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El cementerio sin cruces de la frontera Sur

Con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, México se ha transformado en la frontera Sur de Estados Unidos. Y su gobierno, en guardián empeñado en evitar el flujo de decenas de miles de personas que ansían llegar al país vecino. El lucrativo negocio de los “pasadores” (traficantes de seres humanos) se complementa con la represión, que deja anualmente cientos de muertos sin nombre ni sepultura.

Ciudad Hidalgo, en el Estado de Chiapas. La ciudad ha sido construida sobre la orilla mexicana del Río Suchiate, frontera natural con su vecina Guatemala. Desde Ciudad Hidalgo parten los trenes de carga que abordan cada día cientos de emigrantes centroamericanos con la intención de llegar clandestinamente a Estados Unidos, atravesando México. Sentados a la sombra de un vagón, un grupo de jóvenes hondureños acecha la partida del próximo convoy. La noche anterior atravesaron el río en una de las balsas que van y vienen desde ambas orillas. “Vamos pal’ norte”, explica Dixie, un joven de 25 años. “En Honduras era soldador; pasaba los días esperando en la calle, junto a decenas de otros trabajadores, que alguien deseara contratarme por unas horas o unos días y no ganaba lo suficiente para que mi familia viviese decentemente”. En este país, el 70% de la población activa trabaja en el sector de la economía informal. “Tengo un hermano que vive en Houston (Texas); si llego hasta allá, me conseguirá trabajo”, agrega Dixie.

Las locomotoras rugen, señal de una próxima partida. Solos o en pequeños grupos, hombres, mujeres, niños salen de los arbustos, de improvisados refugios o de los hoteles miserables donde pasaron la noche, se agrupan alrededor del tren, comienzan a treparse a los vagones. Hondureños, en su mayoría, pero también guatemaltecos1, salvadoreños, algunos nicaragüenses y sudamericanos. Entre los emigrantes reina cierta tensión. Algunos recogen piedras y palos para defenderse de las bandas criminales que atacan a los clandestinos. Para eludir los frecuentes controles del ejército o la policía, los emigrantes deben a veces saltar del tren en marcha y los accidentes, en ocasiones mortales, son numerosos. “Pero mejor morir aquí, tratando de escapar, que de hambre y de vergüenza en nuestro país”, se escucha a menudo.

En los años ’80, las guerras que devastaron América Central, fomentadas por la política militarista del presidente Ronald Reagan, obligaron a cientos de miles de personas a buscar refugio en México y en Estados Unidos. Cincuenta mil salvadoreños residían en Estados Unidos en 1979. Diez años más tarde, serían más de un millón (para una población total de 5 millones de habitantes) y constituirían polos de atracción para las familias y los amigos que permanecen en el país.

Más aun cuando la paz no cumple con sus promesas, no sólo en El Salvador, sino en los demás países de la región. En el comienzo de este siglo, el 78% de los centroamericanos vive por debajo de la línea de pobreza; los ajustes estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional dejaron en la calle a decenas de miles de empleados públicos; los productores nacionales son sacrificados en el altar del librecambio; las guerras han terminado, pero la criminalidad estalla y las catástrofes naturales (huracán Mitch, en 1998; terremoto en El Salvador, en 2001) azotan poblaciones al límite de la supervivencia.

Torrente migratorio

Cuatrocientos mil emigrantes, principalmente mexicanos y centroamericanos, cruzan ilegalmente cada año la frontera de Estados Unidos. Los hombres no son los únicos que parten. Según un documento del Forum Migrations2, las mujeres que intentan la aventura son cada vez más; los menores constituyen aproximadamente el 20% del contingente. La migración provisional tiende a tornarse permanente.

Más aun cuando la degradación de las condiciones de vida no es el único factor que contribuye a este proceso. Tornando más difíciles las idas y vueltas entre Estados Unidos y el país de origen, el endurecimiento de las políticas migratorias incita a los emigrantes a establecerse definitivamente en el país que los acoge.

Estacionados alrededor de la delegación regional del Instituto Nacional de Migraciones (INM), en Tapachula (Chiapas), una quincena de autobuses se dispone a repatriar a 565 clandestinos detenidos en el territorio mexicano. Un joven salvadoreño, para quien esta expulsión no es más que uno de los contratiempos previsibles del viaje, desafía a los agentes del INM: “Hasta pronto”, les dice… Una de las tantas escenas que se repiten cotidianamente: 120.315 centroamericanos, que ingresaron irregularmente a México, fueron deportados en 20023. Entre 1998 y 2001, habían sido alrededor de 600.000.

