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Recuadros:

¿Por qué no una moratoria?

Los voceros académicos, políticos y mediáticos del establishment financiero, empresas multinacionales y algunos grupos nacionales beneficiarios del actual esquema económico insisten en que Argentina no tiene otro camino que pagar la deuda externa en las condiciones que se le exigen y profundizar el ajuste, la desregulación y la apertura de su mercado. En otras palabras, más de la amarga pócima que ha conducido al país a la virtual cesación de pagos, a la recesión más larga de su historia y a una crisis social sin precedentes. Según esos voceros, una moratoria, alterar el esquema tributario o regular el comercio exterior equivale al suicidio y Argentina sólo puede hacer… lo que está haciendo. Sin embargo, el país dispondría de recursos para encarar la reactivación mediante una reforma tributaria razonable y consensuada, al mismo tiempo que existen condiciones para renegociar la deuda. Ideas para un cambio necesario.

El acalorado debate en torno al “déficit cero” de las cuentas fiscales deja en la sombra el real disparador de la actual crisis: el sector externo. Se argumentó que con las reformas neoliberales la economía iba a ser más competitiva y se obtendría un excedente externo sin necesidad de devaluar la moneda. El hecho es que el saldo comercial ha sido negativo desde 1992, incluso en años en que la crisis puso un freno a las importaciones. Además, la remisión de utilidades y el pago de intereses no deja de subir, debido a la desnacionalización de la economía y de una deuda externa que trepó de 61.000 a 155.000 millones en diez años.

Estamos ante la consecuencia esperable del funcionamiento de la convertibilidad. Dada la sobrevaluación del peso que generó el sistema, si la economía crece se produce un déficit externo por el rápido aumento de las importaciones; si la economía no crece, se produce un déficit fiscal debido a la caída de la recaudación impositiva, basada en impuestos al consumo (ver pág. 6). La convertibilidad no es compatible con un desequilibrio prolongado en ninguno de los dos frentes. Durante la década pasada, el abundante financiamiento externo permitió esquivar el problema, pero no lo resolvió. Por el contrario, se agregaron elementos estructurales de déficit: el desfinanciamiento del sistema público de jubilaciones1 y, en el frente externo, la acumulación de obligaciones internacionales.

Ningún deudor puede esperar que sus acreedores le presten montos crecientes por tiempo indefinido. Una vez que se pierde el acceso al financiamiento externo, no basta con obtener un excedente fiscal primario2 equivalente al pago de intereses de la deuda pública para evitar el default. En este caso, es preciso obtener un fuerte superávit comercial, del orden de los 12.000 millones de dólares, además de evitar la fuga de capitales, conseguir alguna inversión extranjera directa y lograr el refinanciamiento de todos los vencimientos de capital (unos 17.000 millones para la deuda de mediano y largo plazo en 2002). De otro modo, se tendrán que usar las reservas, lo que significa devaluar en las peores condiciones posibles.

En ese contexto, la defensa del interés nacional pasa por constatar con pertinencia la realidad y estudiar las alternativas reales para suprimir o reducir al mínimo la transferencia de recursos al exterior, con el menor costo político posible.

En casos de insolvencia, una de las posibilidades es declarar una moratoria y negociar con los acreedores. Durante ese lapso no se pagan capital ni intereses. El establishment financiero local y sus habituales voceros practican el terrorismo ideológico, que consiste en presentar la moratoria como la madre de todas las calamidades: provocará caída del producto, desocupación, cesación de los préstamos, dicen. Ocurre que esto es lo que ya sucede: entre 1999 y 2001 la caída del PBI por habitante rondará el -10% acumulado; la desocupación es del 17% y la subocupación del 15%. En cuanto a los préstamos, hasta el ministro de Economía ha anunciado que ya no hay más para Argentina.

La moratoria

Decir que no se puede tener déficit fiscal si no hay dinero para financiarlo parece una evidencia contable, pero esconde una falacia. En rigor, la ausencia de financiamiento obliga a alcanzar un equilibrio primario que equilibre ingresos y gastos no financieros: ajustar más los gastos (a la baja) y los impuestos (al alza) no es el resultado de una necesidad “de caja”, sino el fruto de una elección política. En este caso, pagar con puntualidad todos los intereses, por elevados que sean; priorizar la deuda y nada más que la deuda. Si el efecto de una moratoria es que durante cierto tiempo se pierde acceso al financiamiento voluntario, ese costo ya se está pagando, al mismo tiempo que se paga el costo de no dar ese paso: el peso insoportable del pago del servicio de la deuda (amortizaciones e intereses).

