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Patrullas amigables en Chicago

En Estados Unidos, al amparo de la proliferación de armas y la inseguridad ciudadana, se prefiere incrementar los recursos policiales, o bien orientar la acción cívica hacia el control social y las patrullas voluntarias de vecinos y/o policías, una forma organizativa en principio alentada por reformadores de buena voluntad, pero que deviene en una deformación de la democracia y la participación ciudadana, que muestra así su aspecto más negativo.

"Vislumbro un mundo donde la policía será el público, y el público la policía"

Joseph Brann, director de la policía de comunidad, COPS.

Son las seis de la tarde de un día de agosto en una pequeña sala de reuniones municipal en el West Side de Chicago. Se reúnen más de veinte residentes de un barrio habitado mayoritariamente por checos e hispanos. Están dialogando con vehemencia con oficiales de la policía que han venido a informarles de la delincuencia en la ciudad. Los residentes se quejan de los adolescentes que vagabundean por las calles, de los disparos nocturnos; piden que se les proteja de los clientes violentos de un bar local; reclaman una mejor iluminación de algunas calles oscuras y deploran las problemas surgidos en un edificio abandonado. Los oficiales contestan que la protección del barrio no depende sólo de la policía: "Nosotros no lo conseguiremos solos, el problema es de ustedes y es nuestro. Esto hay que hacerlo juntos", precisa el teniente responsable del sector. Los presentes mueven la cabeza. Ya conocen ese discurso.

Porque desde 1995 la policía local no ha dejado de organizar encuentros mensuales de ese tipo en cada uno de los barrios de Chicago. Se han convertido en el foro de interacción más abierto y más popular entre el poder público y la sociedad civil. Versión moderna de las tradicionales reuniones comunitarias o municipales (town meetings), están, conforme a la ética contemporánea, administradas y controladas por la policía. Cerca de 6.000 habitantes de Chicago participan en esas reuniones todos los meses, unos 60.000 asisten a un encuentro una vez al año y cerca de 250.000 han asistido a esos foros en los últimos cuatro años1.

El aislamiento de sus compatriotas fascina a los intelectuales estadounidenses. Un montón de libros de éxito afirman que la soledad social ha devaluado las asociaciones voluntarias y la sociedad civil que tanto impresionaron a Tocqueville. Después de haberse instalado en casas individuales en los suburbios, de vivir encerrados en comunidades privadas2, de reclutar vigilantes para patrullar sus calles mientras ellos permanecen pegados a las pantallas de los televisores, los estadounidenses deploran la decadencia de sus comunidades. Y se preguntan cómo han podido distanciarse tanto unos de otros.

El verano pasado la publicación del libro del politólogo Robert Putnan, Bowling Alone, que utilizó la decadencia de los clubes de bowling como metáfora de una atomización social más general, relanzó el debate sobre la decadencia de la vida cívica en Estados Unidos. Pero la mayoría de los que intervinieron en ese debate no se percató de que una nueva forma de gobierno y de organización de la comunidad, la policía "ciudadana", ha estado movilizando ya al conjunto de Estados Unidos. "Los ciudadanos esperan involucrarse en la vida de su comunidad, la policía comunitaria (community policing) les proporciona el medio", explicó Joseph Brann.

Más del 90% de las comisarías estadounidenses recibió fondos federales destinados a las policías de comunidad. En todo el país han surgido varios tipos de asociaciones de ese género, que van del sistema de vigilancia de barrio (neighborhood watch), y de patrullas callejeras, a estructuras públicas destinadas a unir a la policía con los ciudadanos.

El atractivo que ejercen estas estructuras sobre los estadounidenses se debe a que permiten conciliar los deseos aparentemente contradictorios de seguridad privada y de pertenencia a un colectivo, que están en el centro de la cultura política nacional. El miedo al crimen, que durante mucho tiempo se consideró nocivo para la acción colectiva porque encerraba a cada cual en su universo y en sus temores, se ha convertido en un motor de integración social y renacimiento cívico. Pero se trata de un motor muy especial: con la ola actual de detenciones y de encarcelamientos, social y racialmente tipificados, la "comunidad" se expresa controlando y excluyendo a aquéllos que juzga indignos o incapaces de incorporarse a ella.