Zona tapón

A partir de febrero de 2001, inmediatamente después de haber asumido, el presidente Vicente Fox recibió a George W. Bush y abordaron juntos la cuestión, crucial para los mexicanos, de los acuerdos migratorios entre ambos países. En una conferencia de prensa ofrecida en abril, en ocasión de un encuentro entre representantes mexicanos y el secretario de Estado estadounidense Colin Powell, Santiago Creel, portavoz del gobierno mexicano, declaraba: “Nuestro gobierno está dispuesto a incrementar las medidas tendientes a detener a los extranjeros que atraviesan el país con destino a Estados Unidos, a cambio de mayores facilidades para los mexicanos que trabajan en Estados Unidos”. Unas semanas más tarde, anunciaba la puesta en marcha del Plan Sur: “Este plan, que no se dio a conocer públicamente, representa un esfuerzo sin precedentes para cortar el flujo de inmigrantes, drogas y armas que atraviesa el país, proveniente de América Central”4. Multiplicación de los puestos de control migratorio, mayor presencia militar y policial en la región comprendida entre el Istmo de Tehuantepec y la frontera Sur de México. “Con el Plan Sur, el gobierno mexicano reproduce el modelo de control de la frontera Norte llevado a cabo por Estados Unidos”, señala Juan Manuel Sandoval, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.

En efecto, el fortalecimiento de los dispositivos de control de la inmigración es una preocupación constante de los huéspedes de la Casa Blanca5. El rol de zona tapón asignado a México se torna aun más determinante desde que este país firmó junto a Canadá y Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC). “La frontera entre ambos países se convirtió en una frontera interna del nuevo territorio de Estados Unidos, bajo su hegemonía”, estima Juan Manuel Sandoval. “Colaborando con las autoridades estadounidenses para localizar, detener y deportar a los inmigrantes centroamericanos clandestinos, estableciendo medidas de control made in USA en la región limítrofe entre México y América Central, México se convirtió en un país frontera que une y separa Norteamérica del resto del continente, con el cual la zona de articulación será el corredor Puebla-Panamá”.

Para Juan Manuel Sandoval, la regionalización de las políticas migratorias se concibe desde entonces como “el fundamento de un proyecto de integración económica continental en el cual los capitales podrán circular libremente, pero no la fuerza de trabajo”.

Al poner en marcha el Plan Sur a partir del 1º de julio de 2001, las autoridades mexicanas niegan sin embargo ceder a las presiones de Washington y alegan la lucha contra el tráfico de drogas, armas y seres humanos. “No estamos aquí para criminalizar a los emigrantes –insiste Roberto Espinoza, delegado regional del INM en Tapachula– estamos aquí para protegerlos, hacerles comprender los riesgos que corren al querer cruzar clandestinamente nuestro país”. Pero, objeta Fabiènne Venet, presidenta de la Asociación Sin Fronteras, “la implicación del ejército y de la policía en tareas relacionadas con la inmigración contribuye a criminalizarla, favorece la corrupción y la impunidad y genera en nuestra sociedad sentimientos xenófobos. Las redes de tráfico de seres humanos se fortalecen. Las rutas utilizadas por los emigrantes se desvían hacia las zonas más inhóspitas, como los bosques del Petén guatemalteco. Mujeres y niños, de por sí los más vulnerables, ven su situación aun más debilitada”.

Extorsiones, violaciones, asesinatos; emigrantes mutilados por las ruedas de los trenes, asfixiados en los remolques de camiones o abandonados en plena selva por pasadores sin escrúpulos… En 2002, el consulado de Guatemala en Tapachula registró 76 muertes de clandestinos guatemaltecos. Pero las cifras son escasas e incompletas. “La mayoría de las víctimas continúan siendo anónimas”, estima el padre Flor María, director de la Casa del Emigrante, quien señala: “En el léxico de los emigrantes, el Estado de Chipas es ‘la bestia’ que devora a quienes se aventuran en su territorio, o ‘el cementerio sin cruces’”.

Para intentar responder a las acusaciones que involucran a policías y militares en numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos de los emigrantes, el gobierno mexicano ha creado, desde 1996, los Grupos Beta Sur, una unidad de elite que supuestamente ofrece protección y asistencia a los emigrantes. Actualmente, los Grupos Beta gozan todavía entre la población centroamericana de una imagen positiva; pero Emilio Rojas Cervantes, ex agente de los Grupos Beta Sur, lamenta los desvíos de esta unidad, contaminada por la corrupción6. Una corrupción a la que es difícil resistir, como lo demuestra el asesinato, en 1999, por uno de sus subordinados, de José Ángel Martínez Rodríguez, el jefe considerado incorruptible del Grupo Beta del Estado de Tabasco. “Hay grandes intereses en juego”, comenta, manteniendo el anonimato, un funcionario local. “La emigración es un negocio floreciente, pero existe también la prostitución, el contrabando, el tráfico de armas y de drogas… Fíjese en la ciudad: circula mucho dinero”.

