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Recuadros:

Entre la economía y la nada

Hiperdesempleo y precarización social generalizada, enorme capacidad ociosa en la industria, crisis del sector externo, agujero fiscal, ruptura de la cadena de pagos, insolvencia con fondo de festival de bonos y amenaza de dolarización… No bastan las categorías habituales de la reflexión económica o del pensamiento político para describir una crisis semejante. Argentina se encuentra frente a la manifestación económica del caos, ante la nada; los caminos que proponen los grupos dirigentes sólo generan angustia 1. La política económica es un vacío; cada cual se ofrece para gerenciar mejor lo mismo, sin rumbo y sin perspectivas, acumulando errores. Sobre la base de intereses espurios y de diagnósticos falsos, el país deambula entre usureros. Las soluciones existen, no así la voluntad política…

La prensa internacional dedica a Argentina textos que parecen epitafios. Un default consensuado o involuntario es solo una cuestión de tiempo, afirma The Economist2. Sin embargo, esta situación no es una fatalidad de la República, sino el resultado de una evolución histórica3, de decisiones políticas4 y de una serie de errores que van desde el dogmatismo conceptual hasta la deficiente instrumentación práctica. Inexplicables en apariencia, esos errores confirman el ineluctable fin del modelo neoliberal, así como la excepcional impericia de los ejecutores.

En primer lugar, frente a una recesión que dura desde hace casi cuatro años, se aplican políticas antiinflacionarias de ajuste, como si los economistas oficiales no hubiesen advertido que no hay inflación sino deflación. Se trata de un error conceptual grueso, que parte de la premisa de que si Argentina demuestra su capacidad de autodestrucción como parámetro de sana gestión, entonces bajará el riesgo país, volverá el crédito externo, bajarán las tasas de interés y se reanudará la inversión. Más allá de la imposibilidad práctica que tal encadenamiento virtuoso supone, se ignoran variables tales como la demanda (¿quién comprará esos hipotéticos bienes y servicios?), que depende del empleo y la distribución del ingreso… Los neoliberales vernáculos aún creen que la oferta crea su propia demanda.

En segundo término, se toman medidas para superar una crisis de insolvencia como si ésta fuese de iliquidez. La diferencia es que hay iliquidez cuando no se dispone de fondos de inmediato, pero se obtendrán a corto plazo (en el plano personal, si por un inconveniente no llego a fin de mes, le pido prestado a un amigo y devuelvo el dinero en cuanto cobro, a los pocos días). En la crisis de insolvencia, lisa y llanamente no se puede pagar, ni ahora ni después, porque no existe capacidad de crecimiento en el actual sistema de convertibilidad. En este caso, la solución está en renegociar la deuda y no en pedir más dinero prestado, para colmo a tasas de interés elevadísimas que, “capitalizadas” o no, agravan el sobreendeudamiento y prolongan la carga de la deuda.

Una tercera aberración es el déficit fiscal cero: aun si se lograse –algo por cierto poco probable– no garantiza que Argentina podrá pagar los intereses de una deuda dolarizada. Estarán los pesos para comprar los dólares y pagar los servicios de la deuda; pero lo que no se tienen son los dólares, porque las exportaciones no alcanzan, el patrimonio nacional está vendido, los créditos externos cerrados y el Banco Central no puede fabricar dólares. A menos que se utilicen las reservas, en cuyo caso disminuye el circulante o se va hacia la devaluación-catástrofe (sin reservas para manejarla ni para conducirla). Fuera de Argentina no es posible cambiar pesos por dólares y los acreedores externos no los aceptan como medio de pago. De tal modo, con déficit cero tampoco se puede pagar la deuda. En los últimos años, los dólares faltantes ingresaron como endeudamiento externo del sector público. Por otra parte, la propia estrategia para eliminar el déficit es equivocada: se ha comprobado que tratar de reducir el déficit recortando salarios y jubilaciones tiene un efecto recesivo, que a su vez disminuye la recaudación, cuya gestión se complica extraordinariamente por la caótica acumulación de desgravaciones condicionadas y pagos a cuenta.

