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Niñez y exclusión

Con carácter de reunión sectorial preparatoria de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que se celebrará los días 14 y 15 de este mes en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, tuvo lugar el 18 y 19 de septiembre pasados, en la misma ciudad, la V Conferencia Iberoamericana de ministras, ministros y altos responsables de Infancia y Adolescencia. La reunión se centró en la necesidad de disposiciones específicas para la plena inclusión social de la niñez indígena y afrodescendiente, y en las inversiones necesarias para cumplirlas.

“Aun cuando las inversiones fueran las que demandamos (pasar de 0,70 dólares diarios por niño a 1,05 dólar diario como promedio para América Latina y el Caribe), la niñez indígena y afrodescendiente de la región no se beneficiaría, seguiría excluida, si no se interviene sobre esa exclusión con acciones e involucramientos específicos”, afirma Nils Kastberg, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe. Fundamenta así la organización de esta V Conferencia, presidida por el ministro de Desarrollo Sostenible de Bolivia, Erick Reyes Villa: una primera jornada dedicada a la cuestión de la niñez y adolescencia indígena y afrodescendiente, y una segunda dedicada a la cuestión de las inversiones necesarias para que los países de la región cumplan las metas fijadas por el Plan de Acción Iberoamericano por la Infancia. Este Plan fue aprobado en octubre de 2001 en la XI Cumbre Iberoamericana en Lima, y esas metas son acordes con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. “La cuestión de los derechos de la niñez responde a la necesidad de enfocar la dimensión cabal de las disparidades en la región”, corrobora Alfredo Missair, director regional adjunto, quien presentó el documento “Indígenas, reivindicaciones y derechos de la niñez y adolescencia en América Latina”, pieza clave de la primera jornada. Este documento es resultado de un primer encuentro, un año atrás, en la oficina regional de representantes de los proyectos Pro Andes, Pro Amazonas y Pro Maya, y de una convocatoria más reciente a líderes indígenas del continente.

Etnia y pobreza

Dentro de la alarmante situación regional, los índices de mortalidad infantil y materna, las carencias de energía eléctrica y agua potable, de salud y educación, aparecen agravados en las comunidades de pueblos originarios, así como en las afrodescendientes que, especialmente en la zona del Caribe, sustituyeron en muchos casos a las extinguidas comunidades originarias. Se calcula que los afrodescendientes son el 43% de la población brasileña, el 76% de la colombiana, el 33% de la cubana, el 85% de la dominicana y el 75% de la venezolana.

“La relación entre pobreza y etnicidad va siempre en proporción directa”, dijo Rocío Rojas, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En los orígenes de la situación de estos pueblos Rojas señaló “los traumas de la colonización y la esclavitud”, y entre los ejemplos de discriminación mencionó que en el Chocó colombiano, zona de asentamiento de afrodescendientes, la mortalidad infantil alcanza la cifra de 90 cada mil nacidos vivos, comparada con la de 25 en el ámbito nacional. En Panamá la mortalidad infantil promedio en comunidades indígenas es de 84 cada mil comparada con 17,2 en el ámbito nacional. En Honduras la mortalidad materna en departamentos de población indígena supera el promedio nacional de 147 cada 100.000 nacidos vivos: es de 200 en Colón, 203 en Copán, 229 en La Paz, etc.

La invisibilización de estas comunidades comienza en los registros de nacimientos y en los censos, que subregistran notoriamente a sus miembros. De allí que las cifras son sólo aproximativas, pero cabe hablar de una población indígena de entre 40 y 50 millones de personas en la región, y de más de 400 idiomas en uso. Bolivia y Guatemala, donde la población indígena supera el 50% de la población, y luego Ecuador, Perú y México, son los países que concentran el 80% de esa población. Es pobre el 65% de la población indígena de Bolivia, frente al 48% de la población no indígena; en Guatemala el 87% frente al 54%; en Perú el 79% frente al 50% y en México el 80% frente al 18%.

En Guatemala los alumnos indígenas de la escuela primaria tienen niveles de repitencia del 90%; en Bolivia un niño que habla sólo la lengua de su comunidad tiene el doble de probabilidades de repetir que otro que habla sólo el castellano. En Argentina el 56% de los mapuches no va a la escuela; en Venezuela el 65% de los niños y jóvenes indígenas tampoco.

De acuerdo con el informe de Guatemala (un 60% de población indígena), en el área rural 8 de cada 10 indígenas son pobres, con la consiguiente secuela de desnutrición en la niñez; en 2002 la mortalidad infantil se había reducido a 39 cada 1.000 nacidos vivos, respecto de 48 en 1997. El analfabetismo se había reducido al 28,7%; el 20% de la población económicamente activa está compuesta de niños y adolescentes que trabajan en las peores condiciones en el sector informal; siete de cada diez niños sufren alguna forma de maltrato intrafamiliar; y más de 15.000 chicos han sido incorporados por proxenetas a actividades de prostitución y pornografía.

