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Corea del Sur aún en guerra fríaEn virtud de un artículo de la ley de seguridad nacional heredada de la dictadura, en Corea del Sur basta simpatizar con el régimen del norte, tener un libro o folleto comunistas o una página pro comunista en Internet para exponerse a años de cárcel. El presidente Kim Dae-jung, preso en el pasado debido a esa misma ley, encuentra dificultades para modificarla en una sociedad donde la psicosis anticomunista es más fuerte que la valoración de los derechos personales.Forzado por la crisis, desde su llegada al poder en febrero de 1998 el presidente surcoreano Kim Dae-jung tuvo que concentrarse esencialmente en la economía1A ms de un año y medio de su investidura, su balance político y social es bastante magro. La gran revisión constitucional prometida en las vísperas de su elección quedó postergada para tiempos mejores y la lucha contra la corrupción y el clientelismo regional se ha vuelto en contra de su promotor, ya que una serie de asuntos comprometen seriamente la credibilidad del gobierno. La popularidad del Presidente -un opositor histórico a la dictadura en los años 70 y 80, actitud que le costó varios años en la cárcel- se resintió inmediatamente y la oposición ganó terreno electoral en ocasión de los escrutinios parciales Ante la proximidad de las elecciones legislativas de abril del 2000, Kim Dae-jung se ve en la necesidad de presentar un balance político un poco más consistente, abordando un tema particularmente sensible: la represión de los simpatizantes del comunismo, ya se trate de coreanos (del norte o del sur) acusados de espionaje o de estudiantes sospechosos de vínculos con el régimen de Pyongyang. En el curso de sus numerosos desplazamientos por el exterior, especialmente a Estados Unidos en junio de 1998 y junio de 1999, Kim Dae-jung apostó fuerte a la carta del ex opositor campeón de los derechos humanos y de la democracia… Quiere transformar a Corea, no sólo en la alumna modelo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en términos de apertura y reformas económicas, sino también en la pionera de la democracia y de los derechos personales en Asia. Para mejorar la imagen de su país en esa materia, Kim Dae-jung dispone de un instrumento particularmente flexible: la amnistía presidencial2 Gracias a cuatro series de amnistías, dictadas entre marzo de 1998 y el 15 de agosto último, fueron liberados unos 250 presos políticos. En el plano internacional, estas amnistías reiteradas tienen un efecto cierto: al liberar a las antiguas víctimas de la dictadura, Corea del Sur parece desterrar definitivamente las prácticas autoritarias de los últimos cuarenta años Con la liberación de Woo Yong-gak, "el prisionero político más antiguo del mundo" según Amnesty International, la amnistía del 25 de febrero fue, de las cuatro, la que se benefició con una mayor cobertura de la prensa internacional. Encarcelado en los años 50 por espionaje al servicio de Corea del Norte, Woo Yong-gak pasó cuarenta y un años de su vida preso. En el momento de su salida de la cárcel, decenas de periodistas se abalanzaron para recoger sus primeras palabras. Su edad (71 años) y su estado de salud monopolizaron la atención, en desmedro de otro dato: el importante número de detenidos políticos que siguen detrás de los barrotes. Según Amnesty International y Mingahyop, asociación surcoreana que reagrupa a las familias de los detenidos políticos, seguiría habiendo más de 200 presos de conciencia en Corea del Sur3 Hay otro dato aún más inquietante: según las asociaciones cívicas surcoreanas, la elección de Kim Dae-jung no significó el fin de las detenciones arbitrarias, realizadas al amparo de la ley de seguridad nacional adoptada en 1948 (luego de la división de la península de Corea) que reprime todo signo de apoyo a Corea del Norte y por extensión a la ideología comunista. La mayoría de las personas detenidas son estudiantes procomunistas cercanos al grupo Hanchongryon, asociación disuelta por la justicia debido a sus vínculos con el régimen de Pyongyang. La llegada al poder de Kim Dae-jung tampoco arregló las cosas en el frente sindical, con un número creciente de huelguistas y sindicalistas detenidos por "llamado ilegal a la huelga"4 Según Kwak Nohyun, profesor de derecho y miembro de la Coalición de las Asociaciones Cívicas por los Derechos Humanos, el balance de Kim Dae-jung se vio ante todo afectado por la resistencia que opuso el aparato judicial. "Para el gobierno del presidente Kim no es fácil imponer un cambio en la magistratura, aunque podría haber alcanzado mejores resultados si hubiese dado prueba de firmeza". Una debilidad que quizá tenga su origen en la fragilidad electoral de su gobierno. Aunque respaldado por el Congreso Nacional para una Política Nueva (NCNP), Kim Dae-jung fue elegido por estrecho margen, gracias a una alianza con la Unión de los demócratas liberales de Kim Jong-pil, y tiene que tener cuidado con su socio conservador en el seno de la coalición de poder5. En cualquier caso, hasta el momento no se ha atrevido a acometer contra el arsenal jurídico heredado de la dictadura. En su artículo 7, la ley de seguridad nacional prevé duras penas de prisión para toda actividad "contra el Estado", lo que naturalmente incluye las tomas de posición favorables al régimen de Pyongyang, y a la ideología comunista, en "violación flagrante de las libertades fundamentales", subraya Kwak Nohyun. Basta tener un libro marxista o un folleto que incite a un acercamiento con Corea del Norte para arriesgarse a varios años de prisión. Un ejemplo revelador de las tendencias que denuncian las organizaciones de defensa de los derechos humanos es la detención del internauta pro-Pyongyang