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Respuesta policial a demandas sociales

Desde que la izquierda occidental se remitió a los mercados y a una política económica y social subordinada a las exigencias de la patronal, circunscribe su necesidad de Estado casi exclusivamente al terreno de la seguridad. Esta orientación apunta a despojar a la derecha de sus temas tradicionales. La despolitización que genera tal estrategia culmina en la transformación de los problemas sociales en cuestiones de seguridad y de los barrios en peligro en barrios peligrosos; en focalizar la vida asociativa y la sociedad civil en misiones de control y represión; en la ocupación del espacio ideológico por expertos capaces de hacer brillar con un barniz científico el discurso del miedo cotidiano. Al hacer de la "inseguridad" uno de los principales temas de la campaña de la derecha en ocasión de las elecciones municipales francesas de marzo pasado, el presidente de Francia Jacques Chirac acaba de confirmar la creciente importancia de esta cuestión en la vida política de los países occidentales.

El 8 de enero de 2000, el diario Midi Libre reveló que en la ciudad de Nîmes la policía nacional y el conjunto de los servicios descentralizados del Estado (Protección Judicial de la Juventud, Inspección Académica, Juventud y Deporte, ANPE, Trabajo, Empleo y Formación Profesional) a los cuales se sumaba la misión local de inserción, habían elaborado ficheros de 179 adolescentes "con problemas". Las informaciones transmitidas, muy precisas, se referían tanto al control eventual como a la asistencia a clase, a las ayudas sociales concedidas o al comportamiento en las entrevistas individuales.

Ese fichero, establecido sobre la base de las "acusaciones de la policía"1, fue elaborado a petición del prefecto en el marco de la Comisión Departamental de Acceso a la Ciudadanía (CODAC)2, para "ver de manera muy concreta cómo y por qué cierto número de jóvenes, menores o adultos, han quedado fuera del dispositivo público encargado de ir en su ayuda"3. El prefecto explica que quiso trabajar "forjando un método para abordar el caso de los jóvenes con problemas sociales, económicos o profesionales (para) poner en marcha una administración más eficaz y encontrar soluciones"4. Esa lista dio lugar también a numerosas reuniones entre las diferentes partes interesadas, una de las cuales se consagró especialmente al estudio de un único caso, particularmente difícil.

Un episodio así -que se cerró gracias a la indignación que provocó al hacerse público- ilustra las lógicas que desde hace una veintena de años sostienen el conjunto de políticas locales de seguridad en Francia. De los Consejos Municipales de Prevención de la Delincuencia (CCPD) a los Contratos Locales de Seguridad (CLS), las estructuras y los dispositivos que de ello se derivan comparten en efecto características comunes.

Concentrados geográficamente en los barrios populares, rebautizados para la ocasión como barrios "sensibles", se refieren exclusivamente a un tipo muy concreto de infracciones o de delitos, a la pequeña delincuencia callejera, incluso a los comportamientos "desviados" de los jóvenes de esos barrios. Por otra parte, la composición de la lista de Nîmes refleja fielmente esta distribución: todos los individuos citados provienen de los cuatro barrios en desarrollo social (DSQ); el 85% de los patronímicos tienen consonancia magrebí y la lista se refiere de manera abrumadora a varones de 12 a 32 años, un tercio de los cuales son menores…

Delincuentes por naturaleza

Esta focalización traduce cierta idea de la "peligrosidad social" que representa un retorno a la ideología de finales del siglo XIX: clases populares = clases peligrosas. La reactivación de esos esquemas proviene de seudosaberes criminológicos, psico-sociológicos y/o policiales en los que los espacios de confinamiento social se convierten en "zonas sin ley" que cuestionan el modelo político dominante y sus sistemas de valores, para acabar siendo enclaves comunitarios o mafiosos. Los adolescentes que viven allí habrían escogido la "opción" fácil, racional y duradera de un sistema de valores "delincuentes" frente a la de los valores "convencionales", donde el trabajo es lo principal.

Al amalgamar hechos tan heterogéneos como el robo de coches, el destrozo de buzones, el tráfico de drogas y la mala educación, estos discursos alarmistas ocultan intencionadamente las causas sociales de esos fenómenos. Resucitan un discurso moral y etnocentrista sobre la dimisión de las familias de barrios populares y su presunta incapacidad para constituir un marco de mejora. Como recordó Martine Aubry, ex ministra francesa de Trabajo y Asuntos Sociales, "les ha faltado el lazo afectivo, a veces son incapaces de decirnos qué relaciones los unen con los adultos con quienes viven. ¿La persona a la que llaman por su nombre, es su madre, su madrastra, su padre, su padrastro?"5. La percepción de la delincuencia como algo irreversible justificaría la severidad.

