Le Monde diplomatique ÍndicesBúsquedaEste cdAyuda  
Home

Recuadros:

Los sindicatos estadounidenses, víctimas colaterales

Es sabido que la política exterior de un país prolonga su política interior. Lo confirma una vez más la invasión a Irak con su contracara, la ofensiva de la administración Bush sobre los trabajadores estadounidenses. La novedad es que estos han dado pasos significativos en la oposición a ambos planos del accionar de la Casa Blanca, provocando incluso un viraje en la tradicional central sindical AFL-CIO.

Un momento de quietud envolvió a Estados Unidos en las semanas siguientes al 11 de septiembre de 2001. Esa tregua en una vida marcada por el ruido, la publicidad y las transacciones de todo tipo, permitió conmemorar a los centenares de bomberos, de policías y de personal sanitario que, arriesgando su vida en operaciones de socorro, habían perecido en el derrumbe de las torres gemelas. De esa forma, todo el país saludó, de manera melodramática pero sincera, el esfuerzo y el coraje de esas personas que cumplen a diario con su labor.

Pocas veces los héroes estadounidenses surgen de una existencia que no esté marcada por el dinero y el poder. Sin embargo, esas víctimas se vieron homenajeadas en su carácter de trabajadores. Honrar el cumplimiento de una tarea cotidiana no es algo corriente en una sociedad en la que décadas de bombardeo mediático y político lograron hacer desaparecer en gran medida la imagen del obrero del imaginario social. En ese sentido, las grandes manifestaciones de afecto y de gratitud consecutivas al 11 de septiembre significaron un poco habitual testimonio de reconocimiento hacia esas personas usualmente anónimas.

Ese instante de reverencia hacia el trabajador estadounidense fue rápidamente borrado por los redobles de tambores y la sed de venganza. La administración Bush, que hasta entonces se había desinteresado particularmente de la suerte de los trabajadores y había exhibido su desprecio por los sindicatos, descubrió repentinamente que podía utilizar la “guerra contra el terrorismo” para organizar en la retaguardia algunas operaciones de guerrilla contra los militantes obreros y sus organizaciones. Rápidamente, el gobierno diligenció un paquete de leyes para crear el Departamento de Seguridad Interna1.

A través de una masiva reorganización de varias agencias federales, ese Departamento quitó a los 170.000 asalariados que en adelante quedaban bajo el control de la nueva entidad los derechos a la negociación colectiva de sus condiciones laborales y la protección que los cubría como funcionarios. En otras palabras, en el preciso instante en que la nación honraba a los bomberos y a los policías de Nueva York –dos cuerpos con un porcentaje de sindicalización particularmente importante– el Presidente de Estados Unidos consideraba la afiliación a un sindicato como un riesgo inaceptable para la seguridad interna.

En cuanto Bush y su partido ganaron las elecciones de mediados de mandato, en noviembre de 2002, el Presidente endureció el tono anti-sindical. Cuando no logra suprimir el derecho a las negociaciones colectivas de ciertos empleados públicos (lo consiguió con el personal de seguridad de aeropuertos y de las delegaciones locales del ministerio de Justicia) recurre a la privatización. Así, por ejemplo, anunció que 850.000 empleos federales serían abiertos a empresas privadas, cuyo personal no estaría cubierto por las garantías salariales obtenidas por los sindicatos de funcionarios.

Ataque a los gremios

Esa línea retoma un combate iniciado hace 25 años por las patronales estadounidenses contra las organizaciones de trabajadores en el sector privado, que ahora cuenta con un porcentaje de sindicalización de apenas el 9 % (el promedio general es de 14%, gracias a una mayor organización en el sector público). Ahora bien, en Estados Unidos –a diferencia de Europa, donde numerosos beneficios sociales están garantizados por ley– la simple existencia de un sindicato en una empresa significa una enorme conquista, que encuentra todo tipo de obstáculos (como las elecciones de certificación)2 y que en ningún caso es irreversible (eliminación de la certificación). La afiliación a un sindicato a menudo permite a los trabajadores contar con beneficios como un seguro médico, un plan de jubilación, vacaciones pagas, o sistemas de arbitraje en caso de conflictos laborales. No hay que olvidar que el marco jurídico general favorece a los empleadores.

