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Los fabulosos “negocios” de las privatizadas
La firmeza con que el presidente Kirchner se expresó ante los empresarios españoles se corresponde con la historia de la relación de las empresas privatizadas con el Estado y la sociedad argentinos. El replanteo integral de la relación Estado-privatizadas es uno de los desafíos para el actual gobierno. Los desmedidos y muchas veces ilegales privilegios concedidos a las empresas fueron funcionales al modelo de concentración económica y exclusión social que sustentó al menemismo y que no se vio afectado bajo el gobierno de la Alianza.
Las ilegalidades, ilegitimidades e incumplimientos acumulados al cabo de más de una década justifican la revisión integral de todos los contratos vigentes (61 en total) y la posible rescisión de algunos. Sin embargo, y a pesar de contar con el apoyo de gran parte de la población, esa revisión enfrenta dificultades de distinta índole, en tanto está en juego la afectación de intereses por demás poderosos, tanto en el plano local como en el internacional.
En materia tarifaria, a pesar de la taxativa prohibición de “indexar” precios y tarifas emanada de la Ley de Convertibilidad, la mayor parte de los servicios privatizados (telefonía, concesiones viales, agua y cloacas, electricidad, gas por redes, etc.) las han ajustado por índices de precios ajenos a la economía doméstica (en la generalidad de los casos, los de Estados Unidos). Mientras en el país se asistía a un proceso de estabilidad (o incluso deflación) de precios, los usuarios de tales servicios vieron incrementadas sus tarifas en consonancia con la inflación estadounidense. Entre enero de 1995 y diciembre de 2001, los precios minoristas y mayoristas de Argentina cayeron casi un 3% en ambos casos, al tiempo que sus similares de los EE.UU. se incrementron un 16% y un 8%, respectivamente.
De allí que no resulte sorprendente que el propio Banco Mundial (BM) constatara que entre 1986 y 1996 el 20% más pobre de la población viera duplicar la incidencia de los servicios públicos en su presupuesto: del 9,1% al 17,4%. Teniendo en cuenta el sostenido incremento de las tarifas y el deterioro de los ingresos de los sectores más carenciados, es altamente probable que la última cifra haya superado holgadamente el 20%, por lo menos hasta la sanción de la Ley 25.561, a principios de enero de 2002 (luego de la pueblada que acabó con el gobierno de la Alianza), que prohibió la “dolarización” e “indexación” de las tarifas. Pero lo cierto es que por haber ajustado sus tarifas de acuerdo a la evolución de los precios estadounidenses, entre 1991 y 2001 las empresas privatizadas se apropiaron ilegalmente de recursos por un monto superior a los 10.000 millones de dólares.
No se agotan allí las ilegalidades con repercusión directa sobre las tarifas. La modificación de normas de superior status jurídico mediante resoluciones y/o decretos emerge como un denominador común a buena parte de los servicios. Bastaría con señalar las resoluciones sancionadas por la secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, que no sólo incrementaron las tarifas del servicio de agua y saneamiento, sino que además alteraron radicalmente el contexto normativo y regulatorio de la concesión de Aguas Argentinas; los aumentos concedidos –en el marco de opacas renegociaciones– a los concesionarios de los ferrocarriles de pasajeros, o los múltiples decretos que, contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Convertibilidad, viabilizaron los ajustes periódicos de las tarifas.
Los usuarios de los servicios privatizados no sólo se han visto afectados en el plano tarifario. La calidad comprometida en los respectivos contratos de concesión de diversos servicios ha sido generalmente incumplida con, en ciertos casos, serios riesgos sobre la población. La utilización de PCB como refrigerante en los transformadores de media tensión, de uso prohibido en todo el mundo por su comprobada acción cancerígena; la provisión de agua “potable” conteniendo arsénico, sustancias orgánicas volátiles y nitratos en niveles muy superiores a los permitidos (al tiempo que la presión de la provisión se ubica por debajo de la comprometida); índices de calidad del servicio de muchos concesionarios viales que se ubican en niveles muy inferiores a los ya exiguos umbrales exigidos contractualmente (a punto tal que muchas de las rutas serán devueltas al patrimonio público en octubre del presente año en casi el mismo estado en que se encontraban en 1988); la deplorable calidad del servicio de varios de los ramales de ferrocarriles de pasajeros –que incluso lleva casi a añorar la tan criticada prestación por parte del Estado– son algunos de los múltiples ejemplos de incumplimientos empresarios.
