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Ardua y decidida reforma

La distribución de tierras incultas a los campesinos ha puesto en pie de guerra a la oposición al gobierno del presidente Hugo Chávez. Una reforma realizada hace más de dos siglos en Estados Unidos –y que está en la base de su desarrollo ulterior– es resistida en Venezuela con acusaciones de “castrocomunismo”. Pero se presentan otras dificultades: los organismos encargados de llevar a cabo la reforma sobresalen por su ineficiencia y, a menudo, su connivencia con el statu quo. En cualquier caso, los campesinos no parecen dispuestos a dar marcha atrás.

Una llanura inmensa se extiende como un océano verde salpicado de islas de arbustos. El latifundio comienza a sólo diez minutos en auto de San Carlos, capital del Estado de Cojedes, a unos pocos kilómetros de la plaza donde el 10 de enero de 1860 fue muerto el general Ezequiel Zamora1. Interminables alambradas delimitan las 20.000 hectáreas de hatos (tierras para ganadería) de la familia Boulton, una de las más ricas del país. Luego vienen las 14.000 hectáreas del Hato El Charcote, pertenecientes a Flora Compañía Anónima. De tanto en tanto pueden verse grupos de novillos pastoreando, perdidos en la inmensidad de esas tierras. Un poco más lejos están las grandes propiedades de la familia Branger (125.000 hectáreas en el municipio de Pao) y las de otros terratenientes, poseedores de 80.000 hectáreas por aquí, 30.000 por allá, de las cuales, a menudo no son explotadas más que 3.000 o 4.000 hectáreas.

“Soy campesino sin tierra. La única que tengo me espera en el cementerio”. Es la época en que al campesino que ingresa en esos campos abandonados se lo captura, se lo encarcela o se lo saca a los tiros. Es la época en que el peón trabaja “por el miserable sueldo diario de 3.000 bolos”2. Los campesinos cultivan un maíz anémico en diminutas parcelas de una hectárea y viven del Espíritu Santo. Los que no tienen con qué comprar o arrendar un lote de tierra vegetan entre las cuatro paredes de un miserable ranchito en la periferia de las ciudades.

Pero el hambre no espera; en todo caso no eternamente. El 14 de octubre de 2000, junto a otros 25 hombres y una mujer, Jesús Vásquez ocupó un sector del Hato El Charcote, cuyo supuesto propietario, a través de Flora Compañía Anónima, sería nada menos que la corona británica. “El gobierno les pidió que presenten sus títulos de propiedad, lo que nunca hicieron. En realidad, se trata de tierras del Estado”. La investigación desarrollada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), creado el 8 de enero de 2002 para poner en aplicación la Ley de Tierras promulgada por el presidente Hugo Chávez, confirmó los hechos. En consecuencia, 800 familias, agrupadas en 24 cooperativas, recibieron tierras de esa propiedad y cultivaron 7.000 hectáreas. Ahora, los ranchos cubiertos por hojas de palma y la escuela de madera levantada por los campesinos, están rodeados de plantaciones de maíz, papaya, frijoles, legumbres de huerta y mandioca. Ellos mismos construyeron los puentes que permiten acceder a esa zona y miran orgullosos el paso de los tractores y los camiones comprados con créditos del gobierno. “El año pasado cosechamos dos toneladas de maíz, este año pensamos llegar a seis, y aun más en los años próximos. La gente produce y tiene para comer. Sinceramente es un cambio fantástico”, se entusiasma Vásquez.

Mientras los terratenientes, con la complicidad de los gobiernos precedentes, se apropiaban indebidamente de millones de hectáreas, Venezuela debía importar el 70% de su consumo alimentario3. Un ejemplo entre muchos: los propietarios de la cerveza Polar, segunda industria del país después del petróleo, importan de Estados Unidos todo el lúpulo que utilizan. Una gran parte del maíz que se consume en Venezuela es de producción nacional… ¡pero el maíz en lata viene del extranjero! Esa situación beneficia a las grandes firmas de la importación y la distribución, pero afecta a los sectores más pobres, en particular a los pequeños productores, y marginaliza a cientos de miles de campesinos.

