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“Los niños del BID”

Sin agua potable, sin salud ni escuelas, Haití está endeudado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por créditos que nunca recibió. El embargo a la ayuda exterior impuesto a partir de las cuestionadas elecciones legislativas de mayo de 2000 tiene consecuencias devastadoras en las condiciones sanitarias de la población, que se encuentran entre las peores del mundo.

El régimen de François Duvalier (“Papá Doc”), a quien sucedió su hijo Jean-Claude (“Baby Doc”) en abril de 1971, fue muy acertadamente calificado de “cleptocracia”. Su gestión de la ayuda exterior, buena parte de la cual provenía de Estados Unidos, no escapaba a esa definición1. Luego de veintinueve años de duvalierismo, en febrero de 1986 Haití pasó a estar bajo administración militar y poco después cayó bajo una dictadura. Durante todo ese tiempo la ayuda extranjera continuó afluyendo, aunque una ínfima proporción parecía llegar a los verdaderos destinatarios.

En 1990, una serie de elecciones democráticas y la llegada al gobierno de un sacerdote católico, el padre Jean-Bertrand Aristide, dirigente del movimiento Fanmi Lavalas (Familia Avalancha), crearon nuevas esperanzas en quienes luchaban por mejorar las condiciones sanitarias del país. Pero todo acabó abruptamente con el golpe de Estado militar de 1991. En el centro del país, donde dirigíamos un hospital comunitario, las condiciones económicas y sociales empeoraron rápidamente. De manera paradójica, en el mismo período se redujo la cantidad de pacientes atendidos en nuestro establecimiento. Hay que señalar que el mismo era blanco de operaciones de represión y de amenazas2.

Las consecuencias inmediatas del golpe de Estado fueron duras: miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Los tres años siguientes resultaron catastróficos en el plano sanitario: rebrote de las epidemias de sarampión y de otras enfermedades que podrían haberse prevenido con vacunas, y gran expansión de las epidemias de dengue. En Haití, los porcentajes de mortalidad infantil y juvenil, y también de mortalidad en el parto, son los más elevados del hemisferio norte. El sida y la tuberculosis se convirtieron en la primera causa infecciosa de mortalidad entre los adultos jóvenes, agravada por las violaciones cometidas por los militares y los llamados “attachés”. Muchas de esas enfermedades están vinculadas con la desnutrición. Durante esos años perdidos, la red nacional de clínicas y hospitales fue completamente abandonada y la mayoría de los profesionales sanitarios abandonó Haití.

Ayuda y presiones políticas

Esta situación cambió totalmente en 1994. Con la cobertura de la resolución 940 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tropas estadounidenses desembarcaron en Haití en septiembre de ese año, poniendo fin al régimen de facto. El 15 de octubre, el padre Aristide fue nuevamente instalado como presidente de una “montaña de ruinas”. Una gran coalición internacional de prestamistas anunció un plan de 500 millones de dólares de ayuda para Haití. Todo el mundo coincidía en que sería imposible reconstruir la infraestructura sanitaria y los servicios sociales devastados de no mediar una inyección masiva de capitales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras agencias de financiamiento organizaron y aprobaron varios proyectos destinados a rehabilitar el sistema educativo y sanitario, al igual que los transportes (la mayoría de las rutas estaban destruidas). Pero a causa de una serie de razones vinculadas con la crisis política haitiana3 –ninguna de las cuales correspondía a un interés vital en el hemisferio norte– la ayuda no se concretó nunca. Para llegar a los haitianos más pobres esa ayuda hubiera debido canalizarse hacia el sector público, pero en cambio fue distribuida a través de Organizaciones No Gubernamentales. Ocho años después, las enfermedades infecciosas causan estragos en el país, la esperanza de vida desciende como en ningún otro lugar del hemisferio –en 2002 bajó a menos de 50 años– y el personal médico está totalmente desmoralizado.

Con 100 camas y doce médicos haitianos, el hospital Zanmi Lasanté es uno de los mayores establecimientos charity (privado, sin fines de lucro) del país. Al no haber recibido ayuda significativa ni de parte del gobierno haitiano, ni del BID, ni de la USAID (organismo de ayuda internacional de Estados Unidos), deberíamos ser observadores neutrales de esos acontecimientos. Pero en realidad somos víctimas directas del desmoronamiento del sistema de salud pública. El número de clínicas y de hospitales que cierran sus puertas en la región va en aumento, y también el de pacientes que son rechazados por no contar con medios económicos, y entonces recurren a nuestro hospital. La municipalidad de Thomonde, por ejemplo, situada en el departamento del Centro, en la que residen 40.000 habitantes, en todo el año 2000 no contó con un solo médico ni enfermera.