La inobservancia de fundamentales cláusulas contractuales también se manifiesta, con particular intensidad, en lo atinente a los planes de inversión y/o a las metas de expansión de los servicios acordadas originalmente. Nuevamente, el ejemplo de agua y saneamiento emerge como un caso casi extremo, en tanto la expansión del servicio se ubica muy por debajo de lo acordado, tanto en lo referido a la provisión de agua potable como, más aun, en lo atinente a los desagües cloacales. A punto tal que la propia empresa concesionaria reconoció que en 2001 sólo ejecutó el 71% de los compromisos asumidos como contrapartida del aumento tarifario que se le concediera en el marco del Acta-acuerdo de principios de ese año.
Similares consideraciones cabe realizar en muy diversos servicios. Con la complacencia oficial, la concesión del correo postal asignó al rubro “inversiones” y, por tanto, a la magnitud de los compromisos asumidos al respecto, el costo del “retiro voluntario” de más de 10.000 trabajadores postales (casi 100 millones de dólares); los concesionarios de las rutas nacionales y de las redes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires han incumplido buena parte de las obras comprometidas o han logrado que se les concedieran incrementos en las tarifas de peaje para financiar tales inversiones; los retrasos en materia de inversiones y su concentración en aquellos aeropuertos de mayor tránsito han caracterizado a la concesión del servicio aeroportuario, etc.
Complacencia y “sobornización”
Si los usuarios (y más aun quienes no han podido tener acceso a los distintos servicios) se han visto afectados directamente –vía tarifas y calidad del servicio– por los incumplimientos empresarios y la complacencia oficial, la ciudadanía en general ha debido afrontar el impacto fiscal de las privatizaciones. Originalmente los concesionarios de las rutas nacionales, del correo postal, del sistema de aeropuertos y de los ferrocarriles de carga, debían pagar un canon por el “uso económico” de tales activos públicos. Pero esos pagos nunca ingresaron en las arcas fiscales o sólo lo hicieron en niveles absolutamente marginales, a través de pagos parciales y discontinuos. Por el contrario, en su formulación original sólo el servicio ferroviario de pasajeros y la hidrovía Santa Fe-Océano recibirían subsidios estatales. Pero a partir de opacas renegociaciones contractuales, esos subsidios se extendieron a la casi totalidad de las concesiones de las rutas nacionales.
Los sistemáticos incumplimientos empresarios y/o la recurrente revisión de diversas cláusulas contractuales, siempre a favor de las firmas prestatarias, parecerían darle razón a algunas de las argumentaciones del premio Nobel de Economía y ex vicepresidente del BM Joseph Stiglitz, respecto a la fase de “sobornización”1 en el desarrollo de las privatizaciones, como primera etapa de consolidación del neoliberalismo impulsada por el BM y el FMI.
Sin embargo, en la actualidad, y a partir de una decisión soberana como es la de fijar la política cambiaria, buena parte de las empresas privatizadas aducen un cambio en las “reglas de juego”, y muchas de ellas –y/o sus socios de capital extranjero– han presentado recursos ante el CIADI (Centro Internacional de Solución de Diferendos), tribunal arbitral patrocinado por el BM. Durante más de un decenio el concepto de “seguridad jurídica” adquirió formas unilaterales (la referida a los usuarios y consumidores nunca fue contemplada), pero ahora se aduce que se ha visto seriamente afectada la de las empresas privatizadas.
