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Disolver la deuda externa

¿Qué estrategia debe adoptarse en relación con la deuda externa argentina? ¿Cómo actuar para que los pagos queden a cargo de los responsables del endeudamiento y no del Estado? Argentina ha sido víctima de una expoliación cometida por el establishment internacional y local. Se trata de una deuda que ya ha sido reembolsada varias veces: los intereses pagados entre 1991 y 2001 suman 88.000 millones de dólares 1; gran parte de la deuda tuvo como contrapartida el aumento de los activos de argentinos en el exterior, que crecieron de 50.010 millones de dólares en 1991 a 118.700 millones en 2002 2. No es el caso de una relación normal entre deudor y acreedor, sino de un saqueo en regla.

Ludwig Wittgenstein sostenía que las cuestiones no deben ser resueltas sino disueltas3. Esto es, hay que atacar el problema mismo y cuestionar su existencia, antes que aceptar una salida predeterminada. En relación al endeudamiento externo argentino, aplicar este criterio significa rechazar las premisas de los acreedores y del Fondo Monetario Internacional (FMI) y discutir la naturaleza misma de la deuda, su función política, sus mecanismos económicos. De este modo, analizar cómo desguazar la deuda, desarmarla en las partes que la componen, disolverla y sacarla, de una buena vez, del catálogo de grandes problemas argentinos.

Primero hay que saber cuánto y a quiénes se debe en este momento. El cuadro 1 muestra que la deuda pública del gobierno nacional asciende a 137.300 millones de dólares. Con independencia de la deuda del gobierno nacional, existe una deuda externa del sector privado no financiero (32.133 millones de dólares) y del sector financiero sin Banco Central (12.781 millones), de la cual en ningún caso debe hacerse cargo el gobierno.

Hay tres rubros que concentran la mayor parte de la deuda: bonos, préstamos garantizados y organismos internacionales. ¿Qué significa cada uno de ellos?

La primera cuenta que aparece es la de bonos, por 87.843 millones de dólares. Sin embargo, existen varias circunstancias que reducen de modo sustancial este monto. En primer término, su valor real es mucho menor. La cotización actual de estos bonos es del 30% de su valor nominal en promedio, por lo que estaríamos alrededor de los 26.000 millones de dólares. Esta es la base para una quita lógica en una negociación razonable, porque se ajusta a los precios del mercado, del que tanto se habla a la hora de ganar y se intenta omitir a la de perder. Si no se concediera esta quita, puede pensarse en una recompra, por precios aun menores, pues es previsible una baja en la cotización al primer conflicto serio entre deudor y acreedores.

En segundo lugar existen vicios jurídicos. La famosa demanda del ciudadano Alejandro Olmos desembocó en julio de 2000 en una sentencia firme del juez federal Jorge Luis Ballestero, que declaró la ilegalidad de la deuda. Ballestero comprobó, por ejemplo, la usura, la invalidez de la renuncia a la inmunidad de Estado soberano y la falta de controles de la deuda (verificó nada menos que 477 irregularidades). Será necesario dilucidar esta cuestión jurídica, que afecta sobre todo a los remanentes de los bonos Brady, por cerca de 4.500 millones de dólares. Si las obligaciones que le sirven de base fueran inválidas, también lo son los bonos que se emitan para reemplazarlas (art. 802 del Código Civil). Otra cuestión jurídica a resolver es la planteada por el megacanje de junio de 2001, que según la Auditoría General de la Nación significó un recargo de 55.281 millones de dólares en la deuda global por capital e intereses. La misma Auditoría ha declarado que esta operación “se llevó a cabo fuera del marco normativo propio de nuestro orden jurídico y fue lesiva para los intereses financieros del Estado argentino”. También el Congreso Nacional puede rechazar los actos de endeudamiento que no estén autorizados por el Congreso (art. 75, inc. 4, 7 y 8 de la Constitución Nacional)4. Se trata entonces de una deuda cuestionada y podría decidirse que hubo emisiones ilegales de bonos.

Financiando licuación de pasivos

Una deuda importante es la emitida para pagar a los bancos la pesificación asimétrica, que asciende a 11.025 millones de dólares5. Esta es la consecuencia del escándalo que significó la pesificación 1 a 1 para los grandes deudores. Los 80 principales grupos empresarios debían a los bancos locales 7.955 millones de dólares; al pesificar 1 a 1 con el dólar a 3,50 pesos, recibieron una subvención estatal de 19.887 millones de pesos6. El financiamiento de la licuación de pasivos de estas empresas es considerado ahora como deuda externa a cargo del Estado: lo justo es que se les aplique un impuesto que capte esa renta injustificada. No existía ni existe ninguna razón para que tuvieran un seguro de cambio que no habían contratado. La fijación del tipo de cambio es una atribución del Estado soberano, que no genera ningún derecho a resarcimiento de los particulares, de los empresarios o de los bancos.

