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Estados Unidos quiere un mercado hemisférico bajo su control

Las negociaciones entre gobiernos y grupos de negocios destinadas a la implementación del proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se caracterizan por su clandestinidad, su rápido avance y la ausencia de toda consulta a las instancias representativas de los países en cuestión. Por eso mismo proliferan las organizaciones opuestas al libre cambio, que confluyen a través de organismos nacionales y continentales en la Alianza Social Continental. Los días 6 y 7 de este mes, en Buenos Aires -sede de la sexta Reunión de ministros de Comercio previa a la Cumbre de Quebec del día 20- se reúnen tanto el ALCA como sus decididos opositores.

Surgido de la Iniciativa para las Américas presentada por el presidente de Estados Unidos George Bush (padre) en junio de 1990, y reactivado por su sucesor, William Clinton, en la primera Cumbre de las Américas, en Miami, en diciembre de 19941 -año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos y México-, el proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) se discutirá en Quebec del 20 al 22 de este mes. Esa tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno del continente -de la que Cuba está excluida- reunirá 34 naciones.

Bajo el impulso del nuevo presidente de Estados Unidos George W. Bush y de su representante para el comercio, Robert Zoellick, que se proponen acelerar una negociación cuyo término estaba inicialmente fijado para el 2005, se trata de generalizar las normas del TLC en todo el continente y de extender la influencia de los principios del tratamiento nacional y de no discriminación a todos los ámbitos, en particular al mercado público, a los servicios y a las inversiones. En este último campo, esas normas figuraban entre las más discutibles del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), de triste memoria. A título de ejemplo, el capítulo 11 del TLC permite a los inversionistas extranjeros iniciar juicio al Estado en caso de pérdidas provocadas por la aplicación de reglamentaciones oficiales, como la protección del medio ambiente. Así es como el gobierno mexicano tuvo que pagar 16,7 millones de dólares a la empresa californiana Metalclad Corp. porque una municipalidad mexicana no la autorizó a instalar un depósito de residuos peligrosos para la salud, contra el cual se había movilizado la población local2.

En su versión actual, el proyecto prevé efectivamente extender la integración a una docena de áreas agrupadas en cuatro grandes capítulos (llamados "canastos"): educación, democracia y derechos de la persona, pobreza, e integración económica. Pero, en realidad, es en este último "canasto" donde aparece el proyecto de crear una zona de libre comercio continental. Y si bien en principio las negociaciones cubren una cantidad de áreas y temas, en la práctica la integración comercial es sin duda el núcleo de las conversaciones, mientras que en segundo plano se perfila un suntuoso regalo para las multinacionales: una ola de privatizaciones y de desregulaciones, reservándose Washington la posibilidad de bloquear, por medio de sus leyes anti-dumping, el acceso al mercado estadounidense de productos agrícolas provenientes del Sur.

En la quinta reunión de ministros de Comercio, realizada en Toronto en noviembre de 1999, se encomendó a los negociadores la preparación de un borrador de acuerdo comercial para presentar en la sexta Reunión, que se desarrollará en Buenos Aires el 6 y 7 de abril, poco más de dos semanas antes de la Cumbre de Quebec.

Asimetrías y desigualdades

Evocar ciertas cifras permite entender mejor lo que está en juego en esas negociaciones; sobre todo las consecuencias para sus participantes. La aplicación de las políticas neoliberales, que se supone sacarán a América Latina del subdesarrollo, ya lleva dos décadas, pero más del 36% de los hogares latinoamericanos (unos 220 millones de personas) vivían en la pobreza a comienzos del año 2000; ¡un porcentaje similar al de 1994, y ligeramente superior al de 1980!3.

Siempre en el año 2000, las tres Américas (Norte, Centro y Sur) contaban 750 millones de habitantes y tenían un Producto Bruto Interno (PBI) total de 11 billones de dólares, con un peso relativo de las economías extremadamente desigual: EE.UU., Brasil, Canadá y México acaparan respectivamente 75,7%; 6,7%; 5,3% y 3,9% de ese PBI, y los 31 países restantes el 8,4%. De manera que economías como las de Nicaragua o Haití representan respectivamente el 0,002 % y el 0,003 % del PBI del continente. Los datos del PBI en función de la población confirman esa asimetría: EE.UU. está primero con 30.600 dólares por habitante, seguido de Canadá (19.320), Argentina (7.600), Uruguay (5.900), Brasil (4.420) y México (4.400). En el otro extremo, Nicaragua y Haití cuentan respectivamente con 430 y 460 dólares por habitante, es decir, 70 veces menos que EE.UU.4.

Esas asimetrías y desigualdades presentan una multitud de interrogantes y suscitan, entre otros, el problema de los eventuales efectos que tendría una integración económica profunda sobre las economías calificadas como de "pequeña dimensión", para las cuales no se ha previsto ningún fondo de desarrollo ni red de seguridad alguna.

