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Argentina, paraíso bancario

El gravamen del 0,25% a los débitos y créditos en cuentas corrientes y a los depósitos de cheques en cajas de ahorro dispuesto por el ministro Domingo Cavallo, que rige desde el mes pasado, aportará unos 2.500 millones de dólares anuales al fisco y, de paso, blanqueará la economía y bajará el nivel de evasión. Cavallo intenta cambiar la relación de fuerzas con la banca que opera en la Argentina y para eso necesita que el Banco Central doméstico resulte funcional al objetivo inicial de su segundo mandato en Economía: reactivar para asegurar el pago de la deuda externa, más allá de una eventual renegociación. Para imponer su línea, facilita a los bancos una ampliación del negocio, aunque tiene dificultades con el Banco Central y los privados para que bajen tanto el encaje como las tasas. Los consumidores de servicios bancarios son soldados rasos en ese tironeo entre grandes y pagan el costo de estar en la primera línea de una puja ajena.

Hasta ahora, por desconfianza, falta de costumbre o buena memoria sobre la cantidad de entidades que cerraron en los últimos catorce años, sólo el 30% de los argentinos maneja sus finanzas con la banca pública y privada. Comparado con el 80% de los españoles o más del 90% de los estadounidenses que están bancarizados, en la Argentina escasean los compradores de productos financieros.

Es que los servicios bancarios son caros y los consumidores admiten que la relación con sus proveedores les trae más disgustos que satisfacciones. En España acceder a un paquete que incluye cuenta corriente que genera intereses, posibilidad de librar cheques sin fondos, participación en fondos de inversión y tarjetas de crédito cuesta entre 7 y 8 dólares por año. En la Argentina, para obtener una de las tarjetas de crédito más baratas hay que pagar, en promedio, 5 pesos por mes entre gastos administrativos y de emisión1.

Atiende el mostrador un vendedor poderoso, ya que representa a un mercado concentrado, donde una decena de oferentes, la mayoría de capital extranjero, fija de hecho las reglas de juego. Frente a las ventanillas, los consumidores corren con desventaja para pedir explicaciones sobre la letra chica de los contratos, el fraude con los cajeros automáticos, la inclusión errónea en el registro de morosos, el cobro de intereses punitorios, la impugnación de los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito, el tráfico de mailings o la facturación de productos no solicitados.

Hay sólo tres instancias extrabancarias de defensa. Denuncias en la Defensoría del Pueblo, presentaciones en las entidades de protección de los consumidores o en los Tribunales Arbitrales que desde hace tres años habilitó el gobierno. Algunos casos de los clientes que acudieron a esos despachos pintan las dificultades más frecuentes y la escasa predisposición para encontrar soluciones por parte de los bancos:

Usuarios impotentes

El BankBoston, el sexto del mercado, cruzó la carátula del legajo de crédito de María Antonia con una sola palabra: "indeseable". Es una categoría que no se corresponde con ninguna de las cinco fijadas por el Banco Central para los "deudores de la cartera comercial". Las previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad y la posición de liquidez de las personas físicas y jurídicas son, por orden decreciente de calidad, las siguientes: situación normal; con riesgo potencial; con problemas; con alto riesgo de insolvencia; irrecuperable e irrecuperable por disposición técnica2. Pero María Antonia figura en las bases de datos del Banco Central y de una empresa privada con el sello de indeseable. Una persona es indeseable cuando "su permanencia en un país es considerada peligrosa para las autoridades"3. Para la Defensoría del Pueblo de la Nación, la actitud del banco contradice el "derecho a la igualdad de trato" y puede "considerarse discriminatoria y vejatoria de la condición humana"4.

La contadora Susana Perinat sacó una Mastercard en el Banco Francés en febrero del año pasado. Ya en su primer resumen de cuenta le asignaron compras inexistentes. Le facturaron 904 pesos por consumos no realizados, algunos de ellos provenientes de los Estados Unidos. Después de presentar nueve notas de queja, el banco le otorgó otra tarjeta con distinta numeración. Con la nueva tarjeta continuaron las irregularidades. Sin autorización, el banco se cobró uno de los pagos mínimos impugnados por Perinat: 230 pesos descontados de su cuenta corriente. Después de la intervención de los Tribunales Arbitrales, Perinat obtuvo un resarcimiento de 150 pesos y espera que el banco cumpla con su promesa de borrarla del Veraz, una de las empresas privadas que vive de informar sobre la situación de los deudores comerciales5.

