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Recuadros:

La guerra, fuente de la política

La democratización de los países del continente africano es concomitante de fenómenos como la desregulación económica, el debilitamiento del Estado y la fragmentación social. De la intensificación de las luchas por el poder en ese contexto surgen dos grandes grupos de países: aquellos donde los cambios todavía son posibles por vía electoral y aquellos donde la transición se ve bloqueada. En estos últimos es donde mejor se pone en evidencia el rol protagónico de los ejércitos y hasta qué punto la guerra condiciona la política.

La transición política emprendida hace diez años en el África subsahariana viene acompañada de golpes de Estado, cambio de alianzas, movimientos sociales y procesos electorales caóticos. Sin embargo, a diferencia de otras olas de democratización (el sur de Europa y América Latina, sobre todo), la desaparición de los partidos únicos y la salida de los autoritarismos se han efectuado en un contexto marcado por tres factores olvidados por los analistas.

El primero es la concomitancia de la democratización y de la "informalización" de la economía y de las estructuras estatales. En efecto, a principios de los ochenta, los mecanismos culturales e institucionales que posibilitaban el sometimiento habían alcanzado sus límites. Frente a la máscara del orden y la ley y el teatro del Estado, estaba gestándose un movimiento subterráneo de dispersión gradual del poder1. Esta evolución se acentuaba con el agravamiento de las restricciones ligadas al pago de la deuda y la aplicación de políticas de ajuste estructural. No se aligeraba la amenaza de insolvencia general que pesaba sobre las economías y el deterioro prosiguió a lo largo de los noventa, con lo que la crisis adquirió formas a veces inesperadas.

El doble imperativo de apertura política y liberalización económica, lejos de poner término a la crisis y de llevar al Estado de derecho y al "buen gobierno", previstos por las instituciones financieras internacionales, acentuará con carácter casi general el debilitamiento del Estado. Como éste ha perdido su capacidad para gestionar el riesgo y lo imprevisto -salvo mediante la fuerza- los intentos de salida del autoritarismo se desarrollarán en un contexto de violencia social.

Esta dispersión imprimió un sello singular a las democratizaciones africanas. Por una parte, el debilitamiento de la capacidad administrativa del Estado corre pareja con la privatización de algunas de sus funciones2. Por otra, la prima otorgada a la desregulación se traduce en el terreno por un movimiento general de desinstitucionalización, propicio a la generalización de prácticas informales, no sólo en el sector de la economía, sino en el propio corazón del Estado y de la Administración y en todos los aspectos de la vida social y cultural ligados con la supervivencia cotidiana. Ahora bien, su generalización ha entrañado no solamente una proliferación de instancias de la producción de normas, sino también un incremento sin precedentes de las posibilidades de eludir las reglas y las leyes, en el preciso momento en que la capacidad de sanción detentada por los poderes públicos era cada vez más débil. A partir de allí prevalecieron las conductas encaminadas a infringir las normas a fin de aumentar las rentas y sacar beneficios máximos de la desaparición del Estado, tanto en los agentes públicos como en los privados.

Segundo factor: la democratización sobreviene en un momento en que como consecuencia de la brutalidad de la crisis, se acelera la fragmentación de la sociedad. Además de las situaciones-límite como las guerras, las recomposiciones territoriales, los desplazamientos forzados de la población y de las matanzas, se traduce también en la multiplicidad de identidades, de lealtades, autoridades y jurisdicciones, la acentuación de la movilidad y de la diferenciación, la velocidad en la circulación de las ideas, de los signos y de los símbolos, el incremento de la capacidad de conversión de las cosas en su contrario: cualquier cosa se utilizará para alcanzar cualquier fin y todo será objeto de negociación y regateo.

Las consecuencias de ese nuevo estado cultural sobre la constitución de los movimientos sociales y la formación de alianzas y coaliciones son considerables. El tiempo corre y los "golpes" puntuales y los imperativos de conquista inmediata del poder o la necesidad de conservarlo a cualquier precio se privilegian en detrimento de los "proyectos" a largo plazo y de la búsqueda de alternativas, de lo que resulta una inestabilidad estructural: las alianzas se anudan y se desanudan constantemente. En otro plano, la oposición, débilmente institucionalizada, actúa a remolque de una multiplicidad de arreglos, en un zigzagueo permanente, al albur de las circunstancias.