El 13 de noviembre de 2001, en el marco de un paquete que incluía 49 decretos-ley, el presidente Chávez presentó una Ley de Tierras destinada a remediar la abismal injusticia social existente y a garantizar el aprovisionamiento alimentario de Venezuela por medio de la reactivación de la producción. Sin tocar en absoluto a los establecimientos en actividad, pero buscando poner fin al latifundio, esa ley establece un impuesto sobre las tierras no explotadas, que pueden llegar a ser expropiadas, y estipula además que una sola persona no puede poseer más de 5.000 hectáreas. También prevé la recuperación de numerosas tierras del Estado ocupadas ilegalmente y su distribución a los campesinos, dando prioridad, aunque no exclusividad, a la formación de cooperativas.

El 8 de diciembre de 2001, apretujados en ómnibuses y en camiones, unos 20.000 campesinos abandonaron sus moribundos pueblos del monte. Al día siguiente, con la piel curtida por el sol, barbudos, sucios, espléndidos, desfilaron en Caracas para festejar el acontecimiento. “Fuimos voluntariamente, no como antes, cuando para movilizar a los campesinos les ofrecían dinero o alimentos. Hicimos el viaje con nuestros escasos recursos, pero con una inmensa esperanza…”, afirma Claudio Ditulio, en Curito Mapurital (Estado de Barinas), donde el INTI acaba de entregar 31.700 hectáreas a 500 familias.

El gigantesco clamor en demanda de tierras finalmente fue escuchado y dio lugar a muchas otras manifestaciones de apoyo a la revolución bolivariana. “Por ninguna mujer corrí tanto como por este Presidente”, dice riendo uno de los compañeros de Ditulio, con el sombrero echado hacia atrás en medio del aire caliente que reverbera. Con esa serie de reformas radicales, la “revolución bolivariana” toca finalmente la médula del problema.

Pero a la vez entra en una etapa de confrontación sin cuartel con la oposición. “Esa ley tiene un carácter intervencionista, estatizador, y desconoce el derecho a la propiedad, que es uno de los derechos humanos fundamentales”, exclamaron inmediatamente, entre otras organizaciones, la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira (Asogata) y Fedecámaras Táchira, sección local del patronato venezolano. “El impuesto sobre las tierras no explotadas es anticonstitucional. (…) La Ley deja ver un trasfondo comunista, típica forma de la política colectivista. (…) Más que una filosofía se ve una orientación de tipo totalitario”4. Para José Luis Betancourt, dirigente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), la ley “llevará a muchos productores a la quiebra”. Fue con idéntico razonamiento (“Lo arbitrario de esas leyes impone argumentos enérgicos y acciones inequívocas de rechazo”) que Pedro Carmona, líder del patronato venezolano, apoyado por Carlos Ortega, dirigente de la muy corrupta Confederación de Trabajadores de Venezuela, lanzó el 10 de diciembre de 2001 la primera huelga general, preludio de la tentativa de golpe de Estado del 11 de abril de 20025.

Sin embargo, ese mismo 10 de diciembre en Barinas, a pesar de la huelga y frente a un pueblo que bramaba como un mar encrespado, con sus boinas rojas y sus banderas, el presidente Chávez persiste y promulga oficialmente la ley: “Señores terratenientes, preparen sus papeles porque deberán demostrar que esas tierras les pertenecen”. En el mismo momento, los representantes de los latifundistas hacían añicos el texto de la ley en un acto público transmitido en directo por los medios de comunicación.

Señores feudales

“Nuestros terratenientes ni siquiera parecen capitalistas, pues los capitalistas al menos ponen sus tierras a trabajar. En Europa hace mucho que el capitalismo superó ese tipo de comportamiento parasitario”, estima Leonett Ricaurte, designado presidente del INTI a comienzos de agosto del 2003. A lo que la oposición clama: “¡Castrocomunismo!”. Los tambores de guerra resuenan en Venezuela.