Sin duda, la presión de los poderosos grupos locales involucrados, de las empresas transnacionales y de sus países de origen y, en especial, de los organismos multilaterales de crédito, hacen dificultosa la necesaria revisión integral de estas privatizaciones en orden a los intereses nacionales. En un reciente documento elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)2 sobre las condicionalidades impuestas por el FMI respecto del incremento de las tarifas de los servicios públicos privatizados queda probado que tal exigencia no se condice con los propios fines del convenio constitutivo del FMI y se cuestiona la conducta de muchos de sus funcionarios, que al margen de toda ética han pasado a defender los intereses de las empresas de sus países de origen por sobre los propios fines constitutivos del FMI.
- Dice Stiglitz: “La economía de cada nación es analizada individualmente y, enseguida, el Banco entrega a cada ministro el mismo programa de cuatro pasos. El paso uno es la privatización, lo cual se puede llamar con más precisión, ‘la sobornización’. En lugar de oponerse a la venta de industrias estatales (…) los líderes nacionales –usando como excusa ‘las exigencias del FMI’– liquidan alegremente sus empresas de electricidad y de agua. (…) ‘Podías ver cómo se les abrían los ojos’ ante la posibilidad de una ‘comisión’ del 10%, pagada en cuentas suizas, por el simple hecho de haber bajado ‘unos cuantos miles de millones’ del precio de venta de los bienes nacionales”. Extractado de “El globalizador que desertó”, entrevista a Joseph Stiglitz realizada por Greg Palast en The Observer, Londres, 10-10-01.
- CELS; “Presentación ante la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional”, Buenos Aires, junio 2003.
Cocodrilos y lágrimas
Azpiazu, Daniel
Como otras privatizadas, Aguas Argentinas tiene buenas razones para lamentarse: la devaluación de principios de 2002 puso fin a un espectacular “negocio financiero” y a sobreganancias desmesuradas. Desde el inicio de sus operaciones (mayo 1993), la empresa recurrió sistemáticamente al endeudamiento externo (en particular con el BID, el Banco Europeo de Inversiones, el ING Baring y la Corporación Financiera Internacional, brazo financiero del Banco Mundial que, por otro lado, detenta el 5% de las tenencias accionarias de la empresa), a tasas de interés preferenciales del orden del 6/7% anual, de forma de minimizar su aporte de capitales propios. Ello, conjugado con los muy elevados márgenes de rentabilidad sobre patrimonio neto (por encima del 20%, cuando en el nivel internacional los márgenes usuales se ubican en torno al 6/8,5%) dio lugar, durante largos años, a un gran negocio financiero. Los incumplimientos en materia de inversión y de las metas de expansión del servicio concesionado fueron la contrapartida del mismo. Originalmente estaba previsto que el coeficiente endeudamiento/patrimonio neto no superara el 0,8. A fines del año 2000, tal relación alcanzó a 2,5 veces.
Hasta fines del año 2000, las remesas de utilidades ascendieron a casi 90 millones de dólares, al tiempo que las compras intracorporativas (que seguramente, sobrefacturación mediante, conllevaron el giro encubierto de recursos), se elevaron a más de 550 millones de dólares y el giro de divisas en concepto de management fee (gerenciamiento) superaba los 120 millones de dólares.
Por último, del cuadro de orígenes y aplicación de fondos de la empresa durante el período abarcado entre mayo de 1993 y diciembre de 2001 surge que los aportes de los socios se limitan a apenas el 3% del total del origen de los fondos y se trata, pura y exclusivamente, de los 120 millones de la garantía inicial prevista en el contrato. En ese marco se inscribe la fuerte presión original de la empresa para que se le otorgara un seguro de cambio o, en otras palabras, para que la sociedad en su conjunto, se hiciera cargo de una decisión microeconómica incorrecta. Nada más preciso al respecto que las recientes palabras del presidente Kirchner frente a un grupo de importantes empresarios españoles con activa presencia local: “¿Pero ustedes venían a la Argentina en esos años a hacer beneficencia? ¿No sabían que ya había recesión? Porque salvo el FMI, todo el mundo sabía que el 1 a 1 era inviable. ¿Quién los asesoraba? Porque yo envié el dinero de mi provincia fuera del país. Creo que algunos de ustedes deberían echar a quienes fueron sus asesores de inversión”.