Transiciones por vía electoral

Por último, el tercer factor: a principios de los noventa, no existía en el continente ni un modelo teórico ni una tradición de reflexión crítica y autónoma sobre el Estado de derecho, de las formas de la ciudadanía y de las instituciones de la democracia. La atrofia intelectual del movimiento de democratización permitió el fortalecimiento de las ideologías "nativistas" y de nuevas cosmologías articuladas en torno a simbologías religiosas y a la rehabilitación de las fuerzas ocultas3.

Esos tres factores gravitaron con todo su peso sobre los resultados de la democratización. El advenimiento del multipartidismo permitió, con carácter casi general, la eclosión de nuevos espacios de libertad, pero rara vez llevó a transformaciones cualitativas e irreversibles tanto desde el punto de vista de la vida cívica como desde el punto de vista del bienestar material de las poblaciones. Además, la carencia casi total de alternativas creíbles al modelo neoliberal dio lugar al repliegue en un discurso moral o religioso (cruzadas anticorrupción), o al regreso a identidades primarias, o también al agravamiento de las luchas por la conquista o la conservación del poder. Más que nunca, esas luchas están ligadas a la posibilidad de constitución de propiedades y a las dinámicas de la estratificación social, en contextos donde la nación nunca existió verdaderamente y donde el Estado apenas puede ya constitutirla, aunque se supone que debe hacerlo.

De esta intensificación de las luchas por el poder emergen tres configuraciones. Por una parte, se destacan del conjunto los países donde son posibles los cambios por vía electoral. Se trata de un conjunto de regímenes políticos relativamente estables y que gozan de una aparente legitimidad (África del Sur, Botswana, Isla Mauricio, Benín, Senegal y Malí). Casi todos esos regímenes son el fruto de compromisos negociados en plazos relativamente largos. La competición de las elites por el poder se desarrolla según reglas generalmente aceptadas. La prensa es libre. Los partidos de oposición ejercen sus actividades con un mínimo de trabas. Sin embargo, esos procesos no son irreversibles y las posibilidades de alternancia siguen siendo aleatorias.

En este sentido, el ejemplo senegalés indica que el derrocamiento por vía electoral de poderes autoritarios establecidos desde hace mucho tiempo tiene más posibilidades de producirse en países cuyas tradiciones de apertura al exterior y cuyas prácticas de apropiación de símbolos llegados de lejos son relativamente antiguas; donde, inspirándose en muchas fuentes, las redes culturales y las influencias intelectuales son lo bastante flexibles como para producir formas híbridas y sincréticas y donde, pese a la fuerza relativa de las identidades regionales y la permanencia de conflictos en ocasiones agudos, las identidades religiosas y las formas autóctonas de estratificación social prevalecen sobre las afiliaciones étnicas4.

En tales contextos es necesario un período de asociación -prolongada e intermitente- de los partidos de oposición al gobierno, mediante gobiernos de coalición o de unidad nacional. Aunque una experiencia así no esté exenta de acuerdos y de conflictos -a veces graves- que pueden conducir a disturbios o a arrestos, favorece en todo caso la asimilación recíproca de las elites y la emergencia progresiva de una cultura del compromiso, en particular sobre las normas constitucionales y las reformas electorales.

Para tener éxito, el cuestionamiento a la legitimidad del régimen en el poder debe extenderse más allá de las fronteras nacionales. Además de la denuncia clásica de los atentados a los derechos de la persona en los medios masivos de comunicación y en los foros internacionales, este cuestionamiento debe orientarse a conseguir si no la marginación, sí al menos el descrédito de ese régimen. Gracias a la utilización hábil del nuevo léxico internacional (lucha contra la corrupción, transparencia, Estado de derecho, etc.), las fuerzas de oposición deben convencer a la comunidad internacional del fracaso del régimen y de los riesgos de desestabilización que su mantenimiento en el poder a toda costa plantearía al conjunto de la región.

