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Recuadros:

Los efectos de la liberalización del comercio mundial

Entre el 10 y el 14 de este mes tendrá lugar en Cancún, México, la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuya medida de éxito o fracaso es una cuestión de pura fe. Para los liberales, cuanto más se intensifiquen las medidas de liberalización y los temas que éstas abarquen, mayor será el éxito. ¿Pero cuáles son los logros para las poblaciones concernidas? Es necesario un balance público de las consecuencias de los acuerdos de Marrakech, y de su impacto en el desarrollo.

Más de un gobierno debe estar lamentando haber adoptado los estatutos de la OMC durante su primera conferencia ministerial, en Marrakech en 1994. Se pensaba entonces que esa nueva organización constituiría un foro permanente para las discusiones comerciales multilaterales, que terminaría con las “rondas” de negociación –teóricamente con un plazo estricto, pero jamás respetado– de su predecesor, el Acuerdo General sobre Tarifas aduaneras y Comercio (GATT, en inglés)1. Pero la OMC terminó funcionando con la misma lógica2.

En efecto, la atención está actualmente centrada en los cuatro días de la reunión –normalmente bienal– de la conferencia ministerial, instancia suprema de la OMC, mientras que las diferentes negociaciones en curso –sobre el acceso a los medicamentos, la agricultura, los servicios, el tratamiento especial y diferenciado de los países en vías de desarrollo, el acceso al mercado de los productos no agrícolas, etc.– tienen todas su marco de trabajo y su calendario propio, sin conexiones formales entre sí. Sobre todo, se desarrollan lejos de las miradas de los manifestantes.

La próxima conferencia ministerial, en Cancún, México, del 10 al 14 de este mes de septiembre –que fue precedida por la realizada en Doha en noviembre de 20013– no corresponde a ningún plazo particular. Es simplemente una reunión estatutaria. Sin embargo, con una dinámica bastante parecida a la de las negociaciones europeas –donde de manera muy dramática se anuncian fechas límites sin que haya jamás una real urgencia– genera todo tipo de especulaciones previas, a la vez que provocará evaluaciones posteriores, en términos de “éxito” o “fracaso”. ¿Y qué resultado se considerará un éxito? Pues, sencillamente, la continuación y la profundización de las medidas de “liberalización” en todos los terrenos actualmente en discusión, y –de ser posible– también en otros más.

¿Esas liberalizaciones son un éxito para las poblaciones concernidas? Los liberales no se hacen semejante pregunta: es una profesión de fe. Lamentablemente para ellos, las cifras no están a su favor. En esta publicación, el investigador coreano Ha-Joon Chang, que entre otros estudios retomó el del economista suizo Paul Bairoch (¡ex funcionario del GATT!), demostró que el crecimiento de la economía mundial fue más bajo en los años 1980-2000 –época de oro del librecambio y de la desregulación– que en los años 1960-1980, criticados por sus “arcaísmos” proteccionistas e intervencionistas4.

Hay una forma sencilla de sacarse las dudas, como pide el Consejo Económico y Social de Francia (CES) en un pronunciamiento muy documentado5: efectuar un balance público y contrastado “de las consecuencias, fuera de las comerciales, de los acuerdos de Marrakech y de su impacto en el crecimiento económico, en la reducción de las desigualdades entre países en función de su nivel de desarrollo, del empleo, de la distribución de las actividades productivas en los diferentes territorios, del medio ambiente y de la aplicación de las normas sociales”. El CES sugiere que la Unión Europea (UE), o en su defecto Francia, tomen la iniciativa de exigir al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que realice esa evaluación.

Es sorprendente que el comisario europeo Pascal Lamy, omnipresente en los grandes medios –en los que tiene tantos amigos– aún no haya recogido esa sugerencia, él, que se muestra tan seguro de su acción cuando elogia sin cesar las ventajas de la liberalización de los intercambios. ¿Se atreverá el señor Lamy? Para apoyar sus tesis, podría requerir la opinión de tres altas personalidades que recientemente firmaron de manera conjunta un artículo a la gloria del comercio globalizado como instrumento al servicio de los pobres, de los cuales –como todo el mundo sabe– fueron los más ardientes defensores en sus cargos actuales o pasados: Robert Rubin, ex secretario del Tesoro y presidente del comité ejecutivo del Citigroup; Shoichiro Toyoda, presidente honorario del patronato japonés; y Dominique Strauss-Kahn, ex ministro (socialista) de Economía de Francia6.

Por el momento, cualquiera puede comprender fácilmente que el comisario está demasiado ocupado para tomar en cuenta esa propuesta. Teniendo en cuenta que el decorado ya está listo en Cancún, hay que evitar que el show fracase justamente ahora, cuando en todo el mundo –particularmente en Francia, luego del enorme éxito de la concentración alterglobalización organizada en la región del Larzac7– cientos de miles de personas se disponen a manifestar contra la OMC con pancartas que dicen “El mundo no es una mercancía”. Para que el espectáculo de la liberalización pueda continuar (The show must go on!), lo más urgente son los deals entre los diferentes temas: yo aflojo en ese punto, tu haces concesiones sobre tal otro, y juntos hacemos frente común contra el tercero en disputa.

