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Los fracasos de una revolución

Estallido de la burbuja internet, quiebras, escándalos de corrupción, pérdidas y deudas millonarias: las empresas de telecomunicaciones se acomodan a las urgencias de la economía mundial. Las privatizaciones que siguieron a los monopolios públicos provocaron una capacidad excedente y una competencia feroz que atormentan al capitalismo del nuevo siglo. Los consumidores pagan el precio.

En los últimos dos años, decenas de empresas del sector de telecomunicaciones quebraron en Estados Unidos. En octubre de 2002, Lucent Technologies, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones, ya registraba diez trimestres consecutivos de déficit y acumulaba pérdidas fabulosas. Los despidos –que en agosto de 2002 superaban medio millón y que aún continúan– hicieron desaparecer más empleos que los que se habían creado desde 1996.

En el resto del mundo la situación no es mejor. La quiebra de operadores como Viatel o KPN Qwest evidencia las convulsiones de los mercados europeos, donde la capitalización bursátil de las empresas de telecomunicaciones cayó en 700.000 millones de dólares entre marzo de 2000 y noviembre de 2002 y donde la deuda acumulada de los siete mayores operadores “supera el Producto Nacional Bruto de Bélgica”1. Deutsche Telekom acaba de anunciar las mayores pérdidas registradas en toda la historia de Alemania. Entretanto, la estabilidad financiera de France Telecom sólo pudo mantenerse gracias a una masiva –y controvertida– inyección de fondos del gobierno francés. El ambicioso operador japonés de teléfonos celulares NTT DoCoMo, presente en todo el mundo, vio como su capitalización bursátil perdía 180.000 millones de dólares entre febrero de 2000 y diciembre de 2002.

¿Cómo se llegó hasta esta situación y cuáles son las perspectivas? Hasta hace muy poco, los servicios de telecomunicaciones eran suministrados tradicionalmente por monopolios y la competencia quedaba relegada a sectores marginales del sistema. Por más sorprendente que pueda parecer, algunos miembros de organismos de regulación estadounidenses denunciaban entonces el carácter “ruinoso” y “generador de despilfarro” de esa competencia2. Los monopolios se habían creado de manera diferente y bajo diversas formas. En Estados Unidos, el papel regulador del Estado en ese terreno estuvo siempre muy vinculado con el poder político-económico del operador dominante, AT&T. En Europa, los Ministerios de Servicios Postales, Telégrafo y Teléfono (PTT) obedecían a una tradición de desarrollo económico impulsado por el Estado, fundamentalmente a causa del papel central que tenían las redes de comunicaciones en la administración de extensos imperios coloniales.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la política estadounidense destinada a “contener” el socialismo de tipo soviético había visto en las telecomunicaciones una muralla que era necesario reforzar rápidamente para detener la amenaza roja. Así fue que, bajo la ocupación estadounidense, los sistemas de Alemania y de Japón fueron reconstruidos, no bajo el modelo de empresas privadas (como se hubiera podido esperar) sino como una resurrección de las antiguas PTT.

En numerosos países de Asia y de África que acababan de independizarse, al igual que en América Latina, los operadores que se habían constituido para servir intereses extranjeros fueron transformados en monopolios públicos que generaban ingresos financieros. La toma de control de las telecomunicaciones por parte del Estado –en situaciones tan diversas como la de Argentina en 1946, la de China en 1949 o la de México entre 1940 y 1972– se produjo en un contexto global de nacionalismo antiimperialista. En la Cuba de Fidel Castro y en el Chile de Salvador Allende, la anulación de las concesiones para explotar el mercado interno que poseían operadores estadounidenses fue un acto fundador de la soberanía nacional, acto que Washington jamás perdonó.

Las telecomunicaciones se convirtieron así en una industria de fronteras bien delimitadas, cuyos modos de operación seguían estando estrechamente controlados. Pero esos regímenes monopolísticos no funcionaban todos de la misma manera. Durante la segunda mitad del siglo XX, en economías de mercado desarrolladas, los operadores facilitan el acceso de las familias a la red a precios cada vez más bajos, creando simultáneamente empleos bien remunerados, protegidos por los sindicatos. En los países pobres la evolución es muy diferente. En Asia, en África y en América Latina el teléfono seguía siendo muy caro y el acceso a la red muy insuficiente, particularmente fuera de los centros urbanos. Incluso los hogares de clase media debían a menudo inscribirse en interminables listas de espera y pagar gastos de conexión y de abono prohibitivos. En cambio, no es raro que esos monopolios estatales permitan la creación de empleos relativamente estables, protegidos por convenciones colectivas. A veces, como ocurrió en India o en Brasil, las PTT contribuyen a iniciativas económicas de sustitución de importaciones.