De acuerdo con el informe de Bolivia, tres de cada diez miembros de la población económicamente activa tiene menos de 18 años; 6 de cada diez de esos niños y adolescentes que trabajan no asistieron a la escuela o la dejaron, trabajan en el sector informal más de 10 horas diarias, son víctimas de violencia, discriminación y abuso, sus retribuciones son más bajas, no tienen acceso a salud ni seguridad social.

El movimiento indígena

Las poblaciones indígenas se ven sometidas a desplazamientos dentro o fuera de sus respectivos países, con el consiguiente desmembramiento comunitario y familiar, debido a conflictos armados, como actualmente en Colombia y hasta hace muy poco en Guatemala y Perú, pero también en muchos casos, como en la Amazonia, por la acción de multinacionales. Estas migraciones han acompañado el brutal proceso de urbanización latinoamericano, convirtiendo a las grandes ciudades del continente en ciudades multiculturales.

La elaboración de políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia indígena y afrodescendiente, coherentes con la noción de niño como sujeto de derecho de la Convención de los Derechos del Niño, exigiría un acuerdo difícil de lograr con las nociones vigentes de lo que es un niño o adolescente. El informe de Venezuela, por ejemplo, apuntaba que la mayoría de los pueblos originarios no tiene la noción de adolescente; aun en cuanto a la noción de niño, los representantes indígenas y afrodescendientes presentes en la conferencia concebían a los niños como quienes en el futuro pueden prolongar sus reivindicaciones y no surgía la posibilidad de una opción por otra vida por parte de esos niños; tal vez la excepción haya sido la exposición de la afrohondureña Miriam Miranda, que invitaba a analizar el impacto en la población infantil y juvenil de fenómenos como el narcotráfico, el turismo, los medios de comunicación.

Otro punto de difícil acuerdo, presente en el informe de Venezuela y desarrollado en el documento presentado por Missair, es la noción de trabajo infantil. Según este documento, la educación es entendida en las comunidades indígenas como la gradual incorporación de niños y niñas a la estructura productiva familiar y comunal. Esta concepción se desvirtúa en el marco de la subordinación de esas comunidades a las sociedades dominantes y su consiguiente desmembramiento y transformación, con graves consecuencias en la vida de niños y adolescentes. Un tema mencionado recurrentemente, pero no profundizado, fue el de la discriminación de las niñas, sobrecargadas de responsabilidades domésticas, que son las que menos asisten a al escuela y las principales víctimas de abuso sexual y de explotación sexual comercial. Se trata de una cuestión inseparable de la concepción de los roles de la mujer en cada una de esas culturas, y del impacto de la colonización, la discriminación, las migraciones, sobre ellas. A pesar de estos obstáculos, Missair sostiene que en esta coyuntura de colapso financiero y de ingobernabilidad de muchos países, los pueblos indígenas pueden aportar criterios diferentes basados en una armonía con el contexto natural y con los otros semejantes, y que los derechos de la niñez son un puente de reconciliación y diálogo.

El documento que presentó señala el surgimiento, en los últimos veinte años, de una nueva etapa en la cuestión indígena, abierta por la confluencia de un movimiento indígena con alta capacidad de interlocución y la gradual transformación de Estados nacionales basados en la homogeneización y en la asimilación indígena entendida como su aculturación, en Estados que reconocen el carácter multiétnico, pluricultural y plurilingüe de las sociedades. Destaca además que los pueblos indígenas no levantan banderas secesionistas, salvo excepciones, sino que buscan su inclusión con voz propia en las sociedades que los habían negado.

El protagonismo indígena de la insurrección popular que se daría en llamar “la guerra del gas”, que estalló en Bolivia precisamente en los días en que se desarrollaba la Conferencia, y que culminaría el 17 de octubre pasado con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ilustraría casi de inmediato sus palabras. Pero no se puede dejar de señalar que entre los líderes indígenas y afrodescendientes presentes en la Conferencia (el senador colombiano Jesús Piñacué; el ex ministro ecuatoriano de Bienestar social Luis Maldonado; el coordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) Sebastian Manchineri; la presidenta de la organización Fraternal Negro Hondureña Miriam Miranda y el secretario técnico del Fondo Indígena Mateo Martínez) no había ninguno afín con un dirigente como el aymara Felipe Quispe, líder del boliviano Movimiento Indígena Pachakuti y secretario de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CUTCB), uno de los líderes de esa insurrección (ver pág. 4).

