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El Norte, el Sur y la guerra bacteriológica

Después de los atentados al World Trade Center y al Pentágono, los estadounidenses se ven enfrentados a algo más inimaginable aun: la guerra bacteriológica. Se vive un clima de aprensión inigualado desde el temor a la guerra nuclear de los años cincuenta. Pero esa amenaza no puede aislarse de la estrategia unilateral de Estados Unidos, que pretende reservarse el derecho exclusivo de producir ese tipo de armas.

Occidente ha agitado sistemáticamente el miedo al recurso a las armas biológicas –la bomba nuclear de los pobres– por parte de países no occidentales hostiles o “irresponsables”. Sin embargo, esas armas de destrucción masiva fueron desarrolladas primero por los países industrializados, especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la ex URSS, Alemania, Japón y Canadá1. Algunos de estos países preconizan desde hace mucho tiempo el desarme biológico, pero conservan otros medios de destrucción masiva, especialmente sus fuerzas de ataque nuclear.

El gobierno laborista inglés de Harold Wilson lanzó en 1968 la idea de una Convención Internacional para rechazar las armas biológicas, intentando responder a las protestas contra los programas británicos de guerra química y bacteriológica2. El foco sobre las armas biológicas obedecía a dos razones. En primer lugar, Wilson sabía que Estados Unidos no renunciaría a las armas químicas, puesto que había coordinado sus esfuerzos con Washington. En segundo lugar, sus consejeros consideraron que las armas biológicas, excesivamente sensibles a las condiciones climáticas y a las mutaciones genéticas, eran de dudosa utilidad. Sir Solly Zuckerman, consejero científico del primer ministro, las había calificado de “balas sin valor militar”3.

En realidad, si los países occidentales no tenían nada que perder abandonando las armas biológicas (podían contar con sus armas nucleares), tenían mucho para ganar privando a los Estados no nucleares de un eventual medio de destrucción masiva poco costoso4. Estados Unidos llegó a la misma conclusión, y en noviembre de 1969 el presidente Richard Nixon decidió desmantelar el programa estadounidense de guerra biológica y respaldar la Convención propuesta por Londres. Como dijo crudamente William Safire, su plumífero habitual: “Si alguien utilizara gérmenes contra nosotros, saldrá vitrificado con armas nucleares”5.

Así fue como, en la Convención sobre Prohibición de Armas Biológicas de 1971, se instauró una asimetría estratégica entre Occidente y el resto del mundo. Mientras que los Estados poderosos mantenían su paraguas nuclear, los Estados débiles, al haber firmado la Convención sobre Armas Biológicas (Biological Weapons Convention, BWC), no dispondrían de ningún medio de disuasión. Buena parte de esos países débiles habían firmado también el Tratado de no Proliferación Nuclear.

Al final de la guerra fría, la decisión estadounidense de someter a severas sanciones económicas a los Estados sospechosos de poseer armas químicas o biológicas (los “Estados ilegales”), profundizó esa asimetría. En el Medio Oriente, los países occidentales aplicaron el criterio de la ley del embudo. Por un lado, observaron un silencio casi total sobre el arsenal nuclear israelí y el desarrollo ultrasecreto de armas químicas y biológicas en Ness Ziona. Por otro, realizaron una intensa ofensiva de relaciones públicas y más tarde de aplicación de sanciones contra los Estados árabes vecinos de Israel, sospechosos de interesarse demasiado por esas mismas armas.

El ejemplo más extremo de esa política fue el desarme forzoso de Irak. En los años que siguieron a la guerra del Golfo de 1991, el programa militar nuclear iraquí fue desmantelado por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y, en 1998, lo fueron también sectores enteros de su programa biológico y químico, a través de la Comisión Especial de la Organización de Naciones Unidas (UNSCOM). A pesar del éxito de esos programas, las sanciones económicas contra Irak se han mantenido, con consecuencias terribles para la población y sin que Saddam Hussein y sus acólitos hayan sido afectados.

Una Convención sin sustancia

Pero aunque insiste en las sanciones contra los “Estados ilegales”, Estados Unidos no muestra un gran entusiasmo por apoyar o fortalecer las medidas de la Convención que tendría que aplicarse a sí mismo. De hecho, las administraciones Clinton y Bush amortiguaron en el texto de la Convención prescripciones que ya eran imprecisas.

La Convención prohíbe “el desarrollo, la producción y el almacenamiento” de armas biológicas y toxinas. Pero esa prohibición incluye lagunas importantes: la Convención autoriza al desarrollo, la producción e incluso quizá el almacenamiento de agentes biológicos patógenos en cantidades limitadas si estos últimos están relacionados con la producción de medios de defensa, tales como las vacunas, las terapias o vestimentas especiales de protección. Además, no prevé ningún mecanismo de verificación ni de control. Finalmente, salvo en el caso extremo de almacenamiento de armas biológicas, es difícil diferenciar usos defensivos y ofensivos, a menos que se establezca un arriesgado análisis de las intenciones de unos y otros.

En 1995, los firmantes de la Convención llegaron a un acuerdo para negociar un protocolo de verificación y control, en especial un régimen de inspecciones que exije la declaración de cualquier actividad ligada a la guerra biológica. Pero esta búsquda de transparencia tropezó con grandes problemas, en especial ocasionados por la obstinada diplomacia de la administración Clinton, que había apoyado con fuerza a la Convención, pero sucumbió ante las presiones de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas, que deseaban un régimen blando que no las expusiese a los controles estrictos de inspectores internacionales6. A partir de entonces, los negociadores estadounidenses impusieron cláusulas de salvaguarda que debilitaron gravemente las condiciones de inspección y confiaron en gran medida el control a los propios Estados. Washington insistió también en que se minimizasen las inspecciones de las instalaciones militares de los Estados con programas importantes de defensa biológica. Dicho de otra manera, sólo se podía inspeccionar una fracción de las instalaciones de defensa biológica estadounidense.