El programa de Estrategia Alternativa de la policía de Chicago (Chicago Alternative Policing Strategy, CAPS) representa el sistema de policía de comunidad más elaborado del país. Sirve de modelo internacional para las metrópolis tentadas por este tipo de "reformas". Bajo la batuta del alcalde de la ciudad, Richard M. Daley, Chicago ha hecho de su policía de comunidad el instrumento principal que permite consolidar simultáneamente los lazos sociales de los barrios de la ciudad, renovar los medios de acceso a los servicios municipales y coordinar mejor el trabajo de las agencias gubernamentales. Los oficiales de policía de proximidad se han convertido en los interlocutores más conocidos y más accesibles del Estado. Su consigna "Juntos podemos" parece resumir la ambición de una ciudad donde el alcalde sueña con administrados que consagren su existencia a la actividad de patrullar3.

Aunque las cuestiones de seguridad son el objeto explícito de las reuniones, los residentes no se niegan a plantear cuestiones más generales (calidad de las escuelas y de los equipamientos colectivos). Los oficiales de seguridad animan a la participación regular en las reuniones: "Ustedes tienen que ser ante todo los ojos y los oídos de la policía, participen en la vida del barrio; vayan a las sesiones de los tribunales cuando se abra el proceso de cada uno de los indeseables de los que se quejan, y hagan saber al juez que exigen penas más duras. Organicen los edificios donde viven; hagan sentir su presencia; inspeccionen el barrio y patrullen las calles", explica un sargento durante una reunión a la que asistimos. Cuando el sargento acabó, un vecino del barrio se levantó para encomiarle: "Soy viejo y no tengo educación. Pero cuando voy a un juicio, veo que eso cuenta para el juez que se preocupa verdaderamente de luchar contra la inseguridad. No se puede imaginar usted hasta qué punto se consiguen mejores resultados".

Con el fin de alentar la participación en esas reuniones, Chicago financió (con fondos federales asignados a esta finalidad) la contratación de 70 personas, 50 de las cuales son enviadas a los barrios para recordar la fecha de las reuniones y recomendar los proyectos de la policía de comunidad. Uno de esos organizadores nos lo explica: "Nuestro trabajo consiste en encontrar a personas de confianza en la comunidad. Vamos a las iglesias, a las escuelas, buscando animadores locales a los que podamos formar".

Desde hace poco, las autoridades municipales están convirtiendo la "cooperación ciudadana" en algo más atractivo, creando un sistema de prioridades destinado a los residentes que han establecido ya lazos con la policía. Los servicios municipales examinan sus peticiones con una benevolencia y una celeridad especiales: robo de coches, limpieza de pintadas, demolición de edificios abandonados, reparación de calzadas y luces de señalización. "Todo el mundo tiene acceso a los servicios municipales, pero les decimos que participar en los CAPS hará que las cosas vayan mucho más rápido", nos explica un funcionario de la ciudad.

Chicago ayudará a los que ayuden a la policía. Los militantes de asociaciones locales se alarman al ver que las reuniones cuyo móvil es la seguridad reemplazan progresivamente a otros tipos de actividades concretas en la zona y que comienzan a influir en las prioridades de las organizaciones de barrio.