Un cuarto error conceptual consiste en la insistencia en la economía de la oferta. El gobierno cree que si se capacita a alguien, esa persona conseguirá trabajo; y que si se rebajan los impuestos y las tasas de interés, habrá inversiones. Para ellos no existe la economía de la demanda: si nadie compra porque no tiene dinero, ¿quién va a invertir? En vez de ver con qué medidas se puede alentar el consumo de los grupos más ricos, hay que aumentar el ingreso y el consumo de los sectores desfavorecidos, mediante una redistribución de ingresos que introduzca más justicia social y genere mayor eficiencia económica; pero esto no le conviene a los intereses de corto plazo del sector financiero, que se maneja en el mundo de la renta y no en el de los beneficios y salarios.

Un quinto error consiste en ignorar la distorsión en los precios relativos a los que ha conducido la convertibilidad. Cuando un almuerzo en un restaurante porteño cuesta lo mismo o más que en París, no significa que Argentina tiene el nivel de productividad de Europa, sino que la aberración cambiaria conduce a gastar lo mismo con salarios diez veces menores. En esas condiciones, el país no tiene competitividad internacional, por lo que se verá condenado a la desindustrialización y a una mala especialización comercial.

La pregunta central es entonces: ¿quién se beneficia con la catástrofe? Hoy parece estar claro que sólo aquellos que giran su dinero al exterior pueden pretender el mantenimiento de la convertibilidad o la dolarización antes que el cambio de modelo. Este establishment está compuesto por las empresas de servicios públicos privatizadas, las empresas de rentas naturales, como el petróleo, los bancos dueños de las AFJP y los tenedores de bonos de deuda externa. Dos casos que ejemplifican el modus operandi de este grupo son la política de deuda externa y el régimen de jubilaciones.

Recuperar la renta

La deuda externa es de un monto inusitado y la política económica global está subordinada a su pago. El esquema de déficit fiscal cero es elocuente: antes de cualquier otra afectación de recursos, se descuentan los pagos por servicios de la deuda. La primera obligación, por encima de toda asignación social o económica, es el pago de la deuda. En septiembre pasado se produjo un episodio curioso: la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos propuso una fuerte quita de la deuda externa argentina, que fue rechazada por el gobierno. La explicación es que más del 50% de los bonos de deuda externa están en poder de residentes argentinos5. La mayor parte de los acreedores externos no son un poder extraño al país, sino el principal grupo hegemónico de la economía interna. Una quita en la deuda los perjudicaría como grupo de interés. La prioridad absoluta otorgada al pago de la deuda y la negativa a su rebaja es otro abuso de poder de ese sector, que ahora pretende privatizar la recaudación para asegurar el cobro de su renta.

El régimen de jubilaciones constituye otro ejemplo concluyente. Se crea una renta del 11% de todos los sueldos y salarios pagados, cuya administración se otorga a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que cobran una comisión del 30% de los aportes6. Las jubilaciones son pagadas por el Estado, mientras los aportes ingresan a las AFJP, que de este modo han constituido un stock de 20.000 millones de dólares. Los dueños de las AFJP son los bancos, ejes del sistema financiero.

El déficit fiscal, contra el cual el gobierno ha emprendido una cruzada, no existiría si se restringieran los pagos de la deuda externa y si el Estado recuperara los 4.500 millones de pesos anuales que van a las AFJP. En tal caso, habría un fuerte superávit fiscal, o bien sería posible recuperar el gasto esencial (social, en tecnología e infraestructura) manteniendo un equilibrio fiscal.

El gobierno anuncia un enésimo plan, inconsistente hasta para sus propios postulados. En efecto, las medidas presentadas como la forma de mantener la convertibilidad, en realidad están cuestionando un elemento básico de ese régimen, ya que emiten sin ningún “respaldo” de reservas internacionales unos bonos-moneda cuya convertibilidad con el dólar (o el peso) no está garantizada a la paridad de 1 a 1. Por una parte, esto marca el auspicioso redescubrimiento de la política monetaria que, bajo la presión de la realidad, realizan los economistas del establishment. Por otra, en la medida en que la cotización de esta nueva moneda sea inferior a 1 dólar (quien quiere cambiar patacones por pesos pierde alrededor de un 10%), los efectos de una eventual generalización de esta nueva moneda se parecerán mucho a los de una devaluación-catástrofe7.