A fines de la década del ’90, muchos expertos consideraban que el protocolo de verificación había sido vaciado de su substancia. En cuanto a la nueva administración Bush, su probado unilateralismo7 desembocó en una ofensiva contra el desarme. El 25 de julio pasado rechazó la totalidad del protocolo, por considerarlo no sólo ineficaz, sino peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos8.

Una semana antes de los ataques del 11 de septiembre pasado, The New York Times reveló una de las razones esenciales de aquella decisión: la administración deseaba ocultar algunos programas de guerra biológica9. Según la investigación del periódico, había tres programas especialmente inquietantes: las pruebas de una instalación experimental que trabaja con organismos generalmente inofensivos, pero dotados de características próximas a agentes patógenos que sirven para armas biológicas; las pruebas de una bomba bacteriológica, algunos de cuyos componentes no estaban a punto; un plan de ingeniería genética sobre una cepa resistente de ántrax.

El segundo proyecto, la bomba, constituye una violación directa de la Convención, que prohíbe formalmente el desarrollo, la producción y el almacenamiento de equipos y de vectores capaces de liberar agentes patógenos. De hecho, todos esos proyectos se sitúan en el límite de lo que está prohibido por la Convención, en una zona de sombra donde las distinciones jurídicas no tienen mucho sentido. Puede imaginarse cuál habría sido la reacción de Occidente si se hubiese atrapado a Osama Ben Laden haciendo lo mismo en las montañas de Afganistán.

Todos esos proyectos minan la Convención y estimulan el desarrollo de nuevas armas biológicas en cualquier parte del mundo. Uno de los primeros escenarios catastróficos nacidos de la ingeniería genética consiste en imaginar la idea de que alguno desarrolle un agente patógeno modificado contra el cual no habría ninguna defensa10. Es por eso que desde 1975 se elevan voces que reclaman la prohibición absoluta de cualquier modificación genética de ese tipo. El argumento según el cual sería necesario proseguir la ingeniería genética sobre agentes patógenos con el fin de crear una vacuna carece de fundamento: la naturaleza produce una cantidad excesiva de agentes patógenos modificables, con demasiados genes alterables, para que una sola vacuna sea eficaz. Todos los expertos en defensa biológica lo saben. Entonces, ¿por qué Estados Unidos sigue con ese proyecto?

Desde el 11 de septiembre, se asiste a una movilización estadounidense de protección contra el bioterrorismo. El Congreso de Estados Unidos se prepara para asignar 1.500 millones de dólares para las defensas militares y civiles en ese campo. Una parte de esa financiación quizá se justifica para aumentar las medidas de protección civil. Pero a falta de transparencia democrática, ese apoyo masivo al programa de defensa biológica podría socavar más a la Convención, precisamente en momentos en que se la debería fortalecer mediante un régimen estricto de inspección que exigiese la transparencia por parte de todas las instituciones que utilizan agentes patógenos peligrosos o equipos de manipulación de agentes biológicos. Además, las prohibiciones de la Convención deberían ser ampliadas para incluir toda modificación de agentes biológicos con fines militares y todo esfuerzo de investigación en ese sentido. Esa prohibición debería ser absoluta y universal. Cualquier trabajo de modificación genética destinado a desarrollar vacunas o terapias contra agentes patógenos naturales debería ser llevado a cabo por laboratorios civiles sometidos a reglamentaciones y controles internacionales. Solamente así las poblaciones estarían protegidas.

  1. Erhard Geissler y John Ellis van Courtland Moon, dir., Biologicqal and Toxin Weapons: Research, Development and Use from the Middle Ages to 1945, Oxford University Press, Oxford, 1999. Ver Gilbert Achcar, “Le spectre du bioterrorisme”, Le Monde diplomatique, París, julio de 1998.
  2. Susan Wright, “The Geopolitical Origins of the 1972 Biological Weapons Convention”, pendiente de aparición en The Biological Warfare Question: A Reappraisal for the 21st Century, bajo la dirección de S. Wright.
  3. UK Foreign Office, Ronald Hope-Jones to Moss, 4-7-1968, FCO 10/181, UK Public Records Office.
  4. US Department of State, American Embassy London to State Department, 30-7-1968, telegrama 11305, “UK Working Paper on Biological Weapons”, 30-7-1968, clasificado “secreto”, RG 59, POL 27-10, Archivos nacionales.
  5. William Safire, “On Language: Weapons of Mass Destruction”, The New York Times, 19-4-1998.
  6. Susan Wright y David Wallace, “Varieties of Secrets and Secret Varieties: The Case of Biotechnology”, Politics and the Life Sciences 19 (1), Universidad de Maryland (Estados Unidos), marzo de 2000.
  7. Philip S. Golub, “La tentación imperial de Estados Unidos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2001.
  8. Elizabeth Olson, “US Rejects New Accord Covering Germ Warfare”, The New York Times, 26-7-01.
  9. Artículos de Judith Miller, Stephen Engelberg y William J. Broad, en The New York Times, 4-9-01, y su obra colectiva Germs: Biological Weapons and America´s Secret War, Simon and Schuster, Nueva York, 2001.
  10. Royston C. Clowes, “Proposed Guidelines on Potential Biohazards Associated with Experiments Involving Genetically Altered Microorganisms”, 24-2-1975, Recombinant DNA History Collection, MC100, Institute Archives, MIT Libraries, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.
Autor/es Susan Wright
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 29 - Noviembre 2001
Páginas:25,26
Traducción España Le Monde diplomatique
Temas Tecnologías, Armamentismo, Conflictos Armados, Militares, Terrorismo, Salud
Países Estados Unidos