Pero desde fines de la década del ’50 las vibraciones de los futuros cambios comienzan a hacerse sentir en el sistema. En la década siguiente se inicia un movimiento que luego se transformará en cuestionamiento fundamental de los monopolios. En 1968 la comisión de política de telecomunicaciones de Estados Unidos organizada por el presidente Lyndon B. Johnson da un giro de 180 grados: la “competencia” se convierte en la política oficial que debe regir ese sector3. Todas las administraciones siguientes, republicanas o demócratas, coinciden en que la reglamentación debe ser sólo la excepción en materia de telecomunicaciones. Y, desde hace décadas, cohortes bipartidarias de reguladores de telecomunicaciones no perdieron ninguna ocasión de jactarse de su papel de vanguardia en la liberalización del sistema.

Fuerzas estructurales muy poderosas guiaron esa evolución. Del lado de la oferta, décadas de créditos federales para la defensa, en el campo de la electrónica, la navegación espacial y la informática, permitieron financiar un gran desarrollo de tecnologías emergentes para la gestión de redes y el tratamiento de la información, incluida internet. Empresas muy poderosas, como IBM o General Electric, deciden entonces competir con AT&T en el mercado de los equipos y los servicios de telecomunicaciones.

Del lado de la demanda, los usuarios profesionales de equipos y servicios de redes van a jugar un papel aun más importante en la desestabilización del monopolio. Rápidamente, grupos cada vez mejor organizados de grandes firmas usuarias de telecomunicaciones atacan el régimen de monopolio “no especializado”. Sostienen que el rápido aumento de la dependencia funcional de sus empresas respecto de los sistemas y los servicios en red corre peligro a causa de los altos precios y de una oferta de servicios insuficientemente especializada.

Desmantelar los monopolios

En los años ’70, frente a una desaceleración global de sus ganancias, los usuarios de las firmas gigantes exigen el desmantelamiento del monopolio, para que el desarrollo de los sistemas de redes se convierta en una actividad comercial. Indirectamente, dan a entender a los responsables que Estados Unidos se halla frente a una oportunidad que no debe desperdiciar: una nueva fase de expansión en el proceso de acumulación capitalista.

Al bendecir los principios de liberalización del acceso al mercado comercial y de rápida construcción de sistemas y servicios destinados a grupos de usuarios privilegiados, los responsables estadounidenses otorgaron un considerable poder a unas miles de corporaciones gigantes y a sus equipos técnicos y de gestión, al igual que a una creciente cantidad de proveedores de servicios y sistemas de redes de alta tecnología.

En los treinta y cinco años siguientes asistimos a una redefinición radical de la orientación y de las características de desarrollo del sistema de telecomunicaciones en Estados Unidos. Mientras que los universitarios y los analistas de los medios de negocios anuncian con bombos y platillos una supuesta “revolución de la información”, nuevas etapas de desarrollo del mercado encaradas por nuevos proveedores generan compromisos financieros cada vez más elevados en las redes. Las inversiones de las empresas y de los militares se aceleran, y amplían la revolución tecnológica basada en las telecomunicaciones4.

A su vez, los cambios organizativos y técnicos infiltran las grandes empresas, desde la agricultura hasta la industria, pasando por la venta minorista y los servicios. Los gastos anuales de los 100 mayores usuarios de telecomunicaciones “están en una franja de entre 20 millones a 1.000 millones de dólares, mientras que los gastos promedio varían entre 50 y 100 millones de dólares”, indica un informe publicado en 19905. La lista de los diez mayores usuarios privados en 1989 refleja la creciente diversidad del uso de las redes: General Motors, General Electric, Citicorp, IBM, American Express, Westinghouse, McDonnell Douglas, Sears, Ford y Boeing6. Se registran entonces inversiones colosales: se estima que en el año 2000 –en la cumbre del boom– los gastos de telecomunicaciones de las empresas estadounidenses alcanzaron 258.000 millones de dólares7.

Las aplicaciones se multiplican: sistemas de reservaciones informatizados, transferencias de fondos electrónicas y cajeros automáticos, inventarios en flujo continuo, concepción de productos por computadora, telemarketing y números gratuitos para venta minorista, dependencias gubernamentales y proveedores de servicios médicos o de seguros. Las “aplicaciones letales” interesan mucho a los estrategas del complejo militar-industrial, en la medida en que el mismo se apropia de los conceptos de campo de batalla electrónico y de guerra informática.