“Solidaridad transatlántica”

Desde ese punto de vista, el acuerdo de mínima entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre la agricultura (ver páginas 26-27) no soluciona el problema de fondo, pero al menos pone en evidencia la solidaridad transatlántica frente a los gobiernos de numerosos países del Sur, de los que se espera mucho a cambio de esa “apertura”. Sobre todo, que acepten negociar los famosos “temas de Singapur”8: las inversiones, la competencia, la transparencia de los mercados públicos y la “facilitación” de los intercambios (mejoramiento de los procedimientos aduaneros, etc.). Son esas cuestiones las que motivan a Lamy y a su colega y amigo estadounidense Robert Zoellick, pues a través de ellas podrían eliminar en gran medida las protecciones aún existentes en el Sur contra la ofensiva de las transnacionales europeas y estadounidenses.

En el tema de las inversiones, el proyecto consiste en reintroducir a través de la OMC, con algunos retoques, el Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones (AMI) que había sido rechazado de manera poco gloriosa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1998. Nada garantiza que los gobiernos del Sur, encabezados por India, acepten volver a tratar ese tema. Sobre todo si Zoellick, prisionero de su lobby farmacéutico, no adhiere a la posición unánime de los otros 145 miembros de la OMC sobre el acceso de los países pobres a los medicamentos genéricos que no pueden producir9.

Esos problemas centrales son los que actualmente ocupan el primer plano. Pero ocultan otros igualmente fundamentales, aunque considerados tabú: la estimulación del dumping social y ambiental a través de los intercambios de bienes y servicios; la utilización por parte de Washington de las fluctuaciones del dólar como arma comercial de gran eficacia; y –por último– el problema de la deuda pública de los países en vías de desarrollo. En efecto, es sólo el pago de esa sacrosanta deuda lo que obliga a dichas naciones a exportar productos agrícolas, a la vez que –como ocurre en Brasil– una gran parte de su población padece hambre. Se trata de una situación de simple sentido común, pero que llena las arcas de los acreedores y mantiene en un estado de dependencia a economías extenuadas. Esto permite entender por qué la OMC, las instituciones financieras internacionales, la Comisión Europea y los gobiernos del Norte se niegan a realizar un balance detallado de los ocho años de liberalización promovidos por la OMC, como lo piden cientos de asociaciones y sindicatos de todo el mundo, e incluso –como se vio– una institución oficial francesa, el Consejo Económico y Social. ¡Lo urgente no es liberalizar, sino decir la verdad sobre la liberalización!

  1. Desde 1947 se sucedieron ocho rondas (rounds) de negociaciones en el GATT, la última de las cuales fue la ronda de Uruguay (1986-1993).
  2. Olivier Catteano, “Comprendre le cycle de négociations multilatérales de Doha, son contexte, ses enjeux, ses perspectives”, Les Etudes du CERI, París, N° 92, diciembre de 2002.
  3. Véase Bernard Cassen y Frédéric Clairmont, “Globalización a marchas forzadas”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2001.
  4. Ha-Joon Chang, “Las bondades del libre cambio: una superchería histórica”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2003.
  5. Jean-Claude Pasty, De Doha à Cancun: la libéralisation des échanges au service du progrès humain?, Consejo Económico y Social, París, 28-5-03.
  6. “Sharing the benefits of global trade”, The Financial Times, Londres, 19-5-03.
  7. A mediados de agosto pasado, una reunión de altermundialistas, convocada por distintas organizaciones francesas para criticar a la OMC, desbordó todas las previsiones de sus organizadores: entre 200.000 y 300.000 personas se dieron cita en Larzac, a pesar de la ola de calor que azotaba Francia por esos días. Raphaëlle Besse Desmoulières y Gaëlle Dupont, “Après le Larzac, les altermondialistes vont animer la rentrée sociale”, Le Monde, París, 12-8-03.
  8. Del nombre del país donde se desarrolló en 1996, la segunda conferencia ministerial de la OMC, dos años después de la de Marrakech que, en 1994, había creado la Organización.
  9. Germán Velásquez, “Medicamentos: ¿derecho o mercancía?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2003.

Una norma cultural que compite con el derecho comercial

El tema también está en discusión en el seno de la Unión Europea y de la OMC, y sus múltiples aspectos ya fueron objeto de casi un centenar de instrumentos internacionales dispersos (y a menudo no aplicados), algunos oficialmente obligatorios (cartas, convenciones, protocolos, tratados, programas y directivas europeas) y otros no obligatorios (declaraciones, resoluciones, recomendaciones, planes de acción, etc.).

