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Deriva hacia una derechización imparable

Las elecciones en Euskadi del 13 de mayo pasado abrieron escasas perspectivas optimistas para el País Vasco y para toda España. Presagian más bien una exacerbación del conflicto ideológico, un ahondamiento de la oposición entre modelos “nacionales”: nacionalismo vasco soberanista, o nacional liberalismo de Madrid, con el añadido poco previsible del accionar terrorista de ETA y el carácter de “reconquista” que parece impulsar el gobierno de José María Aznar, pese a su negación pública de ejercer el “revanchismo”. Más allá de la necesaria condena sin paliativos del terrorismo, la gravedad de la situación en el País Vasco está siendo utilizada como cobertura mediática de una derechización de la sociedad civil española, azuzada entre el miedo a ETA y un creciente maccarthysmo cargado de resonancias franquistas.

No fue ayer, sino hace más de un siglo, el 24 de marzo de 1895, cuando Vicente Blasco Ibáñez escribió en el periódico El Pueblo, un artículo titulado “En plena reacción”, que empezaba así: “Navegamos ya en pleno mar reaccionario. Los destinos de la patria, por tantos años entregados a las torpes manos de los partidos de la Restauración, han venido a pasar a las del sublevado en Sagunto, convertido en árbitro de la política y en dispensador del poder”1. Del “sublevado”, Don Antonio Cánovas del Castillo, hoy advocación laica del Partido Popular (PP), cuenta Benito Pérez Galdós que en 1876, mientras se redactaba el articulado de la sexta Constitución española, aquella figura señera de la primera restauración borbónica, aconsejó, ceceoso: “Pongan ustedes que son españoles… los que no pueden ser otra cosa”2.

Dos Constituciones más adelante y en plena segunda restauración, José María Aznar y su actual gobierno empiezan a mostrar síntomas de tener una opinión de los españoles similar a la de su ilustre antecesor, con “un proyecto para diez años que no ha hecho más que empezar”, según expresó en un discurso ante las “Nuevas Generaciones” del PP, ironizando además que tienen “el defecto de no haber sido ni socialistas ni comunistas”3. El 3 de febrero pasado, en Santiago de Compostela, durante la cuarta proclamación de la candidatura del incombustible franquista Manuel Fraga Iribarne, que pretende perpetuarse como presidente de la Junta de Galicia, Aznar pronunció otra frase significativa que, a lo peor, fue un lapsus: “Me apetece bajar a la tierra”4.

Esas simplezas trascendentales del jefe de Gobierno Aznar enmascaran un sólido proyecto de conquista del poder, basado en un nacional-liberalismo que se ha ido asentando desde finales de los años ochenta en torno a un equipo de jóvenes ambiciosos integrantes de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), la más importante de las seis fundaciones del PP, junto con la Cánovas del Castillo, organizada en torno a Fraga Iribarne en los últimos años del franquismo. Los hombres de FAES han copiado a “los think tanks británicos y estadounidenses, imprescindibles en el triunfo de Margaret Thatcher en 1979 y de Ronald Reagan en 1980”, con una ideología progresivamente modernizada, que puede explicar las al parecer excelentes relaciones de Aznar con Tony Blair. Para sus integrantes, esa ideología se concreta para unos como “cristiana, liberal y de un patriotismo español”, para otros “nuestro referente ideológico era Hayek”, y parece haberse sintetizado finalmente en “pensamiento liberal, nacionalismo, desregulación, privatización”5. El nacional-liberalismo de Aznar y de los hombres de FAES, incorporado en su casi totalidad en puestos clave de la administración actual, encontró un terreno abonado para la ocupación y conquista del poder por vía democrática, gracias al alto grado de postración moral que ha venido arrastrando la sociedad española desde los años ochenta, con la cultura del “todo vale”, del “pelotazo”, de los muchos casos de corrupción, de los GAL y del desmoronamiento de los valores de la izquierda, mientras se ha ido acentuando un clima de inseguridad social y el impacto terrorista de ETA.

