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¿Los recursos hídricos a remate?

El agua será el bien esencial -y escaso- de las próximas décadas. Por eso las grandes compañías se apresuran a establecer en los tratados internacionales, como el ALCA, una serie de normas que la convertirían en una mercancía sujeta, como otras, a las leyes de la oferta y la demanda.

Los múltiples temores que genera el ALCA en el Norte están justificados por la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) vigente desde 1994 entre Canadá, EE.UU. y México, que servirá de modelo para la integración continental. Uno de sus temas centrales, el agua, permite entender la lógica utilizada en esta negociación. Ese elemento esencial para el mantenimiento de los ecosistemas y para la supervivencia de la especie humana, corre grave peligro de ser transformado en simple mercancía.

Las grandes corporaciones compiten para explotar la creciente penuria del precioso líquido y, junto a algunos países poseedores de ese recurso, se ven a sí mismas como "la OPEP del agua", fingiendo ignorar que en este caso se trata de un recurso vital. En América del Norte ya se despertaron los apetitos. El Toronto Globe and Mail, de Canadá, ya preveía en 1991 que la privatización del agua sería la megaindustria de la siguiente década. El Wall Street Journal anunciaba en 1998 que, luego del teléfono, la energía y el gas, el agua sería el próximo servicio donde se desarrollaría la competencia internacional.

De hecho, mientras que la población canadiense se inquieta por el peligro que acuerdos comerciales como el TLC implican sobre los recursos hídricos, las grandes firmas de ingenieros y de transporte esperan tranquilamente el día en que finalmente puedan organizar el comercio mundial del agua, como el del petróleo o el de la madera. Tironeado por ambas aspiraciones, el gobierno de Ottawa se mantiene en una posición ambigua: se declara decidido a proteger sus aguas -como lo desea la gran mayoría de sus ciudadanos- pero por otra parte se muestra igualmente dispuesto a abrir los mercados de América a las numerosas firmas canadienses que operan en el sector.

Los gobiernos, ya de por sí sometidos a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se verían impotentes en la zona de librecambio "de Alaska a Tierra del Fuego", donde la preponderancia de las normas del mercado libre sería aún mayor. El TLC ya impone a sus Estados miembro limitaciones mucho mayores que las de la OMC: en virtud de su capítulo 11, los inversionistas, ahora dotados del estatuto de sujetos de derecho internacional, anteriormente reservado sólo a los Estados, pueden iniciar acciones legales directamente contra los gobiernos1.

El capítulo 11 permite "garantizar" el comercio del agua en varios sentidos. En primer lugar, si el gobierno canadiense decidiera reservar las extracciones masivas de agua, su exportación o incluso la gestión de los servicios de distribución a compañías privadas canadienses, podrá ser objeto de acciones judiciales por parte de las compañías de otros países del TLC, a las que deberá indemnizar. Por otra parte, las derogaciones previstas del artículo XX del GATT, predecesor de la OMC, no se aplican en el marco del artículo 11 del TLC, que de esa forma rige todos los recursos hídricos, incluido el derecho de acceso al agua en su estado natural.

En 1998, los responsables californianos estimaban que si no se encontraban nuevas fuentes antes de 2020, su estado debería enfrentar un déficit hídrico equivalente a su actual consumo de agua anual. ¿Y cuáles podrían ser esas "nuevas fuentes"? ¡Serían provistas por el comercio global de agua, en la medida en que la demanda pudiera ser satisfecha por la oferta! Ocurre que Canadá tiene agua en abundancia y, tarde o temprano, deberá inevitablemente "compartirla" con sus vecinos, afirma el responsable de la compañía californiana Sun Belt, empresa que inició un proceso contra las autoridades de Ottawa2 porque éstas no pudieron efectuar exportaciones masivas hacia California, causándole así la pérdida de importantes beneficios.

Por otra parte, el TLC incluye un capítulo sobre los servicios, con una lista de excepciones en la que el agua no figura. Los servicios de distribución y saneamiento estarían también cubiertos por el Acuerdo, debiéndose aplicarles la cláusula de trato nacional, como lo especifica el artículo 1202, el cual, según algunos juristas, comprendería además el derecho de proveer esos servicios más allá de las fronteras y no sólo a la población canadiense.

Por último, el principio de trato proporcional (otra disposición única en su género), inscripto en el TLC, significa que una vez comenzada la exportación de agua hacia, por ejemplo, Estados Unidos, cualquier restricción que el gobierno canadiense quisiera introducir debería estar acompañada de restricciones idénticas en el plano interior. En otras palabras: una vez iniciada la exportación de agua hacia un país miembro del Acuerdo, éste tendría derecho a reclamar, prácticamente a perpetuidad, la fracción correspondiente de las aguas canadienses (art. 315). En la eventualidad de extender tales cláusulas al ALCA, el gobierno canadiense, al igual que los gobiernos de todos los otros países americanos, perderían incluso el derecho de decidir no exportar su agua hacia un país que, como Estados Unidos, la dilapida.

En los hechos, el agua quedaría así fuera del principio de "soberanía permanente sobre los recursos naturales". Con el ALCA, todos los pueblos de América se verían legalmente obligados a perpetuar un uso no sostenible de los recursos hídricos del continente y a aceptar un reparto de ese recurso ya no equitativo, sino mercantil, en función de la ley de la oferta y la demanda. Para grandes sectores de la población americana, que sólo sobreviven por medio de la autosuficiencia alimentaria, esto sería funesto. En la lógica del libre mercado, la presión de la demanda sobre un recurso limitado haría subir el precio y el agua se transformaría así en una riqueza para quienes pueden acapararla, se encuentre donde se encuentre.

Pero los ecosistemas y los pueblos seguirán necesitando agua para vivir, aún sin disponer del dinero para comprarla. Recurso vital, el agua es un tema emblemático del debate que comienza en América. Si la vida no es una mercancía, es necesario volver a encontrar urgentemente el sentido y el espacio de un bien colectivo, de un patrimonio común de la Humanidad que en ningún caso puede quedar sometido a los imperativos del mercado. En una lógica donde la escasez determina el precio, o donde el valor se fija según la ley de la oferta y la demanda, una computadora vale más que una vida, pues la "demanda" de los ecosistemas no será jamás "solvente", ni tampoco la de millones de seres humanos "iguales en dignidad y en derechos", como sin embargo se afirmaba solemnemente hace apenas medio siglo.

"Excluir el agua de todas las transacciones internacionales, colocarla fuera del campo de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados sobre las inversiones internacionales, y, además, pensar en organizar la forma de compartirla a nivel mundial"3, sería un primer paso simbólicamente esencial. Excluyendo el agua de las transacciones comerciales, es el derecho a la vida el que se intenta preservar. Y por supuesto, el conjunto de los bienes comunes -la educación, la salud, el conocimiento y la información- que hacen de la Humanidad lo que ella es.

  1. Actualmente el gobierno canadiense intenta cuestionar ese capítulo 11. Véase "Canada seeks TLC Chapter 11 review", The Globe and Mail, Toronto, 13-12-2000.
  2. Anthony de Palma, "TLC´s Long Reach: National Laws Are Overturned", International Herald Tribune, Miami, 13-3-01.
  3. Valérie Peugeot, "L"eau, patrimoine commun", Transversales Science Culture, Nº 54, Quebec, noviembre-diciembre de 1998.
Autor/es Sylvie Paquerot, Emilie Revil
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 22 - Abril 2001
Páginas:8, 9
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Deuda Externa, Mundialización (Economía), Neoliberalismo, Geopolítica, Mercosur y ALCA, Medioambiente
Países Canadá, Estados Unidos, México