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La clave del nuevo orden internacionalNadie puede negar que la noción de “sociedad de la información” oculta realidades que modifican profundamente los modelos de organización económica y el estatuto del saber, la cultura y los modos de vida. Pero este concepto se ha instalado sin que los ciudadanos hayan podido ejercer su derecho a un verdadero debate. Prueba de ello son las controversias, especialmente en el seno de las grandes instancias internacionales, sobre la “fractura digital”. Al punto que la UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones convocaron a una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que tendrá lugar en Ginebra, en diciembre próximo. Servicio público y excepción cultural.A partir de los años ’70, la noción de “sociedad de la información” inspiró los programas de los grandes países industriales, que veían en ésta el modo de salir de una doble crisis: la del modelo de crecimiento y la de la “gobernabilidad de las democracias occidentales”1. La onda expansiva generada en 1984 por el desmantelamiento de American Telegraph and Telephone (ATT) en Estados Unidos dio el puntapié inicial al despliegue de las redes transfronterizas y marcó el comienzo de la desregulación y de la privatización de los servicios públicos de telecomunicaciones. En 1998, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la apertura de los mercados de telecomunicaciones a la competencia favoreció las concentraciones que imbrican a operadores de cable e industrias de contenido. La fusión de America On Line (AOL) con el gigante Time-Warner, en enero de 2000, fue su símbolo máximo: AOL everywhere, for everyone (AOL en todas partes, para todos)2. En 1995, reunidos en Bruselas, los siete países más industrializados (G7) ratificaron la noción de “sociedad global de la información” ante unos cuarenta invitados especiales del sector empresarial y en ausencia de representantes de la sociedad civil. El año anterior, Washington había lanzado un proyecto de autopistas globales de la información, extrapolación a escala planetaria de su programa local (National Information Infrastructure). En julio de 2000, el G8 (el G7 más Rusia), reunido en Okinawa en presencia de responsables de las grandes empresas de informática, hizo pública una Carta de la Sociedad Global de la Información. Dejando constancia de la existencia de una “fractura digital”, creó un Grupo de Expertos en el Acceso a las Nuevas Tecnologías (GEANT). En la cumbre del G7 en Bruselas, en 1995, el tema de la fractura digital ni siquiera había sido mencionado. Entretanto, se había producido la irrupción del movimiento social mundial en ocasión de la cumbre de la OMC en Seattle, a fines de 1999… Sin embargo, ya en junio de 1982, en la cumbre del G7 en Versalles, cuando aún no se hablaba de inforrutas, François Mitterrand señalaba en un informe titulado Tecnología, empleo y crecimiento el riesgo de segregación que podía generar el avance de las nuevas tecnologías. Para enfrentar ese riesgo de “un mundo de islotes de prosperidad en un océano de miseria”, el presidente francés propuso una Carta Mundial de la Comunicación. Quedó en letra muerta. En la cumbre de Génova, en julio de 2001, el GEANT propuso apoyar a los e-governments de los países pobres “para fortalecer la democracia y el Estado de derecho”, fomentar la conexión a internet, promover iniciativas en materia de educación, alentar a las empresas a invertir en proyectos de desarrollo sustentable y crear contenidos locales explotando software libre. Por el lado de las grandes firmas de la informática, Microsoft convocó a los funcionarios de mayor jerarquía a una “Government Leaders Summit”. Objetivo: convencer a las autoridades de los países en vías de desarrollo de los beneficios de lo digital. En la “Cumbre Microsoft” de mayo de 2003, el tema central era: “Ayudemos a los gobiernos a desarrollar su potencial”. Los pregoneros del fin del Estado-Nación descubrían así la fabulosa fuente de riqueza de los mercados del e-government. “El Congreso”Los redactores del Informe 2001 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirman, por su parte, que las redes tecnológicas están “en vías de transformar el mapa del desarrollo” y de “crear las condiciones que permitirán realizar en un período de diez años progresos que en el pasado habrían llevado varias generaciones”. Pero se advierte que existe una línea de teléfono cada dos habitantes en los países ricos contra una cada quince en los países en vías de desarrollo… y una cada doscientos en los países menos desarrollados. La tercera parte de la humanidad