Luego de las controvertidas elecciones legislativas del 21 de mayo de 2000, Estados Unidos, la Unión Europea y los organismos financieros internacionales congelaron la ayuda prevista para Haití4. Ese verdadero bloqueo afecta a la población más vulnerable de todo el continente, al pueblo más pobre, al que posee la economía, el medio ambiente y el tejido social más frágiles. El impacto de la medida, según los propios prestamistas, es devastador: “En definitiva, el principal motivo del estancamiento económico es la supresión de las subvenciones y de los préstamos del exterior que acompañó la respuesta de la comunidad internacional a la encrucijada de la situación política. Esos fondos superan los 500 millones de dólares”5, señala un informe del BID.

Si hasta el mismo BID puede llegar a esa conclusión, ¿por qué sigue formando parte de las instituciones que imponen sanciones a Haití? La congresista estadounidense Barbara Lee respondió a esa pregunta en la primavera boreal de 2002: “Estados Unidos utilizó su poder de veto en el Consejo Administrativo del BID para bloquear todos los créditos destinados a Haití y paralizó cualquier posibilidad de hallar fondos en otras instituciones financieras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, al poner como condición previa la solución de la crisis política en Haití. Esto es algo inédito, pues esos préstamos habían sido aprobados por el Consejo Directivo del Banco, y el gobierno haitiano había ratificado el acuerdo sobre la deuda y firmado los documentos contractuales. [Sin embargo,] la Carta del BID estipula específicamente que el Banco no puede intervenir en los asuntos políticos de los Estados miembros. La administración Bush decidió ejercer presión política sobre un Estado miembro bloqueando los créditos que el Banco tiene la obligación contractual de entregar”6.

Tomemos por ejemplo el préstamo del BID Nº 1009/SF-HA destinado a la “reorganización del sistema sanitario nacional”. Son 22,5 millones de dólares para la primera fase de un proyecto de “descentralización y reorganización” del sistema sanitario haitiano. Se trata de algo urgente, ya que el mismo cuenta con apenas 1,2 médicos, 1,3 enfermeras y 0,4 dentistas por cada 10.000 habitantes; el 40% de la población no tiene acceso a una atención médica básica; mientras que los porcentajes de infección por VIH y tuberculosis son –por lejos– los más elevados de América Latina.

El proyecto del BID, formulado en su jerga habitual, apuntaba a dar acceso a una atención médica básica al 80% de la población, gracias a la construcción de clínicas rudimentarias y dispensarios locales y a la compra de equipos médicos y medicamentos esenciales. Para alcanzar esos objetivos, según sus propios criterios, el proyecto debe reducir el porcentaje de mortalidad infantil de 74 a 50 fallecimientos por cada mil nacidos vivos; el porcentaje de mortalidad juvenil de 131 a 110 fallecimientos por cada mil nacimientos; el porcentaje de natalidad de 4,6 hijos a 4 hijos por madre; y el porcentaje de mortalidad por falta de atención médica de 10,7 por mil a 9,7 por mil. Objetivos que no se pueden calificar de excesivamente ambiciosos. Quienes evaluaron el proyecto lo consideran generalmente viable y bien elaborado. Por otra parte, la necesidad habla por sí misma.

Otro de los créditos bloqueados estaba destinado a mejorar el acceso al agua potable. No hace falta tener un diploma en salud pública para saber que el consumo de agua contaminada es posiblemente la primera causa de muerte entre los niños haitianos. La fiebre tifoidea también causa la muerte de gran cantidad de adultos y adolescentes. Los expertos del Centro para la ecología y la hidrología del Consejo de Investigaciones del Medio Ambiente, en el Reino Unido, desarrollaron un nuevo “indicador de pobreza de agua” (water poverty index) sobre cuya base evaluaron el año pasado 147 países. Haití ocupó el puesto n° 147. Cuando llegan a nuestro hospital niños enfermos de fiebre tifoidea o de otras enfermedades producidas por la contaminación del agua, el personal médico los llama “niños del BID”, lo que le hicieron notar al director local del Banco cuando el año pasado vino a visitar el establecimiento.

Sin embargo, los créditos siguieron bloqueados. ¿Por qué? Para que el BID pudiera entregar esos fondos era necesario que el acuerdo fuera ratificado por el Parlamento haitiano. Ahora bien, desde junio de 1997 el cargo de Primer Ministro estaba vacante. En octubre de 1998 el Ministerio de Salud presentó el proyecto a la 46º legislatura, cámara llamada “obstruccionista” a raíz de su oposición al gobierno. Durante varias semanas el Parlamento ni siquiera logró reunirse. Cuando finalmente lo hizo, no obtuvo quórum. La crisis perduró a raíz de la disolución de la Cámara de diputados y de la incapacidad del gobierno para organizar nuevas elecciones legislativas. Éstas, previstas inicialmente para septiembre de 1999, recién tuvieron lugar el 21 de mayo de 2000, en medio de un ambiente confuso, dando la victoria a los partidarios de Aristide, quien a su vez se impuso en las elecciones presidenciales de noviembre siguiente.