El objetivo del gobierno francés, a la vanguardia en este asunto1, es ni más ni menos lograr que se apruebe un instrumento internacional sobre la diversidad cultural, es decir, una convención que fije una norma dotada de un estatuto equivalente al de todas las otras normas del derecho internacional. Esa convención reconocería la especificidad de los bienes y servicios culturales; el derecho de cada gobierno de adoptar cualquier medida legislativa, reglamentaria o financiera para la protección de su patrimonio cultural y lingüístico nacional; y la necesidad de una cooperación con los países del Sur, por ejemplo, en forma de acuerdos de coproducción cinematográfica o audiovisual, que les permita acceder a las subvenciones nacionales y a las redes de distribución de los países desarrollados.

¿Quién podría oponerse a objetivos tan razonables? Pues bien, fuerzas muy poderosas. Al frente del “no” están el gobierno estadounidense y la OMC. Entre los más que reticentes se cuentan el Brasil del presidente Luis Inácio Lula da Silva, la mayoría de los miembros de la Comisión Europea, la mayoría también de los Estados miembros de la UE y otros en número indeterminado. Los que se manifiestan “a favor” están encabezados por Alemania, Canadá, Francia, Grecia, Marruecos, México y los países francófonos.

En realidad, a pesar de que la OMC no es mencionada en ningún documento preparatorio de la Conferencia General, todo el mundo entendió que se trataba de contrarrestar su acción, al formular una norma internacional susceptible de ser invocada contra las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)2 y contra decisiones que podría adoptar su Organismo de Resolución de Diferendos (ORD).

En esa hipótesis, podría solicitarse el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, única jurisdicción habilitada para decidir sobre la compatibilidad de las normas internacionales. Por lo tanto, tal dispositivo pondría nuevamente en tela de juicio el predominio del derecho comercial sobre todos los otros derechos (fundamentalmente sociales, ambientales y culturales), del librecambismo desbocado que hace de la OMC la punta de lanza de la globalización liberal. Y ese es el problema.

Sin embargo, en la UNESCO las cosas se presentan de manera positiva para los partidarios de la convención, al menos en teoría. En diciembre de 2001, la Conferencia General (de la que participan todos los Estados miembros) adoptó por unanimidad una Declaración Universal sobre la diversidad cultural, donde figura explícitamente la referencia a un instrumento normativo. Y en abril de 2003 el Consejo Ejecutivo (donde están representados 50 Estados) decidió también por unanimidad incluir en el orden del día de la Conferencia General el tema de la conveniencia de ese instrumento.

Todo ello es indudable, pero este otoño (boreal) Estados Unidos volverá a integrarse a la UNESCO3, cuyo presupuesto debe financiar en un 25%. Por otra parte, es notorio que el director general de esa organización, el japonés Koïchiro Matsuura, no es para nada favorable a la convención. Matsuura creía haber terminado definitivamente con el tema de la diversidad cultural con la adopción de la Declaración de 2001. Sobre todo, no desea hacer nada que pueda disgustar a Washington.

¿Se lanzará Estados Unidos –sin dudas el país más proteccionista del mundo en materia cultural4, junto quizás a Corea del Norte– a una batalla contra Francia y sus aliados en un terreno que fue cuidadosamente preparado por una serie de documentos, y que cuenta por lo tanto con una impecable legitimidad institucional? ¿O bien –lo que no sería raro– buscará el estancamiento de las negociaciones, principalmente aumentando la presión (que ya existe) sobre los Estados indecisos? El plazo previsto para votar una eventual convención sería la Conferencia General de otoño (boreal) de 2005. Pero la “temperatura” de las discusiones se podrá medir mucho antes, ya que podrían, como en el caso de Irak, transformarse en una pulseada entre Washington y París.

  1. A pesar de la fuerte presión en sentido contrario ejercida por el comisario europeo Pascal Lamy, París obtuvo in extremis que el proyecto de tratado constitucional elaborado por la Convención para el Futuro de Europa, mantenga la regla de la unanimidad en los temas relativos al campo audiovisual y a la cultura en caso de que la diversidad cultural corriera peligro. Respecto de todos los otros servicios (fundamentalmente la educación y la salud) se utilizará el procedimiento de mayoría calificada –arma eficaz en todas las “liberalizaciones”– para definir el mandato de la Comisión en las negociaciones internacionales.
  2. Hasta ahora, en el marco del AGCS, sólo 25 países –sobre los 146 que integran la OMC– suscribieron compromisos de liberalización en materia audiovisual. La UE no adoptó ningún compromiso en ese terreno.
  3. Estados Unidos se retiró de la UNESCO en 1984.
  4. Estados Unidos importa sólo un 2% de su “consumo” cultural.


Autor/es Bernard Cassen
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 51 - Septiembre 2003
Páginas:24,25
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Desarrollo, Neoliberalismo, Nueva Economía