Gracias a las armas que el Congreso le brindó en virtud de la “guerra contra el terrorismo”, la administración Bush la emprendió también contra los trabajadores del sector privado. Luego del 11-9-01 el gobierno otorgó 15.000 millones de dólares a la industria del transporte aéreo, en graves problemas debido a la baja en la demanda de pasajes. Pero no sólo no hizo nada por los 100.000 trabajadores que habían sido despedidos, sino que además recurrió a una antigua medida antisindical (la ley Taft-Hartley, votada en 1947) para quebrar las huelgas que habían comenzado en dos importantes compañías aéreas3. Por otra parte, el gobierno no se privó de vincular la interrupción de la actividad económica con el riesgo para la seguridad nacional.

Esa relación fue invocada aún con más énfasis durante el otoño boreal 2002, cuando el presidente George W. Bush intervino a favor de las empresas de transporte marítimo, que habían dejado sin trabajo a 10.000 obreros portuarios en 29 puertos de la costa Oeste. Previamente, los empleadores habían establecido un acuerdo con algunos de sus principales clientes –entre ellos la cadena de tiendas WalMart y la firma de ropa Gap– y concertado su estrategia con una task force organizada por la administración Bush.

El activismo gubernamental al servicio del empresariado sirvió de advertencia al resto del movimiento obrero. Justo en medio de la negociación entre sindicatos y empresas de transporte de mercancías, Tom Ridge, director del flamante Departamento de Seguridad Interna, no dudó en llamar por teléfono a los dirigentes del sindicato de portuarios para disuadirlos de iniciar una huelga. Les advirtió que una interrupción del trabajo sería considerada como un atentado a la seguridad nacional, y que el Estado estaba dispuesto a recurrir a las fuerzas armadas para remplazar a los huelguistas (en 1981 Ronald Reagan había procedido de la misma forma para quebrar la huelga y el sindicato de controladores aéreos). Según un principio imaginado por Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, mientras dure la “guerra contra el terrorismo” todo el transporte de mercancías, y no sólo el destinado al ejército, sería considerado de interés militar.

A pesar de declararse liberal, la administración Bush utilizó todos los instrumentos de que dispone el poder estatal para combatir a los sindicatos. Así, mientras se oponía con uñas y dientes a toda nueva reglamentación respecto del aire, de la calidad del agua y de la higiene alimentaria, invocando su rechazo de la burocracia y de la papelería, el Ministerio de Trabajo emitía –en diciembre pasado– varios decretos que obligan a los sindicatos a detallar cada uno de los gastos superiores a 2.000 dólares efectuados durante las campañas de afiliación, las huelgas o las acciones de tipo parlamentario o político. Semejante disposición es una pesadilla para el personal de los sindicatos, ya de por sí sobrecargado por el trabajo administrativo, que en Estados Unidos es mucho mayor que en Europa.

Peor aún: la administración actual presenta al Congreso un presupuesto que recorta los gastos destinados a la higiene, a la salud en las empresas, al respeto de las leyes laborales sobre los menores y el salario mínimo, pero a la vez la Casa Blanca propone un importante aumento de gastos para investigar y auditar a los sindicatos…

Anticomunismo obligatorio

El movimiento obrero trató de devolver algunos de los golpes recibidos en nombre de la “guerra contra el terrorismo”. A fin de febrero, los dirigentes de la central sindical AFL-CIO proclamaron su oposición a las operaciones militares contra Irak.