La creación de numerosas estructuras especializadas, que abundan en esos barrios, responde a esa concepción. Así, se ha dotado a la policía de múltiples unidades de intervención: Brigadas Anti-Criminalidad (BAC), Unidades Móviles Especializadas (UMS), Compañías Departamentales de Intervención (CDI), Fuerzas de Mantenimiento del Orden Fidelizadas (CRS o gendarmes móviles); de unidades judiciales: Brigadas de Búsqueda, de Investigación y de Coordinación (BREC); o de información, con la sección "violencia urbana" de las Informaciones Generales. La reforma de la policía de proximidad es prioritaria en estas zonas.

También el ministerio de Justicia ha desarrollado estructuras específicas: Agrupaciones Locales de Tratamiento de la Delincuencia (GLTD), enviados o delegados del fiscal, Casas de Justicia y de Derecho (MJD), así como procedimientos particulares: Tratamiento en Tiempo Real de la delincuencia (TTR), salas de comparecencia inmediata, etc. Por último, otras instituciones, como la Educación nacional, han creado igualmente sus propios instrumentos: las "zonas de violencia", o los formularios estandarizados de filiación en los tribunales.

La profusión de esas estructuras en estos barrios y la opción de reprimir con prioridad la pequeña delincuencia tiene tres efectos importantes. En primer lugar, asistimos a un endurecimiento y a una extensión del campo penal. Las sanciones para este tipo de delitos se han agravado considerablemente. La severidad de las salas de comparecencia inmediata es en este sentido emblemática. Por su parte, el TTR ha transformado radicalmente el ejercicio de la justicia de menores, que trata cada vez más de asuntos penales en detrimento de lo civil. Asimismo, comportamientos que no dependían directamente de la Justicia corresponden actualmente a la mediación penal. Además asistimos a la irrupción de interrogatorios policiales y judiciales en terrenos donde antes no se producían.

Esta lógica viene a constituir el prisma a través del cual en estos barrios se manifiesta interés por ciertos "problemas". Se ha dejado de lado la cuestión social. La prevención estructural desaparece en beneficio de la prevención de la delincuencia. Las preocupaciones socioculturales o de salud pública sólo se encaran en tanto influyen en el mantenimiento de una forma de paz social. El maltrato ya no es un problema en sí mismo; lo es tan sólo porque amenaza con producir niños delincuentes. Asistimos incluso -como en Nîmes- a un trabajo de reclutamiento policial de los servicios sociales en nombre de una demanda social que excedería a la respuesta policial como único recurso. La ecuación "jóvenes con problemas sociales, económicos o profesionales" igual a "acusados por la policía" se impone a todos…

En cierto modo, los barrios "en peligro" se han convertido en "barrios peligrosos". En fin, como Francia -a diferencia de Estados Unidos- no ha optado por aumentar masivamente el número de agentes del aparato represivo (policías, magistrados y personal carcelario), esta manera de considerar los problemas implica que franjas enteras de la delincuencia se vean abandonadas en detrimento de la lucha contra sus formas más "visibles" y más benignas en el espacio público. Así, el propio ministerio de Justicia reconoció que el tratamiento en tiempo real -que representa más de un 90% de la actividad de ciertas jurisdicciones- "privilegia por una parte y sobredimensiona por otra (…) el tratamiento de la pequeña y mediana delincuencia, en detrimento de la delincuencia económica o financiera o la que se refiere a contenciosos técnicos"6. Calificado de "cronófago" por la cancillería, este tratamiento llega a agotar la actividad de los magistrados, que abandonan los asuntos más complejos. De la misma manera, el número de investigadores policiales destinados a temas económicos y financieros sigue siendo ridículamente bajo, cuando Francia es uno de los países que tiene la ratio fuerzas de seguridad/población más elevado de Europa. La débil persecución de los fraudes laborales, comerciales o de medio ambiente contrasta igualmente con su amplitud.

Pero el hincapié puesto en la represión de la pequeña delincuencia no va de suyo. Toda prioridad es resultado de desgloses más o menos arbitrarios de los hechos de marginación, realizados por agentes interesados en esta selección en virtud de sus posiciones y de sus representaciones. Así, la tesis de una evolución debida al auge de la violencia y de la delincuencia de los jóvenes de los barrios populares resulta invalidada por los trabajos de los estadísticos especializados7. Estos fenómenos existían ya hace un cuarto de siglo, pero no constituían "un problema social". Se los encaraba más bien desde el ángulo de la patología social y/o moral. Bajo el nombre genérico "de inseguridad", se convirtieron en centrales, a finales de los años setenta, en el momento en que se produjo por primera vez (sobre todo con el informe Peyrefitte)8, una separación entre el crimen y el miedo del crimen.