Cuando denostan el crecimiento del gasto público, los economistas del establishment callan el estancamiento del gasto corriente (sin intereses) desde 1997, mientras que el pago de intereses aumentó desde entonces un 20% anual3. Según estimaciones para 2001, cerca del 25% de los ingresos públicos corrientes irá al pago de intereses. Esa proporción era de 6,4% en 1994, y todo indica que aumentará. En este contexto, una moratoria significa recuperar el uso de una cuarta parte de la recaudación para otros gastos, como salarios, jubilaciones e inversión pública.

Deudores esquivos

Es necesario desmitificar el significado de las moratorias. Con frecuencia, se las califica de pecados capitales que casi nadie ha cometido. “No hay vida después de la moratoria” es la incantación del momento. Por eso es útil recordar que las deudas públicas internacionales casi nunca se pagaron en su totalidad, ni con regularidad. Lord Keynes escribía en 1924: “El registro de incumplimientos (defaults) por gobiernos extranjeros de su deuda externa es tan numeroso y ciertamente tan cercano a ser universal, que es más fácil tratar con ellos nombrando a aquellos que no han incurrido en incumplimiento que aquellos que lo han hecho”4. La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha aceptado por su parte la constitucionalidad de las leyes de moratoria, si son razonables y protegen los intereses generales de la sociedad5. Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha calificado a las moratorias como un remedio usual en épocas de crisis, que en substancia constituyen un reaseguro del sistema6.

Rusia y Ecuador declararon sendas moratorias de sus deudas (en 1998 y 1999), sin por ello empeorar las severas crisis que atravesaban. De hecho, ya en 1999 Rusia mostró un repunte económico significativo y en 2000 creció a más del 6%, mientras que Ecuador creció un 3% en 2000 y crecerá entre 4 y 6% en 2001. No se trata de decir “hay que hacer como…”, transponiendo experiencias en el tiempo y el espacio. Lo que se trata de destacar es la falsedad de los argumentos que afirman que las moratorias siempre empeoran la situación económica y conducen a la pérdida por muchos años del financiamiento externo.

Las moratorias pueden tener varias formas y su contenido depende de la negociación que se realice. Una forma posible es la que los economistas estadounidenses Adam Lerrick y Allan H. Meltzer, del Gaillot Center y de la Carnegie Mellon University presentaron al Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos, que la respaldó. Estos dos analistas conservadores se refieren al “default destructivo”, generador de pánico y propagador de crisis a sus vecinos, que es producto de acumular una deuda insustentable y fallar en su tratamiento. También mencionan el “default constructivo”. En este caso, proponen que el FMI ofrezca al gobierno del país deudor un préstamo para que compre la deuda al sector privado a un precio fijo –al contado– mucho menor al valor nominal. Luego, el deudor deja de pagar al sector privado. En tercer lugar, se fija un plazo de entre 3 y 6 meses, en el que se reestructura la deuda de modo planificado y con un valor rebajado: se considera justo que los acreedores irresponsables y especuladores que prestaron a países poco confiables, tengan también pérdidas importantes. Toda la deuda recomprada debe ser dada en garantía al FMI y la mitad de los ingresos por nuevos préstamos debe ser afectada al pago del préstamo (facility) de la entidad7.

Esta propuesta tiene el mérito de mostrar que una moratoria es un procedimiento normal para solucionar insolvencias financieras y abre la discusión sobre un tema tabú para el establishment local. Los financistas en el gobierno no quieren ni oír hablar de sufrir pérdidas. Sin embargo, los que proponen una moratoria no son los piqueteros ni los desocupados, sino (entre otros) dos respetados economistas conservadores estadounidenses, respaldados por el Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos.