Invertir en el futuro

El documento sobre el que giró la segunda jornada de la Conferencia, consagrada a las inversiones necesarias para los programas de niñez y adolescencia, fue presentado por la asesora en política social de Unicef, Ximena de la Barra: “Las necesidades de la inversión en la infancia”, elaborado por Unicef y Cepal.

En este documento se calculan las necesidades de inversión de los 19 países de Iberoamérica hasta el 2010 para alcanzar las metas del Plan de Acción Iberoamericano. El cálculo se realiza a partir de un escenario histórico, que indica como tendencia histórica promedio una inversión de 48.000 millones de dólares, lo que significa que al conjunto de países iberoamericanos le faltarían 24.000 millones de dólares anuales para poder alcanzar las metas, es decir, tendrían que aumentar su inversión casi en un 50%. En efecto, según el escenario deseable, la inversión debiera alcanzar 72.500 millones de dólares anuales, esto es 384 dólares anuales por niño. De mantenerse en esta década el crecimiento cero que padecieron algunos países iberoamericanos en los últimos dos años, la brecha de 24.000 millones treparía a los 35.300 millones.

Entre los países que necesitarían un mayor esfuerzo adicional el documento identifica a Nicaragua, Paraguay, Honduras, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Colombia; los países donde las brechas son menores son Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Panamá, México y Uruguay, pero se explicita que en los casos de Argentina y Uruguay la clasificación es previa a sus respectivas crisis. En el informe de la ONU “Estado de la población mundial 2003” difundido el 8 de octubre, la investigadora Susana Torrado señala que el 35% de los adolescentes argentinos no estudia ni trabaja, y que el 15% de los partos corresponden a madres adolescentes1.

Una constante de la segunda jornada fue el acuerdo más o menos expreso en que las políticas dictadas por el Consenso de Washington en la última década han fracasado y se impone la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Así como el reconocimiento de los efectos devastadores de haber retraído la inversión social precisamente en momentos de recesión económica en que sectores cada vez más amplios de la población quedaban desamparados. Pero los índices de crecimiento previstos para la región y la no priorización de América Latina por parte de los organismos internacionales de asistencia al desarrollo (en la Conferencia estuvieron presentes únicamente el BID y la Corporación Andina de Fomento) inducen a prever un futuro arduo en la región.

“Mientras se busca un nuevo consenso –apunta Katsberg– hay que tratar de lograr la voluntad política para proteger a los sectores cruciales: niñez, juventud, madres, para no seguir acumulando deuda social interna”. Katsberg se refiere a “la bomba de tiempo” que significa la militarización de Colombia, donde “ya hay una generación y media nacida y crecida en situación de conflicto, con desplazamientos continuos; sumado a los niveles de violencia, al reclutamiento masivo de niños por bandas criminales, al potencial aumento del VIH sida en el Caribe”, que configuran un cuadro de suma gravedad.

Una de las premisas de la Declaración final es que el desarrollo de políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia implica “redefinir las estrategias vinculadas a la priorización de la inversión social y a las asignaciones del presupuesto”. La misma Declaración enfatiza “el registro civil universal y gratuito a fin de garantizar el derecho ineludible a la identidad de niños y niñas…” y “la erradicación progresiva del trabajo infantil, eliminando de manera inmediata sus peores formas…”. Entre los mecanismos fundamentales para la inclusión social de la niñez indígena los ministros y altos responsables de niñez y adolescencia en Iberoamérica se comprometen entre otras cosas a la educación intercultural bilingüe y a la adopción de un sistema de indicadores comunes a la región. Solicitan que la XIII Cumbre de Jefes de Estado “analice mecanismos que permitan la conversión de un porcentaje a determinar de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos…”. Una de las recomendaciones es que ante la eventualidad de crisis financieras se incorporen mecanismos de protección de los presupuestos asignados a niñez y adolescencia.

Dado el foco puesto en la relación entre las dimensiones de etnicidad y pobreza, quedaron relegadas cuestiones también esenciales para la condición de la niñez, que sin embargo se mencionaban insistentemente: las diferentes formas de maltrato y abuso infantil; el incesto paterno-filial (los índices en la región se cuentan entre los más altos del mundo, según Katsberg) y su encubrimiento; los regímenes penales juveniles. Por sugerencia de la representante de Costa Rica, que será la sede de la próxima Conferencia, ésta se centrará en “la protección integral a la niñez violentada… específicamente en lo que se refiere al tráfico, trasiego y trata transfronteriza y transnacional de niños, niñas y adolescentes en Iberoamérica”.

  1. Página/12, Buenos Aires, 9-10-03.
Autor/es Marta Vassallo
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 53 - Noviembre 2003
Páginas:10,11
Temas Minorías, Desarrollo, Derechos Humanos, Políticas Locales, Educación, Salud
Países Bolivia