La estrategia consistente en llevar adelante esas negociaciones de manera discreta dio hasta ahora muy buenos resultados a los gobiernos. Sus 900 negociadores convergieron en los últimos meses en Miami, contrariamente a lo que ocurría en el mismo momento en las negociaciones desarrolladas bajo la égida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En efecto, mientras el gobierno francés retiraba la carpeta del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) de manos de sus negociadores en la OCDE en septiembre de 1998 y en Seattle fracasaba el lanzamiento de la Ronda del Milenio, en diciembre de 1999 el proyecto de las Américas avanzaba sin hallar la menor resistencia.

Las negociaciones actuales se desarrollan en la más perfecta clandestinidad y el mayor secreto, es decir, sin que los ciudadanos, y ni siquiera sus representantes, diputados o senadores, sean informados de su progresión o su contenido. Sin embargo, los hombres de negocios, reunidos para trabajar por la causa en el Americas Business Forum (ABF), obtuvieron un status oficial5. De eso resulta que el papel del ABF es determinante, pues "varias de las recomendaciones presentadas por los participantes del Foro del ABF de San José se ven reflejadas en el mandato de los equipos de negociación del ALCA y en el plan de acción surgido de la Cumbre de las Américas de 1998"6.

En cambio, la suerte de los parlamentarios es muy reveladora del tono y de la atmósfera que rodean las negociaciones. Así ocurre con la Conferencia de Parlamentarios de América (COPA), organización que reúne legisladores de 35 países, de los 164 parlamentos provinciales o nacionales, y también delegados de los parlamentos regionales. En su Declaración de Puerto Rico, adoptada al término de su segunda Asamblea General, desarrollada en Río Grande en julio de 2000, la COPA exhortaba a los jefes de Estado y de gobierno a tener en cuenta el nivel de desarrollo de los países implicados en el proyecto ALCA y a garantizar la participación de los parlamentarios de todas las jurisdicciones, con el fin de favorecer la transparencia. Ningún gobierno puso en ejecución esas recomendaciones.

Posteriormente, cuando el nuevo presidente electo de la COPA, Geraldo Magela Pereira, diputado del Congreso Federal de Brasil, pidió que fuera recibida una delegación en carácter de observadora en la Cumbre de Quebec, ¡se le respondió que no era posible por problemas de horario!7.

La oposición se organiza

A lo largo de todos estos años, y mientras las negociaciones avanzaban, organizaciones surgidas de todos los ámbitos, en los 35 países de América, incluida Cuba, crearon redes nacionales y sectoriales de oposición al ALCA. Con motivo de la Reunión Ministerial de Denver (EE.UU.) en 1995, el movimiento sindical, apoyado por la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) -ala continental de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL)- organizó una conferencia paralela, en cuya Declaración final los participantes manifiestan sus preocupaciones y reivindicaciones. Asimismo en Cartagena (Colombia), en 1996, el movimiento sindical estadounidense no sólo elaboró un nuevo documento de reflexión, sino que también trató de ejercer presiones sobre los representantes de los gobiernos. Éstos, en su propia declaración final reconocerían "la importancia de impulsar un mayor reconocimiento y desarrollo de los derechos de los trabajadores, y la necesidad de encarar medidas apropiadas a tal fin por parte de los respectivos gobiernos".

Durante la reunión de presidentes de los países del Mercosur8 junto a los de Chile y Bolivia, realizada en Fortaleza (Brasil) en diciembre de 1996, tanto la principal central sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO, como la ORIT, enviaron representantes para apoyar a las otras centrales sudamericanas, que se habían puesto de acuerdo para celebrar una "jornada internacional de lucha por los derechos de los trabajadores del Mercosur".

Sin embargo, poco después en la tercera Reunión Ministerial de Belo Horizonte, en mayo de 1997, no fueron solamente los representantes del movimiento sindical americano los que se reunieron, sino también delegados de las coaliciones de oposición al librecambio. Desde entonces, éstas tratan de desarrollar posiciones comunes y de construir una alternativa ante la liberalización sistemática de los mercados públicos, de los servicios de salud, la educación y las inversiones. Entre las decisiones adoptadas en Belo Horizonte, la más novedosa es sin dudas la de crear una Alianza Social Continental (ASC), es decir, fundar una amplia y profunda alianza apoyada en la construcción "de alternativas viables y concretas al ALCA"9.

Al año siguiente, al margen de la segunda Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de las Américas, las principales coaliciones nacionales lograron organizar la primera Cumbre de los Pueblos Americanos, que se desarrolló en Santiago de Chile del 14 al 17 de abril de 1998. Esa cumbre había sido convocada a instancias de cinco coaliciones nacionales de oposición al librecambio, cuatro de ellas del norte: Alianza para un Comercio Responsable (ART), de Estados Unidos; Red Mexicana de Acción contra el Libre-Cambio (RMALC), de México; Fronteras Comunes, de Canadá, y Red Quebequense de Integración Continental (RQIC). La quinta era una coalición del Sur, la Red Chilena por la Iniciativa de los Pueblos (Rechip), grupo anfitrión. Otras organizaciones se sumaron a las primeras, entre ellas la ORIT, al igual que asociaciones ambientalistas, feministas, autóctonas, y el Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (IBASE).

