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Poder político y poder económico

La convertibilidad explotó en la cara del presidente Fernando De la Rúa y sus efectos dominaron el período de Eduardo Duhalde. Con la presidencia de Néstor Kirchner el clima político y económico ha cambiado y un nuevo ciclo acaba de comenzar. Al revés del cuento de Monterroso, cuando la sociedad despertó, el dinosaurio ya no estaba 1. La Argentina de hace dos meses parece un pasado remoto.

En las próximas semanas se sabrá si las auspiciosas medidas del gobierno, referidas a la indispensable limpieza y recomposición del poder, también expresan un proyecto de país. Por el momento, la sociedad asiste a un proceso de acumulación, reacomodamiento o salutaria desaparición de viejos actores en el plano político. Pero además de la dinámica institucional, existe otro poder de hecho, que según el caso hace viables, impone o impide las decisiones del gobierno: la acción que ejercen agentes económicos sobre la estructura y el funcionamiento de la economía.

Los últimos gobiernos afianzaron y acrecentaron el poder del establishment, con la firme creencia de que “calmar a las fieras” les permitiría gobernar. El actual gobierno convive con un poder económico que no ha creado; si pretende establecer su propia hegemonía deberá imponer nuevas reglas de juego e incluso propiciar el surgimiento de actores económicos afines. Así ocurrió, en el pasado, con dos experiencias paradigmáticas: las presidencias de Menem y de Perón.

Carlos Menem construyó poder económico de hecho por dos vías. La primera consistió en la entrega de los servicios públicos a transnacionales extranjeras y a empresas locales grandes; la segunda fue la constitución de grupos económicos ligados al presidente, del tipo CEI, Exxel y Banco República. Se trató de un imperio económico basado en el saqueo del Estado y en el goce de privilegios. Sobrevive en gran parte, pero está condenado a término porque cayó su base de sustentación política.

El otro ejemplo es el de Juan Perón. Pueden señalarse algunos hechos objetivos ocurridos en su mandato inicial (1946/52). Primero, existió un proyecto de país; una Argentina industrial con mayor justicia social. Segundo, la economía estaba en manos ajenas, opuestas a sus designios. El gobierno decidió entonces cambiar la estructura del poder económico, para lo cual recurrió a dos mecanismos. El primero fue el fortalecimiento del Estado; para lo cual captó en 1946 la renta más importante de ese momento, que era la cerealera, a través del monopolio estatal de la compra de las cosechas y de su comercialización externa2. Al mismo tiempo, estatizó los servicios públicos y creó empresas públicas como Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, Flota Argentina de Navegación de Ultramar y de Navegación Fluvial, Agua y Energía, Canal 7, ENTel, las dependientes de Fabricaciones Militares, las empresas que fueron de propiedad alemana, así como sociedades mixtas como Somisa y Atanor. El Estado tuvo así un enorme poder económico, que respaldaba su acción política.

Al mismo tiempo intentó la creación de una burguesía nacional que compartiera el proyecto de la Argentina industrial, estimulando la acción de grupos empresarios, que se agruparon en la Confederación General Económica (CGE). Aparecieron industrias de magnitud, como la automotriz, la del acero, la del aluminio, la química, entre otras, a la vez que una multitud de empresas medianas y pequeñas protagonizaron el proceso de sustitución de importaciones: el objetivo era articular una base empresaria que respaldara a la Argentina industrial.

El presidente Kirchner está empeñado en construir poder político. ¿Aprovechará la ocasión que tiene para actuar sobre la estructura y los agentes económicos? En la actualidad, el poder económico le es ajeno. Los “dueños” del país son los bancos, los nuevos propietarios o concesionarios de las empresas privatizadas y quienes explotan recursos naturales (en especial el petróleo). Un esquema que no garantiza ni la gobernabilidad ni el desarrollo.

