Libres, pero desiguales

Mientras el presidente de Estados Unidos George W. Bush lanzaba una guerra "del Bien contra el Mal" y hacía público que se trataría de una guerra "sucia", al mismo tiempo que los talibanes amenazaban con una guerra "santa", las comunidades religiosas de Argentina se reunieron al día siguiente de los atentados terroristas en Washington y Nueva York para solidarizarse con las víctimas y hacer un llamado a la paz mundial. Pese a lo trágico de las circunstancias, el hecho ecuménico propicia el acercamiento entre iglesias en una sociedad de tradicional convivencia religiosa y al mismo tiempo con escasa atención al status de las minorías.

En medio de la invocación a “la construcción de una nación diferente, fundada en la paz, la justicia y la solidaridad”, el mensaje central del Consejo Nacional Cristiano Evangélico (CNCE), hizo escuchar su reclamo de “igualdad religiosa contra la discriminación” ante las más de 300 mil personas que logró convocar en la inclemente tarde del 15 de septiembre pasado en Buenos Aires, bajo el lema “Jesucristo por todos y para todos”.

El artículo 2 de la Constitución argentina dice que “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano” y consagra el privilegio que la iglesia católica goza en el país respecto de cualquier otra comunidad religiosa. La libertad de culto garantizada por el artículo 14 de la Constitución no garantiza pues igualdad religiosa¹. Ese “sostén” es financiero: el Estado paga asignaciones y pensiones vitalicias mensuales a arzobispos, obispos (incluido el obispado castrense, reconocido por decreto Nº 1526 de 1992, con sueldos que van desde los 1.500 a los 5.000 pesos), a curas párrocos en zonas de frontera y a los alumnos de nacionalidad argentina de seminarios mayores², además de subsidiar la educación privada, en la que predominan las escuelas católicas. También se refiere al peso e influencia otorgados a la Iglesia católica en la vida política y social.

Rige en el país la ley 21.745 de 1978, de creación del Registro Nacional de Cultos, firmada por el ex general-dictador Jorge Rafael Videla. Aunque la Secretaría de Culto fundamenta la diferencia entre religiones en “diferencias objetivas: la presencia fundacional, socialmente mayoritaria y culturalmente preponderante de la Iglesia católica …”³, su jefe de gabinete Juan Navarro Floria, coordinador del Consejo Asesor, reconoce que la situación jurídica de las otras confesiones religiosas es “defectuosa”. El anteproyecto de ley elaborado por ese Consejo, cuyos 12 miembros pertenecen a las comunidades católica, protestante, ortodoxa, islámica y judía, es un paso adelante hacia el reconocimiento de las otras religiones. Mientras que según la ley vigente las confesiones no católicas tienen status de asociación civil sin fines de lucro, según el anteproyecto bastaría la inscripción –voluntaria, no obligatoria– en el registro de Confesiones Religiosas para obtener el reconocimiento de personería jurídica. El secretario de Culto, Norberto Padilla, explicita que el anteproyecto no se propone cuestionar “la preeminencia legal y sociológica del catolicismo”, ni despojar a la religión católica de su proyección social, reduciéndola al mundo privado, reparo que alienta en algunos sectores católicos. El pastor metodista Emilio Monti, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE, integrada en el CNCE), considera que el proyecto de la Secretaría de Culto y el elaborado por el CNCE se acercan significativamente. Pero sobre todo destaca cómo, a propósito de la elaboración de los anteproyectos de ley, se ha incrementado el nivel de diálogo con la iglesia católica, aunque éste no es novedad: se había iniciado a partir del Concilio Vaticano II, en la década de 1960, continuó en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH, cuyo coordinador general es el pastor metodista José De Luca, concentrado según sus propias palabras en “la necesidad de reorientar la tarea de Derechos Humanos hacia lo que consideramos el genocidio socioeconómico actual”) y, ahora, a través de la iniciativa de Estanislao Karlic, desde que asumió la presidencia del Episcopado en noviembre de 1997, de visitar a las iglesias no católicas.

El espíritu ecuménico

La obispo metodista Nélida Ritchie encuentra una contradicción entre la libertad religiosa consagrada en la Constitución y la necesidad de una ley de cultos. Antes apuesta al diálogo, al trabajo ecuménico. La confluencia no siempre depende del voluntarismo: “Hay acontecimientos que ayudan a saltar barreras”, dice aludiendo a los actos terroristas del 11 de septiembre, que apresuraron una convocatoria de las diferentes confesiones religiosas en la tarde del 12 y tiñeron la multitudinaria convocatoria evangélica del día 15. Destaca que la declaración del CNCE leída en esta oportunidad no es la de “un evangelismo atemporal, sino protagonista de una historia concreta, que llama a un cambio en los gobernantes… En el mundo evangélico, esto que ahora es una señal de convergencia hubiera actuado como factor de divergencia hace unos años…”, advierte.

Una argumentación semejante respecto de la legislación es la del rabino de la comunidad Bet-el Daniel Goldman (quien no en vano definió como “fraternal” su relación con las iglesias metodista y luterana, así como con la organización católica Centro Nueva Tierra): la desigualdad religiosa en Argentina es antes una cuestión cultural que legal y por consiguiente debiera ser trabajada en el ámbito cultural. También para Goldman, el atajo inmediato es el del trabajo ecuménico, resultante de “una misión común frente a flagelos sociales como la exclusión, la pobreza, la discriminación”.