La obsesión securitaria, cada vez más internalizada por la sociedad española, ha avanzado en detrimento de un régimen de garantías y de libertades; de ahí que aumenten las voces sobre el giro autoritario que se está viviendo en España. Las estadísticas oficiales parecen confirmar algunos rasgos de esa deriva securitaria asumida por una ciudadanía en la que se mezclan desinformación y disgregación social, amén de una exigua ilustración: la mayoría piensa que el país va bien, el 81% de los españoles, según encuestas oficiales, cree que el problema más grave de España es el terrorismo, el 49%, que somos racistas…

Una transición ejemplar y gatopardesca

El gobierno ha podido comprobar la eficacia de años de mensaje y masaje panglosianos y amnésicos. Los medios de comunicación han repetido incansables –la mayoría de la gente parece estar convencida– que se ha vivido una transición ejemplar de la dictadura franquista a la democracia, aunque, como ha señalado Viçenc Navarro (catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona), “no había sido modélica, sino que se había realizado en condiciones muy favorables a las derechas, las cuales habían hegemonizado aquel proceso”6. Muchos de los que hoy se felicitan por el procesamiento del general Pinochet en Chile llevan años celebrando que aquí no se hayan perseguido judicialmente los crímenes del franquismo y se han mostrado sorprendidos por la reciente condecoración post mortem concedida por el gobierno al más famoso torturador del país vasco durante la dictadura y antiguo colaborador de la Gestapo, Melitón Manzanas, asesinado por ETA en 1968.

Esa condecoración ha sido sólo uno de los aspectos más escandalosos de la derechización que se vive en España. El pasado año fue condecorado Arrizabalaga Arcocha, asesinado por ETA en 1978. Era uno de los presuntos asesinos que participaron en los sucesos de Montejurra, en mayo de 1976, en los que fueron asesinados dos carlistas y varios más resultaron heridos de bala. La justicia entonces no quiso considerar connotación política en los hechos, pero un año después los presuntos asesinos se beneficiaron de la Ley de Amnistía para los delitos de intencionalidad política. Actualmente, condecorado el victimario, el gobierno de Aznar ha rechazado hacerlo con sus víctimas, pese a los reclamos judiciales de sus familiares. También se sigue negando a indemnizar al independentista canario Antonio Cubillo, víctima de un atentado, en 1978, llevado a cabo por “personas pertenecientes a los servicios policiales españoles”, según sentencia de la Audiencia Nacional. En cambio, a comienzos de diciembre de 2000, 14 guardias civiles y policías nacionales condenados en firme por torturas, fueron indultados por el gobierno y reincorporados plenamente al servicio activo.

Otro hecho sintomático es la reiterada negativa, tanto del gobierno Aznar como del PP, a condenar el régimen franquista. La última vez ha sido en el Congreso de los Diputados, el 14 de febrero pasado, votando en contra de una moción que condenaba “el alzamiento militar del 18 de julio de 1936…”, apoyada por todos los demás partidos de la Cámara.

Para el historiador Javier Tusell, “la memoria colectiva puede y debe ser cuidada por los poderes públicos como un precioso factor de convivencia colectiva”, para añadir más adelante que “en el año 2000, ser franquista o antifranquista es absurdo”7. Protegida la memoria por los “poderes públicos”, puede parecer normal que hoy España esté administrada por franquistas, hijos de ministros y cargos franquistas, miembros del Opus Dei, de la Legión de Cristo y otras variantes de una derecha adscrita hoy al nacional-liberalismo. Esa modernización neoliberal con neofranquismo incluido empieza a reflejarse en la prensa. Francisco Umbral ha resaltado esa malsana situación: “Homenaje y memoria de Carrero Blanco. Presencia abanderada de Fraga Iribarne. Medallas al verdugo de las manzanas. Sonata de espectros. Vuelven los fantasmas de la tribu, los grandes de la sombra, el pasado muerto es lo que vuelve. ¿Por qué ahora y cómo? … Martín Villa (Jefe del Sindicato Español Universitario (SEU) franquista en los años sesenta y hoy presidente de la privatizada empresa eléctrica ENDESA), de juventud falangista y madurez multinacional, se cabrea con el Gobierno porque no le salen las cuentas. ¿Es que aquí no transicionó nada, nadie?” Para concluir que “Veinticinco años de Santa Transición y aquí no se jubila nadie”8.