Pero la "multilateralización" de las elecciones (y por consiguiente la apelación a la injerencia) sólo tiene posibilidades de producirse si está apoyada por una movilización interna, en particular de las mujeres y de los jóvenes (estudiantes y escolares, desocupados, etc.). Más allá de su inscripción masiva en las listas electorales, dotan a la oposición del poder de la calle, capaz de hacer pesar el espectro de una insurrección urbana en caso de fraudes masivos o de golpes de fuerza. Por otra parte, permiten la organización eficaz de unidades domésticas gracias a la influencia de las madres de familia y los referentes que representan las redes femeninas en el tejido social. Sin embargo, no cabe ninguna estrategia electoral victoriosa sin una inversión en las zonas rurales, esa reserva cautiva de los regímenes en el poder.

El partido en el poder alivia su presión sobre el voto rural por la mediación de nuevas generaciones de instituciones no oficiales: asociaciones de mujeres, de comerciantes, de grupos de oración, de mutualidades, de sociedades culturales o de desarrollo. Esas instituciones sirven de correa de transmisión entre las elites urbanas y sus aldeas y comunidades de origen5. Pasa seguidamente por la neutralidad relativa de las autoridades consuetudinarias y religiosas y las redes de morabitos. Por último, el derrocamiento de un poder establecido desde hace mucho tiempo constituye la culminación de un amplio trabajo cultural facilitado por la cuadriculación del territorio gracias a los medios de comunicación moderna (la radio y el teléfono móvil) o a los incesantes movimientos entre las ciudades y el campo. Pero para que se produzca la alternancia efectiva, es preciso que el ejército opte por la neutralidad; que una relativa duplicidad de los empresarios locales y extranjeros los empuje, sin dejar de financiar al régimen en el poder, a diversificar sus riesgos sosteniendo bajo cuerda a la oposición; que se intensifique la presión por elecciones relativamente transparentes.

En contrapunto de las configuraciones donde son posibles todavía cambios por la vía electoral, se sitúan los casos de transiciones bloqueadas. Ante todo, se trata de regímenes que, en el punto álgido de la contestación, habían aceptado a su pesar emprender una dinámica de refundación, a través de conferencias nacionales soberanas. Lejos de apaciguar los conflictos, ese mecanismo los había atizado todavía más. A lo que había seguido una transición contrariada, cuestionada y que rápidamente se había cerrado. En la mayoría de estos casos, el fracaso de las transiciones negociadas se saldó mediante elecciones amañadas y un vigoroso proceso de restauración autoritaria (Togo), o bien mediante una serie de golpes de Estado, algunos de ellos muy sangrientos (Nigeria), o bien mediante el estallido de guerras civiles o de dimensión regional y, después, la partición del país en numerosos feudos controlados por diferentes señores de la guerra sostenidos por Estados vecinos (los dos Congos).

Guerras predadoras

Seguidamente, en un tercer grupo de países, las transiciones también están bloqueadas porque las elites en el poder desde la independencia resistieron con éxito a la presión de las fuerzas de la oposición y lograron imponer unilateralmente un ritmo a la apertura política. Al determinar los contornos, la naturaleza y el contenido, decretaron reglas de juego que, aun cediendo a los aspectos más elementales de la competencia, les permiten no obstante mantener su control sobre las principales palancas del Estado y de la economía. En esos países persisten desacuerdos fundamentales entre el poder y la oposición, a la vez que perdura una situación de conflicto que alterna períodos de latencia con períodos de agudización. Las condiciones de desenlace pacífico dependerán también de la presión de las fuerzas sociales y de la actividad de los actores internacionales. Ese es precisamente el caso de Camerún, Kenia, Zimbabwe, Guinea y Togo.

En esos países no se ha producido ninguna alternancia pacífica. Hubo cambios en la jefatura del Estado porque una rebelión sostenida desde el exterior echó del poder al dictador (Congo democrático), o también porque el dictador de turno murió (Costa de Marfil). Las reformas constitucionales están bloqueadas. Algunos segmentos de la oposición se han unido al poder. Puntos fijos de conflictos permiten la ocupación permanente de parte de los militares. Como la guerra y el tráfico corren parejas, obtienen de ello su propio beneficio, siempre que los conflictos no se extiendan por todo el territorio sino que permanezcan confinados (guerras de fronteras o guerras que alcanzan a una región). En cambio, la circulación de armas ha modificado sustancialmente la estructura social: criminalidad urbana y bandidaje rural, zonas enteras (rurales o urbanas) escapan al control del gobierno central6. Además, la forma de apropiación violenta de los recursos se ha complejizado y han aparecido vínculos entre las fuerzas armadas, la policía, la justicia y la criminalidad.