Algunos responsables locales se oponen a los privilegios concedidos a las personas que participan en las actividades de policía de comunidad. ¿La ciudad, conocida antes por su cultura política de barrio y por la proximidad entre los dirigentes asociativos y su base, va a transferir a la policía la autoridad de los concejales municipales? ¿La "democratización" de las funciones represivas del Estado servirá para legitimar el mayor boom carcelario de toda la historia de Estados Unidos?4

Por supuesto que quienes diseñaron los primeros proyectos de policía de barrio no se hubiesen imaginado nunca una evolución semejante. En los años setenta, un grupo de reformadores ilustrados pensó que la policía de comunidad permitiría convertir a las comisarías en algo más próximo a los habitantes y más apto para prevenir los problemas. Dirigentes de asociaciones, defensores de los derechos cívicos, descontentos con los métodos policiales habituales (entre ellos la brutalidad gratuita) y preocupados por la "guerra contra las drogas" apoyaron la policía de comunidad. La veían como un medio para imponer a la policía local una forma de control ciudadano y de democratización.

Los militantes de derechos cívicos no fueron los únicos reformadores deseosos de cambiar las prácticas policiales. Muy pronto, otros grupos (incluyendo "partidarios de la ley y el orden") agarraron la ocasión por los pelos y reforzaron el movimiento a favor de la policía de comunidad. A comienzos de los años noventa, los activistas más dispares pudieron ondear una bandera lo bastante popular como para que fuese tomada en consideración por la Administración y lo suficientemente amplia como para enmascarar la confusión en torno al concepto de policía de comunidad.

Hoy es un concepto que vale lo mismo para un barrido que para un fregado, y puede servir para promover la represión de bandas callejeras5, las "jurisdicciones terapéuticas" (tribunales de la droga, de violencia conyugal, de adolescentes), las patrullas, las incursiones de la policía gracias a la detección informática, las detenciones masivas y sus alternativas. La índole indefinida del concepto de policía de comunidad permite a los alcaldes recurrir a él para satisfacer simultáneamente las demandas más contradictorias.

¿Redistribución o represión?

Refiriéndose a ella durante su última campaña electoral, Daley aparentó responder a la vez a las minorías raciales favorables a una reforma de la policía y a las demandas conservadoras de un incremento de la represión. Todo eso facilitó que la ciudad obtuviera parte de los fondos federales destinados a ese tipo de programa, considerado prometedor para la revitalización de la vida cívica.

El alcalde y los concejales de Chicago se vieron tanto más tentados de solicitar esos fondos destinados al mantenimiento, cuanto que en los años noventa el entonces presidente William Clinton y el Congreso cerraron el grifo a otras agencias gubernamentales. La Ley contra el crimen, votada en 1994 por un Congreso demócrata, asignó 30.000 millones de dólares para la financiación de nuevos programas de represión y de justicia contra la criminalidad. Se alcanzó el objetivo de 100.000 policías suplementarios. Justo en el momento en que admitía la abolición de la ayuda pública federal a los pobres y la reducción de la asignación para cupones alimentarios, el presidente Clinton dio a entender a las agencias y a las comunidades privadas de recursos que podían encontrarlos gracias a la policía. Fundada tradicionalmente en la redistribución, la seguridad social estaría ahora garantizada por la represión6.

Desde 1994, los fondos destinados a la lucha contra el crimen votados por el Congreso se repartieron en casi todas las instancias del poder público. En Chicago, Joseph Brann explicó las misiones de su agencia de esta manera: "Tenemos que reestructurar nuestras organizaciones y nuestro Estado para hacer frente mejor a nuestras nuevas misiones. Ya no basta pensar en el mantenimiento del orden en términos exclusivamente policiales. La policía tiene que operar en el marco más general del gobierno de la comunidad".

Los responsables municipales y las asociaciones locales adaptaron sus actividades en consecuencia. Una responsable del CAP nos confía: "Hacer la comunidad más segura se ha convertido en el principio en función del cual está organizado el resto de la vida municipal". El presupuesto anual de la policía municipal (1.000 millones de dólares), infinitamente superior al de otros organismos de la ciudad, confirma esos propósitos. Por su parte, el alcalde ha asimilado de forma rutinaria policía y calidad de vida y ha determinado desde esa óptica securitaria las más diversas misiones de los funcionarios que están bajo su autoridad.