aún no posee electricidad. Y qué decir de los índices de analfabetismo… La organización de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Ginebra, en diciembre próximo, aviva los enfrentamientos entre diferentes proyectos de sociedad. La UNESCO ubicó la lucha por el “acceso universal al ciberespacio” en el marco de una “infoética” y del respeto a la diversidad cultural y lingüística, para evitar que la “globalización económica sea culturalmente empobrecedora, desigual e injusta”. Esta filosofía impera en la organización de la Cumbre y de las reuniones que prepararon su orden del día: las conferencias intergubernamentales regionales (Bamako, Bucarest, Tokio, Santo Domingo y Beirut); y las tres conferencias preparatorias (prepcoms) en la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (IUT), en Ginebra. En febrero-marzo de 2003, durante la segunda prepcom, se creó una Oficina de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para asegurar el vínculo con la Oficina gubernamental. Aunque esta invitación se prestara a la cooptación se encontraban allí representados el sector universitario y educativo; la comunidad científica y tecnológica; los medios de comunicación; los actores y creadores de la cultura; las ciudades y poderes locales; los sindicatos; los legisladores; las ONG; los jóvenes; y los grupos definidos por “género”; los pueblos autóctonos; las personas discapacitadas; los movimientos sociales; las instituciones filantrópicas; los think tanks; las “asociaciones de multiactores”; los grupos regionales de África, Asia, América Latina, el Caribe, Europa y los países árabes. Al leer este listado, viene a la mente el cuento de Jorge Luis Borges, “El Congreso”, donde don Alejandro Glencoe se propone reunir una “asamblea que represente a todos los hombres”, lo que “implica querer determinar el número exacto de los arquetipos platónicos, enigma que, desde hace siglos, deja perplejos a los pensadores del mundo entero”3. Agendas diferenciadasEsta dispersión demuestra la dificultad de incorporar los intereses sectoriales y delimitar las nociones de sociedad civil y de ONG vigentes en las instituciones internacionales. La cuestión ha sido planteada a partir de la primera prepcom, en junio de 2002: el universo del tercer sector (respecto de los otros dos, el Estado y el mercado) linda con las organizaciones corporativas o empresariales (Cámara de Comercio Internacional o International Advertising Association). El sector privado está también presente a través de las empresas que envían a sus observadores. Las Naciones Unidas las alientan a hacerlo, reservándoles un papel destacado. La objeción planteada por determinados gobiernos en contra de la presencia de las ONG, en nombre de la defensa del monopolio de representación de los Estados, apunta especialmente a aquellas que pertenecen al movimiento social. Los voceros del sector privado ponen el acento en la flexibilidad y el espíritu competitivo de la empresa. Insisten en la necesidad de limitar la misión de los poderes públicos a crear el entorno más favorable para las inversiones. Este economicismo se lleva bien con la visión pragmática de la comunicación inherente a la IUT, organismo del sistema de las Naciones Unidas. A esta visión tecnicista se opone la agenda social elaborada por el tercer sector en nombre del desarrollo sustentable: la necesidad de unir las experiencias digitales a la memoria de la apropiación social de las tecnologías anteriores (la radio en particular); la gobernanza democrática, es decir, la transparencia y la participación; la alfabetización, la educación y la investigación; los derechos humanos; el conocimiento como patrimonio de la humanidad; la diversidad cultural y lingüística; la reducción de los costos de conexión; el software libre; la participación en el gobierno de internet y en todas las instancias donde esté en juego la regulación internacional del ciberespacio (OMC, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); y la seguridad del derecho de los ciudadanos a comunicarse. La crítica a la seguridad en las redes remite al otro aspecto de la “sociedad de la información”: la vigilancia y los ataques a la vida privada. No sólo en los regímenes autoritarios, sino también en el conjunto de países democráticos, desde que se reforzaron las medidas antiterroristas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Como telón de fondo: los proyectos de entrecruzamiento de los bancos de datos para controlar a los ciudadanos (seguridad social, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, antecedentes judiciales, constancias de vuelo, etc.). En ocasión de las