Su redoble se oye en el Estado de Yaracuy. En esa región, los campesinos recitan poemas y es común que se traten de “camarada”. Desde hace décadas se lucha contra “el monstruo de mil cabezas de los terrófagos”. Encabezados por Braulio Álvarez, carismático dirigente de la Coordinación Agraria Nacional Ezequiel Zamora (Canez), los comités de tierras de Camunare Rojo y de Urachiche solicitaron y obtuvieron, el 4 de mayo de 2002, una superficie de 665 hectáreas de tierras no trabajadas pertenecientes a la familias Bolmer y Azleca, muy cercanas a la del gobernador de la oposición Eduardo Lapi. Según el INTI, esas tierras pertenecen al antiguo Instituto Agrario Nacional (IAN).

El 12 de julio siguiente, por orden del gobernador, la brigada de choque de la policía regional, llamada “los pantaneros”, atacó violentamente a unas 850 personas allí instaladas de manera totalmente legal, haciéndolas retroceder –por medio de gases lacrimógenos y disparos de todo calibre– hasta Camunare Rojo. La acción dejó más de 20 heridos y ocho personas hospitalizadas. “En Yaracuy se está jugando a la anarquía, y no voy a permitirlo”, dijo Lapi, mientras que el presidente del Consejo Legislativo del Estado, Víctor Pérez denuncia el “plan de terror” fomentado por los campesinos de Camunare Rojo.

En el sector Santa Lucía de la hacienda Santa Catalina (“propiedad” del consorcio azucarero Central Matilde), 600 personas recibieron 540 hectáreas el 3 de mayo de 2003, además de una financiación de 170 millones de bolívares (106.000 dólares) y un tractor chino, lo que ya les permitió sembrar las primeras 170 hectáreas. “Unos pistoleros nos atacaron el 20 de julio. Quemaron un camión y un auto, y maltrataron a dos personas, a las que rociaron con gasolina”, testimonia “Zapata”, uno de los líderes de la cooperativa. Junto a él, caras flacas y macilentas traslucen satisfacción y agotamiento. A pesar de que el tribunal decidió una medida de protección consistente en patrullas de la Guardia Nacional, “se puede ver que los pantaneros de Lapi están apostados allá”, dice “Zapata” señalando unos viejos galpones. “Tiran al aire, nos amenazan y nos provocan para que respondamos, y así poder justificar una represión violenta”.

Estos problemas se entienden cuando el “enemigo” es un gobernador opositor –como en los Estados de Yaracuy, Apure y Carabobo– o politiqueros del régimen anterior. Pero en enero de 2002, en El Robal, Estado de Cojedes, fue el señor Johnny (sic) Yáñez Rangel, electo por el MVR (partido del Presidente) quien les largó los perros. “Sacó a los campesinos, destruyó sus ranchos y el material. Se perdió todo”, lamenta Vásquez frente a las aguas color plomo de un río. ¿Un gobernador revolucionario contra la revolución? La cosa no es tan clara. Muchos oportunistas se unieron a Chávez cuando pareció evidente que ganaba las elecciones presidenciales. Pero el 12 de abril de 2002, Yáñez Rangel se alió sin cargos de conciencia con el gobierno surgido del golpe de Estado, para luego pasarse del otro lado dos días después, cuando Chávez recuperó el poder6.

Esta situación resulta aun más grave en ese Estado de Cojedes, dado que el equipo regional del INTI mostró una gran ineficacia en los primeros tiempos. “Allí intervinieron manos oscuras, latifundistas, poderes económicos, y todo se atrasaba”, recuerda José Pimentel, encargado de instalar a la gente en los vehículos cada vez que había una manifestación de apoyo al presidente en Caracas. Y agrega: “Por pedido nuestro, Adán Chávez (hermano del presidente y por entonces director del INTI) hizo una auditoría y se dio cuenta de que en nueve meses, los dirigentes locales no habían hecho nada”. Gustavo Gutiérrez, designado en julio de 2003 como coordinador de un nuevo equipo, trabaja “hasta sábados y domingos para corregir los errores y reorganizar la institución”.