Durante medio siglo, esa confederación sindical apoyó la mayoría de las intervenciones estadounidenses en el exterior y hasta jugó un papel ideológico importante al servicio de la Guerra Fría. Para cualquiera que deseara acceder a un puesto de responsabilidad sindical o de otro tipo, el anticomunismo era una condición obligatoria. Después de todo, hasta la década de 1970 los sectores mejor organizados del mundo laboral estadounidense (la industria automotriz, la siderurgia, la fabricación de armas) figuraban entre los principales beneficiarios del “keynesianismo de guerra”. La imagen de los obreros de la construcción abucheando en 1970 a los manifestantes opuestos a la guerra de Vietnam, quedó impresa en la memoria de millones de estadounidenses. El sindicato de camioneros, que por entonces no formaba parte de la AFL-CIO llegó incluso a apoyar a Ronald Reagan en 1980 y 1984 (ver recuadro).

Desde 1995 esa confederación cuenta con una dirección sindical más joven y más combativa, liberada de las contingencias de la Guerra Fría4. Ese recambio explica en parte la nueva posición, más crítica, sobre el tema de la guerra. La intención de vincular la oposición a la política estadounidense en el Golfo con una cierta indiferencia ante el terrorismo tuvo menos alcance que las acusaciones de cripto-comunismo antaño lanzadas contra los opositores a la guerra de Vietnam. Cerca de cuatrocientas organizaciones locales, que representan cinco millones de afiliados, firmaron un texto aún más crítico de la guerra que el difundido por la AFL-CIO, en el que la consideran un “pretexto para atacar al mundo laboral y a los derechos cívicos”. Esas entidades advertían que las víctimas de las operaciones militares serían a la vez los soldados estadounidenses “hijos e hijas de familias de trabajadores” y los “civiles iraquíes inocentes”.

Pero una vez que comenzaron los combates, esa oposición se mostró silenciosa y una cortina de conformismo cubrió el debate público. Incluso, en momentos en que el ejército estadounidense entraba en Bagdad, una concentración organizada por el sindicato (conservador) de la construcción de Nueva York, reunió 10.000 de sus militantes partidarios de la guerra. Lo que trajo a la memoria de todo el mundo la manifestación de 1970.

Nueva base social y económica

La posición de la AFL-CIO cambió, pero el ejército estadounidense también. El fin de la conscripción generó una reducción de las tropas (1.400.000 efectivos, es decir la mitad de la época de Vietnam) formadas ahora por “voluntarios”. Ese término oculta sin embargo la estrecha relación existente entre el mercado laboral civil y el reclutamiento militar. Para los afro-estadounidenses en particular, el ejército se convirtió en una institución social central5, pues les ofrece un sistema educativo más eficaz que el de la escuela pública del gueto negro, y una carrera menos afectada por los prejuicios raciales. En 1988, el 10,6 % de los oficiales, y dentro de ellos, el 7,4 % de los generales, eran de origen afro-estadounidense, es decir, tres veces más que durante la guerra de Vietnam.

Más representativo de la población en el plano racial y étnico, el ejército estadounidense está formado sobre todo por trabajadores con poca especialización. Cerca del 90% de los voluntarios ingresa con un título de secundaria, y proviene de familias cuyos ingresos medios son inferiores en un tercio al promedio nacional6. Así es posible imaginar la paradoja de esos soldados de extracción proletaria que, a su regreso al país, comprueban el costo que tienen las políticas de guerra sobre su sociedad y sobre su entorno. Los estadounidenses no cuentan con una cobertura médica general, y su sistema educativo reproduce y acentúa las desigualdades sociales. Sin embargo, en ese país se destinan 400.000 millones de dólares anuales a las fuerzas armadas.