Terrorismo y maccarthysmo

En sus más de tres décadas de existencia, ETA y sus prácticas terroristas nunca habían conseguido tanta resonancia política. A lo largo del año 2000 fue noticia diaria destacada en todos los noticieros de televisión, en las primeras páginas de los periódicos y tema recurrente y obsesivo en los mentideros tertulianos de las mañanas de las emisoras de radio. Las encuestas oficiales y oficiosas, como lógico corolario y complemento, la han situado desde hace bastantes meses como primera preocupación de los españoles. Puede anotarse incluso la reaparición en la palestra cívica de intelectuales que están terciando en los procelosos terrenos ético, ideológico y político de los nacionalismos y el terror.

El pasado septiembre, desde las páginas de El País, Juan Aranzadi, profesor de Antropología de la UNED y autor del libro El milenarismo vasco, publicado en 1986, se preguntaba: “¿Es inevitable que todo el que rechaza a ETA por sus crímenes desemboque en la defensa de la Constitución y del Estatuto? ¿No hay lugar en el ‘frente del rechazo’ a ETA, que afortunadamente crece, para el anarquista que sueñe con la jubilación del Estado, para el republicano que aspire a una República ibérica jacobina con Portugal incluido y ciudadanía libre para cuanto africano lo desee, e incluso para el nacionalista español que considere el Estatuto de Guernika como una intolerable cesión al separatismo del Partido Nacionalista Vasco (PNV)?”. Aranzadi señalaba dos falacias básicas en el esquema maniqueo que está viviendo España: “La primera identifica el rechazo del crimen político con la ideología democrática; la segunda identifica defensa de la democracia con defensa de la Constitución y del Estatuto. Esta última falacia excluye sin justificación alguna la posibilidad de una crítica democrática de aspectos inequívocamente antidemocráticos de la Constitución”9.

Podría apreciarse, además, una cierta obsecuencia colectiva: por un lado, un aparentemente paradójico y poco razonable apoyo mediático y político a la estrategia de ETA, al amplificar la resonancia de su autopropaganda armada. Al menos en esa cuestión no se trata de incompetencia profesional. A mediados de noviembre de 2000, el candidato del PP a “lehendakari” y ex ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, el político más valorado por los españoles (y el penúltimo por parte de los vascos, según las encuestas) afirmaba, tras un atentado terrorista: “No quiero contribuir ni un segundo a lo que significa la notoriedad de una acción que en este momento merece el rechazo de todos los españoles”, para añadir: “No empecemos a estar hablando todos los días de los comandos, porque estaremos contribuyendo a lo que significa un argumento más para el mantenimiento de esta organización”10. Mayor Oreja se refería a un atentado de los GRAPO, pero el argumento tiene una mayor validez en el caso de ETA. Hacer lo contrario, como se está haciendo, por parte del gobierno de José María Aznar, presupone al menos una política consciente. La condena (sin paliativos) del terrorismo no debe hacer olvidar la capacidad de análisis.

El asesinato del dirigente socialista catalán Ernest Lluch, llevado a cabo por ETA en Barcelona el 21 de noviembre de 2000, fue, además de un crimen, la situación más incisiva del clima maniqueo que se vive en España. Borja de Riquer, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, ha contado que una semana antes de su muerte, Lluch tenía problemas para poder presentar en Madrid el libro Derechos históricos y constitucionalismo útil, que había escrito con Miguel Herrero de Miñón (un político conservador que ha sido figura destacada del PP y que ha abandonado la política partidaria). Lluch “se quejó con amargura de que casi nadie quería presentar en Madrid dicho libro y de la notable incomprensión, e incluso hostilidad, que había hacia las tesis que en él se defendían… Coincidimos en el diagnóstico: el ambiente de Madrid se había transformado notablemente en los últimos años y aquellas actitudes esencialistas e intransigentes que casi habían desaparecido durante la transición parecían rebrotar con brío”11.

El asesinato del Lluch fue también un doble aldabonazo: la masiva presencia ciudadana en las calles de Barcelona condenó el crimen, pero también exigió el diálogo. La familia de Lluch se negó a desfilar en cabeza para no ir con Mayor Oreja y Aznar. La periodista Gemma Nierga leyó un texto consensuado al que añadió un personal llamamiento a los políticos presentes: “Ustedes que pueden: ¡dialoguen!”. El PP protestó por el añadido, olvidando que en una manifestación anterior, celebrada en Madrid, el lector del escrito (también consensuado) el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, había añadido (de su cosecha) un ataque contra el PNV, implicándolo en los crímenes de ETA.