En 1997, el encargado de edificio Edmundo Herrera sacó una Diners en el banco Patricios. Cuando el Banco Mayo absorbió al Patricios también se hizo cargo de la tarjeta de Herrera. El Mayo cerró y su Diners pasó al Citibank, que en forma unilateral decidió cambiar el contrato firmado con el Patricios y eliminar la renovación gratuita de la tarjeta. Herrera fue a los Tribunales Arbitrales y recuperó parte del dinero que el Citibank lo intimó a pagar. Igual, el servicio le parece caro. Tiene un límite de crédito de 975 pesos, abona 10 pesos por la cuota de renovación y 6,66 pesos de gastos administrativos por mes. Los dos ítems equivalen al 1,7% de su tope de crédito disponible6.

La kinesióloga Silvina Cinirella recibió a mediados del año pasado la visita de dos elegantes promotores del banco HSBC, quienes le ofrecieron una promoción de la tarjeta Mastercard "de por vida, totalmente gratuita, para kinesiólogos". Silvina se quedó con la tarjeta, igual que otros colegas, pero no la usó, porque no opera con ese banco. A poco, comenzó a recibir resúmenes de cuenta con cargos "de mantenimiento" (más IVA) y ¡7 pesos de gastos en envío! Luego recibió… la renovación automática, a pagar en tres cómodas cuotas. Al cabo de infructuosos intentos telefónicos, Silvina fue al banco y consiguió que le anularan la tarjeta, pero siguió recibiendo cargos. En enero de 2001, Silvina tenía acumulados 74 pesos de deuda por una tarjeta que nunca solicitó, jamás usó y no consigue anular. En abril, seguía en trámites.

Cuando el año pasado se sancionó la ley 25.326 de habeas data, Salvador no debía nada. Antes de la ley, el plazo para salir del listado de deudores era de 10 años. El artículo 26 del habeas data limita a cinco años el período para "archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico - financiera". Y lo reduce a dos años cuando el "deudor cancele o extinga la obligación". Aún con la ley en vigencia, Salvador permanecía en el listado del Banco Central. Así, no tenía chance de acceder a nuevos créditos. El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, pidió explicaciones al Banco Central, que justificó la falta de actualización del padrón de deudores en la ausencia de reglamentación del habeas data. Según la Defensoría, la utilización de los datos personales está protegida por el artículo 43 de la Constitución. El derecho consiste en la exigencia de supresión, confidencialidad y actualización de esa información en los registros públicos y privados7.

Las consultas recibidas por la Unión de Usuarios y Consumidores por fraude con los cajeros automáticos aumentaron 50% en los últimos cuatro meses. La entrega de billetes falsos, extracciones dobles, retiros que superan el tope autorizado y el extravío de los depósitos ingresados en las máquinas de dinero originan el grueso de las denuncias. Las normas de seguridad en la red tampoco están garantizadas. Sólo el 41% de los cajeros cumple con los requerimientos mínimos de cámaras filmadoras, iluminación y ubicación en sitios que resguarden la privacidad. Las tarjetas de las redes Banelco y Link son emitidas por los bancos. Frente a las demandas de los consumidores, las entidades desconocen su responsabilidad solidaria. Sostienen que el andamiaje informático depende de las redes y no de los bancos. Tampoco son comunicados todos los costos del servicio. Hay bancos que facturan hasta cinco pesos por cada consulta hecha a los cajeros humanos sobre las cuentas de los cajeros automáticos8.

Según los sondeos de la Asociación de Usuarios Bancarios, el 40% de los contratos celebrados con los 17 bancos con mayor cantidad de depósitos en dólares, no cumplen con la ley 25.065 que regula el mercado de tarjetas de crédito. Los incumplimientos más frecuentes recaen sobre los artículos 14 y 28 de esa ley. El primero establece que "serán nulas todas las cláusulas que faculten al emisor a modificar unilateralmente las condiciones del contrato…". El segundo indica que en caso de "impugnación por parte de un cliente del resumen de cuenta, el banco le podrá exigir el pago mínimo pactado por los rubros no cuestionados de la liquidación". El artículo 14 es incumplido por el 74% de los 17 bancos más grandes. El 13% de las mismas entidades violan el artículo 28 de la ley9.