Como atenuante, hay que tener en cuenta que el INTI –organismo reciente que remplazó al IAN, tan ineficaz como corrupto– tuvo que inventarlo todo en muy poco tiempo. “Se trataba de funcionarios novicios que tuvieron que aprender la ley y cómo aplicarla”, afirma Leonett Ricaurte, actual presidente del INTI. En un país donde los archivos y el catastro son deficientes –sin contar con el trabajo de obstrucción de los supuestos propietarios– la tarea fue muy difícil al comienzo.

El impulso de Chávez

Cuando en septiembre de 2002 el presidente Chávez descubrió que el nuevo organismo no había entregado ni 1.000 hectáreas “le dio un ataque de rabia”: “Quiero que para el 30 de agosto de 2003 hayan distribuido un millón y medio de hectáreas, si no quedan todos despedidos, desde el presidente (por entonces su hermano Adán) hasta el último funcionario”. A partir de ese momento los trámites avanzaron “con enorme rapidez”. A fines de agosto de 2003 se habían distribuido 1.340.000 hectáreas de tierra a 62.800 familias (el objetivo anunciado es distribuir 2 millones de hectáreas a 500.000 campesinos)7.

Sin embargo aún existen algunos puntos negros, sobre todo en el Apure, “zona caliente” situada junto a la frontera colombiana. “Aquí se sufre, compañero. La revolución agraria aún no llegó”. Las pruebas están a la vista: Flora Compañía Anónima (perteneciente a la corona británica, como en Cojedes): 350.000 hectáreas; Hato La Victoria: 100.000 hectáreas; Hato El Cedral: 150.000 hectáreas; La Caña Vilena: 30.000 hectáreas; Matebanco: 25.000 hectáreas…

En los legendarios llanos8, esas inmensas extensiones de pastos altos y abundantes, atravesadas siempre por los mismos ríos, que serpentean siempre en los mismos meandros y entre los mismos montes de árboles en la monotonía de la llanura anegada, el movimiento campesino, acusado de estar formado por “guerrilleros”, fue víctima durante mucho tiempo de una feroz represión. De esa época queda en las memorias un período particular: el que tuvo al general Enrique Medina Gómez como comandante del Teatro de Operaciones N°1 (TO-1), dispositivo del ejército venezolano destinado a luchar contra la penetración de grupos irregulares colombianos. El 23 de enero de 1997, ese jefe militar hizo liberar a siete paramilitares colombianos detenidos en posesión de un arsenal el 22 de diciembre precedente. Esos individuos recibían entre 2 y 3 millones de bolívares de parte de ganaderos de la frontera “a cambio de seguridad”. Explicación del general: “estaban cumpliendo con una operación de inteligencia” y poseían una autorización del TO-1 “totalmente legal”9.

Posteriormente alejado por el presidente Chávez, e (imprudentemente) designado agregado militar en la embajada venezolana en Washington, el general Medina Gómez sería uno de los actores clave del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Mientras tanto, en 1998, representantes de la población civil de Guasdualito habían acusado a miembros de la Disip (policía política) de colaborar con los paramilitares que operan en la frontera.

Precisamente en Guasdualito, Santo Durán, responsable técnico de la delegación subregional (Alto Apure) del INTI, exhibe desmoralizado el viejo mobiliario de los años 1970 que equipa su oficina, la única computadora para tres personas, y frente a una impresionante pila de expedientes se queja por la falta de medios. “Trabajamos con las uñas”, lamenta con amargura. Pero esa situación no tiene nada de excepcional: las delegaciones del INTI están en todas partes mal equipadas. Sin embargo, Durán se muestra confiado. A pesar de varios conflictos y de la resistencia de algunos terratenientes, “las cosas en general se arreglan amistosamente”.