Además de a sus asesinos, Lluch “molestaba también a la estrategia del gobierno Aznar”, ha señalado el periodista Félix Maraña, que acusó al candidato del PP, Mayor Oreja, de “alentar a quienes de forma sistemática, constante y pública –y en casos, sin venir a cuento– atacaron la con ducta cívica de Lluch hasta el extremo de considerarle un emisor de los agentes del terror… Ernest no era un tibio, como pretendían, ni colaborador de ETA, sino un hombre comprometido hasta el extremo con la razón. Por ello, a nadie debe extrañar que a poco de su final, Lluch comunicara a un amigo ‘A quienes hemos sido señalados por Juaristi, no nos irá bien’”12, refiriéndose a unas afirmaciones de Jon Juaristi, un antiguo miembro de ETA, hoy converso arrepentido y máximo denunciante del nacionalismo vasco, al que el PP nombró primero director de la Biblioteca Nacional en Madrid, para trasladarle rápidamente a director del Instituto Cervantes.

Los españolistas frente a las “provincias traidoras”

De manera un tanto esquemática, podría decirse, en primer lugar, que tras quince meses de tregua murieron 22 personas en 40 atentados el año pasado y que la lista de víctimas, desgraciadamente, sigue abierta. Hay que presuponer también que ETA se ha planteado una estrategia política de “cuanto peor, mejor”. Es obvio que el objetivo estratégico final de lograr una independencia vasca continúa siendo una posibilidad remota y tal vez inviable, aun suponiendo que el gobierno español permitiese la celebración de un referéndum aplicando el derecho de autodeterminación, debido a la complejidad administrativa regional e internacional entre Euskadi, Navarra y el Iparralde francés.

Aislar y debilitar al PNV, ponerlo contra las cuerdas ante la ofensiva política “españolista”, parece haberse convertido en uno de los presupuestos fundamentales de la estrategia de ETA. El reduccionismo mediático que se utiliza desde Madrid, ignorando y silenciando la complejidad de una izquierda vasca contraria a la violencia, refuerza la tosquedad política de la actual ofensiva terrorista, numéricamente menos sangrienta que otras anteriores de ETA, pero cualitativamente más feroz y de mayor impacto. Al incorporar como posibles víctimas de atentados a un amplio escalafón social y profesional, ETA ha desencadenado además un clima de miedo social, justificado en sí mismo pero agrandado además por su repercusión en los medios.

Por razones éticas, resulta difícil analizar comparativamente estrategias; una que recurre al crimen y otra que se mantiene dentro de los cauces políticos, por muy demagógico que sea su accionar. Curiosamente, está siendo el propio PP el que no duda, una y otra vez, en mezclar ambos terrenos y en no diferenciar política y terrorismo. “Uno de los objetivos principales del pacto (antiterrorista con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE) es neutralizar la ofensiva política del nacionalismo, preludio de la ofensiva terrorista”13, afirmó Mayor Oreja, mientras el ministro portavoz, Pío Cabanillas, fue más lejos al decir que el PNV no sólo comparte la política de ETA sino incluso los medios. El tono frentista del Pacto Antiterrorista firmado por el PP y el PSOE ha sido rechazado por los demás partidos del arco parlamentario e incluso por la Conferencia Episcopal Española. El propio PSOE muestra graves aunque soterrados enfrentamientos internos y serias contradicciones, desde la línea dura del sector hegemónico del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), próximo a las tesis “españolistas” de Mayor Oreja, a la más abierta y dialogante del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC), claramente opuesta a las tesis del PP. Incluso la dirección nacional parece sentirse incómoda y encorsetada con la imagen de seguidismo del PP.

A la pregunta ¿qué busca y qué pretende ETA con su política y su sangrienta estrategia de terror? conviene pues añadir otra de signo contrario: ¿qué busca y qué pretende el Partido Popular con su política de beligerancia, de acoso y derribo del nacionalismo democrático, de controlar a las viejas “provincias traidoras”, en lenguaje franquista? En primer lugar, es importante aclarar algunos términos. En opinión de Juan Aranzadi, “es absolutamente deshonesto descalificar el pacto de Lizarra como ‘un pacto con asesinos’, cuando si lo fue, fue para que dejaran de matar, como efectivamente ocurrió durante la ‘verdadera tregua’ de año y medio (verdadera y no ‘falsa tregua’, como algunos se empeñan en llamarla, pues por desgracia fue exactamente lo que ETA anunció: una suspensión provisional de la actividad armada, es decir una tregua)”14. Desgraciadamente, la tregua no significó una pacificación definitiva ni un reforzamiento de los sectores políticos del entorno abertzale contrarios a la violencia y el comienzo del proceso de disolución de ETA.

Convertido en verdad absoluta y casi dogma de fe (tras su obsesiva repetición en los medios), resulta una especie de pecado de excomunión seguir insistiendo hoy en que la obstrucción promovida por Mayor Oreja y el inmovilismo del gobierno Aznar facilitaron en cambio la recuperación interna y afianzamiento del sector más militarista de ETA. El gobierno de Madrid ha podido comprobar además que esa política de fuerza le resultaba rentable en las encuestas y a medida que la solución de acabar con el terrorismo exclusivamente por vía policial sigue mostrando sus limitaciones, ha intentado transformar el frente antiterrorista en un frente nacional antinacionalista que parece querer desenterrar y remozar las viejas consignas franquistas de “provincias traidoras”.

Beligerancia informativa contra libertad de expresión

La realidad es que la aparente calma social que ha vivido España hasta fines del año 2000 y el “todos contra el terrorismo de ETA”, se está pagando con un enrarecimiento del clima ciudadano y se asiste a una derechización generalizada de la sociedad, que algunos llegan a tildar de inmersión en un “franquismo democrático”, algo tal vez excesivo, además de contradictorio en los términos. Evidentemente influye, aunque el control mediático “consensuado” y la caracterización como “sociedad feliz” huxleyana y como democracia policializada de malos y buenos tiene más que ver con el proceso de modernización neoliberal y con los costos “sumergidos” de la globalización –un dogma de fe para el gobierno y todavía para una parte importante del establishment político e intelectual– y también con la clara inclusión de España en un proyecto supranacional europeo hegemonizado por el neoliberalismo.

Pero los viejos resabios autoritarios permanecen. A mediados de enero de 2001, la cadena de televisión autonómica Telemadrid emitió un programa anodino y poco definido sobre la situación en el País Vasco, con numerosas intervenciones fragmentadas de un amplio espectro político. Su posible virtud fue tal vez mostrar una realidad compleja. Al día siguiente de la transmisión de “Caminos de Euskadi”, el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, del PP, dejó cesante al director de la cadena. Las razones aducidas para el cese fueron que no se puede ser neutral con el terrorismo, que hay que ser beligerante.

En España existe la libertad de expresión. Está incluida en el articulado de la actual Constitución, la octava desde las Cortes de Cádiz de 1812. Conviene recordar sin embargo las discusiones sobre la televisión pública y las televisiones privadas en los años ochenta, cuyos resultados concretos fueron pasar del anterior monopolio a un sistema oligopólico, controlado por la Administración y al dominio de tres poderosos grupos mediáticos privados. Todo ello en un contexto en el que tiende a confundirse libertad de prensa y libertad de empresa, mientras se asiste a una sorda lucha por el control político de la información entre los sectores económicos próximos a cada uno de los dos bandos del sistema bipartidista imperante.

Hablar hoy de un clima maccarthysta en España no es ningún despropósito. Algunas intervenciones judiciales alentadas por la prensa, en las que se ha perdido el sentido de los límites entre libertad de expresión y apología del terrorismo, constituyen hoy uno de los síntomas más preocupantes de una situación en la que se están desdibujando los propios límites y sistemas de garantías de un Estado democrático. La caza de brujas está alcanzando límites impensables. En Córdoba, única ciudad importante regida por Izquierda Unida (IU), su alcaldesa, Rosa Aguilar, miembro del Partido Comunista, ha despedido a un funcionario de su grupo tras la denuncia hecha por un periódico local de que aquél había firmado un escrito de protesta por la detención y procesamiento del periodista Pepe Rey, director de la revista Ardi Beltza, acusado de colaborar con la banda armada con sus escritos y un video.