Los servicios en redes invaden el mundo laboral y, rápidamente, también el universo doméstico. En 2002, 104 millones de llamadas de telemarketing se efectuaron cada día en Estados Unidos y la facturación anual de ese sector alcanzó los 600.000 millones de dólares. El capitalismo digital basa cada vez más su funcionamiento cotidiano en el uso de las redes y tiende a introducir mecanismos de mercado en una cantidad creciente de sectores que utilizan de manera intensa la información: desde los servicios ofrecidos por la administración pública hasta las biotecnologías, pasando por la educación.

Los principales consumidores de telecomunicaciones son en su mayoría firmas multinacionales, lo que hizo aumentar rápidamente las presiones para generalizar el modelo estadounidense8. Al mismo tiempo que el Ejecutivo estadounidense, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros grandes organismos, no escatiman esfuerzos para impulsar la liberalización. A medida que aumenta la confianza de los grupos de poder estadounidenses, su forma de actuar inspira las negociaciones bilaterales, la legislación comercial de Estados Unidos y sus iniciativas multilaterales.

Nuevo mercado global

Pero hubo que esperar los acontecimientos mundiales de fines de la década de 1980 y de la siguiente –en que se produjo el derrumbe del socialismo soviético y la conversión de China al capitalismo– para que el capitalismo transnacional en redes se desarrolle a una escala realmente planetaria. A ello siguió una explosión espectacular de fusiones y adquisiciones transfronterizas. El monto de esas operaciones pasó de menos de 100.000 millones de dólares en 1987, a 11,4 billones de dólares (constantes) en 20009. Esa reestructuración de la propiedad del capital transformó los mercados y los sistemas de producción, hasta entonces integrados a escala nacional, en un “mercado global de bienes y servicios (…) y en un sistema de producción internacionalizado, donde las empresas disponen de un mercado cada vez más planetario”10. Esa transnacionalización se apoya en las redes, al tiempo que, para desarrollarlas, genera una nueva ola de innovaciones tecnológicas en las empresas.

Prácticamente no existen precedentes históricos de los grandes cambios que a partir de entonces van a transformar el mundo de las telecomunicaciones. Entre 1984 y 1999, en un contexto general de ventas masivas de activos públicos, el monto de las privatizaciones en el sector de las telecomunicaciones alcanzó 224.000 millones de dólares. En 1999, casi la mitad –90 sobre 189– de los miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones habían privatizado total o parcialmente sus operadores, 18 los habían privatizado completamente y 30 pensaban hacerlo. Es evidente que ese proceso fue estructurado para facilitar el acceso de los operadores transnacionales a los mercados locales.

Las redes integradas manejadas por “campeones nacionales” comienzan entonces a ser superadas por los operadores transnacionales, tanto en tamaño como en variedad de servicios propuestos. En consecuencia, los operadores y las empresas se consagran a la tarea de integrar las redes en una cantidad cada vez mayor de funciones empresariales, hasta en las más prosaicas: contabilidad, gestión de personal, inventario, ventas, marketing, investigación y desarrollo, etc. Al revolucionar los sistemas y los servicios en red, las firmas gigantes obtienen márgenes de maniobra en un mercado a escala supranacional y lo desarrollan al transformar la información en mercancía.

Inversiones gigantescas permiten suministrar a ese capitalismo digital su base de producción y su estructura de control: redes organizadas a escala transnacional y que utilizan una cantidad creciente de vectores. Durante la década de 1990, los mercados financieros responden de manera positiva a todos los pedidos de capitales lanzados por los operadores o candidatos a operadores. Batallones de recién llegados se endeudan a bajo costo para construir amplias redes con las más diversas tecnologías y los gigantes como AT&T, WorldCom o Sprint los siguen en esa fuga hacia adelante. Miles de millones de dólares se gastan anualmente para construir redes que compiten entre ellas para conectar las zonas de negocios de las grandes ciudades.