Otra versión dan los principales interesados, los campesinos. “Aquí tenemos 70 ocupaciones sobre las cuales el INTI no hizo nada. Hasta la fecha, en el Alto Apure no se ha entregado ni una sola carta agraria (documento que permite a los campesinos ocupar las tierras)”, exclama Domingo Santana, del Frente Revolucionario Simón Bolívar. Hay mucha rabia en los miserables ranchos diseminados junto a las aguas marrones del Apure, en una franja que va hasta unos 200 metros de la orilla. “A partir de allí no se puede pasar, es propiedad privada”, explica una humilde mujer mientras espanta los insectos de su plato de comida. En ese paisaje de diluvio, en el que las piernas están siempre hundidas en el barro, se está gestando una verdadera tormenta contra los “burócratas” locales del INTI. “Se trata de personas que no están para nada comprometidas con el proceso revolucionario y que utilizan la Ley de Tierras para vivir y cobrar un buen sueldo”.

Dado que Durán fue anteriormente administrador de una de las propiedades a la que aspiran los campesinos, el Hato La Miel, hay quienes consideran seriamente la idea de organizar una acción violenta “para ocupar las instalaciones del INTI”. Y ello sin dejar de alegrarse por el nombramiento como director nacional de ese organismo de “un gran amigo en quien tenemos muchas esperanzas”, un antiguo colaborador del movimiento campesino que conoce bien el Alto Apure: Leonett Ricaurte.

Dilema de la revolución

La revolución bolivariana es democrática. No cortó cabezas ni practicó la caza de brujas. Esa es su grandeza, pero también su debilidad. El 6 de febrero de 2003 Chávez visitó las tierras de la cooperativa Jacoa (en Barinas), donde se acaba de construir una magnífica ruta para romper el aislamiento de la zona. Además de las cartas agrarias, entregó a las 500 personas que ocupan esas tierras dejadas al abandono por dos terratenientes, tres tractores y 690 millones de bolívares (430.000 dólares). Siete meses más tarde se comprueba un cierto fracaso de ese proyecto emblemático del Presidente. “Nuestro comandante cree que todo funciona bien. Le esconden las cifras reales, nadie le dice la verdad. ¡Aquí no se cultivaron 500 hectáreas sino apenas quince!” El ministerio de Infraestructura (Minfra) debía deforestar 400 hectáreas, pero no lo hizo. De su lado, los funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), encargado del drenaje y del sistema de riego, aún no aparecieron, a pesar de las múltiples demandas efectuadas. Y los del Ministerio del Medio Ambiente, igualmente implicados, tampoco se dejan ver. “Las instituciones del Estado no me reciben, sólo el INTI me apoya”, se queja Ricardo Vivas, uno de los dirigentes de la Cooperativa Jacoa.

La señora Gladys Vivas, que trabaja en el INTI en Caracas, confirma esos problemas. El gobierno no piensa distribuir únicamente la tierra, sino también maquinaria, créditos. Desea que la población disponga de infraestructuras, de casas, de escuelas, de centros sanitarios. Para ello el INTI debe trabajar en colaboración con los ministerios y las administraciones concernidas. Esos organismos son estructuras muy burocráticas, muchos de cuyos funcionarios, cuadros intermedios y empleados, son miembros de los antiguos partidos, enquistados en sus puestos desde hace quince o veinte años. “Hacen todo lo que pueden para contrariar ese tipo de desarrollo. Nosotros, y hasta los propios ministros, debemos trabajar conspirando, buscando aliados, infiltrándonos. Por eso a veces las respuestas son muy lentas”. Lo que representa una enorme pérdida de energía y de tiempo.