Negros presagios

El control de la justicia es hoy también otro terreno conflictivo y escenario de una sorda lucha de poderes. Podría hablarse, con formulación publicitaria, de un proceso que ha evolucionado desde una politización de la justicia a una judicialización de la política. En relación con el tema vasco, una serie de procesos abiertos, desde el cierre del diario Eguin al cierre de la revista Ardi Beltza, detención de la dirección completa de Herri Batasuna, o del grupo legal Xaki, encarcelamiento del citado periodista Pepe Rey, con acusaciones genéricas, inadecuadas a los principios básicos y a la individualización propia del Derecho Penal, están mostrando una utilización política de lo judicial de una más que dudosa constitucionalidad. Se trata de una realidad preocupante, que se produce además en un proceso político de luchas sordas por el control del poder judicial, en el que, tras el afianzamiento de las cuotas de poder del PSOE en la judicatura durante catorce años de gobierno, el PP intenta hoy desbancarlas e instalar las propias.

La ocupación por la derecha del campo político y social español, con respaldo mayoritario de la opinión pública, se hace presente en multitud de espacios. La genealogía de esa derechización política y social actual es multifacética. El recuento de factores que han aportado sus dosis de tranquilizantes al satisfecho deterioro colectivo es desgraciadamente amplio. Va desde una sacralización mediática de la monarquía y el entorno dinástico a la alternancia partidaria, reconstruyendo, “modernizando”, el modelo de la primera restauración borbónica… hasta la destrucción de la enseñanza primaria y secundaria con el soporte “progresista” del modelo comprensivo de la LOGSE-ESO (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo- Enseñanza Secundaria Obligatoria), implantada por el PSOE y que aún hoy, pese al desastre, siguen respaldando los sindicatos. O la historia patética de éstos (dependientes económicamente y, además de burocratizados, reblandecidos por esa dependencia gubernamental), que forma parte de una agotadora lista de concesiones, expresión también del deterioro y descomposición de la propia clase obrera…

Tal vez por su resonancia, la inmigración se ha convertido en una bomba con la espoleta de efecto retardado. La llegada de inmigrantes no comunitarios ofrece un panorama cada vez más sombrío. Con uno de los índices de inmigración más bajos de la Unión Europea (UE), España se ha convertido en noticia internacional. Hace un año se produjeron los motines xenófobos, la “caza del moro”, en El Ejido (Almería), sin que nada haya cambiado allí, salvo para peor15. Más de 600 denuncias presentadas en los juzgados han sido desechadas por “falta de pruebas”, pese a la existencia incluso de mucho material filmado sobre los disturbios racistas. Mientras, el PP, con un alcalde que no oculta su xenofobia, aumentó los votos en las últimas elecciones…

Acaba de ser promulgada una nueva ley de Extranjería “empobrecida” como el uranio, un año después de la anterior, de cuya brutalidad y dureza era consciente su propio promotor, el ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, que llegó a afirmar, el mismo día de su entrada en vigor, que no caería en la trampa de hacerla cumplir. Se han presentado querellas, ante su posible inconstitucionalidad, al suprimir derechos civiles y sociales reconocidos de asociación y reunión, y se ha denunciado la falsedad de las afirmaciones oficiales de que la nueva ley es acorde con la legislación comunitaria –ya suficientemente reaccionaria– dado que “las disposiciones normativas que sí son vinculantes para España reconocen algunos derechos a los extranjeros que se distancian absolutamente de las reformas introducidas… La futura regulación comunitaria del derecho a la reagrupación de los familiares de los extranjeros es un ejemplo paradigmático de esta contradicción…”16. No obstante, el gobierno sigue confiando en el peso mayoritario de los sectores xenófobos del país, idea que parece reflejarse en las dudas y miedos electorales del PSOE para enfrentarse a la política derechista del gobierno, lo mismo que está sucediendo con la cuestión vasca.

Algo similar parece reflejarse en el terreno de la cooperación. De las muchas presiones y amenazas económicas bajo cuerda sobre las ONG, se ha pasado ya al desparpajo oficial y público. Recientemente, el secretario de Estado de Cooperación, Miguel A. Cortés, ha declarado a El País que “la política de la Agencia es una parte de la política exterior de España. Eso es inequívoco. Otra cosa es que cuando una parte de la cooperación se delega en las ONG, éstas tienen que presentar proyectos que deben encajar dentro de los criterios del gobierno… Si hay una organización que pretende actuar en un campo que no contempla el plan del gobierno, eso no se hará con dinero público”17. En esa línea, el gobierno pretende nombrar él mismo a las ONG que asistan al Consejo de Cooperación, el ente que debe informar sobre la concesión de ayudas oficiales.