Acontecimiento importante de la oposición, la primera Cumbre de los Pueblos permitió sobre todo unir opositores llegados de los campos más variados y establecer un consenso en torno de un primer borrador de documento, titulado "Alternativas para América. Hacia un acuerdo entre los pueblos del continente". Posteriormente, la creación de coaliciones a nivel nacional se extendió y se profundizó. Luego de la aparición de la Rebrip en Brasil, surgió en América Central la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana (ICIC), mientras que el Congreso Latinoamericano de Organizaciones Campesinas (CLOC) se unía a la Alianza Social Continental. A su vez, y a nivel interno, cada una de esas coaliciones reúne un creciente número de organizaciones surgidas de sociedades civiles del continente.

El citado documento "Alternativas para América…", conclusión de un trabajo iniciado en Belo Horizonte y jalón importante del ambicioso proyecto de formar una alianza social que abarque la mayor cantidad posible de sectores y de actores de las 35 sociedades civiles de América, establece que "el comercio y las inversiones no deben constituir un fin en sí mismos, sino medios susceptibles de encaminarnos hacia un desarrollo justo y duradero. Es fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan su derecho a participar en la formulación, en la ejecución y en la evaluación de las políticas sociales y económicas del continente. Los objetivos centrales de tales políticas deben ser la promoción de la soberanía económica, el bienestar colectivo y la reducción de las desigualdades en todos los niveles".

En noviembre de 1999, unos doscientos representantes de la Alianza Social Continental reunidos en Toronto al margen de la quinta Reunión Ministerial, lograron consolidar la Alianza y preparar el terreno en previsión de la Cumbre de Quebec. La denuncia de la clandestinidad en que se desarrollan las negociaciones y la exigencia de transparencia fueron unánimes. Al respecto, las coaliciones que integran la ASC prevén presentar como una reivindicación central la rápida divulgación del contenido del acuerdo.

Coalición en las sombras

Pero se trata de un aspecto secundario respecto de una situación general preocupante: en el marco de las negociaciones comerciales en curso, actualmente se percibe la instauración de una fuerte colaboración entre los gobiernos y los medios de negocios, un régimen partidista aún más selectivo y sectario -si cabe- que el que se halla a nivel multilateral. Esta estrategia explica su sorprendente avance, pero justifica también el creciente desarrollo que tiene la oposición al ALCA y la denuncia por la falta de democracia que rodea esa negociación en toda América.

Los opositores al ALCA serán numerosos en Quebec, pues los miembros de la ASC no son los únicos preocupados por la evolución del expediente de la integración económica de América. También serán de la partida grupos de acción no violenta, coaliciones regionales y grupos de afinidades surgidos en todo el continente. Por otra parte, los acontecimientos no se concentrarán sólo en la ciudad de Quebec, ni en la de Buenos Aires, donde se desarrollará la sexta Reunión ministerial el 6 y 7 de abril. Se estudia la organización simultánea de cumbres paralelas en otros lugares.

Después de Seattle, Praga y Niza, la oposición a la globalización se ha propagado. Queda por verse en qué y cómo las numerosas acciones de esas cumbres paralelas contra el proyecto del ALCA, en Quebec y en otros lugares del mundo se inscribirán en el espíritu del Foro Social Mundial de Porto Alegre de enero pasado y contribuirán a inspirar el Foro Social del año próximo.

  1. El plan de acción surgido de esa cumbre fue redefinido y precisado en la segunda Cumbre de jefes de Estado y de gobierno desarrollada en Santiago de Chile en abril de 1998.
  2. Caminando, París, diciembre de 2000.
  3. "La brecha de la equidad: una segundaevaluación", Comisión Económica Para América Latina(CEPAL), Santiago de Chile, junio de 2000.
  4. Cálculos efectuados a partir de datos de Bilan du Monde, 2001.
  5. El plan de acción surgido de la segunda Cumbre de las Américas precisa que los gobiernos se comprometen a "facilitar la participación del sector privado en los proyectos de infraestructura, locales o transnacionales, que pudieran servir de base a futuros acuerdos bilaterales o multilaterales" (pág. 26).
  6. ABF-Canadá, Document d´information, Cinquième Forum des gens d´affaires des Amériques,1-11-1999.
  7. El pedido fue presentado a comienzos de año. Véase: Boletín de la COPA, febrero de 2001. Cabe consignar que la COPA nació por una iniciativa de la Asamblea Nacional de Quebec, lo cual para el gobierno federal de Ottawa la marca de un vicio de fondo indeleble. El gobierno canadiense reaccionó entonces proponiendo la organización de un Foro Interamericano de Parlamentarios (FIPA) bajo la égida de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los miembros de ese foro serían designados por los propios poderes ejecutivos. Por ahora, la iniciativa federal parece haber fracasado.
  8. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
  9. "Alternativas para América. Hacia un acuerdo entre los pueblos del continente", versión preliminar, octubre de 1998, p. 5.
Autor/es Dorval Brunelle
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 22 - Abril 2001
Páginas:6, 7
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Deuda Externa, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Estado (Política), Geopolítica, Mercosur y ALCA, Movimientos Sociales
Países Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Cuba, Haití, Nicaragua, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay