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Azaroso destino de YPF

¿Pagaría usted el kilo de carne argentina al precio de venta de la carne en Londres o en París? Por supuesto que no. El productor, el frigorífico, el carnicero o los intermediarios que practicasen tal política desbarrancarían su negocio. En el país “de las vacas y de las mieses”, la abundancia del producto y sus menores costos implican un precio más bajo que en las plazas europeas: ley de oferta y demanda, ventajas naturales; la teoría liberal clásica explica este fenómeno. Sin embargo, pocos reclaman porque el petróleo producido con costos nacionales es vendido a precio internacional en el mismo mercado interno, pese a resultar tan escandaloso como el citado ejemplo. Esta misteriosa incoherencia es una de las consecuencias de la política de privatizaciones energéticas, en especial la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Para averiguar qué sucede con el precio de la nafta, es indispensable examinar cómo las transnacionales petroleras se apropian de la renta de un recurso natural fundamental; cómo ha disminuido drásticamente la exploración de nuevos yacimientos; cómo aumenta la exportación en un país con sólo nueve años de reservas comprobadas. Este deterioro no sólo afecta a la economía. Acaso exista un daño político ligado a la indefensión nacional, a la carencia de instrumentos de política y a la corrupción.

Nadie ignora que la empresa estatal que extraía, refinaba y comercializaba la mayor parte del petróleo nacional fue vendida1. Desapareció la empresa pública YPF y quienes detentan permisos y concesiones son libres de disponer de los hidrocarburos que extraigan (decreto 2178/91). El resultado de esta política impacta en el bolsillo del consumidor final o del sector productivo: cada vez que alguien llena el tanque de nafta se da cuenta de que pagó mucho; pero no siempre sabe cuánto cuesta en otros países y por qué se paga más acá. El cuadro 1 muestra el precio de expendio de un litro de nafta común en varios países americanos.

El país con mayores recursos petroleros de la región, Venezuela, tiene un precio final del litro de nafta común a 9 centavos de dólar (10 veces menos que en la Argentina). Se ha estimado que el costo de producción del barril de petróleo se sitúa entre 4 y 7 dólares en Venezuela2.

¿Cuánto le cuesta a Argentina producir un barril de su propio petróleo? No es posible saberlo. Uno de los secretos mejor guardados por las empresas petroleras es el costo de un barril de petróleo crudo en la Argentina: no hay datos accesibles. Algunos expertos independientes consultados estiman ese costo entre 8 y 11 dólares, según la región y la calidad del crudo. Sin embargo, Repsol YPF lo vende en el mercado interno al precio internacional, que ahora es de 27 dólares (hace unos meses llegó a 35 dólares), lo que impacta al final de la cadena en el elevado precio al consumidor. Aquí chocan dos criterios: el “de costos” y el “de precios”. En el primer caso, el precio se fija de acuerdo a los costos de producción reales y las utilidades de la refinación y comercialización (es el modo de proceder de Venezuela, Ecuador y Colombia). En el otro enfoque, la formación del precio se basa en el precio del barril de petróleo Western Texas Intermediate (WTI), que desconoce los costos de producción locales y cobra el barril local como si fuera importado. En ambas situaciones hay que sumar los impuestos, pero el precio de base es diferente y en nuestro caso, más elevado.

Extraer y exportar, no explorar

Esta política de costo local/precio internacional se refleja en las utilidades declaradas por Repsol YPF en Argentina. En 1999 fueron de 936 millones de dólares; en 2000 de 2.833 millones. En España ganaron menos: 1.010 millones en 1999 y 1.839 millones en 2000; y en el resto del mundo las ganancias fueron de 340 millones en 1999 y 745 millones en 20003.

Existe una diferencia sustancial con los países que tienen empresas petroleras estatales. En Venezuela, los aportes generados por los dividendos de Petróleos de Venezuela S.A., la renta petrolera y las regalías, constituyeron el 35,8% de los ingresos fiscales corrientes el año pasado. En México los ingresos petroleros no tributarios llegaron al 24,1% de los ingresos fiscales totales4. En estos casos, el Estado captó gran parte de la renta petrolera. En Brasil, se toma el precio internacional como referencia, pero la renta petrolera queda en el país porque la empresa petrolera es estatal. En la Argentina, el impuesto a los combustibles recaudó el 7,1% de los ingresos corrientes5. El 20 de junio pasado comenzó a regir la rebaja del impuesto a la nafta, que se fijó en 38 centavos sobre un precio al consumidor de 85 centavos el litro. El precio de la nafta libre de impuestos es de los más caros de América Latina.

El misterio del precio del barril de crudo nacional es apenas la punta del ovillo. Lo que es verificable es la política de Repsol YPF, consistente en extraer mucho, explorar poco y exportar todo lo posible. La política petrolera a partir de los años 1990 significó un aumento importante de las exportaciones, mucho más allá de lo que permite un manejo racional y prudente de un recurso natural no renovable (ver cuadro 2). Argentina tiene reservas comprobadas para 9 años; Brasil para 20; Ecuador para 32; México para 45 y Venezuela para 70 años6. Esto da una idea de lo precario de la situación.

Pero a pesar de esos datos, que deberían forzar a explorar nuevas áreas y a moderar la explotación, entre 1991 y 1996 la extracción aumentó un 60% y después se mantuvo en ese orden de magnitud. La producción de YPF osciló entre el 35 y el 40% de esa magnitud.

La síntesis es desoladora: entre 1991 y 1999, las exportaciones de combustibles se multiplicaron por 3,9 en valor y por 4,5 en volumen. En 1999 constituyeron el 12,7% de las exportaciones totales (en 1991 habían sido el 6,4%). Que un país con sólo 9 años de reservas comprobadas sea exportador de petróleo resulta un absurdo.

Aquí pueden confluir varias razones. La primera, que la empresa trate de realizar las mayores ganancias en el menor tiempo (conducta lógica en la empresa de renta e irracional en el gobierno que lo permite). La segunda, que el gobierno en su desesperación por equilibrar la balanza comercial externa cometa el crimen de dejar que se agoten las reservas. La tercera hipótesis es que se estén manipulando las cifras de reservas. Cuando se licitaron las áreas de explotación en 1991, el precio de cada una había tenido en cuenta las reservas existentes; pero resulta que en el momento de licitar las reservas bajaron de 400.000 a 270.000 metros cúbicos… para volver a su nivel después de la licitación. Esta maniobra hizo posible vender más barato, así como permitió que las empresas adjudicatarias “descubrieran” el petróleo ya explorado por YPF.

Pero eso no es todo. El cuadro 2 muestra un hecho gravísimo: entre 1993 y 2000 la exploración medida por metros totales perforados disminuyó 1,7 veces en el total y 5,7 veces en las perforaciones de YPF; en este último caso, en 1993 se habían perforado 142.946 metros y en 2000 sólo 24.847 metros. Esto se llama vaciamiento.

Por último, una anomalía mayor consiste en la prórroga de concesiones con mucha anticipación a su vencimiento, lo que ha ocurrido varias veces. El último y más importante caso es la prórroga de la concesión para la explotación del yacimiento de gas de Loma de la Lata, el mayor del país, realizada en diciembre de 2000: vencía en 2017, pero se resolvió prorrogarla ahora por 10 años más, hasta el año 2027, contra el pago de 300 millones de dólares. Según una estimación de “técnicos del radicalismo y de la oposición” publicada por el diario Clarín, Loma de la Lata obtendría entre 2.000 y 4.000 millones de dólares por cada año adicional de contrato7. ¿Por qué se concedieron 10 años más a partir de 2017? Acaso una vez más haya que buscar los motivos de la irracionalidad por el lado judicial: la denuncia por intento de soborno que realizó la senadora Silvia Sapag y que tramita en el juzgado federal del Dr. Gabriel Cavallo (curiosamente, el proyecto de ley cuyo voto se pretendía “incentivar” incluía la prórroga de 10 años en las concesiones, tal como se cumplió en Loma de la Lata)8. Este caso desnuda el comportamiento rentístico de Repsol YPF y las reacciones de los dirigentes argentinos. Es sólo la punta del iceberg de los episodios de corrupción ligados a esta privatización y sus leyes conexas.

Consecuencias económicas y políticas

Los resultados de la política de privatizaciones comienzan a despertar, con justicia, la indignación nacional. Al examinar los procesos licitatorios se encuentran decisores autistas o cómplices, seudoempresarios en busca de superrentas, vacíos jurídicos que sólo se llenan con decretos a medida. Pero la sociedad argentina –y en especial sus líderes– parecen reaccionar demasiado tarde, sólo cuando afloran las consecuencias lógicas de los procesos de privatización. La catástrofe de Aerolíneas era previsible9 en el momento de la privatización, así como lo es ahora el vaciamiento de YPF. Pero la “mayoría silenciosa” muchas veces no ve, como no quería enterarse que desaparecía gente en la época del proceso y que se evaporaba el Estado argentino en los años 1990. Peor aún: la mayor parte de la clase dirigente argentina aceptó en silencio las privatizaciones y recién ahora se da cuenta de que vaciaron Aerolíneas Argentinas; todavía no quiere saber que la privatización de YPF fue un desastre para el país. Una responsabilidad especial les cabe a los dirigentes sindicales concernidos. ¿Cuántos denunciaron la entrega de YPF? ¿Quiénes cooperaron en la venta? En el diario Clarín del 6 de enero de 1992 se lee: “El sindicato de petroleros estatales (SUPE) decidió subirse a la vereda de las privatizaciones. Con aportes propios y los provenientes de las indemnizaciones del personal desvinculado de YPF, creará una sociedad anónima dedicada a prestar servicios a compañías petroleras. También fomentará la formación de cooperativas con similares objetivos en el interior del país. Ahora buscan un socio capitalista”.

Situar el problema del petróleo de manera correcta es indispensable para tener un estado de situación pertinente y tal vez abrir caminos de acción nacionales.

De acuerdo con la definición clásica de Alfred Marshall, se llama renta de los recursos naturales al ingreso derivado de la propiedad de la tierra y de otros regalos libres de la naturaleza. Es el resultado de una posición dominante determinada por la propiedad, que es diferente del beneficio empresario, del interés del dinero y del salario del trabajador. Así, el petróleo es un regalo libre de la naturaleza y lo elemental es que los ingresos generados por la propiedad del yacimiento sean captados por el conjunto de la sociedad, que en su forma político-jurídica es el Estado. Aquí es necesario distinguir entre el precio al consumidor (que incluye el impuesto a la nafta), el precio al que venden las empresas petroleras y el costo de producción; la renta petrolera es la diferencia entre los dos últimos precios.

Como recurso natural no renovable, es fundamental aplicar a la explotación petrolera un criterio de desarrollo nacional y de reparto equitativo entre las generaciones. No es justo que para obtener el mayor lucro posible tan rápido como se pueda, se deje a un país sin reservas y a las generaciones futuras sin ese recurso. No puede abandonarse a la lógica rentística –cuya naturaleza consiste en llevar al máximo las ganancias– una actividad de importancia estratégica para la economía y la política de un país. Sin embargo, es lo que ocurre en el caso de la explotación petrolera argentina, en el que la renta del recurso natural es apropiada por la empresa que realiza la explotación.

La pérdida de YPF tiene un claro significado económico. Desde que ocurrió, Argentina carece de un instrumento fundamental para administrar un recurso natural no renovable y pierde los importantes ingresos derivados de su explotación. Pero también son graves las consecuencias políticas. Debe recordarse que la fundación de YPF, influida por la negativa de una empresa petrolera transnacional a vender combustible a aviones militares nacionales, fue un signo de soberanía. Un recurso fundamental para el funcionamiento del país en todos sus órdenes, no podía ni puede quedar librado al afán de lucro de una empresa ni a las restricciones que imponga. Tanto es así que es probable que Argentina se quede sin petróleo en pocos años, no sólo como consecuencia de una política absurda del gobierno, sino peor aún, para que Repsol tenga más ganancias. Después de agotar las reservas de menores costos de extracción, se irán. Hoy aumentan la extracción, pero no exploran.

Además del grave problema político que plantea la pérdida del manejo de un recurso esencial no renovable, están las consecuencias sociales. No es un secreto que YPF –cuando era argentina– fue un importante factor de desarrollo regional y de cobertura social. Importantes áreas estaban incorporadas a la Nación a través de los yacimientos de YPF, y sus trabajadores tenían acceso a salarios y beneficios sociales dignos. Pero cuando se privatiza, las políticas nacionales y sociales ceden frente a las reglas del mercado; ya no interesan el país y sus habitantes: ahora sólo rige la ley de la renta. Las consecuencias han sido muy dolorosas, con desocupación masiva, surgimiento de “pueblos fantasma” y protestas generalizadas. El reciente episodio de la represión y muerte de piqueteros en General Mosconi (Salta), así como los repetidos incidentes allí mismo (marzo y noviembre de 2000) y en Plaza Huincul (Neuquén) son la prueba del carácter antisocial de una explotación guiada sólo por la ganancia inmediata.

¿Establecer regulaciones, recuperar la renta, defender un mínimo el interés nacional? Por cierto, Repsol YPF puede argumentar que frente a la opción “dirigista” de un menor precio local que contemple costos nacionales, gastos intermediarios y beneficios razonables, prefiere exportar. Desconoce así la cuestión de fondo: el petróleo es un recurso natural cuya explotación incluye una renta nacional, que como tal pertenece al Estado.

Cuando en la Argentina exista un gobierno que defienda el interés nacional, encontrará estos fundamentos para nacionalizar la explotación del petróleo, para aplicar un impuesto que capte la renta en su totalidad (en un sistema capitalista serio, el empresario se contenta con su beneficio, que no incluye la renta) o para crear algún ente regulador de la explotación de hidrocarburos, hoy ausente, que es fundamental cuando no hay empresas estatales (como por ejemplo la Comisión Federal de Regulación Energética –FERC– en Estados Unidos). A menos que los acontecimientos precipiten toda reflexión, y al azar de alguna investigación sobre tráficos varios y coimas millonarias surja el eventual carácter doloso de la privatización de YPF.

  1. Agosto de 1990 vio el fin del monopolio de YPF. Fue convertida en sociedad anónima sin participación directa del gobierno: cedieron a otras empresas yacimientos que representaban la mitad de la producción de petróleo de YPF, vendieron 3 refinerías, las flotas de barcos y aérea, 52 equipos de perforación, boyas marítimas y puertos, todo por 2.000 millones de dólares. En 1993 se colocó el 45% de las acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires por 3.400 millones de dólares, que fueron compradas por fondos mutuos de Estados Unidos; se reservó un 11% para pagar las regalías que se debían a las provincias y un 10% para el programa de propiedad participada con el sindicato. A fines de 1998, el Estado vendió 5,01% de sus acciones y apareció Repsol como comprador. En enero de 1999, Repsol compró fuera de la bolsa el 14,99% restante del Estado Nacional (por los que pagó 2.010 millones de dólares) y la empresa Astra. En junio de 1999, Repsol compró en la bolsa el 55% de las acciones y el 11% de las provincias. De tal modo, Repsol tiene el 86% de YPF; y ha adquirido la casi totalidad del 10% de acciones de propiedad participada; el resto está atomizado en tenedores individuales. Las sucesivas compras le costaron a Repsol 17.000 millones de dólares.
  2. El costo promedio de producción del barril es de 11 dólares en Estados Unidos y el Mar del Norte, 7 en Venezuela y Nigeria, 2 en el Golfo Pérsico, 6 en Indonesia y 14 en Rusia. The Economist, Londres, 4-3-1999. Debe tenerse en cuenta que el costo total del barril incluye exploración, desarrollo del proyecto (compra e instalación de equipamiento, caminos) y explotación, y que disminuye significativamente cuando no se explora ni se desarrollan nuevos yacimientos. En Argentina se entregaron al sector privado áreas que ya estaban descubiertas y algunas en producción; de tal modo, se dejó la casi totalidad de la renta petrolera a quienes obtuvieron las concesiones.
  3. Fuente: Repsol YPF, Avance de resultados del cuarto trimestre de 2000 (www.repsol_ypf. com).
  4. Humberto Campodónico, Impacto del shock petrolero de fines del decenio de los noventa en el mercado internacional, CEPAL, Santiago de Chile, 2001.
  5. Ibid., cuadro 14.
  6. OLADE, Petróleo 1999 (www.olade.org.ec).
  7. Clarín, Buenos Aires, 27-10-2000.
  8. Clarín, Buenos Aires, 3-11-2000.
  9. Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno, El universo neoliberal. Recuento de sus lugares comunes, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1995.
Autor/es Alfredo Fernando Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 25 - Julio 2001
Páginas:4,5,6
Temas Desarrollo, Deuda Externa, Neoliberalismo, Privatizaciones, Estado (Política), Geopolítica, Políticas Locales
Países Argentina