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Recuadros:

Transformaciones y protesta

Bajo presión de la crisis económica y el endeudamiento, los efectos concentradores de los desarrollos tecnológicos, la caída de los precios internacionales de varios productos y la desprotección estatal, la estructura social agraria argentina se ha transformado. La resistencia a esos fenómenos de pequeños y medianos productores se resintió a partir de 1991, cuando se instalaron en el país las "reglas del mercado".

En el conjunto de América Latina la estructura social agraria de Argentina (en términos generales la configuración resultante del acceso a la tierra por parte de particulares o empresas para la producción primaria) se caracterizó por la presencia de un sector medio que coexistió con la “gran estancia” y que imprimió al país singularidades productivas, sociales y políticas. En los años ’60, por ejemplo, no se registraba un porcentaje significativo de minifundistas como en Perú, Guatemala o Ecuador. Argentina se distinguía por un amplio sector “chacarero”1 dispuesto a adoptar adelantos tecnológicos, organizarse en cooperativas de comercialización y representarse democráticamente. Hasta la década del ’70, la cantidad de explotaciones en producción sufría mermas acordes con la de los países de desarrollo medio y urbanizaciones rápidas.

Durante la dictadura militar (1976/ 83), se dio un proceso de crecimiento de algunas producciones (por ejemplo el complejo sojero), mientras el éxodo rural se orientaba a las ciudades intermedias del interior2. Al comienzo de la democracia, en los ’80, los productores apostaron a las organizaciones cooperativas, sociedades familiares, frentes de cosecha, para neutralizar los efectos concentradores de las nuevas tecnologías. Afrontaban la caída de los precios internacionales de varios productos y la respuesta estatal fue retirar las retenciones a las exportaciones y mejorar el tipo de cambio. El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 1988 mostró un descenso considerable –que rondó el 20% en veinte años– de las unidades de producción. Pero fue durante el gobierno peronista de Carlos Menem (1989/99) que los productores familiares y medios sufrieron el rigor de la política pública que cambiaría las reglas del juego con las que habían surgido y desarrollado.

Los productores familiares habían mostrado hasta entonces una alta flexibilidad para adaptarse a nuevas condiciones de producción. No obstante, en 1991 se enfrentaron a una situación inédita: un brusco cambio en las reglas del juego político-institucional, al instalarse las llamadas “reglas del mercado”, fuertemente sesgadas por las condiciones generales del capitalismo argentino3.

Ante la nueva situación, los productores, trabajadores y el mundo social rural reaccionaron tratando por un lado de adaptarse a las nuevas reglas y, por otro, resistiendo. La conflictualidad social rural creció notablemente4.

Desaparición de chacareros

En cuanto a las estrategias adaptativas, en los ’90 aparecen los “pool de siembra” (luego copados por los grandes estudios agronómicos ligados al capital financiero, para convertirlos en “fondos de inversión”); la “pluriactividad” y “multiocupación” del productor y su familia; el arriendo de tierras a nuevos “productores-comerciantes”5; la adopción de tecnologías cuestionadas internacionalmente (como las semillas transgénicas de soja y maíz) con la finalidad de bajar costos de producción, etc.

Los agentes estatales estimularon por su parte el endeudamiento para acceder a los nuevos paquetes tecnológicos. El discurso oficial, expresado por técnicos, grandes empresas de agroquímicos, suplementos rurales periodísticos, etc. sostenía que con capital y nuevos paquetes tecnológicos se lograrían nuevos mercados, se ganaría la batalla contra las medidas proteccionistas de los países desarrollados y se conseguiría un sector acorde con los requerimientos del prometido país “primer mundo”. El pivote para lograr ese nuevo modelo era la dupla capital y escala de producción. El capital financiero, los grandes inversionistas internacionales (Soros, Benetton) eran bien recibidos, mientras los productores medios comenzaban a sentir el peso de sus endeudamientos y la carga de los costos de los servicios. Las inversiones en infraestructura para el sector se proyectaban siempre para “después”, cuando el “efecto derrame” (trickling down) lo permitiera.