Despolitización

Esta ruptura es fundamental, ya que está en el origen de la gestión política del miedo y de temas que hasta ese momento se habían dejado en manos de los profesionales de la seguridad. La invención del "sentimiento de inseguridad" adjudicado a la opinión pública, ha permitido que los partidos y los representantes dediquen su atención a estas cuestiones. A lo largo de los años ochenta y noventa, las tomas de posición se multiplican, dando lugar a una verdadera especialización de una cantidad de políticos, que van a edificar su carrera sobre el tema de la seguridad. En nombre de su especialización, reivindicando su condición de expertos en la materia, van a contribuir a despolitizar poco a poco un debate que en los años setenta oponía a una derecha garante de la "seguridad" y a una izquierda defensora de la "libertad".

Al ponerse ambas de acuerdo sobre la naturaleza del problema, sobre el diagnóstico y sobre las soluciones a aportar, tienden a borrar las discrepancias anteriores y a crear un consenso -del que los medios de comunicación se hacen eco con creces- sobre la prioridad que hay que conceder a la lucha contra formas de delincuencia: "Cuántas veces he oído decir a mis administrados: "Señor Alcalde, en lo referente al empleo podemos desenvolvernos bien. Pero en cuestiones de seguridad, no podemos hacer nada. Ayúdenos"…9. Esto explica que asociaciones de representantes locales, como la Asociación de Alcaldes de Ile-de-France (AMIF), estén debatiendo actualmente municipalizar las misiones de seguridad pública de la policía nacional. En febrero de 2000, Gérard Hamel, diputado-alcalde de Dreux, declaró lo siguiente en los Encuentros Nacionales sobre la Seguridad de Proximidad en Challon-sur-Saône: "Hay que poner a las fuerzas de proximidad de la policía nacional bajo la autoridad del alcalde para tratar los sucesos callejeros, la violencia y el sentimiento de inseguridad. Naturalmente, el mantenimiento del orden y la policía judicial seguirían bajo el control del Estado".

En parte debido a su rentabilidad política cabe comprender el éxito logrado por la represión de una delincuencia y de comportamientos "que molestan" en el ámbito público. Esta voluntad política, que induce a una desigualdad de tratamiento en función de las infracciones y del perfil social de sus autores, confunde "el orden público" con la pacificación de los barrios populares. Es lícito dudar de que esta opción constituya, a la larga, el mejor medio de garantizar la "seguridad" del Estado y de la sociedad, de favorecer la cohesión de sus ciudadanos y de reforzar la legitimidad de sus instituciones democráticas.

  1. Se refiere a las personas de las que "hay indicios graves y coincidencias que hacen pensar que son susceptibles de ser autoras, coautoras o cómplices de hechos constitutivos de presuntos crímenes o delitos". Esta modalidad policial no implica de ninguna manera consecuencias judiciales.
  2. Fueron creadas por el ministro de Interior el 18-1-1999 para "identificar los casos de discriminación en materia de empleo, de vivienda, de acceso a los servicios públicos y de ocio y formular propuestas tendentes a favorecer la integración de los jóvenes procedentes de la inmigración".
  3. Dominique Vinciguerra, director del gabinete del prefecto de Grad, Midi libre, 8-1-2000.
  4. Michel Gaudin, prefecto de Grad, Midi libre,11-1-2000.
  5. Intervención de Martine Aubry, ministra de Trabajo y de Solidaridad, Colloque de Villepinte, 24-10-1997.
  6. Rapport au Garde des Sceaux sur la politique pénale menée en 1999, Direction des affaires Criminelles et des Grâces, abril de 2000.
  7. Aubusson de Carvalay B. "Statistiques" en Lazerges C. y Balduyck J. P. Réponses à la délinquance desmineurs. Mission interministérielle sur la prévention et letraitement de la délinquance des mineurs, La Documentation française, París, 1998.
  8. Comité de estudios sobre la violencia, la criminalidad y la delincuencia Réponses à la violence, PressesPocket, París, 1997.
  9. Jean-François Copé. Alcalde de Meaux, Maires en Ile-de-France, nº 33, febrero de 2000.
Autor/es Laurent Bonelli
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 23 - Mayo 2001
Páginas:14, 15
Temas Deuda Externa, Estado (Justicia), Políticas Locales, Seguridad
Países Estados Unidos, España, Francia