La frecuencia de tantos malos tratos espanta a la clientela. Un indicador de la credibilidad en la banca es el método elegido para pagar los servicios públicos. Controlada por capitales españoles, Gas Natural BAN es la distribuidora con mayor cantidad de consumidores entre las nueve que se reparten el mercado local. El 9% del 1,2 millón de usuarios que tienen aquí cancela las boletas mediante débito automático. De los 3,5 millones de usuarios que Gas Natural abastece en España, el 98% confía a su banco el pago de la factura10.

El comportamiento de los bancos se refleja en las estadísticas de los Tribunales Arbitrales de Consumo. El 10% de las 6.500 denuncias recibidas desde 1998 recayó sobre el sistema financiero. Se abrieron 590 expedientes y se solucionaron apenas 45 casos. Para las empresas la adhesión al mecanismo de arbitraje es voluntaria y los bancos son remisos a participar11.

Tampoco el gobierno suma puntos a favor de los usuarios del sistema financiero. Los funcionarios no acordaron aún políticas comunes con sus principales socios comerciales. Una compatibilización de reglamentaciones con las vigentes en Brasil naufragó el año pasado. Lo que se discutía, antes de pasar a un cuarto intermedio sin fecha cierta, era la prohibición de vender paquetes de servicios atados a la compra de un seguro provisto por los bancos. Ese tipo de contrato condicionado es ilegal en Brasil. Aquí figura entre los abusos denunciados en las asociaciones de consumidores12.

Un proceso de concentración

Del lado de la banca los actores son pocos y fuertes. Desde 1987 entre fusiones, absorciones y cierres desaparecieron 160 entidades. Sobrevive el 42% del listado de ese año. En forma paralela se extranjerizaron los capitales que los controlan y se concentró su poderío, medido por el caudal de depósitos captados y préstamos otorgados.

En España hay 307 bancos, en los Estados Unidos 10.501 y en la Argentina quedan 118 entidades de las cuales 25 son compañías financieras y 93 son bancos. De ese total, los que manejan la sartén y su mango son diez. Nación, Provincia de Buenos Aires, Galicia, Francés, Río, BankBoston, Citibank, HSBC, Ciudad de Buenos Aires y del Lavoro disponen del 72,23% de los depósitos y del 70,38% de los préstamos, según los datos de la Superintendencia de Entidades Financieras. De los diez grandes, cinco obtuvieron resultados anuales sobre su patrimonio neto de entre el 12,5 y el 16,7%13.

La concentración fue apuntalada por las disposiciones del Banco Central con la exigencia de altos requisitos de liquidez y capitales mínimos. El quiebre de las finanzas de los Estados provinciales y las privatizaciones aportaron lo suyo: entre 1980 y 1999 quedó la mitad de los bancos públicos nacionales y de provincias.

El cambio de escenario comenzó bastante antes, gracias a la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la última dictadura militar. Desde 1976 se desreguló el sistema financiero y el Estado abandonó el control sobre el ingreso y egreso de capitales. La fiebre de especulación financiera pura derivada de esa política duró hasta los "80. La receta seguida permitió obtener mayores ganancias con bajos niveles de riesgo y a muy corto plazo. Así, en los últimos 20 años, la tasa de beneficio obtenida por la acumulación financiera superó a la conseguida en inversiones productivas.

A partir de los ´90 el diferencial entre las dos rentas puede explicarse con una secuencia. Se toma deuda afuera a tasas de interés bajas y se colocan los fondos a tasas superiores en el mercado local. La elevada ganancia financiera que garantiza ese mecanismo se envía al exterior. Del engranaje forman parte los bancos, pero también los principales grupos económicos14.

Esto explica por qué varió el sesgo del endeudamiento. Antes una empresa tomaba créditos para financiar capital de trabajo e inversiones. Ahora la función del endeudamiento es obtener ganancias operando en el mercado financiero.

Fuera de juego quedan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y aquellas industrias que tomaron créditos respetando el antiguo criterio. Son castigadas con altísimas tasas de interés, tienen prohibido el acceso a la banca formal o reciben una mínima tajada de la masa prestable. Los 10 principales bancos conceden a las empresas chicas entre el 4 y el 6% de los créditos mayores a 200 mil pesos15.