Otra cuestión a resolver radica en los créditos garantizados establecidos por el decreto 1387 de noviembre de 2001, que transformó una parte de la deuda pública nacional existente en nuevos préstamos, garantizados por el régimen de coparticipación y por el impuesto sobre créditos y débitos de cuentas corrientes. El Ministerio de Economía ha calculado esta deuda en 22.164 millones de dólares, de los cuales el 87% corresponde a residentes en Argentina. Una parte importante de estos bonos fueron tomados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), por un valor de 25.239 millones de pesos7. Si se resolviese volver al régimen de jubilaciones de reparto, esta deuda desaparece, por identidad entre acreedor y deudor. Los fondos de las cuentas de cada afiliado deben considerarse como aportes al sistema de reparto durante el lapso en que se efectuaron, sin las quitas, comisiones y pérdidas originadas por el manejo de las AFJP.

La deuda principal consiste pues en los bonos emitidos. Del total, la mitad está en poder de residentes en Argentina. El grueso son préstamos garantizados (22.164 millones de dólares) y Boden (14.043 millones de dólares), que en su mayoría están en poder de AFJP y bancos; los no residentes tienen sobre todo euronotas y bonex global, que en conjunto suman 36.062 millones de dólares. Examinamos la situación de las AFJP, pero los bancos son otro caso bien distinto: son fuertes deudores del Estado, enfrentan situaciones legales difíciles y han incurrido en múltiples incumplimientos. En estos casos, los bonos de deuda externa en su poder deben ser considerados como un capítulo de la situación general de los bancos y no una acreencia indudable contra el Estado (pensemos en la deuda bancaria con el Estado a través de los redescuentos otorgados por el Banco Central y en la no devolución de los depósitos por ellos o por sus casas matrices).

Con respecto a las euronotas y bonex en poder de particulares extranjeros, deberá examinarse la legalidad de cada emisión de bonos. La altísima tasa de interés que cobraban les indicaba el riesgo que corrían; y tampoco se debe financiar la maniobra especulativa de quienes compraron los bonos a precios de mercado con una fuerte quita y ahora quieren que se les pague el valor nominal.

Después de los tenedores de bonos, el segundo gran acreedor son los organismos financieros internacionales, con demandas por 30.359 millones de dólares. Estos organismos pretenden tener acreencias privilegiadas y ser invulnerables a cualquier quita. No es así. En los acuerdos suscriptos con los países más pobres altamente endeudados (HIPC), los organismos internaciones sufren quitas en sus acreencias; en este caso también deberían soportarla. En primer lugar, porque los préstamos de estos organismos son caros: a los intereses que cobran deben adicionarse los costos en asesorías, evaluaciones y comisiones obligatorias, con las que se remunera a consultoras vinculadas a esos organismos (tanto que resulta más barato endeudarse con un banco comercial). En el caso argentino, estos organismos comparten además la responsabilidad por haber impuesto políticas económicas ruinosas: como bien recordó el presidente Néstor Kirchner en su gira europea, exhibieron al ex presidente Carlos Menem como su mejor alumno y el más aplicado ejecutor de programas elaborados por el FMI. Pues que el riesgo moral sea igual para todos: quienes se mezclan en la política económica interna de los países no pueden pretender impunidad. Si cometieron mala praxis económica deben pagar y soportar también la quita que se aplique a los acreedores privados.

Actores y acciones posibles

Los principales actores son por una parte el gobierno y el pueblo argentinos; por otra, el sistema financiero nacional e internacional. A este respecto no debe haber equívocos. El FMI es el “comité político” de los intereses financieros, locales e internacionales, y no un ente neutral inspirado por la ciencia económica y el equilibrio económico mundial. Esto es visible por su propio carácter de acreedor y por las políticas que ha impuesto de manera sistemática8. Otros actores son las AFJP, los bancos beneficiarios de los bonos y los acreedores extranjeros, que ya mencionamos.

