruego, venía acompañada por una verdadera profesión de fe: "En Statoil pensamos que (…) la necesidad de democratización, de erradicación de la pobreza y de desarrollo social es urgente. Promover los derechos de las personas no es sólo algo que está bien, sino que responde a los intereses del mundo de los negocios", declaraba en agosto de 1998 Harald Norvik, presidente de la empresa.

Pese a ejemplos como éste, la mayoría de las petroleras se mantiene en sus posiciones de pretendida neutralidad política y pragmatismo. "Mientras no exista un embargo de la ONU, como en Irak, seguimos adelante. Por lo demás, corresponde a los políticos asumir sus responsabilidades", sintetiza una de ellas. Este es, a grandes rasgos, el credo de los estadounidenses y los franceses. En cuanto a la opción "humanista" de Shell, BP y Statoil, sus competidores más indulgentes ven en ello una utopía, otros denuncian "la hipocresía de promesas espectaculares pero imposibles de cumplir". A fortiori, en un período de encarecimiento del precio del petróleo. Dicho lo cual, conscientes de las tendencias y de su imagen ante la opinión pública, la mayoría vacila en cuanto a romper la concertación con Amnesty. Es el caso de TotalFinaElf, que no excluye la incorporación de una referencia específica a los derechos de las personas en una nueva carta de la empresa que está en elaboración.

También en otras partes se abre camino la "cultura de los derechos humanos". En abril de 2000, Amnesty International, el Ashridge Center for Business and Society y The Prince of Wales Business Leaders Forum, invirtiendo el argumento predilecto de las trasnacionales, lanzaron una campaña sobre el tema: "Human rights is the business of business" (Los derechos humanos son un asunto del mundo de los negocios). En esta ocasión, un estudio realizado en las 500 sociedades más importantes del mundo reveló que el 36% de ellas habían decidido no dar curso a un proyecto de inversión a causa de problemas de derechos de las personas y que el 19% habían retirado inversiones y abandonado ciertos países por la misma razón.

El estudio dio lugar a dos lecturas. Para Geoffrey Chandler, "la investigación muestra hasta qué punto son ignorados los derechos humanos, que constituyen sin lugar a dudas el mayor desafío del siglo XXI para el mundo de los negocios". Desde una posición netamente más optimista, Andrew Wilson, director del Centro, ve en la investigación la prueba de que el tema de los derechos fundamentales ha alcanzado un nivel de interés que no tiene precedentes en la élite del mundo de los negocios, aun cuando sólo está en sus inicios. Así lo subraya Wilson: "Para ciertas organizaciones, el sólo hecho de tomar en cuenta las cuestiones sociales y éticas en su estrategia económica es un progreso notable".

Además de esta campaña, prolongación de la de Amnesty, treinta países industrializados adoptaron en junio pasado un texto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que llama a los medios empresariales a respetar los derechos de las personas y el medio ambiente y a eliminar el trabajo infantil. Desgraciadamente, los gobiernos no siempre dan un buen ejemplo. En este caso, más que en cualquier otro, sucede que sacrifican los derechos humanos en el altar de los intereses estratégicos y comerciales. La mayoría de los gobiernos -incluso los más comprometidos con el respeto de los principios- vacilan a la hora de denunciar las violaciones y la corrupción cuando éstas huelen a petróleo. Es así como en 1998 el gobierno holandés, hasta entonces uno de los más severos críticos de la política de las libertades en China, se alió a la posición de la Unión Europea, que se negó a apadrinar una resolución concerniente a esta cuestión en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Poco después, el gobierno de Pekín otorgó a la Royal Dutch Shell la inversión más voluminosa (4.500 millones de dólares) que se haya acordado nunca a un grupo extranjero. Previsto en 1997, el acuerdo fue anulado luego, cuando el gobierno holandés apadrinó una resolución sobre derechos humanos en China, marcando su diferencia respecto a la Unión Europea…

  1. El general Sani Abacha -fallecido en 1998- y su sallegados habrían acumulado entre 1993 y 1998 "cerca de 3000 millones de dólares" en cuentas abiertas en Suiza, en 19 bancos helvéticos y franceses. Le Monde, París, 6-9-00.
  2. Según el informe anual 1999 de Human Rights Watch, la represión y las ejecuciones extra judiciales habrían continuado, en 1998 y 1999, en varias regiones de explotación petrolera de Nigeria.
  3. Siempre en Colombia, los Uwa, minoría del nordeste que cuenta con el apoyo de un grupo de ONG estadounidenses, se oponen desde hace varios años a las perforaciones del Occidental Petroleum, cuya base está en Estados Unidos.
  4. Business Week, Nueva York, 28-12-1998.
  5. "Sudan: The Human Price Of Oil", Amnesty International, Londres, mayo de 2000.
  6. La Unita, por su parte, financia la guerra con el tráfico de diamantes.
  7. Arvin Ganesan, "Business and human rights, the bottom line". En internet: www.hrw.org/