Frente a esta situación se plantean las preguntas obvias: ¿qué hacer, ¿existen alternativas viables? Las propuestas teóricas existen, pero no tienen vida política. El primer cambio indispensable es político. Si el poder político sigue siendo una cueva más del poder rentístico-financiero, nada podrá construirse. El primer requisito es, pues, expulsar del poder al conglomerado que hoy lo maneja8. Mientras el excedente económico generado por la sociedad sea apropiado por este grupo y destinado a otros fines que la acumulación productiva, no habrá horizonte visible. En la historia, el fin de un régimen y el comienzo de otro está definido por la apropiación de la renta. La Argentina agraria perdió la hegemonía frente a la industrial, cuando en 1946 el Estado comenzó a captar la renta proveniente de las exportaciones de cereales (a través del monopolio estatal de compra y de comercialización externa) y lo asignó al desarrollo industrial. Ahora, para terminar con la hegemonía rentístico financiera, la renta que captan esos grupos económicos deberá volver al Estado. No se trata de afectar la ganancia empresaria posible de acuerdo con las reglas del mercado; lo que debe terminar es la apropiación de la renta que pertenece a la Nación. Esto significa al menos: a) la vuelta al régimen jubilatorio de reparto; b) recuperar la renta de los recursos naturales, sea por regulación, por vía fiscal o por renacionalización9; c) desaparición de las rentas monopolísticas de los servicios privatizados, a través de la reducción de precios abusivos; y d) terminar con las tasas de interés extravagantes cobradas, superiores a cualquier tasa de ganancias razonable.

La economía recobraría así su carácter funcional a la política. Los dos ejes del cambio económico son el pasaje de una economía de renta a otra de producción y una política redistributiva que establezca equidad y eficiencia.

Este cambio requiere una salida ordenada de la convertibilidad. Aquí es necesario aclarar la cuestión, para terminar con el terrorismo ideológico. Una devaluación no es ni el mal absoluto (que para evitarlo hay que pagar cualquier precio) ni saca por sí sola al país de la trampa en la que está metido. Es un instrumento técnico que sirve para restablecer una estructura de precios relativos y mejorar la competitividad de los sectores exportadores. En la actualidad es poco probable que incida de modo significativo sobre los precios al consumidor, dada la crisis y caída de ventas que se soporta. En cuanto a sus efectos distributivos, el problema es quién la paga y ésta es una decisión política. Si se resolviera que las obligaciones anteriores se cancelarán con 1 peso por 1 dólar, la pagarán los acreedores; si no se dijera nada, los perjudicados serán los deudores. Entre esos extremos hay una serie de desagios posibles, como por ejemplo el que establezca que el 1 a 1 regirá para cierto tipo y monto de obligaciones anteriores (por ejemplo, para los endeudados hasta 150.000 dólares). Debería complementarse con una cuidadosa ingeniería financiera que, por ejemplo, implante un impuesto a las ganancias de capital resultantes de la devaluación y tome una serie de recaudos para resguardar el sistema bancario. Es un problema complejo a discutir, pero no puede ser tabú. Más aún, es probable que haya que elegir entre una devaluación ordenada, dentro de una política global, o una devaluación-catástrofe forzada por la pérdida de reservas.

El otro tema es el de la deuda externa. Se trata de instrumentar procedimientos que minimicen transferencias, pudiendo utilizarse medios como recompra de bonos a bajos precios o en moneda nacional (lo cual se facilita porque la mayoría de los bonos está en manos de residentes en Argentina) o una moratoria “constructiva”, en los términos de Allan H. Meltzer y Adam Lerrick10.

Para la restauración de la hegemonía del sector productivo, uno de los principales instrumentos es la reindustrialización y el desarrollo de servicios de alto valor agregado. Esta opción significa diversificar la especialización productiva y las exportaciones, que ahora se basan sobre todo en recursos naturales. Para ello es fundamental la integración en Mercosur y Sudamérica, donde es posible utilizar instrumentos de comercio administrado y hacer jugar un arancel externo común, tal vez reforzado.

El tema del mercado interno lleva al segundo eje del nuevo modelo económico, que es la distribución del ingreso, que ahora es muy regresiva. El 10% más rico se queda con el 36% del ingreso (en 1974 era el 28%) y el 30% más pobre recibe el 8% (en 1974 recibía el 11%). Las formas de redistribuir con rapidez consisten en atacar a fondo el desempleo (por ejemplo, con planes de obras públicas) y mejorar su calidad. En este momento cerca del 18% de la población está desempleada y otro tanto subocupada. Es urgente establecer un seguro de desempleo financiado, entre otras fuentes, por impuestos progresivos que graven las ganancias financieras y de capital.