Tres ejemplos muestran las consecuencias del modelo rentístico financiero:

Pedro Waisman fabrica bicicletas Legnano con licencia de Italia. Denunció que el contrabando desde China y Taiwan barre del mercado los rodados que su empresa familiar vende desde hace 50 años. Para obtener un crédito de 500 mil pesos debe hipotecar bienes reales por un valor no inferior a los 3 millones de dólares. De las 300 PyMEs dedicadas a fabricar bicicletas, la mitad acude a prestamistas particulares.

Susana Cassino, de la Cámara de Mujeres PyME, contó que el financiamiento a tasas de entre 50 y 70% anual en los circuitos negros del dinero es habitual entre las 8.000 cuentapropistas asociadas a la entidad. Toman dinero a ese costo las dueñas de servicios de catering, computación o peluquería. Otra variante de financiación es el descuento de documentos y los adelantos en cuenta corriente con tasas de hasta 70% anual.

Gatic fabrica ropa y calzado con la marca Adidas. Hace cinco años, después de la falta de cancelación de una obligación negociable, el Banco Central dispuso su inhabilitación técnica. Gatic tiene 19 plantas, 6.000 empleados, factura 250 millones por año y debe 220 millones. Su única alternativa de financiación es la banca marginal.

Hay 1.500 prestamistas marginales que conforman un sistema caro y sin control. Son las "cuevas" que otorgan préstamos por 3.000 millones de dólares anuales16 y, con tasas y condiciones usurarias, acercan su flotador de plomo mientras la banca formal les cierra el grifo a los más chicos y a los perdidosos del modelo económico. En rigor, los 118 bancos y financieras registradas tienen una alta capacidad prestable: en los últimos cinco años los depósitos aumentaron un 70% mientras que los créditos subieron 45%17. Contarían con más dinero aún si el Banco Central disminuyera el nivel de los encajes que inmovilizan el 20% de los depósitos, medida que promueve ahora el ministro Cavallo. En los Estados Unidos, el encaje es del 5%.

Ese margen de dinero puesto a resguardo era del 15% antes del Plan de Convertibilidad. Las cuentas de los consultores indican que cada punto de disminución del encaje libera unos 1.000 millones de dólares. Es casi el 2% de la masa prestable que hoy tiene el mercado.

Aunque la capacidad de crédito fuera mayor, en la lógica rentística no hay justificativo alguno para que la banca formal asista a las PyMEs. La maximización de las ganancias pasa por otro lado y está a buen resguardo con las reglas admitidas desde el gobierno. No hay dinero para las empresas chicas porque el sistema financiero abandonó su papel de financiador de la actividad productiva y se transformó en el espacio principal de obtención de renta en la economía local.

La primacía de la renta financiera explica el fenómeno del endeudamiento externo. Hasta 1982, la deuda externa privada era de 20.000 millones de dólares. Con ese monto comenzó a rodar una bola de nieve. Estatizada la deuda durante el paso de Domingo Cavallo por el Banco Central, el Estado se transformó en el principal tomador de fondos para costear su déficit. Se financió con deuda externa e interna a un costo tan elevado que el pago de intereses resultó el rubro de mayor crecimiento dentro del total de las erogaciones. En 1999 el sector público nacional pagó 8.000 millones de pesos en intereses. Fue el equivalente al 14% del gasto total y superó incluso la partida destinada para los salarios de la administración pública.

Hoy la deuda pública externa es de 140 mil millones y los activos financieros de residentes argentinos en el exterior alcanzan los 115 mil millones18.

Los propietarios de esos activos "aparecen como acreedores del Estado argentino a través de la intermediación del sistema bancario internacional". Los intereses pagados por el Gobierno argentino por la deuda se transforman en "renta de los fondos privados colocados en los bancos del exterior"19.

El negocio está asentado en la diferencia entre las tasas internas y las internacionales y en la desregulación de la entrada y salida de capitales. Como las tasas internas son parte del esquema, ya no resultan asignadoras del crédito, son independientes de un objetivo productivo y actúan como colocadoras de fondos.

Se puede conseguir dinero afuera al 6% y colocar los fondos en un plazo fijo que en el mercado local retribuye con un 12% anual. Después, sin que nadie requiera explicaciones sobre procedencias y destinos, se gira la diferencia hacia afuera. Los inversores experimentados acuden a colocaciones menos candorosas. Saben cuándo entrar y cuál es el mejor momento para salir de operaciones más sofisticadas.