En piezas de adobe, en medio de monturas de cuero, cuchillos, bolsas, faroles de campo, palas, botas y montañas de ropa, por primera vez los campesinos se organizan y conocen la ley. Leen su texto y aprenden sus derechos. Ante las dificultades y los atrasos reaccionan de manera sumamente política. “No hay que caer en la provocación”, se oye decir en una reunión en el Hato El Miedo (Estado de Barinas). “Hay que pelear con la cabeza. Nuestra arma es la ley”. En Jacoa, donde se preparan para sacudir a las instituciones que no responden, un dirigente fija la forma de acción: “Hay que empujar las puertas. Pero cuidado. Hacerlo llevando una pancarta que diga ‘Somos revolucionarios. Estamos con el Presidente.’ El problema es ‘tal’ funcionario. Si no la prensa toma el tema y la oposición saca provecho del asunto”.

Y la oposición está al acecho. Gracias al Supremo Tribunal de Justicia, que controla, el 20 de noviembre de 2002 logró hacer anular los artículos 89 y 90 de la ley. El artículo 89 permitía al INTI decretar la ocupación preventiva de tierras por los campesinos durante la acción judicial destinada a probar que sus “propietarios” en realidad las usurpaban. Ahora, la ocupación sólo puede hacerse si existe un fallo (en un sistema judicial lento, que no fue nunca depurado y que a menudo actúa de acuerdo con la oposición). El artículo 90 prohibía cualquier tipo de indemnización a un “propietario” que hubiera levantado instalaciones, casas u otros edificios sobre tierras del Estado ilícitamente ocupadas. “¡Imagínese usted –se indigna Leonett Ricaurte en su oficina del Parque Central de Caracas– que alguien me roba el auto. El ladrón le pone un motor nuevo y nuevos neumáticos, y resulta que cuando yo recupero mi vehículo ¡tengo que reembolsarle el motor y los neumáticos!”

A la espera de que la Asamblea Nacional reformule los dos artículos en cuestión, el decreto presidencial 2292 del 4 de febrero de 2003 y la resolución 177 del INTI crearon las cartas agrarias. Sin llegar a representar un título de propiedad, esos documentos permiten ocupar las tierras en litigio y obtener créditos para comenzar a trabajarlas.

Pero la resistencia a esta revolución del campo tiene formas de expresión más violentas. Saliendo de Guanare (capital del Estado de Portuguesa) al volante de su vehículo con vidrios polarizados, Richard Vivas, coordinador regional del INTI, se dirige presurosamente hacia Zoropo. Le acaban de avisar por teléfono celular que allí se está produciendo una tensa discusión entre un grupo de campesinos y tres campo volantes10. En el lugar, una zona densa de árboles y arbustos, reina una atmósfera eléctrica y una cierta confusión. “No nos dejan pasar”, se indigna una campesina, señalando a tres individuos aferrados a sus fusiles. “Nos amenazan, nos queman los ranchos, destruyen nuestras cosechas”, agrega furioso otro hombre. Vivas logra imponer la calma. Bajo la mirada desconfiada de los esbirros saca su teléfono celular. “Voy a pedirle a la Disip que intervenga e identifique a esa gente”. De regreso a Guanare, en cuyas paredes se ven inscripciones que dicen “Viva Jesucristo, Bolívar y Chávez”, el funcionario confía: “Recibí muchas amenazas de muerte, y las tomo en serio. Esta oposición es capaz de matar”.

En el Estado de Portuguesa fueron asesinadas doce personas, entre ellas Jacinto Mendoza, ejecutado frente a las oficinas del INTI. El hombre, que colaboraba en la organización de un comité de tierras, reclamaba en nombre de 50 familias títulos de propiedad sobre campos abandonados propiedad del Estado. La persona que actuó como intermediario para contratar a los asesinos a sueldo fue detenida y dijo haber recibido 8 millones de bolívares (unos 5.000 dólares) de manos de Omar Contreras Barboza, ex ministro de Agricultura de Carlos Andrés Pérez –ex presidente destituido por corrupción– quien se atribuye la propiedad de las tierras en cuestión. Hasta ahora no se produjo ninguna reacción de la justicia.