En todos los sectores económicos, las propias empresas invierten miles de millones de dólares extra en los materiales y programas que necesitan para ampliar y modernizar sus sistemas propietarios. Está perfectamente establecido que son las inversiones en las redes las que constituyeron la base del crecimiento en la segunda mitad de la década de 1990 en Estados Unidos, para luego ramificarse a todo el mundo. Eso produjo un formidable aumento de la capacidad de transporte de la información, principalmente en los ejes de mayor densidad, cuya explotación es muy lucrativa, pero igualmente, y de forma repentina, en internet. Los nuevos sistemas aumentaron espectacularmente la capacidad de las redes existentes entre las grandes metrópolis, dentro mismo de ellas y en los grandes ejes transoceánicos.

Los orígenes del desastre

A pesar de la fascinación que despertaron durante varios años en la prensa económica y financiera, esas iniciativas no deben ser idealizadas. Los verdaderos efectos de la puesta en red del sistema de mercado se revelan tan contradictorios como la economía real a la cual esos sistemas están conectados. La gran difusión de aparatos electrónicos más o menos superfluos, y sobre todo las enormes ganancias bursátiles de los inversores de clase media superior, acallan toda oposición política seria. Sin embargo, desde fines de la década de 1990 la vulnerabilidad del sistema comienza a notarse. En un informe de 1998 destinado al Economic Policy Institute, concerniente a la propuesta de oferta pública de compra de MCI por parte de WorldCom, el autor de estas líneas preveía que, principalmente desde un punto de vista financiero, “MCI-WorldCom es un error que hay que evitar”11. Los acontecimientos mostraron que el error se transformó en desastre y no sólo para las dos empresas en cuestión.

A mediados de la década del ’90, cuatro acontecimientos prepararon ese desastre: en 1996, la ley sobre las telecomunicaciones en Estados Unidos; en 1997, el Acuerdo multilateral sobre las telecomunicaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la explosión de internet; y la reacción estadounidense a la crisis financiera asiática de 1997-98.

La ley sobre las telecomunicaciones refuerza la liberalización al fijar las condiciones de competencia entre operadores locales y nacionales sobre los mismos mercados. Desata una enorme ola de fusiones y adquisiciones en todo el sector de la comunicación, pues las empresas tratan frenéticamente de ganarle de mano a sus rivales, a la vez que avanzan sobre los mercados conexos.

El Acuerdo multilateral sobre las telecomunicaciones de la OMC contribuyó a armonizar los marcos operatorios nacionales del sector, obligando así a sus 69 firmantes a respetar una serie de compromisos sancionados por un sistema multilateral de solución de conflictos. Ese acuerdo uniformiza a escala mundial el acceso al mercado de equipos y servicios en red. Desde comienzos del año 2000, 25 países se habían comprometido a permitir que operadores de capital mayoritariamente extranjero suministren servicios vocales internacionales utilizando redes que ellos mismos poseían y controlaban.

Aparecieron entonces nuevas posibilidades de inversión: compra de acciones de los operadores recientemente privatizados, proyectos de creación de redes nacionales o internacionales en propiedad a 100% o en sociedades mixtas (joint ventures). En todo el mundo, luego de décadas de desarrollo lento, las redes alámbricas se modernizaron y se extendieron rápidamente y la cantidad de teléfonos creció de manera fulgurante. En lo que hace a los celulares, en exactamente diez años su número pasó de decenas de millones a mil millones.

La competencia se intensificó. Los proveedores de telefonía móvil, los operadores con vocación local o internacional, los proveedores de servicios telefónicos vinculados a internet, todos se esfuerzan por obtener la mayor tajada del mercado, invirtiendo en nuevas redes y en los mercados extranjeros. Vodafone, el gigante británico de telefonía móvil, aprovecha la elevada cotización de sus acciones para efectuar adquisiciones por 300.000 millones de dólares, lo que le permitirá reivindicar millones de clientes en 29 países. En toda Europa, los operadores históricos recientemente privatizados, como France Telecom o Deutsche Telekom, toman préstamos, hipotecan su futuro para adquirir licencias de telefonía móvil en su mercado nacional y para invertir en los mercados extranjeros. En el período 1999-2000 France Telecom gastó 88.000 millones de euros en adquisiciones. En comparación, los 15.000 millones de dólares invertidos por la firma japonesa NTT DoCoMo en los mercados extranjeros de telefonía móvil parecen poca cosa.