Estos esquemas pueden parecer utópicos si no se señala de dónde puede salir su financiamiento. En una planificación de gobierno deben establecerse con claridad los recursos y los gastos; por ahora, para disipar errores es bueno saber que los recursos existen. Con sólo lo que ya hay podría disponerse de una suma muy importante, si se vuelve al régimen estatal de jubilaciones y se renegocia la deuda externa con fuerte reducción de pagos (en 2001 se pagarán 11.500 millones de dólares).

Crisis de sobreendeudamiento

En realidad, el actual vacío nace de la incapacidad del modelo neoliberal de instalar una modalidad de desarrollo viable. Los episodios de crecimiento económico se limitaron a situaciones de fuertes entradas de capital, con fácil acceso al crédito externo y venta indiscriminada del patrimonio nacional. Períodos de plata dulce, atraso cambiario y apertura externa irrestricta, que terminaron en crisis de sobreendeudamiento. El crédito internacional sirvió durante un tiempo para eludir, sin resolver, la contradicción interna del régimen de la convertibilidad: si Argentina crece, hay déficit en el sector externo por la imposibilidad de financiar las importaciones con las exportaciones; y si no crece, hay déficit fiscal por la caída de la recaudación. Con el peso creciente de los pagos de intereses y las remesas de utilidades, se pasa a tener déficits crecientes en ambos planos. Cuando, como era más que previsible, se terminó por cortar el financiamiento internacional, la inviabilidad genética del modelo se hizo evidente. Una dolarización sólo aportará mayor rigidez a una economía que clama por flexibilidad y la hará más vulnerable. En el fondo, no es que el sistema vigente adolezca de fallas susceptibles de corregir. Lo real es que no tiene salvación.

  1. Martín Heidegger, ¿Qué es metafísica?, 1929. Traducción al español en Sur, Nº 5, Buenos Aires, 1932.
  2. www.economist.com
  3. Dossier “Argentina es el país forjado por la dictadura”, varios autores, Le Monde diplomatique Ed. Cono Sur, Buenos Aires, marzo de 2001.
  4. Dossier “Apropiación de rentas en la Argentina”, varios autores, Le Monde diplomatique Ed. Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2001.
  5. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “El gobierno argentino quiere pagar”, Le Monde diplomatique, Ed. Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2001.
  6. Jorge Beinstein y Mario D. Lorenzo, “El saqueo de las jubilaciones”, Le Monde diplomatique, Ed. Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 1999.
  7. Sería una versión moderna de la “ley de Gresham” según la cual “la mala moneda desplaza a la buena”, como medio de transacción. Ese principio, aunque era conocido desde mucho antes, lleva el nombre de Sir Thomas Gresham, consejero de Isabel I de Inglaterra, quien observó que las personas preferían usar para sus pagos las monedas metálicas más desgastadas o de menor ley, guardando para sí las que tenían mayor contenido de metal, y que por consiguiente salían de circulación apenas eran emitidas.
  8. Dossier “Apropiación de rentas en la Argentina”, ibid.
  9. Es interesante el proceso de reestatización total o parcial de los ferrocarriles británicos. Ver The Guardian, Londres, 15-10-2001.
  10. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “¿Por qué no una moratoria?”, Le Monde diplomatique, Ed. Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2001.

La dolarización

Calcagno, Alfredo Eric y Calcagno, Eric

La última medida que queda por tomar, en la óptica del establishment local, es la dolarización. En otros artículos fueron examinados sus insalvables inconvenientes1; pero frente a la fascinación que parece ejercer la idea, presentada por algunos círculos como una panacea, conviene precisar algunos de sus rasgos esenciales.