Pero la ocasión es propicia para una reestructuración. Muchas empresas están quebradas y todas dependen de la política de precios, tarifas, controles y subvenciones que fije el gobierno. Importantes empresas concesionarias de servicios públicos están en convocatoria de acreedores (por ejemplo Telecom, Correo Argentino, Ferrocarril Metropolitano); otras llegan al final de su concesión (como las de peajes) o están a punto de perderlas por incumplimientos y fraudes (Aeropuertos Argentina 2000 y Correo Argentino); hay empresas privadas de servicios públicos, como Lapa y Dinar, que ya están quebradas; se caen los castillos de naipes de varios de los grupos empresarios menemistas. La lista es larga.

Ahora finalizan las concesiones de los peajes y se plantea la caducidad de las del Correo y de los aeropuertos. En las empresas de peaje es obvio que no se debe pagar suma alguna; más bien reclamar por las inversiones no realizadas. En los otros dos casos –Correo y aeropuertos– corresponde la caducidad por incumplimiento; los pasivos siguen siendo del anterior concesionario y la situación de los activos depende de los contratos; pero queda claro que el Estado no debe cargar con las deudas del concesionario.

¿Cómo proceder después? La pésima experiencia con los concesionarios obliga a no repetir el error. La autoridad y la propiedad deben quedar en manos del Estado. Si se resolviera delegar la gerencia, pueden contratarse empresas para que administren bajo contratos de servicios3.

La figura según la cual el concesionario cobra y obra a su antojo a cambio de un canon (que suele no pagar) no es admisible. Lo correcto es al revés: se le paga al gerente para que administre bien. Es fundamental advertir que el mantenimiento del régimen de concesiones significa repetir el principio de las privatizaciones menemistas, esta vez con cambio de beneficiarios, pero con resultados similares.

Las posibilidades reales

Existen varios escenarios posibles. El primero es continuar con la inercia anterior y otorgar prioridad a las grandes empresas, en especial extranjeras, con las que resulte creíble pactar gobernabilidad y buenos negocios. En segundo lugar, es posible rediscutir suficientes áreas de la economía como para facilitar el traspaso de numerosas actividades a empresas privadas locales de segunda o tercera línea; esta recreación de la “burguesía nacional” mediante la “reprivatización” permite al gobierno contar con grupos empresarios que compartan su visión. Por último, la política de renacionalizar activos sitúa al Estado como propietario y gerente de servicios públicos y empresas estratégicas, con una masa crítica suficiente para encarar un proyecto nacional. La forma en que se resuelvan estas opciones determinará la naturaleza económica del gobierno que comienza.

Si las finalidades del gobierno consisten en la explotación beneficiosa de recursos naturales, la recuperación de rentas y la prestación correcta de los servicios públicos, deberá considerarse en cada caso si tales objetivos pueden obtenerse mediante la regulación y fiscalización, el sistema impositivo, la constitución de sociedades mixtas o si lo conveniente es renacionalizar o crear empresas públicas. En ese contexto, habrá que diferenciar entre las actividades estratégicas y aquellas que no lo son; además, deberá discriminarse entre autoridad, propiedad y gestión.

Más allá de las dificultades inmediatas, queda planteado el problema del poder económico de hecho que respalde un proyecto político. Aquí surge la necesidad (y existe la oportunidad) de un conglomerado de empresas públicas y privadas capaces de asumir el liderazgo de una reindustrialización. En este planteo, podría movilizarse a funcionarios honestos y capaces, y a grupos empresarios de segunda o tercera línea y a cooperativas

La alternativa es trascendente: ¿ingresará el país a una nueva etapa de su desarrollo, con un cambio de las relaciones de poder político y económico, o volverá a tropezar con la misma piedra?

  1. El cuento del escritor guatemalteco Augusto Monterroso es el más breve que se haya escrito: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.
  2. Esa renta es la diferencia entre el costo de producción local y el precio internacional de los cereales, que antes era de los exportadores.
  3. La autoridad la ejerce el poder público, que marca la orientación básica de la empresa. El propietario ejerce el poder de decisión, recibe las ganancias o paga las pérdidas. El gerente administra la empresa. Se trata de tres funciones diferentes, que pueden estar a cargo de distintas personas o entes.
Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 49 - Julio 2003
Páginas:9
Temas Desarrollo, Neoliberalismo, Estado (Política), Políticas Locales
Países Argentina