La última década se caracterizó por la desaparición de pequeños y medianos productores en niveles desconocidos hasta entonces; la compra o acaparamiento de tierra por parte de “nuevos inversionistas”; la expansión de la conflictualidad social y, como remache, por las peores inundaciones desde hace mucho tiempo (ver pág. 4).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ofreció en 1999 una encuesta pre censo para el partido de Pergamino. Existe también una encuesta en la región pampeana realizada por la consultora independiente Mora y Araujo y un número muy valioso de trabajos para distintas regiones del interior del país. En todos ellos se estima la cantidad de unidades de producción en actividad y se deduce una merma que oscila entre el 25% al 35% en referencia al Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 1988. Mora y Araujo estima un 31% de disminución para la región pampeana. El censo experimental de Pergamino estima en 24,2% la reducción total, que llega al 38% y 44% en los estratos medios y pequeños, mientras en los estratos de grandes empresas (1.000 y 2.500 ha.) aparece un incremento del 38,7%. En Córdoba se reduce el número de tambos; en el noroeste la cantidad de cañeros, tabacaleros; en el sur los fruticultores. En una investigación en la zona del sur de la provincia de Santa Fe6, de un listado altamente confiable y reciente de productores de soja transgénica, el 83% de los más pequeños (hasta 50 hectáreas) ya no se encontraba produciendo en septiembre pasado, porque había vendido o cedido sus tierras. Este porcentaje apenas disminuía para los estratos medios.

Comienza la protesta social

Durante la década pasada este proceso fue acompañado por la protesta social llevada a cabo tanto por las entidades corporativas tradicionales del agro argentino –Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Federación Agraria (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)7– como por los “nuevos actores”. En efecto, en 1993 se hizo la primera marcha nacional de productores, seguida por la Marcha Federal y el paro agrario de 1994. En cada uno de estos escenarios se ponían de manifiesto las consecuencias de la desregulación, de la paridad cambiaria, del aumento del costo de los servicios privatizados, del endeudamiento para acceder a paquetes tecnológicos, etc. Pero la novedad de la protesta se expresaría en 1995 con la aparición de una corriente interna de la Federación Agraria (Chacareros Federados), la aparición de las Mujeres Agropecuarias en Lucha y una cantidad de organizaciones de base campesina y de los pueblos indios, que se sumarían para reclamar por la tierra y por una serie de derechos sociales que el nuevo modelo macroinstitucional clausuraba. Todo esto en un escenario nacional donde los pueblos del interior comenzaban los “piquetes”, los “cortes de ruta”, las asambleas y caravanas contra el ajuste y la desocupación.

De estos nuevos escenarios surgen algunos interrogantes. ¿Estas acciones son meramente defensivas, producto de pequeños propietarios afectados por las nuevas reglas de funcionamiento? ¿Se pide una vuelta hacia un pasado imposible? ¿O, por el contrario, se vislumbra un intento de salir de la crisis desde “otro desarrollo agrario y rural” inclusivo: que garantice el acceso a la alimentación de vastos sectores poblacionales, la soberanía alimentaria, el respeto por las diversidades biológicas y culturales y el medio ambiente en general?

Tanto el fracaso del actual modelo como la protesta social agraria determinan condiciones favorables, pero no suficientes, para un cuestionamiento radical al “modelo neoliberal productivista” y la emergencia de otro más acorde con los nuevos y progresistas paradigmas de los movimientos sociales globales8. Para avanzar en esa dirección se requerirían prácticas y discursos de los actores con peso político y visibilidad pública tendientes a expresar con claridad dos cuestiones básicas del modelo agrario alternativo: 1) cuidado y responsabilidad por los recursos naturales y; 2) la soberanía y seguridad alimentarias como herramientas superadoras de la paradójica situación de ser un país excedentario de alimentos con hambre y pobreza en aumento.

Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos actuales más interesantes por su compromiso social y político, suele decir que en la construcción de escenarios sociales hay que reemplazar el punto de vista único, central, dominante (casi divino) por una representación compleja y múltiple fundada en las imágenes y sentidos de múltiples actores, a veces rivales. Es muy importante recordarlo, pues frente al fuerte y poderoso discurso oficial (que puja por aparecer como único) conviven voces y prácticas de muchos actores, algunos de los cuales están generando críticas y prácticas sociales capaces de resignificar la idea misma de desarrollo agrario. En esta “disputa de sentidos por la Argentina agraria” no sólo participan organizaciones de productores, de campesinos, de chacareros, sino las ONGs, sobre todo las ecologistas, las nuevas organizaciones de los pueblos indios, los grupos académicos, algunos legisladores9, así como actores tan lejanos como los consumidores europeos que se oponen a los alimentos transgénicos.