Actualmente existen grupos de exterminio, bandas organizadas, pagadas por los terratenientes, principalmente en los Estados de Zulia, Barinas, Táchira y Apure. A veces aparecen incluso sicarios mediáticos. El 24 de marzo pasado, en un pseudo-reportaje publicado por el diario El Universal, Roberto Giusti acusó a Jorge Nieves, dirigente campesino y líder comunitario, de ser uno de los comandantes en el Apure de un supuesto Frente Bolivariano de Liberación (FBL), “brazo armado de la revolución bolivariana” que operaría de manera coordinada con los guerrilleros colombianos11. Un mes más tarde, en esa zona donde pululan los paramilitares (colombianos), el blanco designado cayó bajo las balas, en pleno Guasdualito.

Fedenaga asegura que las fuerzas armadas apoyan las invasiones de tierras productivas y que se entregan cartas agrarias a grupos guerrilleros. La oposición clama que se vive bajo una dictadura. En realidad, en Venezuela las víctimas son los partidarios del Presidente democráticamente elegido: en el marco de esa guerra olvidada por los medios, 74 campesinos ya fueron asesinados en dos años (y más de 120 desde 1999).

A pesar de esos crímenes y de la sangre vertida, en esas inmensas extensiones donde el cielo toca la tierra y donde se proclama un apoyo indefectible a “nuestro comandante, el presidente Hugo Chávez”, el entusiasmo supera lo imaginable. Por todos lados la gente se saluda con un vibrante: “Epa chamo, ¿cómo está la lucha?” Por todos lados se habla de maíz, sorgo, legumbre, frutas, ganado, piscicultura, producción, nuevas escuelas y nuevas casas. Por supuesto, nadie olvidó que la primera medida de la breve dictadura surgida del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 fue anular la Ley de Tierras. La gente sigue atentamente la crisis política que parece no tener fin en Caracas, donde, por todos los medios, la oposición trata de sacar a Chávez del poder antes de que pueda aplicar sus reformas. De manera velada o abierta, se avisa que… “Si nos sacan todo esto, aquí habrá una guerra civil”.

  1. El general Ezequiel Zamora, al frente de un ejército de campesinos, había hecho morder el polvo a la oligarquía anti-bolivariana el 10 de diciembre de 1859, durante la Guerra Federal.
  2. Es decir, 3.000 bolívares: 1,87 dólares.
  3. Según el último censo agrícola (1998), el 70% de las tierras productivas de buena calidad está en poder del 20% de quienes poseen más de 500 hectáreas, mientras que el 75% sólo posee el 6% de esas tierras. El 60% de los productores rurales no posee ningún título de propiedad sobre las tierras que ocupan.
  4. “Frente a la Ley de tierras”, Ultima Hora, Centro de Estudios Ganaderos, Maracay, 15-12-01.
  5. Maurice Lemoine, “Golpe de Estado abortado en Caracas”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002.
  6. Luego de una intervención del Presidente, Yáñez Rangel tuvo que reembolsar 55 millones de bolívares a los campesinos que había expulsado.
  7. Ese apuro generó algunos errores, tanto respecto de propietarios que estaban en su pleno derecho, como de zonas protegidas, que dependían –por ejemplo– del Ministerio del Medio Ambiente.
  8. Zona de llanuras que ocupa una gran parte del territorio venezolano (y de la vecina Colombia).
  9. http://impresodigital.el-nacional.com/archivo/
  10. Los campo volantes, personajes tradicionales de las zonas rurales, encargados de vigilar el ganado, se convirtieron en personal armado a sueldo de los terratenientes.
  11. Roberto Giusti, “El brazo armado de la revolución”, El Universal, Caracas, 24-3-03.
Autor/es Maurice Lemoine
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 52 - Octubre 2003
Páginas:10,11,12
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Agricultura, Desarrollo, Movimientos Sociales
Países Venezuela