reuniones preparatorias de la Cumbre de Ginebra, determinados gobiernos quieren perpetuar una enésima versión de las estrategias de “modernización”. En cambio, otros gobiernos aprovechan la oportunidad para intentar hacer otra cosa. La incorporación en la agenda política del tema de las tecnologías de la información se convierte entonces, para los sectores reformistas, en la ocasión para generar un debate de fondo sobre la tecnología, la sociedad y las libertades individuales. Lo que lleva a reflexionar sobre la incompatibilidad del modelo neoliberal con los proyectos de construcción de una sociedad del conocimiento para todos. En cuanto a las conferencias regionales, se observó la conformación de alianzas geopolíticas elocuentes: por ejemplo Japón, alineado con la posición de Estados Unidos, frente al bloque mayoritario que agrupa a países como China, Indonesia, Malasia, India, Pakistán e Irán. Durante la conferencia de los países de América Latina resurgieron las reivindicaciones del “derecho a la comunicación” defendido en los años ’70 por el Movimiento de No Alineados a favor del “nuevo orden mundial de la información y de la comunicación”. Este cariz geopolítico que toman las controversias, y en mayor medida la relación entre cultura(s) y nuevo orden mundial, corre el riesgo de acentuarse con el retorno de Estados Unidos al seno de la UNESCO, institución que había abandonado en 1985, luego de haber acusado a los países del Sur de politizar dichos temas. Más que nunca, Washington aboga por que el espacio del debate se reduzca a los contornos tallados según el modelo de las organizaciones con vocación técnica y comercial. Posición explicitada durante la pulseada con la Unión Europea, en 1993, en ocasión de las negociaciones sobre la “excepción cultural” en el marco del GATT, precursor de la OMC. Acción colectivaBasándose en la logística de las nuevas redes militantes y los foros sociales, el movimiento altermundialista incorporó la controversia sobre la evolución de las tecnológias de la información al debate sobre las disparidades socioeconómicas. La problemática de la comunicación, tratada de manera dispersa durante las dos primeras ediciones (2001 y 2002) del Foro Social Mundial de Porto Alegre, adquirió su pleno derecho a ser abordada en febrero de 2003. A propuesta de Le Monde diplomatique se lanzó también el Observatorio Internacional de Medios de Comunicación (Media Watch Global)4. Su objetivo: impulsar “todo tipo de acciones tendientes a promover y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos en todos los países”. Este organismo está destinado a expandirse a través de observatorios nacionales integrados, en partes iguales, por periodistas, investigadores universitarios y usuarios. Durante mucho tiempo, el enfoque instrumental de los medios de comunicación, de las redes y de la cultura impidió la definición de una doctrina sobre su papel en el cambio social5. Y lo que es más, en su dimensión internacional, que muchos sólo descubrieron con la irrupción de internet. Sin embargo, es preciso señalar que el carácter central de la problemática de los modelos de implantación social de las tecnologías de la comunicación está lejos de ser reconocido por todos los componentes del movimiento social mundial, aunque todos manejen con destreza las nuevas herramientas digitales. Este avance se debe en gran medida al trabajo pionero realizado desde hace años en el sector por la World Association for Christian Communication (WARC), de Londres, la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), de Quito, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), de Montreal, e Inter Press Service, una red que, desde los años ’70, agrupa a los países del Sur en su afán por descolonizar la información. Estos agentes sociales aceptaron la invitación de la UNESCO y de la IUT a participar en las prepcoms de la Cumbre mundial organizando al mismo tiempo sus propios seminarios y lanzando, durante el Foro Social Mundial 2002, una “campaña por el derecho a la comunicación en la sociedad de la información” (CRIS, según la sigla en inglés). Esta lucha por el derecho a la información es una de las expresiones de la nueva filosofía de la acción colectiva sobre la gestión de los bienes comunes de la humanidad (la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente, el agua). El servicio público y la excepción cultural deben prevalecer sobre los mecanismos del mercado. Principios a los que la OMC, favorable a la liberalización de los servicios, intenta oponerse. Y que deben defenderse en Ginebra, en diciembre próximo.
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