A la vez que reclama la supresión del impuesto sobre las plusvalías, la administración Bush desea transferir a los Estados los gastos relativos a la “seguridad interna”. Pero los Estados, que ya se hacen cargo de los principales servicios públicos, atraviesan la peor situación financiera desde la Segunda Guerra Mundial. En Missouri, el gobernador ordenó desconectar una de cada tres lámparas eléctricas de los lugares públicos; en Oklahoma, para reducir los gastos de personal anexo, los maestros de escuela deben conducir los buses que recogen a los alumnos y ocuparse de la limpieza de los establecimientos; en Texas (Estado del que Bush fue gobernador) 275.000 niños quedarán sin cobertura médica, a pesar de que ya estaban en el nivel más bajo del país en la materia. El temor a aumentar los impuestos es tal, que la mayoría de los gobernadores prefieren recaudar creando nuevos casinos y juegos de azar.

Como los soldados algún día dejan de serlo, la administración Bush ya pensó en los que entonces querrán pasar a sectores como la industria aeroespacial, la salud, la alta tecnología o la fabricación de material militar. Por medio de una reclasificación de categorías el gobierno logrará que los futuros empleadores de esas personas ya no tengan que pagarles una prima de 50% sobre las horas extra. En el frente interno, la estrategia de “choque y terror”, menos mortífera que su homónima, continúa aplicándose, por ahora disimulada tras el clamor de una interminable guerra “contra el terrorismo”.

  1. Ese Departamento reúne varias administraciones federales.
  2. La existencia de un sindicato en una empresa sólo es posible si es aprobada por un voto de la mayoría de los trabajadores. Es fácil imaginar todas las maniobras que eso permite, como ya lo mostraba en 1979 la película de Martin Ritt, Norma Rae.
  3. El Congreso estudia una nueva ayuda de 3.300 millones de dólares a las compañías aéreas, cifra que supera el valor en bolsa de las ocho más importantes de ellas. Un miembro de la administración Bush comentó: “Por menos de eso podríamos haberlas comprado” (US News and World Report, Nueva York, 14-4-03).
  4. “Spectaculaire victoire des camionneurs américains”, Le Monde diplomatique, París, octubre de 1997.
  5. Los negros de 18 a 24 años representan el 14% de la población del país en esa franja de edad, pero constituyen el 22% de los efectivos militares. El ejército les ofrece una movilidad profesional superior a la de cualquier otra institución del país.
  6. Y superior en un tercio al nivel oficial de pobreza. San Francisco Chronicle, 2-3-03.

Los obreros y la guerra de Vietnam

Estudiantes opuestos a la guerra de un lado, obreros favorables a la guerra del otro. Tal es la imagen que a menudo se tiene de la intervención militar estadounidense en Vietnam. Sin embargo, la mayoría de las encuestas indica que, hasta 1967, fueron los estadounidenses más ricos y con mayor educación –y no los obreros y empleados– quienes apoyaron de manera más activa la política imperial de su país1.

La oposición a la guerra en los medios privilegiados recién aumentó cuando se cuestionó la norma que permitía a los estudiantes aplazar su servicio militar hasta terminar sus estudios. La represión policial contribuyó luego a endurecer esa posición. La hostilidad de los medios obreros al conflicto en Indochina también aumentó a partir de 1968. En medio de un contexto de motines raciales y de auge de la contra-cultura, la generalización de las drogas y la creciente animosidad entre soldados y sus comandantes alcanzaron proporciones de crisis abierta. Se registraron cientos de casos de tropas que se negaban a combatir y al menos diez motines importantes.

Por lo tanto, la orientación belicista de la central sindical AFL-CIO no coincidió tanto como se pretendió con los sentimientos de los soldados más jóvenes y de los combatientes recién llegados de Indochina.

  1. Bruce Andrews, Public Constraint and American Policy in Vietnam, Sage Publications, Beverly Hills, 1976.


Autor/es Rick Fantasia, Kim Voss
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 48 - Junio 2003
Páginas:24,25
Traducción Carlos Alberto Zito
Temas Movimientos Sociales, Clase obrera
Países Estados Unidos, Irak