El prodigioso desarrollo de internet no hace más que intensificar la gran lucha que libran los operadores. La necesidad de contar con una “estrategia internet” se vuelve el eslogan de moda en los consejos de administración. No sólo entre los operadores, sino prácticamente en todos los sectores de actividad, invertir en internet a cualquier precio y con cualquier objetivo es la forma de mostrar, sin mucho costo, que se tiene una visión estratégica. El desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones para hacer circular los torrentes de tráfico en internet justifica nuevas y espectaculares inversiones. En Estados Unidos, los gastos de equipamiento de los operadores locales se duplican y alcanzan unos 100.000 millones de dólares anuales entre 1996 y 2000. Los avances tecnológicos atizan el incendio al multiplicar por cien el flujo de las redes. Una creciente cantidad de operadores comienza a estar de sobra, pero siguen justificando su existencia –e invitando a nuevas y mayores inversiones– para reforzar su posición estratégica en un medio cada vez más competitivo.

Finalmente, un movimiento macroeconómico aparentemente sin relación con el tema, será el que precipite la catástrofe. En respuesta a la crisis financiera que sacude Asia en 1997-1998, Estados Unidos se lanza a una política de dinero fácil. De esa forma deja en libertad los “espíritus bestiales” de un capitalismo financiero que incendiará el mercado bursátil ya sobrecalentado, principalmente en el sector de las redes, su hijo mimado. Luego de años de desarrollo de ese sector por parte de los inversionistas, empiezan a llover sobre el mismo los dólares, yenes, marcos, libras esterlinas, francos y otras monedas. Se perfila así un maremoto especulativo, que concluye con el derrumbe de las acciones de nuevas tecnologías.

Las exageraciones más desfachatadas comienzan entonces a pasar por muestras de sagacidad. Los anuncios de aumentos exponenciales en la demanda de capacidad de telecomunicaciones son corrientes. Los progresos tecnológicos y las inversiones especulativas habían multiplicado por 500 la capacidad de las redes internacionales en cinco años. Como era de esperar, la demanda no estuvo a la altura.

Fue a partir de ese momento que los responsables financieros de numerosas empresas estadounidenses comenzaron a adulterar sus cuentas para tranquilizar a los inversores y a los accionistas. Así fue que WorldCom –por tomar el ejemplo más evidente– parece haber inventado más de 9.000 millones de dólares de ganancias (inexistentes). Pero esa fragilidad financiera logró contaminar todo el sector de telecomunicaciones, en primer lugar, en ese bastión del neoliberalismo que es Estados Unidos. Los delitos de iniciado, los fraudes contables, las vinculaciones entre los servicios bancarios encargados de la gestión de cuentas de las empresas y los servicios encargados de las inversiones en esas mismas empresas, al igual que otras formas de malversaciones y de corrupción de los directivos, afectaron al menos tan profundamente a Estados Unidos como a Japón, país al que sin embargo los responsables estadounidenses no habían cesado de criticar sobre ese tema durante una década.

Ningún segmento del sector de telecomunicaciones, en el sentido amplio del término, saldrá indemne de la aventura y la competencia se volverá canibalismo. Los mayores fabricantes de equipos, como Lucent, Nortel o Alcatel, algunos de los cuales habían inflado sus ventas invirtiendo en la creación de nuevos operadores, ven caer sus ingresos de manera calamitosa. Incluso Cisco, el fabricante de “plomería” para internet, que por lo tanto sigue mostrando balances positivos, no puede evitar una baja en su facturación y en la cotización de sus acciones. Decenas de proveedores de servicios locales caen en quiebra. En Estados Unidos, la cantidad de líneas telefónicas en manos de operadores locales disminuye por primera vez desde la Gran Depresión.

En realidad, esos operadores se devoraban a sí mismos, en la medida en que los abonados a sus filiales de telefonía móvil abandonaban sus líneas fijas para quedarse con los celulares y también porque promocionaban el ADSL, que permite una conexión de alta velocidad, sin circuitos de aplicaciones específicas (ASIC) para una segunda línea. Los operadores y los constructores de material de telefonía inalámbrica dicen haber perdido 65% de su capitalización bursátil (es decir, 850.000 millones de dólares) desde enero de 2001. Incluso se empieza a temer que China, que en la década de 1990 mostró un desarrollo sin precedentes de su infraestructura al punto de poseer la mayor red nacional del mundo, sea ahora un mercado saturado.