Otra solución que satisface a la vez los criterios de minimizar pagos y resguardar la soberanía nacional fue la practicada por Brasil en 1937, bajo la presidencia de Getulio Vargas. Entonces, como ahora, la deuda estaba nominada en bonos; lo que se hizo fue tirar abajo la cotización de los bonos para recomprarlos en seguida. Se trata de una operación lícita, conforme a las reglas del juego y de plena actualidad. Así lo señalan los economistas estadounidenses Barry Eichengreen y Richard Portes, en un artículo publicado en la Revista Económica del Banco Mundial. Sostienen que “la recompra de bonos depreciados por incumplimiento constituye un modo de eliminar costosos errores de préstamos. Removiendo el residuo en el mercado de bonos no redituables, se hace posible cotizar nuevas emisiones de valores en la bolsa y recomenzar el proceso de préstamos. Recompras son también reventas –es decir, transacciones voluntarias por parte de los tenedores de bonos– y como tales representan la solución de mercado al problema de cómo distribuir las pérdidas asociadas a un préstamo no satisfactorio”8.

Pago por los evasores

Existen alternativas más osadas. Una de ellas consiste en imitar la política británica de la posguerra y pagar en moneda nacional inconvertible. Esta solución permitió a Gran Bretaña transformar su cuantiosa deuda en un factor de desarrollo interno; en el caso argentino podría ser un complemento de la moratoria, a voluntad del acreedor. Esta idea requiere de mayor análisis, pero demuestra la variada gama de acciones posibles si se cuenta con suficiente poder interno.

Un eje central del problema de la deuda es quiénes la pagarán en definitiva. En la actualidad, el temido default se practica hacia adentro: el “déficit cero” no es otra cosa que un default hacia las obligaciones existentes con jubilados, trabajadores públicos y proveedores. Ese incumplimiento lo sufrirán no sólo las personas directamente involucradas, sino el conjunto de la sociedad, debido a sus efectos recesivos. Pensar otra política es cambiar las prioridades, los beneficiarios y los perjudicados. Es justo que una parte del costo quede a cargo de quienes evadieron capitales y los depositaron en el extranjero. Según estimaciones conservadoras del ministerio de Economía, los activos en el exterior del sector privado no financiero argentino llegan a 80.000 millones de dólares. El economista norteamericano David Felix recuerda que “durante la primera guerra mundial Gran Bretaña y Francia, los dos prestamistas líderes de la era del laissez-faire, obligaron a sus ciudadanos a registrar sus tenencias en el extranjero en el Tesoro, el cual las liquidaba de acuerdo con sus necesidades, pagando a los dueños en bonos en moneda nacional, y utilizando las divisas para cubrir déficit en cuenta corriente”9. Felix agrega que la Bank Secrecy Act de Estados Unidos de 1970 habilita a los bancos el suministro de datos a los países deudores. En este caso, Argentina se apropiaría del excedente en divisas representado por la renta financiera depositada en el exterior, sin dejar de remunerar a sus tenedores en moneda nacional. Es la oportunidad y el modo legal de restablecer cierta jerarquía de valores y necesidades, para privilegiar a los sectores más golpeados de la sociedad a expensas de los evasores. Lo contrario de lo que hoy sucede.

Para concluir, parece interesante citar algunos conceptos recientes de Allan Meltzer10, quien señala que dos de las características comunes de los rescates financieros practicados con México, Asia, Rusia, Brasil, Turquía y Argentina son la ineficacia de las condicionalidades impuestas por el FMI, sin impacto positivo en “la liquidez, solvencia o estabilidad macroeconómica del país”; y que “los prestamistas tuvieron pocas pérdidas, mientras los ciudadanos afectados sufrieron pérdidas muchas veces devastadoras de su salario real”. Estas políticas, continúa, cometen errores mayores, uno de los cuales es “la subversión de los procesos democráticos”.

Este es, en el fondo, el problema central. Saber si la capacidad para dirigir el esfuerzo individual y colectivo de los argentinos puede confiar en un régimen republicano que los represente, o depender del establishment financiero, local o internacional. Las grandes crisis tienen la ventaja de develar cuáles son los verdaderos intereses que defiende cada actor. Por acción o por omisión, todos los dirigentes políticos, económicos, sociales, los comunicadores y los analistas, deberán definirse ahora, si aún no lo han hecho.