que afirmaba en su página de inicio: "Soy surcoreano, pero amo el comunismo". El sitio, con cuatro mil conexiones contabilizadas, fue levantado por la policía en noviembre de 1998 y su animador acusado de violar la ley de seguridad nacional. En nombre de esta ley, el propio Kim Dae-jung fue condenado varias veces en los años 70 y 80. Defendida por el ala dura de la administración y del ejército, su revisión divide a los responsables políticos. El 15 de agosto pasado, Kim Dae-jung provocó una polémica particularmente encendida al pronunciarse a favor de su reforma. La reacción de la oposición y de la prensa conservadora era previsible: según el Gran Partido Nacional, el principal de la oposición, el anuncio atestiguaba la "tendencia izquierdista" del gobierno. La furia que su propuesta despierta en la Unión de los Demócratas Liberales, oficialmente opuesta a una reforma de fondo de la ley, representa un problema mayor para el Presidente surcoreano. "Los conflictos políticos en el seno de la coalición de poder amenazan con hacer abortar la reforma", estima Lee Joo-young, militante de Sarabang, asociación de defensa de los derechos humanos con sede en Seúl, quien afirma que además "el disenso es importante dentro del mismo partido de Kim Dae-jung". En el mismo sentido, Kwak Nohyun estima que el partido de Kim Dae-jung necesita una victoria neta en las legislativas de abril del 2000 para disponer de los medios políticos para imponer la reforma. El ex opositor encuentra tantas dificultades para revisar el arsenal jurídico heredado de la guerra fría porque ésta sigue siendo una realidad para muchos surcoreanos. Para los adversarios de la reforma, Corea del Sur puede permitirse un régimen más severo en materia de derechos humanos, ya que teóricamente, sigue en estado de guerra: a cuarenta y seis años de la firma del armisticio de Panmunjom, las dos Coreas siguen sin firmar un tratado de paz. Cho Sihyum, profesor de derecho internacional en la Universidad de Sungshin, explica que la amenaza militar ejercida por el norte -instrumentada o no por el gobierno surcoreano- sigue moldeando en profundidad las mentalidades y la vida política surcoreanas. "En razón de su pasado, de la guerra de Corea y también de la ocupación japonesa, la sociedad surcoreana todavía es muy monolítica y poco tolerante. Tiende a desconfiar de las ideas nuevas, sobre todo si parecen ubicarse demasiado a la izquierda. Es una atmósfera de miedo que la dictadura utilizó durante mucho tiempo para reprimir a los opositores y a los movimientos estudiantiles, con la ley de seguridad nacional como instrumento principal. Ley que, a su vez, contribuye a mantener esta atmósfera de miedo y de tensión". En el caso de los surcoreanos nacidos después de la guerra de Corea, se trata de una psicosis alimentada desde la escuela primaria, en las clases de educación cívica: "Recuerdo haber participado en concursos de dibujo o de caligrafía anticomunistas y la manera en que me impresionó un libro escolar donde los coreanos del norte estaban representados como lobos y los del sur como corderos", cuenta la señora Lee Joo-young. A pesar de su fracaso económico y su creciente aislamiento internacional, el norte sigue provocando temor al sur del paralelo 38. La prueba: el fenomenal éxito en las pantallas surcoreanas de Chiri, película de espionaje que da una visión aterradora de los servicios secretos norcoreanos6. Los adversarios de una flexibilización en materia de política anticomunista se ven tentados de utilizar el argumento de las tensiones intercoreanas para oponerse a una revisión, incluso limitada, de la ley de seguridad nacional. "Es prematuro revisar la legislación vigente ¿Puede el sur bajar la guardia cuando Corea del Norte sigue enviando submarinos y agentes armados al sur del paralelo 38?", explica el portavoz del Gran Partido Nacional, Lee Sa-cheol. Este argumento se vio reforzado en junio de 1999 por el súbito incremento de tensión suscitado por el incidente naval del mar Amarillo7. Para el Gran Partido Nacional, el episodio demuestra el fracaso de la política de distensión promovida por Kim Dae-jung desde su elección, la famosa "política del rayo de sol", calcada de la Ostopolitik alemana del canciller Willy Brandt. Una ley de hierroA pesar de algunos logros significativos, el gobierno surcoreano no realizó avances en el terreno diplomático. En abril de 1999, a pesar del incondicional envío de varios cientos de toneladas de fertilizantes, Seúl no consiguió que Pyongyang retomara las discusiones intergubernamentales acerca de uno de los temas más delicados en Corea: la reunión de las familias separadas por la guerra civil. Sin embargo, Kim Dae-jung estima que una reforma de la ley de seguridad nacional tendría la ventaja de relanzar su política de mano tendida, restándole un obstáculo jurídico a los intercambios intercoreanos. En efecto, el segundo artículo de la ley califica a Corea del Norte como "organización contra el Estado". Así, la ley criminaliza todo contacto privado entre las dos Coreas, oponiéndose en forma directa a la "política del rayo de sol" que apunta al desarrollo de las relaciones económicas y culturales con el fin de iniciar el deshielo de la élite norcoreana en el poder8. El segundo obstáculo que presenta la ley de seguridad es más diplomático que jurídico: su derogación figura entre las condiciones planteadas por Pyongyang para restablecer el diálogo directo con Seúl y para la firma de un tratado de paz. De acometer contra este híbrido legislativo emanado de la guerra fría y de la dictadura, Kim Dae-jung podría hacer una jugada doble: relanzar el proceso de paz intercoreano y darle un lustre nuevo a su blasón de reformista.
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