Cuando el petróleo impide el desarrollo

En la historia legendaria del desarrollo virtual de África1, el petróleo ocupa un lugar de privilegio escasamente analizado. El Grupo de Investigación y Estrategia Económica Alternativa (GRESEA) repara este olvido mediante una abarcadora investigación, muy documentada, que muestra cómo la economía del oro negro, lejos de favorecer el progreso económico y social, vampiriza los recursos financieros y humanos de los países involucrados: los Estados petroleros africanos del sur del Sahara se cuentan entre los más endeudados y los que presentan un mayor retraso desde el punto de vista del desarrollo humano2. Son también los que padecen guerras interminables (Congo, Angola, Sudán…). Ligado a importantes intereses económicos y geopolíticos, el petróleo es también un pilar esencial de la dictadura de Birmania donde la firma multinacional Total, principal apoyo del régimen, despliega una importante actividad3.

  1. Christian de Brie, "Quand la banque mondiale nie l´évidence", Manière de voir Nº 51, Afriques en renaissance, París, junio de 2000.
  2. Le pétrole en Afrique, la violence faite au peuple, GRESEA, Bruselas, abril de 2000. Gresea@village.uunet.be
  3. Alain Clements, Birmanie Totalitaire, L´Esprit frappeur, París, 2000.


Un pacto global

En enero de 1999, en el Forum económico de Davos (Suiza), que reúne todos los años a la élite mundial de la política y los negocios, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, lanzó la idea de una asociación entre la organización que él preside y el medio empresario. Bautizada como Global Compact (Pacto global), la iniciativa aparece poco después del fiasco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle y toma en cuenta la dificultad de ciertas economías frente al poder absoluto del mercado, las limitaciones de los efectos de la mundialización en materia de progreso social y el ascenso de la oposición a esta misma mundialización.

Con Global Compact, Annan invita a la élite del sector privado a dar muestra de civismo y asumir su parte de responsabilidad participando junto a la ONU, sus agencias especializadas y algunas ONG involucradas en la aplicación de valores universales comunes. Según la fórmula del Secretario General, se trata de "unir el poder de los mercados a la autoridad de los ideales universales". En lo que concierne a derechos humanos, trabajo y medio ambiente, Global Compact propone la adhesión a nueve grandes principios incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y también en las resoluciones de las cumbres de Rio sobre medio ambiente y de Copenhague sobre problemas sociales, . Según la ONU, se trata del "más ambicioso esfuerzo por establecer una cooperación entre la ONU, el sector privado y los movimientos de ciudadanos"1.

En la práctica, los contactos con el sector privado condujeron a una reunión, en julio de 2000, en la sede de Nueva York de las Naciones Unidas, en el curso de la cual unos cincuenta directivos de sociedades trasnacionales se comprometieron públicamente a apoyar el Pacto Global. Uno de los objetivos declarados es obtener, en el plazo de tres años, el apoyo de alrededor de cien multinacionales y cerca de mil empresas nacionales.

Por último, se especifica que Global Compact, cuyo garante es la ONU, "no es un código de conducta sino un marco de referencia y de diálogo destinado a facilitar la convergencia entre las prácticas del sector privado y los valores universales". La iniciativa de la ONU va en el mismo sentido, aunque su vaguedad, así como la ausencia de constricciones jurídicas y de todo control sobre el respeto de los compromisos suscritos por las multinacionales, suscita no pocas críticas. En un artículo titulado "Las Naciones Unidas en dudosa compañía ", una coalición de ONG subraya que "de hecho, Global Compact permite que sociedades conocidas por sus violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente blanqueen su imagen envolviéndose en la bandera de las Naciones Unidas"2.

  1. ver http://www.unglobalcompact.org
  2. Joshua Karliner y Kenny Bruno, International Herald Tribune, París, 10-08-00. Los autores trabajan para Transnational Ressource & Action Center.


Autor/es Roland Pierre Paringaux
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 18 - Diciembre 2000
Páginas:14, 15, 16
Traducción Patricia Minarrieta.
Temas Conflictos Armados, Corrupción, Deuda Externa, Neoliberalismo, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Geopolítica, Movimientos Sociales, Periodismo
Países Canadá, Estados Unidos, Irak, Angola, Argelia, Congo, Libia, Nigeria, Sudán, Colombia, Birmania (ver Myanmar), China, India, Malasia, Pakistán, Francia, Holanda (Países Bajos), Italia, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, Arabia Saudita, Irán, Qatar