Reestructuración planetaria

Inundado de liquidez durante diez años, el sector de telecomunicaciones se halla repentinamente privado de toda fuente de financiación. Los inversores privados se volvieron tan desconfiados como antes habían sido temerarios. El nivel de incertidumbre –de volatilidad, en realidad– se había vuelto demasiado elevado. Y a pesar de una demanda estable –los particulares y las empresas siempre necesitan comunicarse, haya o no haya crisis– la combinación de sobrecapacidad crónica y competencia desenfrenada sigue siendo mortífera. El sector de las telecomunicaciones se encamina hacia una reestructuración de alcance planetario. Actualmente en quiebra, Global Crossing aceptó su venta a Hutchison Whampoa (con base en Hong Kong) y a Singapore Technologies Telemedia, aunque las autoridades reguladoras aún no dieron su acuerdo. Esa transacción, por un monto de 250 millones de dólares, fija en un precio cien veces más bajo a esa red de fibra óptica, que había costado 20.000 millones de dólares a Global Crossing.

En ese contexto de confusión total, el discurso oficial de la “competencia” no da ninguna muestra de contrición. Y ello a pesar de que, para los usuarios comunes, la liberalización acabó con un fracaso lamentable en algunos de sus aspectos fundamentales.

En muchos países el costo de los servicios telefónicos se volvió menos equitativo. La baja en las tarifas de larga distancia benefició a las grandes empresas consumidoras de esa modalidad y a los abonados de clase media, mientras que las tarifas locales siguen siendo elevadas. En los países pobres, el considerable aumento de acceso a la red registrado en la década de 1990 se vio brutalmente interrumpido y millones de abonados debieron renunciar a sus líneas. Los empleos creados por los nuevos operadores están cada vez menos protegidos por las convenciones colectivas, mientras que millones de empleados trabajan por sueldos irrisorios en centros de llamadas, verdaderos galeotes de la alta tecnología.

La calidad de los servicios muchas veces bajó. Todo el sector se volvió cada vez más dependiente de la publicidad, que antes de la liberalización tenía un lugar muy reducido. Además, cada empresa debió crear los mismos empleos y las mismas estructuras que sus competidores. Importantes costos de gestión y de venta, generalmente superfluos, fueron trasladados a los usuarios y a los contribuyentes a medida que la competencia aumentaba. Y, por supuesto, esa competencia generó enormes gastos de regulación, pues las autoridades se esfuerzan por instaurar reglas que permitan el funcionamiento durable del sistema.

Para aliviar al sector de sus problemas estructurales ya se iniciaron profundas transformaciones. Entre las que ya están previstas figuran: medidas gubernamentales para acelerar el desarrollo de internet a alta velocidad; apoyo oficial a los operadores en dificultad, lo que seguramente implicará una autorización de fusiones; y –sobre todo– en nombre de la “lucha contra el terrorismo” y de la “seguridad”, un mayor control administrativo sobre ese sector en graves dificultades. Los estrategas apuestan a que esa combinación de medidas reducirá la capacidad excedente de las redes, aumentará el precio de los servicios al usuario y logrará atraer nuevamente a los inversores. Así, serán los particulares, los contribuyentes y los asalariados quienes deberán pagar para sacar del pozo a ese sector económico.

¿Será esa la solución? ¿Seguirá indefinidamente repitiéndose el empeoramiento del servicio, el aumento de tarifas para los particulares, la precariedad de empleo y los despidos para los trabajadores, el desarrollo de la red para beneficio de las multinacionales y de los militares? Sólo una opinión pública organizada podrá invertir esa tendencia. En medio del clima actual de aventuras bélicas impuestas desde arriba, semejante perspectiva aún parece lejana.

  1. Financial Times, 26-11-02.
  2. Henk Brands y Evan T. Leo, The Law and Regulation of Telecommunications Carriers, Artech House, Boston, 1999.
  3. Informe final de la Task Force on Communications Policy, Washington D.C., 1968.
  4. Veáse Dan Schiller, “Parásitos en nuestro cotidiano”, Informe-Dipló (www.eldiplo.org), 18-5-01; y también “Informer, communiquer, vendre, tout contrôler”; Le Monde diplomatique, París, mayo de 2001.
  5. US Congress, Office of Technological Assessment, Critical Connections: Communications for the Future, Washington, enero de 1990.
  6. Ibid.
  7. Cálculo realizado a partir de datos del Departamento de Comercio, Washington D.C.
  8. Dan Schiller, Telematics and Government, Ablex, Norwood, 1982.
  9. Cnuced, World Investment Report 2000. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, ONU, Nueva York, 2000.
  10. Ibid.
  11. Dan Schiller, Bad Deal of the Century, Economic Policy Institute, Washington, 1998.
Autor/es Dan Schiller
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 49 - Julio 2003
Páginas:35,37
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Internet, Corrupción, Neoliberalismo, Nueva Economía, Privatizaciones, Consumo, Periodismo