Quién ganó y quién perdió
¿Cuál fue el destino de las ganancias extraordinarias? Una parte muy importante fue remitida al exterior: el coeficiente de reinversión de las utilidades fue de apenas el 27%. La remesa de utilidades y el pago de intereses de las privatizadas representaron, en 1999, el 30% del déficit en cuenta corriente del balance de pagos.
- En 1993 las utilidades y dividendos de las empresas privatizadas representaban el 21% del total de utilidades y dividendos, mientras que a fines de la década pasada daban cuenta de casi el 65%.
- Entre 1991 y 1999 las obligaciones externas de las empresas privatizadas se multiplicaron por 10: pasaron de 4.128 millones de dólares, a 42.710 millones de dólares.
- En 1993 los intereses pagados por las empresas privatizadas representaron un 27% del total de intereses computados en la balanza de pagos, mientras que a fines de la década explicaban el 41%.
- En el año 2000 Repsol registró en España un margen de rentabilidad sobre ventas del 5,3%, mientras que en Argentina YPF obtuvo una tasa de ganancia del 14,2%.
- En la década pasada, el margen de rentabilidad sobre ventas de Telefónica y Telecom fue casi tres veces más elevado que el registrado –en promedio– por el grupo de las diez operadoras de telecomunicaciones más importantes del mundo (incluyendo a Telefónica de España, Telecom Italia y France Telecom).
- Según surge de los respectivos balances, a fines de 2001 Telefónica tenía pasivos con el exterior por aproximadamente 1.890 millones de dólares (alrededor del 50% correspondía a préstamos provenientes de su empresa controlante en España), mientras que Telecom tenía deudas por 2.448 millones de dólares (el monto consolidado ascendía a 3.250 millones de dólares). En los dos casos, el nivel de endeudamiento con entidades financieras nacionales representaba una proporción ínfima (menos del 2%) de la deuda total.
- La Transportadora de Gas del Norte y la Transportadora de Gas del Sur registraron una tasa media de retorno sobre ventas cercana al 40%. En el plano internacional un margen de rentabilidad “razonable” para una firma que presta este tipo de servicio se ubica entre el 10% y el 20% de su facturación.
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Artículos anteriores
Azpiazu, Daniel
“¿A quién defienden los Entes?”, por Mabel Thwaites Rey, Andrea López y Ruth Felder, agosto de 1999.
“La esencial noción de ciudadanos-usuarios”, por Mabel Thwaites Rey, agosto de 1999.
Dossier: “Privatización de la red vial argentina”, abril de 2000.
“El régimen de peajes (caros) no mejora los caminos”, por Daniel Batalla y José Villadeamigo.
“Autopistas que no son tales”, por
Carol Abousleiman.
“¿Por qué se paga?”, por Carol
Abousleiman.
“El ruinoso (para el país) negocio de las privatizaciones”, por Pablo Maas, mayo de 2001.
“YPF: otra privatización ruinosa”, por Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, julio de 2001.
“Aguas Argentinas, gran negocio de la empresa, a expensas de los usuarios”, por Nana Bevillaqua, agosto
de 2001.
“El negoción (privado) petrolífero”, por Gustavo A. Calleja, octubre de 2001.
“Contra usuarios y consumidores, privilegios empresarios”, por Daniel Azpiazu, octubre de 2001.
“Privatizar: ganancias al por mayor”, por Mabel Thwaites Rey y Pablo Maas, febrero de 2002.
“Ferrocarriles en vía muerta”, por
Félix Herrero.
“El default de las multinacionales”, por Mabel Thwaites Rey y Pablo Maas, mayo de 2002.
“A usuarios más pobres, servicios más caros”, por Natalia Aruguete, noviembre de 2002.
“Conflicto de los mapuche con Repsol-YPF”, por Martín Latorraca y Hugo Montero, enero de 2003.
“Presión de las compañías privatizadas”, por Mabel Thwaites Rey, julio
de 2003.