A lo largo del último cuarto del siglo XX, y ante la ausencia de insurrecciones o de movimientos revolucionarios strictu sensu, el golpe de Estado y la guerra han sido las dos vías para tomar el poder por medio de la violencia7. En ambos casos, la institución militar cumplió un papel decisivo. Las guerras actuales ya no se libran en nombre del anticolonialismo o del antiimperialismo. Desde luego, la retórica de la erradicación de la corrupción, de la protección del medio ambiente o de los derechos de las minorías -parte integrante del léxico internacional- asigna todavía a algunas de ellas una connotación moral y jurídica. Pero en lo esencial se trata de guerras predadoras, libradas con métodos que apuntan prioritariamente a la población civil y a la extracción de los recursos naturales.

Cuando han desembocado en la victoria militar de una de las partes en conflicto, las guerras contemporáneas no dieron necesariamente paso a la liberalización de los regímenes. Por el contrario, se ha visto el nacimiento de principados militares que mantienen una relación belicosa tanto con las sociedades afectadas como con los Estados vecinos; tiranías formadas a partir de un núcleo armado y de un conjunto de camarillas que ejercen un control casi absoluto sobre el comercio a larga distancia y la explotación de los recursos naturales y, en algunos casos, regímenes autoritarios cubiertos con la máscara del "desarrollismo". En esos regímenes, los antiguos "señores de la guerra" se han reconvertido en civiles, pero la cultura militarista siguió impregnando las estructuras de la vida política. Tal es el caso en Uganda, Ruanda, Liberia, Eritrea y Etiopía8.

En todos esos países la guerra se ha convertido en la condición de lo político. De ahí el alto grado de articulación entre la conquista y el ejercicio del poder por una parte, y por otra la violencia y la muerte masiva. En esos países no existe ninguna continuidad entre nacimiento y ciudadanía. Es una de las razones por las cuales la mayoría están implicados en conflictos que afectan a la soberanía de sus vecinos.

La violencia social, sin adoptar necesariamente las formas de la guerra generalizada, tiende, eso sí, a cristalizarse en torno a cuestiones de ahora en más cruciales, como la constitución de identidades, las modalidades de la ciudadanía y la gestión de la movilidad y de la captación de los recursos fluctuantes. La salida de los partidos únicos, en efecto, ha relanzado en una escala más visible que antes las luchas identitarias. A causa de la informalización del Estado y de la fragmentación social, la movilización colectiva con vistas al acceso a los recursos se realiza cada vez más a partir de los registros identitarios. Tres tamáticas resultan privilegiadas en particular: la de la comunidad de origen, la de la raza (es el caso sobre todo en las regiones del continente otrora constituidas por colonias de poblamiento como Kenia, Zimbabwe y Sudáfrica) y la de la religión.

Todas estas evoluciones indican que, lejos de ser lineales, las trayectorias de la transformación política en África son variadas y que además no son irreversibles. Los itinerarios seguidos de un país al otro presentan por cierto diferencias significativas. Pero atestiguan también profundas convergencias. Más aún, en cada país encontramos cada vez más una concatenación y una trabazón de configuraciones. El conjunto atestigua, si hacía falta, la complejidad del cambio en África.