Los vericuetos por los cuales se mueve el dinero son tantos y tan disímiles que es imposible mensurar con rigor técnico cuánto puede redituar la colocación de un peso en el microcentro porteño y cuánto un dólar apostado en Wall Street.

Una pista sobre la renta conseguida por esta vía puede seguirse a través de la remesa de utilidades de los bancos extranjeros: 2.500 millones el año pasado20. Fuera de esa salida legalizada de divisas, hay otra no explicada en las cuentas públicas: los 5.000 millones de dólares por año que algunos argentinos fugan al exterior.

Ni PyMEs ni clientes quejosos; los grandes dueños y administradores del dinero tienen otras prioridades. Abandonaron la prestación de un servicio y ahora son los canales por donde corre, veloz, la acumulación de renta financiera.

¿Es realmente intención de Cavallo modificar la raíz de ese comportamiento? Su viceministro es "Daniel Marx, un socio de Nicholas Brady", el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos que patentó con su apellido un plan para facilitarle a la Argentina el cumplimiento de sus compromisos externos21. ¿Hay matices entre el Cavallo que estatizó la deuda privada en el "82 y el Cavallo que hoy busca una política monetaria expansiva? En su versión 2001 el ministro "quiere que los deudores privados locales puedan pagar sus créditos y, así, poner a salvo la solvencia de los bancos después de 34 meses de recesión"22. Para eso se requiere de un repunte de la actividad económica, así sea con medidas heterodoxas, arancelarias para proteger sectores de la competencia externa y monetarias para liberar liquidez al sistema. Más allá de la calidad de sus servicios, los bancos con sucursales en la Argentina ya tienen premio: un aumento de la clientela con una bancarización obligatoria y una mejor retribución por el trueque entre menos encaje y un bono emitido por el gobierno. Este año ya ganaron de entrada 90 millones de dólares, por la diferencia entre la tasa del 4% que obtenían por sus activos inmovilizados y el 9% que recibirán por aceptar un título público de 2.000 millones de dólares.

  1. Comparación de empresarios españoles radicados en la Argentina.
  2. Comunicación A 2050 del Banco Central.
  3. Diccionario de la Real Academia Española, vigésima primera edición, editorial Espasa Calpe, 1992.
  4. Actuación 7445/00 de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
  5. Laudo en Tribunales Arbitrales de Consumo.
  6. Laudo en Tribunales Arbitrales deConsumo.
  7. Actuación 13036/00 de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
  8. Entrevista a Viviana Epis, de la Unión de Usuarios y Consumidores.
  9. Entrevista a Luis Quero, presidente de la Asociación de Usuarios Bancarios.
  10. Entrevista a Sergio Taralo, Gerente Financiero de Gas Natural BAN.
  11. Entrevista a Jodé Laquidara, Coordinador de los Tribunales Arbitrales de Consumo.
  12. Entrevista a Carlos Vanella, director de Defensa del Consumidor.
  13. Datos de la Fundación Capital, correspondientes a agosto del 2000.
  14. Entrevista a Claudio Lozano, economista de la Central de Trabajadores Argentinos.
  15. Alfredo T. García, "Financiamiento hacia las pequeñas y medianas empresas. El entorno financiero necesario". Realidad Económica, agosto-septiembre 1999.
  16. Miguel Ángel Arrigoni. Consultor de Deloitte & Touche. Presentación en la última convención de la Asociación de Bancos de la Argentina.
  17. Julio Sevares, "El fracaso político y económico de las medidas económicas". Realidad económica, Buenos Aires, Mayo - Junio del 2000.
  18. Lozano, Ibid.
  19. Jorge Schvartzer, "Negociación de la deuda externa. Los actores, su encuadre y perspectiva", CISEA, Buenos Aires, septiembre de 1984.
  20. Lozano, ibid.
  21. Entrevista a Leonardo Blejer, economista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
  22. Ibid.
Autor/es Ana Ale
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 23 - Mayo 2001
Páginas:6, 7
Temas Desarrollo, Neoliberalismo, Estado (Justicia), Políticas Locales, Consumo
Países Estados Unidos, Argentina, Brasil, China, España, Italia