A la conquista del espacio europeo

El cambio de imagen de los gobiernos de la transición ha sido espectacular y exportable, con presencia española en primera línea en la reestructuración de la derecha europea y en la construcción del espacio policial europeo. El asalto español a la Internacional Democristiana parece haberse concretado en la reunión de Berlín del Partido Popular Europeo (PPE), el 11 de enero pasado, un éxito significativo para el jefe de Gobierno español, que asumirá en septiembre su presidencia, aliado con Silvio Berlusconi, aunque ha dado lugar a críticas de algunos antiguos democristianos europeos, como el ex presidente italiano Francesco Cossiga, que ha llegado a afirmar que la reunión “rozó la bufonada” y recordado que “Aznar era franquista cuando yo luchaba contra el terrorismo”18. Sin embargo, como se ha señalado en la prensa italiana, “el nuevo eje ítalo-español está a punto de sustituir el tradicional eje ítalo-alemán: el aparcamiento de la inspiración cristiana en nombre de una genérica posición conservadora que recoja ‘todo lo que no sea socialista’, como le gusta a Aznar, es la consecuencia descontada. Y ya practicada: como demuestran las alianzas con los posfranquistas en España y con los nacionalistas racistas en Austria”19 y, se podría agregar con Forza Italia, reforzada con sus socios ex neofascistas y los “separatistas” de la Liga Norte. La reunión de Berlín se celebró algunos meses después de que Aznar consiguiese la expulsión del Partido Nacionalista Vasco, uno de sus fundadores, de la antigua internacional democristiana. El comprensible apoyo externo a Berlusconi y a los ex neofascistas italianos va acompañado en cambio de la incongruencia de apoyar implícitamente a los separatistas italianos de la Liga Norte. Los confusos intentos del gobierno de Madrid para obstaculizar un posible procesamiento de “il cavaliere” se añaden al muestrario del empobrecimiento democrático real que se vive.

  1. Vicente Blasco Ibañez, Contra la Restauración. Periodismo político 1895-1904, Editorial Nuestra Cultura, Madrid, 1978.
  2. Benito Pérez Galdós, Cánovas, tomo 46 de los Episodios Nacionales, Alianza/Hernando.
  3. El Mundo, Madrid, 22-1-01.
  4. El País, Madrid, 4-2-01.
  5. Jesús Rodríguez, “La forja del aznarismo”, El País, Madrid, 11-2-01.
  6. Viçenc Navarro “La transición no fue modélica”, El País, Madrid, 17-10-00.
  7. Javier Tusell, “Por una política de la memoria”, El País, Madrid, 17-7-00.
  8. Francisco Umbral, “Sonata de espectros”, El Mundo, Madrid, 7-2-01.
  9. Juan Aranzadi, “Conmigo o contra mí”, El País, Madrid, 6-9-00.
  10. El Mundo, Madrid, 19-11-00.
  11. Borja de Riquer i Permanyer, “Ernest Lluch y el ‘ambiente’ de Madrid”, El País, Madrid, 8-1-01.
  12. Félix Maraña, “Estorbaba a muchos”, El Periódico, Barcelona, 24-11-00.
  13. La Razón, Madrid, 27-12-00.
  14. Juan Aranzadi, op. cit.
  15. Victor Ángel Lluch, “A la caza de marroquíes”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, marzo 2000.
  16. “Análisi critica del projecte de reforma de la Lley Orgánica 4/2000”, Illustre Collegi d’Advocats de Barcelona, 24-11-00.
  17. El País, Madrid, 14-1-01.
  18. Francesco Cossiga, entrevista en El Mundo, Madrid, 25-1-01.
  19. C. Ros, “Il PPE consagra Aznar e Berlusconi”, Il Manifesto, Roma, 11-1-01.
Autor/es Manuel Revuelta
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 25 - Julio 2001
Páginas:8,9,10
Temas Movimientos de Liberación, Terrorismo, Ultraderecha, Socialdemocracia
Países España