La dolarización quiere decir que un país adopta el dólar como unidad de cuenta, medio de cambio y reserva, y hace desaparecer la moneda nacional. Esto no influye en los problemas económicos: sólo el pensamiento esotérico cree que cambiando el nombre de los problemas desaparecen las complicaciones. La mayor ventaja sería la desaparición del riesgo de devaluación, con su supuesta influencia sobre la inflación y las tasas de interés. Sin embargo, los hechos han desmentido esos supuestos beneficios. En Ecuador, durante el primer año de dolarización hubo una inflación anual de casi el 100%. Asimismo, la mayor dependencia de los flujos de capitales externos produce una mayor inestabilidad en la oferta de crédito del sistema financiero y lleva al deterioro de la cartera de los intermediarios financieros. Frente a las magras y discutibles ventajas de la dolarización, sus inconvenientes son enormes e irrefutables. Una rápida enumeración muestra los siguientes perjuicios:

1. Desaparición del prestamista en última instancia. El país quedaría inerme frente a cualquier crisis financiera. Se ignoran tanto el peligro de una posible cesación de pagos externa –que no se evapora con la dolarización– como la posibilidad de una crisis financiera interna. En ambos casos, al desaparecer el prestamista en última instancia se arrastraría a la quiebra al sistema bancario. El Banco Central no produce dólares y la Reserva Federal de Estados Unidos no está dispuesta a convertirse en prestamista en última instancia del sistema bancario argentino2. Los únicos que pueden proveer dólares son las casas matrices de los bancos extranjeros. Frente a una crisis de magnitud, serían los únicos sobrevivientes, si sus casas matrices estuvieran dispuestas a invertir todo el dinero necesario, lo que no está garantizado. Quebrarían los bancos nacionales, incluso el Nación y el Provincia. Durante la crisis del tequila, el sistema bancario se salvó por los préstamos del Banco de la Nación y las emisiones del Banco Central, que no se podrán hacer si se dolariza. El sistema subsistió también gracias a los créditos externos, que ahora están cerrados.

2. Subordinación de la política económica al sector externo. En una economía dolarizada, es esencial tener un excedente estructural en la balanza de pagos para no caer en una depresión crónica y para que no haga implosión el sistema bancario. Son indispensables un gran dinamismo de las exportaciones, nuevas inversiones extranjeras y acceso al crédito externo. Ninguna de estas condiciones se cumple en la Argentina. Dolarizar en estas condiciones significa profundizar la depresión.

3. Distorsión de los precios relativos. El valor de la moneda refleja la productividad del país de que se trate. Si se adopta la moneda de Estados Unidos con la productividad argentina, se producirá una insostenible distorsión de los precios relativos. En una economía normal, esto se corrige mediante ajustes del tipo de cambio, imposibles en una economía dolarizada.

4. Necesidad de usar las reservas para comprar nuevo circulante. Una dolarización obliga a proveer de dólares, que será el nuevo circulante. De tal modo, deberán destinarse alrededor de 16.000 millones de dólares para comprarlos a la Reserva Federal de Estados Unidos y canjear la base monetaria. Ello significa la casi totalidad de las reservas. Desaparece el riesgo cambiario y se dispara el riesgo de insolvencia…

5. Pérdida del señoreaje. En los hechos, quien tiene un billete le está dando al gobierno que lo emitió un préstamo sin interés. Esta pérdida de señoreaje, producto de la desaparición de la moneda nacional y su reemplazo por otra extranjera, se calcula en 750 millones de dólares por año.

6. Liquidación del Mercosur. La dolarización significaría un golpe acaso definitivo contra el Mercosur. Se pierde toda posibilidad de coordinar políticas económicas con nuestros principales socios comerciales y se entra en la órbita de Estados Unidos, con quien no tenemos intereses comerciales convergentes.

7. Inconstitucionalidad. Además de todos los inconvenientes económicos, la dolarización sería inconstitucional. En efecto, entre las obligaciones del Congreso Nacional (el art. 75 dice “corresponde al Congreso”) figura la de emitir la moneda nacional, hacerla sellar y fijar su valor. Esta obligación –como todas las establecidas en el art. 75– no puede delegarse, y menos aún en un Estado extranjero. Una dolarización exigiría una reforma de la Constitución Nacional.

  1. Raúl Alfonsín, “No a la dolarización”; y Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “La deuda externa, un proyecto político”, Le Monde diplomatique Ed. Cono Sur, Buenos Aires, junio 2000.
  2. Marcelo Bonelli, “Un viaje de Cavallo sin definiciones”, Clarín, Buenos Aires, 26-10-01.


Autor/es Alfredo Eric Calcagno, Eric Calcagno
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 29 - Noviembre 2001
Páginas:4,5
Temas Desarrollo, Neoliberalismo, Clase obrera
Países Argentina