El discurso oficial (apoyado por sus técnicos, sus académicos y difusores) pasa de la algarabía de “un campo que anda muy bien” (por alguna cosecha récord) a culpar a los europeos por los problemas nacionales. Mientras tanto, muchos otros actores privados y estatales generan aquí y ahora prácticas productivas orgánicas10, nuevas formas de asociación (no sólo de producción sino de comercialización, por ejemplo las Ferias Francas de Misiones) o de “comercio justo”; alertan y dan pelea en los espacios públicos sobre lo que está ocurriendo con la tierra y las semillas y generan acervos culturales y discursivos respetuosos de los recursos naturales y de la gente. Los nuevos paradigmas científicos, así como los emergentes pensamientos críticos, otorgan sólidos respaldos a estas experiencias.

  1. Ver el clásico trabajo del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, que comparaba la estructura social agraria de varios países de América Latina. Véase Solon Barraclough y Arthus Domike, “La estructura agraria en siete países de América Latina” en Ernest Feder (selección), La lucha de clases en el campo. Análisis estructural de la economía Latinoamericana, Lecturas 14, México, Fondo de Cultura Económica, 1975.
  2. CEPAL, “Despoblamiento Rural y cambios recientes en los procesos de urbanización regional", Doc. de Trabajo Nº 25, Buenos Aires, 1987.
  3. Para las nuevas reglas del capitalismo argentino y el preponderante papel del sector financiero: Guillermo O´Donell, “Una mirada y una propuesta sobre la crisis que sacude al país. El capital financiero y el futuro de la Argentina”. En Internet:http://alainet. org/active/show-author-phtml
  4. Norma Giarracca y colaboradores, La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país, Alianza Editorial, Buenos Aires, 2001.
  5. Entrevista a Miguel Murmis en revista Plantear, Facultad de Agronomía (UBA), Nº 19, Buenos Aires, 1996.
  6. Investigación conjunta del Grupo de Estudios Rurales y el equipo de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Rosario, Rosario.
  7. Miembros prominentes de Sociedad Rural Argentina (SRA) fueron beneficiarios de privatizaciones y de otros negocios o entraron a los partidos que sostienen el modelo. Esta organización prácticamente no apareció públicamente en defensa del sector.
  8. Los planteos internacionales pueden encontrarse en las páginas de internet del Foro Social Mundial de Porto Alegre: http://www.forumsocialmundial.org.br
  9. Un pequeño número de legisladores está dando batalla en el Congreso de la Nación a favor del etiquetado de alimentos y en contra de una ley de promoción de las semillas transgénicas.
  10. El accionar de medianos y pequeños productores de “orgánicos”, entre los que se destacan el Movimiento Argentino Para la Producción Orgánica (MAPO) ha conseguido un corpus legal muy interesante.

Artículos publicados

Un apetitoso mercado para las multinacionales, por Chantal Le Noallec, julio 1999.

Los aprendices de brujo de la agroalimentación, por F. Dufour, septiembre 1999.

Granero mutante, por Carol Abousleiman, septiembre 1999.

Contra la “comida basura”, por José Bové, octubre 1999.

Un mercado muy codiciado, por Carol Abousleiman, octubre 1999.

La biodiversidad asimilada a una mercancía, por Jean Paul Marechal, diciembre 1999.

La alimentación transgénica cuestionada, por Carol Abousleiman, diciembre 1999.

El debate agrícola Norte-Sur, por Jacques Berthelot, mayo 2000.

Sustentables, ¿hasta cuándo?, por Walter A. Pengue, mayo 2000.

OGM: no provocar a la naturaleza, por Jacques Testart, septiembre 2000.

Peligra la soberanía alimentaria argentina, por Walter A. Pengue, septiembre 2000.

Los granos a los barcos… ¿y los chacareros, adónde?, por W. Pengue, diciembre 2000.

Otro modelo para la agricultura, por Jacques Berthelot, mayo 2001.

En Alemania, el viraje “bio”, por Pascal Thibaut, mayo 2001.

Crisis ganadera en Argentina: locas no, sólo babosas, por W. Pengue, mayo 2001.

La nueva estrategia mundial de Monsanto, por Agnès Sinaí, julio 2001.


Autor/es Norma Giarracca
Publicado en Edición Cono Sur
Número de ediciónNúmero 30 - Diciembre 2001
Páginas:7,8
Temas Agricultura, Desarrollo, Deuda Externa, Políticas Locales
Países Argentina