La prosperidad de Tapachula y su región contrasta efectivamente con el resto del Estado de Chiapas, uno de los más pobres de México. Una prosperidad debida, esencialmente, a su situación de ciudad fronteriza y de centro de la emigración. En los innumerables hoteles de la ciudad, jamás se solicita a los clientes el documento de identidad, pero las agencias de viaje ubicadas a menudo junto a la recepción, ofrecen itinerarios directos a Tijuana o Nuevo Laredo (en la frontera estadounidense). En todas partes hay cabinas telefónicas que permiten llamar “gratuitamente” –de hecho, con cobro revertido– a Estados Unidos.

Los programas de deportación son un negocio para las compañías privadas de transporte, la mayoría propiedad de caciques locales. Los emigrantes guatemaltecos proveen lo esencial de la mano de obra barata (trabajadores agrícolas, empleadas domésticas, pescadores) y particulares o pequeños patrones han adquirido la costumbre de venir a contratar, de manera totalmente informal, a clandestinos (albañiles, soldadores, pintores, mecánicos) que recalan en la Casa del Emigrante. Entre informalidad e ilegalidad, los límites son imprecisos. Entre las dos orillas del Río Suchiate, cientos de “hormigas” se dedican al contrabando menor en las narices de los aduaneros.

En la estación de Ciudad Hidalgo, teléfono celular en la cintura, un “coyote” cuida a un grupo de emigrantes, que aloja y acompaña en el tren por unos cientos de pesos. A cambio de más, puede conseguirles un lugar en la locomotora, sobornando a los mecánicos. El tren partirá cuando éstos hayan recibido una cantidad de dinero suficiente. Este pasador, que cuenta con la protección de un empleado municipal, reconoce dedicarse a otro negocio más lucrativo: recluta centroamericanas para hombres de negocios o políticos mexicanos. Una noche, una semana o algunos meses… Una vez terminado su “servicio”, las chicas esperan ganarse su pasaje a Estados Unidos.

De visita en Tapachula a comienzos de 2002, Gabriela Rodríguez Pizarro, delegada especial de las Naciones Unidas, denunció la “corrupción generada por la actividad de organizaciones criminales internacionales, dedicadas especialmente al tráfico y a la trata de seres humanos”. Le preocupa “la implicación de algunos funcionarios en estas prácticas y la impunidad de la que gozan”7. Al multiplicar los obstáculos para atravesar el país, el Plan Sur aumenta la apuesta, para beneficio de organizaciones criminales que disponen de una logística sofisticada y mayores medios de corrupción… sin por ello desalentar a quienes pretenden emigrar.

“No se resolverá el problema de la inmigración clandestina a través de la militarización de las fronteras”, señala David Vásquez Méndez, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Fray Matías Cordova. “Los flujos migratorios son consecuencia de las elecciones económicas impuestas a nuestros países por los organismos financieros internacionales. Al producir las mismas causas los mismos efectos, es probable que con la creación del Área de Libre Comercio de las Américas se incremente el éxodo de centroamericanos”.

  1. Los guatemaltecos constituyen la comunidad de emigrantes más importante que transita por México, pero su facilidad para mezclarse entre la población local les permite utilizar preferentemente el transporte por carretera en lugar del tren.
  2. México entre sus dos fronteras, Foro migraciones 2000-2001. El Forum Migrations agrupa a varias decenas de ONG y universidades comprometidas con la defensa de los derechos de los emigrantes.
  3. “Estadísticas migratorias 2002”, Instituto Nacional de Migraciones, México.
  4. The Washington Post, 18-6-01.
  5. Janette Habel, “El borde México-Estados Unidos”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, diciembre de 1999.
  6. Emilio Rojas Cervantes, “Los Grupos Beta de protección al migrante”, tesis presentada en el Instituto Nacional de Antropología (2002).
  7. Informe presentado en el Consejo Económico y Social de la ONU.
Autor/es Hervé Revelli
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 49 - Julio 2003
Páginas:13,14
Traducción Gustavo Recalde
Temas Corrupción, Desarrollo, Neoliberalismo, Derechos Humanos, Estado (Justicia), Políticas Locales
Países México