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Presidentes acorralados

A la mundialización económica, que ha dado lugar a un amplio y difuso movimiento antimundialización (que se manifestó por última vez contra la Cumbre de los 8 en Génova, del 20 al 22 de julio pasado), corresponde una mundialización de la justicia. A pesar de las controversias que ha desatado, sería difícil no reconocer tras ella una exigencia moral, que constituye un paso adelante en la lucha contra la impunidad. El cuestionamiento de figuras políticas que han ocupado los más altos rangos del poder empezó con acusados de crímenes de lesa humanidad -como el caso emblemático de Augusto Pinochet- pero se extiende a Presidentes democráticamente elegidos acusados de graves hechos de corrupción, como el argentino Carlos Menem y el peruano Alberto Fujimori, el primero detenido y el segundo en fuga.

Perseguido por jueces y hostigado por los medios de comunicación, el presidente de Francia Jacques Chirac está lejos de ser el único presidente acorralado del mundo. En todas partes, bajo una u otra forma, presidentes a veces en ejercicio y democráticamente electos son importunados, acusados, hostigados sin contemplación alguna por su función, considerada hasta hace poco como casi sagrada, lo que hacía de ellos una especie de intocables. Todo eso ha terminado. Los que hablan de “último final del antiguo régimen” no se equivocan tanto, dado que es por así decirlo la majestad de la función presidencial la que se ve literalmente decapitada ante nuestros ojos.

Ni siquiera los dueños del mundo escapan ya al hostigamiento. Los presidentes reunidos en Génova del 20 al 22 de julio, en ocasión de la cumbre de los siete países más ricos del planeta (con Rusia, G8) fueron confrontados con manifestaciones de furia de grandes dimensiones (ver artículos de Susan George y Riccardo Petrella, páginas 12 a 14). No apuntaban directamente a ellos, sino a la mundialización que encarnan y que no tiene rostro. Dieron a sus respectivas opiniones públicas la imagen detestable de un club de pudientes arrogantes, encerrados a bordo de un lujoso transatlántico, protegidos por murallas militarizadas como cualquier sátrapa de antaño, distantes del pueblo enfurecido, custodiados por una policía en estado de guerra que no vaciló en matar a un joven manifestante, Carlo Giuliani, de 23 años…

Asediados por unos 200.000 manifestantes, los presidentes del G8, visiblemente superados, se limitaron a repetir en su defensa un solo argumento: “Fuimos democráticamente elegidos”. Como si eso tuviera todavía alguna virtud mágica. Los ciudadanos evalúan que es lo mínimo que se puede pedir. Pero que de ninguna manera autoriza a los presidentes a traicionar sus promesas electorales y el interés general, ni a querer privatizar y liberalizar a ultranza. Ni a satisfacer cueste lo que cueste las exigencias de las empresas que financiaron sus campañas electorales. Todos sabemos que por lo menos dos de los siete, George W. Bush y Silvio Berlusconi, son más representantes de las grandes empresas y de los medios de negocios que de sus conciudadanos.

El actual cuestionamiento a los gobernantes apunta en primer lugar a los jefes de Estado o de gobierno acusados de haber cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Como el general Augusto Pinochet, ex dictador de Chile, detenido en Londres en 1998 por una denuncia del juez español Baltasar Garzón, repatriado en marzo de 2000 e inculpado en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia, para finalmente ver suspendido su enjuiciamiento el pasado 9 de julio con el pretexto de “un deterioro del estado de salud mental del ex dictador”.

El caso Pinochet cambió profundamente la situación en la lucha contra la impunidad a escala internacional. Desde entonces, hemos visto que los jueces convocan a responsables de crímenes de ese tipo. Como el general argelino Khaled Nezzar, acusado de crímenes de guerra por un juez de París1. O el ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger, convocado por un juez de instrucción de París por su supuesta participación en el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 19732. O el Primer ministro israelí Ariel Sharon, obligado a evitar Bélgica, donde hay denuncias en su contra por su complicidad en las matanzas de Sabra y Chatila en Beirut, en 1982.

También el ex presidente de Chad, Hissène Habré, refugiado en Senegal, fue imputado el 3 de febrero de 2000 por “complicidad con actos de tortura” y puesto bajo arresto domiciliario. Más recientemente, el 10 de julio pasado, el general argentino Jorge Rafael Videla, autor del golpe de Estado de 1976, fue imputado y puesto en prisión preventiva por su presunta participación en el Plan Cóndor, ese pacto de muerte firmado en la década de 1970 entre las dictaduras militares latinoamericanas para hacer “desaparecer” sistemáticamente a sus opositores. Por último, el pasado 29 de junio se produjo la controvertida entrega del ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic al Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia de La Haya, acusado de “crímenes contra la humanidad”.

Pero no son perseguidos solamente los autores de crímenes sangrientos. La justicia asedia también a presidentes democráticamente electos, acusados de corrupción. Esta exigencia moral se manifiesta a escala internacional. El pasado mes de junio el ex presidente argentino Carlos Menem fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario, acusado de ventas ilegales de armas y de haber percibido comisiones ocultas que se elevan a varias decenas de millones de dólares…

También elegido democráticamente, el ex presidente de Perú Alberto Fujimori se refugió en Japón en noviembre de 2000, huyendo de la justicia que lo acusa de corrupción y asesinato. Su ex brazo derecho y hombre fuerte del régimen, Vladimiro Montesinos, fue detenido el último mes de junio y encarcelado. En Filipinas, el presidente Joseph Estrada había sido destituido el 20 de enero de 2001 por la presión de manifestaciones callejeras, como consecuencia de un escándalo de corrupción. El 25 de abril último fue detenido, acusado de saqueo de 80 millones de dólares de recursos económicos del país… En Indonesia el presidente Wahid fue destituido el 23 de julio, acusado de corrupción. Y se puede seguir dando ejemplos…

El cuestionamiento de los dirigentes políticos no es una exclusividad de los países democráticos desarrollados del norte. Ahora se extiende a muchos países del sur, como si a la mundialización financiera respondiera una mundialización de la exigencia moral. Y a una velocidad casi tan grande como la que en menos de dos años vio pasar al movimiento antimundialización de Seattle a Génova, de la protesta folklórica a la revuelta de una generación, de la impugnación puntual a la guerra social planetaria.

  1. Khaled Nezzar, ex ministro argelino de Defensa, acusado de muertes por tortura, abandonó precipitadamente Francia, donde había presentado un libro, en la noche del 25 de abril de 2001, partiendo hacia Argelia y eludiendo así su detención.
  2. El juez chileno Juan Guzmán Tapia se apresta a citar a Kissinger en relación con el asesinato en Chile del periodista estadounidense Charles Horman durante la dictadura. A su vez, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral haría lo mismo en relación con la eventual participación de Kissinger en la “guerra sucia” de la dictadura. Mónica González, “Chile: la justicia pìde interrogar a Kissinger…”, Clarín, Buenos Aires, 5-6-01.
Autor/es Ignacio Ramonet
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 26 - Agosto 2001
Páginas:40
Traducción Marta Vassallo
Temas Mundialización (Cultura), Mundialización (Economía), Derechos Humanos, Justicia Internacional, Movimientos Sociales