  1. Jorge Beinstein, “El saqueo de las jubilaciones”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre 1999.
  2. El resultado fiscal primario son los ingresos corrientes menos los egresos corrientes sin considerar pagos de intereses.
  3. Las cifras son de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y corresponden al sector público nacional no financiero.
  4. John Maynard Keynes, “Defaults by foreign governments”, The Nation and Athenaeum, Londres, 18-10-1924.
  5. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Oscar Agustín Avico v. Saul G. de la Pesa, 7 de diciembre de 1934, en Fallos, www.todoiure.com.ar/fallos/avico.htm
  6. Corte Suprema de Estados Unidos, Stephenson v. Binford, 287 U.S. 251 (1932), citado en nota 5.
  7. Adam Lerrick y Allan H. Meltzer, “Beyond IMF bailouts: default without disruption”, Carnegie Mellon, Gaillot Center for Public Policy, Quarterly International Economic Report, Pittsburgh, mayo de 2001.
  8. Barry Eichengreen y Richard Portes, “Settling defaults in the era of bond finance”, The World Bank Economic Review, vol. 3, n° 2, París, 1989.
  9. David Felix, “How to resolve Latin America debt crisis”, Challenge, N° 28, Armonk, Nueva York, noviembre-diciembre de 1985.
  10. “International Economic Policy in the Clinton Administration”, por Allan H. Meltzer, Carnegie Mellon University y the American Enterprise Institute, conferencia dictada en la Universidad de Harvard,27 de junio de 2001.

Repsol-YPF: carta de un lector

Sr. Director

Me resultó de sumo interés el artículo sobre YPF firmado por los Dres. Calcagno, ya que me desempeñé como subgerente de la empresa en cuestión hasta el año 1991, y quisiera confirmarles algunas estimaciones mencionadas en dicho artículo. El costo global no superaba en 1991 los 13 dólares/m3, incluso considerando áreas de explotación en manos de contratistas privados por acuerdos firmados durante el gobierno militar (76/83).

En el artículo se menciona la corrupción en el proceso de privatización. Participé como representante del área económico-financiera de la empresa en el comité de análisis de las pautas de privatización y de la fijación de los precios de las distintas unidades operativas de la empresa cuya asesoría se hallaba en poder de Mc Kinsey.

La división en distintas unidades operativas a ser vendidas fue la política que se instrumentó a efectos de reducir el precio final de la empresa. Esta modalidad de interpretar la empresa colisionaba con la estructura operativa. Mi postura personal dentro del citado comité fue la de atenerme a los datos técnicos en discusión cuando se analizaban las propuestas de la consultora Mc Kinsey y tratar de evitar las maniobras de manipulación de los mismos. Sin embargo, tuve que alejarme y presentar mi pedido de retiro voluntario, debido a las presiones que recibía para evitar oposiciones técnicas tanto de mis supervisores como del resto de los integrantes del comité evaluador, hasta el punto en que el entonces contador general de la empresa llegó a aplicarme puntapiés por debajo de la mesa de reuniones durante el uso de la palabra. Para evitar refrendar con mi firma dicha “evaluación” me vi en la necesidad de acogerme al retiro voluntario luego de una carrera de 11 años en la empresa. Los datos de las propuestas de la consultora Mc Kinsey se dividían en distintos juegos de copias, sobreimpresas en hojas con un número que las identificaba y con un listado de acceso restringido a funcionarios designados, entre los que me encontraba. Las copias se mantenían archivadas en el ámbito de la Presidencia de la empresa y para su análisis y lectura se debía acceder a un área física restringida con la credencial electrónica del funcionario habilitado. Estaba prohibido realizar fotocopias y sólo era factible tomar notas para las reuniones del citado comité. Toda esa conducta me hace pensar en procedimientos no apropiados a la privatización y venta de activos propiedad del Estado. Realmente me resultó dolorosa la despreocupación con que la sociedad argentina enfrentó esa privatización, la cual no sólo contó con la complicidad de toda la dirigencia política sino también de la sindical.

Quisiera agregar también que previamente, se rodeó a la empresa de un halo de incompetencia y obsolescencia producto de una fuerte campaña mediática pagada por los mismos interesados en hacer negocios con su privatización y que incluso florecieron prestando servicios a la YPF estatal. Los felicito por publicar y poner en su lugar algo que los argentinos desconocían: que ésta fue la mayor privatización ruinosa de la Argentina, superando en mucho la de Aerolíneas Argentinas.

Los saluda atentamente,

Carlos Enrique Ruiz

ex SubGerente área económico financiera, LE 7601419, Legajo personal YPF 125535


Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 26 - Agosto 2001
Páginas:4,5
Temas Desarrollo, Deuda Externa, Neoliberalismo
Países Argentina