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Sobreganancias y corrupción
Artículo publicado en el diario El País, Madrid, el 12-5-01:
“Telefónica Argentina participó en las operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo en el país suramericano en la última década, según revela el proyecto de resolución que sirvió de base para la creación, el miércoles pasado, de la comisión parlamentaria que investigará durante seis meses uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos. El informe detalla que la compañía desembolsó 5,7 millones de dólares en ‘pagos ficticios’ o sobornos al Banco República, del financiero y accionista de Telefónica Raúl Moneta, actualmente procesado, a través de filiales en paraísos fiscales.
Los autores del informe del proyecto de resolución, los diputados Elisa Carrió, disidente de la Unión Cívica Radical (UCR), y Gustavo Gutiérrez, del Partido Demócrata de la provincia de Mendoza, creen que dichos pagos sirvieron de recompensa a políticos y jueces como Enrique Petracchi, miembro de la Corte Suprema, para conseguir los favores del Gobierno y la Justicia en el aumento de tarifas telefónicas conocido como ‘rebalanceo’.
La comisión investigadora aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados empezará a investigar la semana próxima, entre otras, las vinculaciones de Telefónica con el Federal Bank Limited, el banco off shore de Moneta constituido en las Bahamas que está señalado como el vehículo de las operaciones de lavado de dinero. Por este banco circularon, en triangulación con el Banco República, en Buenos Aires, y el Citibank, en Nueva York, 4.500 millones de dólares desde noviembre de 1992 hasta mayo del 2000, según el informe.
‘Como ejemplo de la triangulación del dinero en dicho circuito cabe mencionar la transferencia de 2.433.349 dólares que efectuó Telefónica Argentina el 18 de febrero de 1992 a la cuenta número 3696-5728 de American Exchange en el Citibank de Nueva York para ser girados al Banco República de Moneta, del cual Telefónica era uno de sus principales depositantes’, señala el proyecto de resolución de la comisión investigadora.
El informe asegura que Telefónica tenía cuenta y ‘operaba fuertemente en el Federal Bank’ hasta el punto de que pagaba sus dividendos a través de este banco, y que varios de sus directivos tenían cuentas en dicha entidad, entre los que cita a Luis Martín de Bustamante, ex presidente de Telefónica Argentina y alto cargo del grupo en la etapa de Juan Villalonga, Martín Ruete Aguirre, Carlos Carballo y Benito Jaime Lucini.
Otro de los puntos a los que apuntará la investigación de los legisladores es el edificio República, uno de los inmuebles más modernos de la city porteña, por tecnología y diseño, y cuya verdadera propiedad está repleta de interrogantes. Telefónica y su subsidiaria Advance Comunicaciones alquilaron varios pisos del edificio de la calle Tucumán, construido por Moneta ‘con fondos provenientes del lavado de dinero’, según el proyecto de resolución.
El contrato de arrendamiento se firmó por cinco años y a partir de 1 de julio de 1996, cuando Villalonga ya presidía la compañía. Telefónica pagaba 432.000 dólares al año por cada piso, lo que significaba 2,16 millones de dólares todo el periodo. Incomprensiblemente, por colocar el cartel de la compañía en lo alto del edificio, Telefónica acordó pagar 4,4 millones de dólares por los cinco años, es decir, el doble del alquiler de todo un piso. Para los diputados Carrió y Gutiérrez, se trata de ‘un precio exagerado que seguramente esconde pagos a terceros como fueron los ficticios pagos de honorarios al Banco República en concepto de asesoramiento en materia de telecomunicaciones’.
De los 5,7 millones de dólares que Telefónica pagó al Banco República, dos millones corresponden a un supuesto estudio de las telecomunicaciones en América, otros 2,9 millones al ‘asesoramiento en el programa de propiedad participada’ (para colocar acciones de la compañía en Argentina), y 800.000 dólares por la ‘evaluación del rebalanceo’ (aumento de tarifas).
Los inspectores del Banco Central dudaron en su día de la capacidad del República para realizar labores propias de una consultora y prestar asesoramiento en materia de comunicaciones. Así lo advirtieron en el expediente número 100.234/97, en el que alertaban de presuntos pagos ficticios.”
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