En las tratativas con el FMI es urgente afirmar la soberanía nacional. Aunque parezca paradójico, Argentina está en una posición negociadora fuerte. No se espera que lleguen nuevos aportes de los organismos internacionales, se interrumpieron las inversiones directas extranjeras y el FMI sólo ofrece refinanciar sus acreencias. Esto le interesa más al FMI que a Argentina, porque si el FMI no cobra se arruinan sus balances. De modo que es posible esperar: Argentina no necesita importar dólares, sino que no se lleven los que genera. Los organismos quieren el superávit fiscal primario para que el gobierno compre dólares para pagar deuda (antes provenían de los préstamos externos y ahora los provee el saldo del comercio exterior).

Mientras se espera, la economía podrá crecer y entonces sí habrá inversiones; en primer lugar las internas y después las externas. Quienes invierten en la economía real quieren que haya demanda: nadie va a invertir sin perspectivas de vender lo producido. Si los recursos fiscales adicionales se orientan hacia la obra pública y aumenta la masa salarial será posible relanzar la economía y volver a la industria (adecuada a los nuevos tiempos). Para que eso sea posible es perentorio impedir que el FMI imponga programas recesivos.

El combate que viene no sólo es con el FMI sino también contra el establishment local, en especial el que evadió capitales y lucró de modo excesivo con el endeudamiento. En muchos casos es difícil revertir medidas absurdas y desastrosas, como la pesificación 1 a 1 a los grandes deudores; pero pueden gravarse las ganancias desmedidas y la evasión de capitales, tanto en los flujos como en el stock.

No es justo que el pueblo argentino pague los fraudes cometidos, aunque muchos de ellos no sean delitos. Por ejemplo, la pesificación de las deudas de todas las empresas para indemnizarlas por la devaluación permitió que 37 empresas que habían transferido al exterior 6.087 millones de dólares9, pesificaran 5.054 millones. Estos abusos de posición dominante deben ser gravados con impuestos. Además podría implantarse una tasa Tobin interna que grave las transacciones en divisas. Un tercer impuesto, que ya existe pero que se evade, es el aplicado a los bienes de argentinos en el exterior; en este caso deberían concertarse acuerdos con los países en los que se han depositado o invertido, para facilitar su pago.

Es importante que con estos y otros impuestos vinculados a la deuda externa se constituya un fondo especial para que los beneficiarios de la deuda paguen las amortizaciones e intereses de los saldos que no puedan disolverse. El presupuesto nacional se emanciparía así de una pesada carga y la política argentina podrá liberarse de la presión de los diferentes lobbies, así como evitar los intentos de golpe de mercado.

Es posible y necesario disolver al máximo el problema de una deuda que ya fue pagada a través de la usura aplicada. Lo que corresponde ahora es limitar los daños y cargarle la cuenta a quienes la provocaron. Argentina debe tratar al FMI como el agente de cobro y legitimador del establishment internacional y local, desarticular la Santa Alianza financiera que predomina desde 1976 y terminar para siempre con la imposición de políticas económicas lesivas para su soberanía, sus intereses y su sociedad.

  1. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, varios números.
  2. Ministerio de Economía, Cuentas Internacionales, Estimaciones trimestrales del balance de pagos y activos y pasivos con el exterior (www.mecon.gov.ar/cuentas/ internacionales).
  3. Tractatus lógico-philosophicus, Londres, 1922.
  4. Salvador Maria Lozada, “La deuda externa y la Constitución” y “Moderna condena de Sísifo”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2001 y junio de 2000.
  5. Boden y Pagaré 2007 en pesos, y Boden y Pagaré 2012 en dólares.
  6. Eduardo Basualdo, Claudio Lozano y Martín Schorr, “La transferencia económica de recursos a la cúpula económica durante la presidencia Duhalde”, Realidad Económica, Buenos Aires, N° 186, febrero-marzo de 2002.
  7. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Reporte Financiero, diciembre de 2002; y Julio Sevares, “¿Qué fue de los aportes jubilatorios?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2003.
  8. Joseph Stiglitz, El malestar en la globalización, Taurus, Buenos Aires, 2002; y Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “¿Para qué sirve el acuerdo con el FMI?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2002.
  9. Las empresas petroleras Pecom y Repsol YPF pesificaron 350 y 310 millones de dólares y remitieron al exterior 1.900 y 1.000 millones de dólares; entre las telefónicas, Telecom pesificó por 282 millones de dólares y giró al exterior 963 millones de dólares, y Telefónica de Argentina pagó en pesos 85 millones de dólares y transfirió 723 millones (Horacio Verbitsky, “El pecado capital”, Página/12, 13 de abril de 2003, sobre la base de Cámara de Diputados, Comisión Investigadora sobre la Fuga de Capitales).
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 50 - Agosto 2003
Páginas:4,5
Temas Desarrollo, Deuda Externa
Países Argentina