En el pasado, la policía ocupaba un lugar más reducido en el gobierno de la ciudad: garantizaba el orden cuando se violaba la ley. A partir de los años noventa, 200 millones de armas de fuego en circulación, un sentimiento de inseguridad creciente y el apoyo generalizado a la idea de una expansión de las funciones represivas del Estado han incitado a los responsables políticos a delegar en las autoridades policiales la elaboración del fundamento securitario de la economía y de la sociedad estadounidenses.

No sin resultados: en Chicago, por ejemplo, el programa CAPS de policía de proximidad redujo la delincuencia y mejoró la comunicación entre residentes de barrios y autoridades municipales. Un informe publicado en 1999 por el servicio de información de la justicia criminal de Illinois afirmaba entre otras cosas: "La ciudad de Chicago ha desarrollado sensiblemente la implicación de la gente en la seguridad de los barrios. Prácticamente cada residente conoce la existencia del programa de policía de comunidad; los que participan lo consideran eficaz. La participación en las reuniones se mantiene en un nivel muy elevado, incluso en los barrios más pobres y más peligrosos"7.

Sin embargo, cabe preguntarse la significación de una evolución social y política que está convirtiendo los programas de policía de comunidad en algo central en la vida democrática de Estados Unidos. Las inversiones destinadas al mantenimiento del orden se han hecho con frecuencia a costa de la disminución de los programas más redistributivos de protección social. Y conforme el Estado federal asigna miles de millones de dólares a su aparato represivo, delega en el sector privado sus redes de servicios sociales y pide a la policía que se convierta en el tutor de la vida comunitaria.

Pero la policía no tiene ni vocación ni interés en satisfacer las exigencias sociales y comunitarias de las ciudades estadounidenses. Su principal misión (la tranquilidad de las calles) y sus métodos de entrenamiento no los habilitan para realizar ese tipo de tareas.

De manera más fundamental, la ascensión de la policía como agente de integración social marca una tendencia en el sentido de una sociedad donde la desconfianza, la sospecha y el miedo constituirían los motores de la política y la cultura. La policía de comunidad es eficaz cuando se trata de promover reformas de estructuras en los organismos de mantenimiento del orden. Cuando se la quiere concebir como un modelo de renovación cívica, representa la democracia en su forma más desesperada y más depravada.

Los estadounidenses que ya no van a jugar al bowling en grupo como antes, patrullan juntos y con entusiasmo las calles de sus barrios. ¿Es ése el tipo de vida comunitaria que más necesitan?

  1. Community Policing in Chicago, Years Five and Six: An Interim Report, Institute for Policy Research, Evanston (Illinois), http://www.nwu.edu/IPR/.
  2. Robert Lopez "Hautes murailles pour villes des riches" Le Monde diplomatique, París, marzo 1996.
  3. Sobre Chicago y su organización social y racial, léase a Serge Halimi, "Un petit coin de paradis au milieu du ghetto", Douglas Massey, "Regards sur l´apartheid américain", Le Monde diplomatique, París, abril 1994 y febrero 1995; y Eric Klinenberg, "Autopsie d´un été meurtrier à Chicago", Le Monde diplomatique, París agosto1997.
  4. Loïc Wacquant, "Ese viento punitivo que sopla desde Estados Unidos", Le Monde diplomatique edición Cono Sur, julio1999.
  5. Sudhir Venkatesh, "Jeunes à la dérivedans les villes américaines", Le Monde diplomatique, París, mayo 1994.
  6. Loïc Wacquant, "Quand M.Clinton reforme la pauvreté", Le Monde diplomatique, París, septiembre 1996.
  7. Community Policing in Chicago, Years Five and Six: An Interim Report, op.cit.
Autor/es Eric Klinenberg
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 23 - Mayo 2001
Páginas:16, 17
Temas Armamentismo, Estado (Justicia), Estado (Política), Políticas Locales, Seguridad
Países Estados Unidos, España