  1. François Bayart, Achille Mbembe, Comi Toulador, Le politique par le bas. Contribution à une problématique de la démocratie en Afrique noire, Karthala, París, 1993.
  2. Du gouvernement privé indirect, Codesria, Dakar,1999; Béatrice Hibou, La privatisation des Etats, Khartala, París,1999.
  3. Jean y John Comaroff, "Occult economies and the violence of abstraction: Notes from the South Áfrican postcolony", American Ethnologist, Arlington (Virginia) 1999.
  4. Momar Cumba Diop, Amadu Diuf, Trajectories d´un Etat, Codesria, Dakar, 1992.
  5. Lillian Trager, "Home-Town linkages and local development in South-Western Nigeria: Whose agenda? What impact?",África, Londres, 1998.
  6. Nane Mburo, "Contemporary banditry in the Horn of África: Causes, history and political implications", Nordic Journal of African Studies, Universidad de Bradford, Reino Unido,1999.
  7. Anatole Ayissi, "L"illusion de la fin descoups d´Etat en Afrique", Manière de Voir, Nº 51,"Afriques en renaissance", mayo-junio de 2000.
  8. Gérard Prunier, "Recomposition de la nation somalienne", Le Monde diplomatique, París, abril de 2000.

Ineludibles ejércitos

Los ejércitos desempeñan un papel básico en la evolución de los países africanos hacia la democracia. En diez años han sufrido profundas transformaciones. A causa de la crisis económica, las condiciones de vida en los cuarteles se deterioraron y se ha asistido a un agravamiento de las desigualdades internas en el seno de las instituciones militares. En países como Costa de Marfil, Nigeria, República Centroafricana, donde los soldados fueron el origen de las violencias, el no pago de los salarios ha sido una de las causas de los desórdenes públicos.

Poco a poco, sobre todo en ocasión de diversas operaciones denominadas de mantenimiento del orden, las salidas de los cuarteles se multiplicaron. Las prácticas de saqueo se generalizaron y la soldadesca no dudó en organizar verdaderas incursiones contra la población civil con el fin de adquirir o de confiscar propiedades. En los escalones superiores, muchos coroneles y generales pudieron constituir sus propias redes en los medios aduaneros y del contrabando, cuando no invirtieron ellos mismos en la reventa de armas y en el tráfico de minerales y de otras operaciones lucrativas.

De modo paralelo, se operaba una compartimentación relativamente rígida entre los diversos cuerpos y las diferentes instancias encargadas de la seguridad (brigada presidencial, fuerzas especializadas, policía, gendarmería, etc.). La circulación de armas, la aparición de milicias, de gangs y de servicios privados de seguridad, el reclutamiento a gran escala de niños y de adolescentes en las guerras, acabaron de complicar el paisaje, poniendo fin al mito de una institución militar unificada que ejerce, por cuenta del Estado, una violencia legítima (Sierra Leona, Angola, Congo-Kinshasa, Liberia, Camerún).

Además, los años noventa se caracterizaron por la participación de muchos soldados africanos en operaciones de mantenimiento de la paz dentro y fuera del continente (Sierra Leona, Liberia, Guinea Bissau). Cabe decir otro tanto respecto de su implicación en guerras internas o en frentes exteriores. En el contexto de la fragmentación de la sociedad, todos esos factores reunidos favorecieron la emergencia del militarismo como cultura política.

El movimiento de democratización a comienzos de los noventa obligó a los regímenes militares a encontrar nuevos códigos de legitimación. Algunos de ellos se transformaron en poder civil, a menudo al cabo de elecciones controvertidas (Ghana, Burkina-Faso). El fracaso del multipartidismo favoreció, sin embargo, la emergencia de nuevas formas de poder pretoriano, cuya justificación principal de ahora en más es el desbloqueo los callejones sin salida a los que habían conducido las democratizaciones fallidas (Nigeria, Costa de Marfil).

No obstante, el margen de maniobra de los regímenes militares en el plano internacional es cada vez más reducido. Y muchos de ellos sólo deben su mantenimiento en el poder, y por períodos cortos, al requisito de señalar un calendario de vuelta a un gobierno civil. No hay que descartar un nuevo ciclo de golpes de Estado. Entre tanto, ya no es raro ver a las oposiciones civiles recurrir al ejército. En la mayoría de los casos, ese atajo les permite evitar la vía electoral y participar en el poder en el marco de gobiernos de transición que reúnen a representantes de varios partidos.


Autor/es Achille Mbembe
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 16 - Octubre 2000
Páginas:24, 25
Temas Conflictos Armados, Militares, Deuda Externa, Neoliberalismo, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Estado (Política), Geopolítica, Políticas Locales
Países Angola, Camerún, Congo, Eritrea, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Malí, Islas Mauricio, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Togo, Uganda, Zimbabwe