En octubre de 2000, apenas abierta la 47° legislatura, más representativa de las aspiraciones populares, el nuevo Parlamento votó inmediatamente la ratificación del préstamo para los proyectos sanitarios y el acuerdo sobre otros tres créditos vitales, por un total de 146 millones de dólares, para educación, agua potable y red vial. El dinero seguía sin llegar, pero todo estaba encaminado, decían los banqueros a los haitianos. El anuncio se hizo por un decreto del gobierno publicado en Diario Oficial el 8 de enero de 2001. Tres meses después, el BID, que aún no había efectivizado los préstamos, anunciaba sin embargo su intención de colaborar con el nuevo gobierno y de financiar los proyectos en curso. Ponía no obstante ciertas condiciones. En particular, el gobierno debía pagarle cinco millones de dólares adeudados. El 15 de mayo de 2001, a pesar de no haber entregado aún ni un solo dólar, el BID previno al gobierno que se le exigiría el pago de una “comisión de crédito” de 0,5% sobre el monto total de los préstamos (aún no entregados) dentro de los doce meses a partir de la fecha de aceptación de los mismos.

Así, al 31 de marzo de 2001, Haití ya le debía al BID 185.239,75 dólares de honorarios sobre un préstamo nunca recibido. El monto total de las comisiones correspondientes a los cinco préstamos de desarrollo contratados con el BID en las décadas precedentes se elevaba a 2.311.422 dólares. El banco informó al gobierno que el pago debía comenzar el 15 de septiembre de 2001 y que debía concluir antes del 5 de octubre. A mediados de mayo, en momentos en que circulaban rumores de que el BID cerraría sus oficinas en Haití, sus autoridades anunciaron que sus representantes y los principales miembros del staff local serían llamados a Washington “para realizar consultas”.

A juzgar por los resultados, esas “consultas” no permitieron aclarar demasiado el panorama. La agencia informativa Associated Press llegó incluso a anunciar “la concesión de préstamos cuya efectivización puede llevar varios años”. El jefe de la oficina del BID en Haití exigió el pago de 20 millones de dólares de deudas anteriores y una reforma de las prácticas económicas del gobierno como condición para que el país reciba los créditos ya concedidos. La mayoría de los préstamos anteriores sobre los cuales quedaban sumas “adeudadas”, databan evidentemente de la época de las dictaduras y de la junta militar. Incluso suponiendo que el préstamo para educación fuera efectivizado, el jefe del BID reconoció que “si no se suman los otros préstamos, Haití tendrá que pagar más de lo que va a recibir”7.

Y no sería la primera vez que eso ocurre. En 1825 Carlos X exigió a los antiguos esclavos de Francia una indemnización de 150 millones de francos para que la República de Haití, la más antigua de América Latina, obtuviera el reconocimiento diplomático de su existencia. Un diplomático francés me decía hace poco, sin ninguna ironía, que bajo la presidencia de François Mitterrand “Haití aún debía una parte de esa suma”.

Volver sobre la historia colonial puede parecer inútilmente polémico. Detallar las disposiciones de un préstamo puede parecer puntilloso. Pero el bloqueo de los créditos afecta a las personas pobres en todos los sectores: la infraestructura pública del país está destruida; no existe dinero ni para el suministro de agua potable, ni para educación primaria… El bloqueo de la ayuda internacional afecta a toda la población, pero ésta no puede –como dicen los haitianos– “hacer brotar sangre de las piedras”.

  1. G. Hancock, Lords of Poverty: The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business, Atlantic Monthly Press, Nueva York, 1989.
  2. Ver The Uses of Haiti, Common Courage Press, Monroe, ME, 2003; edición actualizada.
  3. El presidente René Préval, partidario del movimiento Lavalas y ex Primer Ministro del gobierno anterior, asumió sus funciones el 7 de febrero de 1996, en reemplazo de Aristide, que –según la Constitución– no podía aspirar a un segundo mandato consecutivo. Las graves divisiones ocurridas en el seno del movimiento Lavalas, en particular el apartamiento de la Organización del Pueblo en Lucha (OPL), debilitaron seriamente el gobierno de Préval.
  4. Esas elecciones debían designar nuevos diputados, senadores y autoridades locales. Sin llegar a invalidarlas, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuestionó la metodología empleada para determinar los porcentajes de votos.
  5. D. Robert y R. Machado, “Haití: situación económica y perspectivas”, Banco Interamericano de Desarrollo, evaluación del estado económico del país, 2001. Disponible en internet, en la dirección: www.iadb.org/regions/re2/sep/ha-sepg.htm.
  6. Informe de la congresista Barbara Lee, del 23-5-02. Ver también la resolución 382 del Congreso presentada a la Casa Blanca: “Instar al Presidente a poner fin a cualquier embargo contra Haití y a no seguir condicionando la ayuda humanitaria y la asistencia para el desarrollo a la solución de la crisis política haitiana; y otras propuestas”. 107th. Congress 2nd. session, H.Con.Res382, 2002.
  7. M. Norton, “Haiti Clamors for Release of Blocked Loans That Might Take Years to Disburse”, Associated Press, Nueva York, 11-3-02.
Autor/es Paul Farmer
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 49 - Julio 2003
Páginas:33,34
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Desarrollo, Deuda Externa, Neoliberalismo
Países Haití