“El Islam es por definición ecuménico”, afirma por su parte Omar Abboud, secretario de cultura del Centro Islámico de la República Argentina, quien alude a “relaciones con credos monoteístas”, “porque todas las escrituras están mencionadas en el Corán: Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma, son luces de una misma lámpara…”. Abboud exalta la libertad y la convivencia religiosa características de Argentina. El lugar preponderante del culto católico tiene para él una fundamentación histórica, que sólo podría revertirse muy paulatinamente⁴.

Una diferencia significativa entre el proyecto de la secretaría de Culto y el del CNCE son los artículos 7 y 8 del primero. El artículo 7 establece que “no se consideran iglesias, comunidades y confesiones religiosas las entidades que desarrollen exclusivamente (…) el estudio o experimentación de ideas filosóficas o científicas, o de fenómenos psíquicos, parapsicológicos, astrofísicos y astrológicos, la adivinación o la magia…”, así como tampoco “los cultos y ritos satánicos”.

El rabino Goldman evalúa que es muy difícil limitar por ley los componentes de la magia, dada la dificultad intrínseca de disociarla de religión. Por su parte, las iglesias evangélicas reconocen que el incremento registrado entre sus fieles en la Argentina se debe a las denominadas “nuevas iglesias” –carismáticas o pentecostales– y no a las históricas (anglicana, luterana, metodista, etc). “Mientras se registra un decrecimiento mundial del cristianismo, en América Latina se da un crecimiento, que se debe a los nuevos movimientos de renovación carismática dentro de las iglesias tradicionales o bien al surgimiento de otros movimientos, catalogados como sectas”, apunta la obispo Ritchie, quien admite que en la actualidad la dirigencia evangélica se muestra muy cuidadosa en reconocer a cada nuevo grupo como nueva iglesia, cosa que años atrás no sucedía. Pero insiste en la importancia de que las legítimas precauciones no lleven a la exclusión, “enfrentados como estamos a un mundo de exterminio del diferente”. El pastor Aníbal Sicardi, de Prensa Ecuménica, también insiste en la dificultad de discernir entre iglesias y no iglesias, y prioriza la no exclusión: “Las iglesias protestantes parten de la diversidad social. La sociedad es multifacética y hay que respetar la diversidad, estamos acostumbrados a trabajar en esa diversidad…”

Puesta a explicar el porqué del éxito de las denominadas “nuevas iglesias”, la obispo Ritchie lo atribuye “no sólo a su trabajo en los sectores populares, sino a que en un mundo donde las personas se sienten al margen de las decisiones estas iglesias les dan una pertenencia, les hacen sentirse reconocidas, dignificadas…”. Más agresivos en su proselitismo, los nuevos movimientos religiosos son menos propensos al ecumenismo, concebido como un factor de pérdida de impulso; según el pastor Aníbal Sicardi “son políticamente conservadores, se ubican en la derecha o el centro-derecha”. Pero Sicardi desestima la idea de que el crecimiento se deba a su financiamiento desde Estados Unidos con objetivos políticos: “Con las nuevas generaciones las iglesias se hicieron nacionales, no quieren ser manejadas por misioneros sino tener líderes propios”.

Tanto Padilla como Navarro Floria niegan validez jurídica al concepto de “secta”, y por consiguiente la viabilidad de legislar sobre ellas: “Cuando un grupo transgrede la ley, hay que aplicar el código penal; la incitación al suicidio, el abuso sexual, están tipificados como delitos, no importa quién los cometa…”, dice Navarro Floria.

En cambio, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, católico laico, autoridad del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), no vacila en afirmar que el ecumenismo tiene un límite marcado por la presencia de pseudoiglesias cuyo objetivo es la captación para fines políticos o de grandes negocios. Menciona el Instituto de Religión y Democracia fundado por el ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y su penetración en América central y del Sur; o los telepredicadores a imagen del estadounidense Pat Robertson, que financiaba a la “contra” nicaragüense. Puesto a mencionar grupos de esas características, Pérez Esquivel nombra la secta Moon y los mormones, “de origen cristiano, pero que han dejado de ser cristianos”. Considera que el reconocimiento de las iglesias debe tener en cuenta su inserción histórico-social. En ese sentido denuncia el avasallamiento de los pueblos indígenas, que incluye a sus credos y cultos, y con quienes el Estado argentino mantiene “una relación de patronato”.

En cuanto al artículo 8 del proyecto de ley de la secretaría de Culto, reafirma la vigencia de los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1966, que consagraron la separación formal entre Iglesia y Estado, esto es, la no ingerencia del Estado en las decisiones de la Iglesia en lo que hace a designación de arzobispos y obispos, por ejemplo, pero sin modificar el financiamiento estatal.

1. María Laura Lenci, “¿Qué nación quiere el Episcopado?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2001.
2. Digesto de derecho eclesiástico argentino, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Buenos Aires, 2001. Según el Consejo de Asuntos Económicos del Episcopado argentino, en 1996 la financiación estatal a la Iglesia católica sumó 8 millones de dólares.
3. Según Rapporto 2001 sulla libertà religiosa nel mondo, publicado por Aiuto alla Chiesa che soffre, en Argentina hay un 92,9% de cristianos, 2% de musulmanes, 1,3% de judíos y un 3,8% de “otros”. Los cristianos suman 34.399.998, de los cuales 33.750.000 son católicos. Pero estas cifras no registran la cantidad de personas formalmente católicas que acuden a cultos evangélicos.
4. En una conferencia de prensa convocada el pasado 19 de septiembre en el Centro islámico de Buenos Aires, los dignatarios de la comunidad islámica argentina, especialmente ansiosos por desmarcar el Islam de los atentados terroristas (que condenaron sin atenuantes), argumentaron que un hecho terrorista no es un acto de guerra, y llamaron a “no apoyar ataques masivos contra poblaciones inocentes, ya sumidas en la pobreza”.